En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos 2014, las organizaciones firmantes de esta declaración queremos llamar la atención sobre la necesidad de que el Estado adopte estándares que garanticen el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas frente a la implementación de sistemas de vigilancia en el marco de su política de seguridad.
A nivel global la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han creado un fuerte desafío en materia de derechos humanos. Por un lado, la masificación de internet y del uso de la tecnología en la vida cotidiana ha contribuido a garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, el conocimiento y la cultura en formas antes no concebidas.
En particular, Uruguay ha avanzado en el reconocimiento de nuevos derechos en los últimos años. En el plano de derechos y nuevas tecnologías, ha sancionado una ley de software libre y formatos abiertos que promueve el acceso a la información y al conocimiento. También ha tomado medidas en respuesta a la vigilancia y el espionaje masivos de Estados Unidos, en especial con el decreto sobre ciberseguridad, que protege los datos de los ciudadanos gestionados por el Estado respecto del espionaje de gobiernos extranjeros. En cuanto a los derechos de acceso a la cultura y al conocimiento, el parlamento uruguayo se encuentra estudiando un Proyecto Ley que prevé la despenalización de las descargas sin fines de lucro y sin intención de perjudicar al autor, conjuntamente con una serie de excepciones a los derechos de autor para educación y bibliotecas. Estas excepciones legitiman actividades relacionadas con la digitalización y distribución de obras para su preservación o puesta a disposición en colecciones digitales con fines de enseñanza, investigación y préstamo controlado.
Sin embargo, tal como lo ha señalado recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “en la era digital, las tecnologías de la comunicación también han aumentado la capacidad de los gobiernos, las empresas y los particulares para realizar actividades de vigilancia, interceptación y recopilación de datos”.1 Esta circunstancia determina que “las plataformas tecnológicas de las que depende crecientemente la vida política, económica y social a nivel mundial no solo son vulnerables a la vigilancia en masa, sino que en realidad pueden facilitarla”.2
Frente a la creciente preocupación mundial por resguardar los derechos humanos en la era digital, en diciembre de 2013 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 68/167 sobre el derecho a la privacidad en la era digital. La resolución afirmó que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, y exhortó a todos los Estados a que respeten y protejan el derecho a la privacidad en las comunicaciones digitales. La resolución instó a todos los Estados a examinar sus procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la intercepción de las comunicaciones y la recopilación de datos personales, haciendo hincapié en la necesidad de que los Estados velen por el pleno y efectivo cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Recientemente, en noviembre de 2014, retomando el pronunciamiento anterior, la Asamblea General de la ONU reafirmó mediante resolución3 que los mismos derechos humanos que las personas tienen “fuera de línea” deben ser garantizados “en línea”, incluyendo el derecho a la privacidad.
Otros antecedentes relevantes de pronunciamientos que promueven estándares que garantizan la protección de los derechos humanos frente a la implementación de sistemas de vigilancia a nivel global han sido:
Conocidos como los principios de Tshwane, un conjunto de más de 500 expertos de todo el mundo acordaron promover una serie de Principios globales sobre seguridad nacional y acceso a la información pública5 (2013).
Mientras estas acciones y pronunciamientos sucedían a nivel internacional y regional, el Gobierno de Uruguay, en línea con lo que ha venido ocurriendo en muchos otros países, avanzó en secreto en la compra del software de vigilancia “El Guardián”, sin ningún tipo de control parlamentario y prácticamente sin brindar casi ninguna información sobre la implementación del sistema que permitiría espiar llamadas telefónicas y correos electrónicos.
El proceso de su adquisición tomó estado público a través del artículo difundido por el diario El País en junio de 20137 y muy poco se ha avanzado desde entonces en el acceso a información relevante para la sociedad respecto a las características del software y su implementación.
A la falta de una política proactiva de información que permita conocer efectivamente a la ciudadanía las garantías que se han dispuesto, se suma la clasificación de toda información relativa al nuevo sistema. Las autoridades se han limitado a anunciar que El Guardián será utilizado sólo mediante autorización judicial, cuestión necesaria pero no suficiente en el marco de los estándares de ddhh presentes en la materia.
El estado de situación actual deja dudas acerca de cómo funcionará El Guardián y ofrece pocas certezas a la sociedad en cuanto a su manejo por parte de las autoridades. Existen preguntas clave a responder tales como:
¿Cuándo comenzará efectivamente a operar “El Guardián¨?
¿Bajo qué marco regulatorio operará esta nueva herramienta?
¿Quiénes serán los encargados de gestionar y controlar esta herramienta?
¿ Cómo se garantizan los derechos de las personas sujetas a vigilancia?8
En octubre de 2014 se hizo público a través de la prensa que desde el Ministerio del Interior se continuaría avanzando para la implementación del sistema en el mes de enero próximo. Asimismo se dio cuenta de la existencia de un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas que establecería exoneraciones tributarias a efectos de que las empresas de telecomunicaciones adquirieran la tecnología necesaria para la implementación del software. Dicho decreto habría sido declarado reservado e incluiría, según informó el diario El Observador9, un protocolo para instrumentar la operativa entre el Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones ante solicitudes de vigilancia autorizadas por el Poder Judicial.
En este marco, el 15 de octubre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó una solicitud de acceso a la información pública en el marco de la ley 18.381 solicitando tanto al Ministerio de Economía como al del Interior, la entrega de una copia del referido decreto y del protocolo. Las solicitudes no han sido respondidas por ninguno de los dos organismos, en contravención del procedimiento y de los plazos legales.
Las organizaciones firmantes exhortamos al Ministerio del Interior y al Poder Ejecutivo a garantizar el acceso a la información por parte de la población sobre el nuevo sistema de vigilancia y a adecuar su implementación en el marco de los siguientes estándares internacionales:10
Los derechos a la privacidad y a la libre circulación del pensamiento e información se encuentran protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos; éste prohíbe las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, incluidas las comunicaciones y por tanto, reconoce el derecho de las personas a obtener la protección del Estado contra este tipo de injerencias.
Si bien de acuerdo a los estándares internacionales la protección de la seguridad nacional puede justificar el uso excepcional de vigilancia en las comunicaciones privadas, este tipo de medidas puede constituir un acto particularmente invasivo que afecta seriamente el derecho a la privacidad y la libertad de pensamiento y expresión. En consecuencia, los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal estén claramente autorizadas por ley, a fin de proteger a las personas contra interferencias arbitrarias. La ley deberá establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas; así como las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizarlas, ejecutarlas y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación.
Dada la importancia del ejercicio de los derechos en juego para el sistema democrático, la ley debe autorizar el acceso a las comunicaciones y a datos personales sólo en las circunstancias más excepcionales definidas en la legislación y en base a los principios de necesidad y proporcionalidad.11
Cuando se invoque la seguridad como razón para restringir otros derechos humanos, la ley deberá especificar claramente los criterios que deban aplicarse para determinar los casos en que este tipo de medidas resultan legítimas y sólo deberán autorizarse cuando exista un riesgo cierto respecto de los intereses protegidos, y cuando a la vez este daño sea superior al interés general de la sociedad en función de mantener el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión del pensamiento y circulación de información.
La entrega de la información debe ser monitoreada por un organismo de control independiente y contar con garantías suficientes de debido proceso y supervisión judicial.
Las leyes deben asegurar que el público pueda acceder a información sobre los programas de vigilancia de comunicaciones privadas, su alcance y los controles existentes para garantizar que no puedan ser usados de manera arbitraria. En consecuencia, los Estados deben difundir, por lo menos, información relativa al marco regulatorio de los programas de vigilancia; los órganos encargados para implementar y supervisar dichos programas, los procedimientos de autorización, de selección de objetivos y manejo de datos, así como información sobre el uso de estas técnicas, incluidos datos agregados sobre su alcance. Los Estados deben establecer mecanismos de control independientes capaces de asegurar transparencia y rendición de cuentas sobre estos programas.
Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas de vigilancia, por considerarla de interés público, pueden ser sometidos a sanciones ulteriores.
Las organizaciones firmantes llamamos al Estado uruguayo a establecer un diálogo que asegure la adopción de estos estándares por parte de todos los actores vinculados a la implementación de El Guardián. De igual forma instamos al Estado uruguayo a iniciar un diálogo para la construcción de mecanismos de gobernanza y control democrático de este tipo de herramientas que ayude a construir un Uruguay respetuoso de los derechos humanos en la era digital.
Amnistía Internacional Sección Uruguay
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública – CAinfo
Creative Commons Uruguay
Datos, Transparencia y Acceso a la Información – DATA Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay – IELSUR
En base a la Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su impacto en la libertad de expresión, Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la protección y promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión y Relatoría Especial de la CIDH sobre Libertad de Expresión RELE.
Al respecto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH ha sostenido: “Para comenzar, toda limitación a los derechos a la privacidad reflejados en el artículo 17 debe estar prevista en la ley, y la ley debe ser lo suficientemente accesible, clara y precisa para que una persona pueda leerla y saber quién está autorizado a realizar actividades de vigilancia de datos y en qué circunstancias. La limitación debe ser necesaria para alcanzar un objetivo legítimo, así como proporcional al objetivo y la opción menos perturbadora de las disponibles. Por otra parte, debe demostrarse que la limitación impuesta al derecho (una injerencia en la vida privada, por ejemplo, con el fin de proteger la seguridad nacional o el derecho a la vida de otras personas) tiene posibilidades de alcanzar ese objetivo. Es responsabilidad de las autoridades que deseen limitar el derecho demostrar que la limitación está relacionada con un objetivo legítimo. Además, las limitaciones al derecho a la privacidad no deben vaciar el derecho de su esencia y deben ser compatibles con otras normas de derechos humanos, incluida la prohibición de la discriminación. Si la limitación no cumple esos criterios, es ilegal y/o la injerencia en el derecho a la privacidad es arbitraria” (A/HRC/27/37, párr.. 23).
CAinfo y Uruguay Libre ofrecieron una conferencia de prensa donde valoraron la importancia del fallo de segunda instancia que obligó al Ministerio de Industria, Energía y Minería a publicar información ambiental sobre el proyecto Aratirí.
Las organizaciones señalaron que estos fallos de la Justicia trascienden el caso del proyecto Aratirí y reafirman los principios de neutralidad y transparencia de los procedimientos de la administración pública.
El abogado de CAinfo, Martin Prats, señaló que en 15 días el Ministerio de Industria, Energía y Minería deberá publicar todas las medidas ambientales que planea realizar Aratirí y también su plan de cierre de minas.
Escuche a Prats en conferencia de prensa (audio de radio Montecarlo).
En el marco de la semana de la discapacidad que se celebra del3 al 10 de diciembre, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) y la Federación Autismo Uruguay (FAU), realizan una nueva campaña con el objetivo de visibilizar el derecho a la educación de niños/as y adolescentes con discapacidad y la necesidad de que en el próximo período de gobierno se implemente un Plan Nacional para la Educación Inclusiva.
La educación inclusiva es un enfoque que garantiza que los-as niños-as y adolescentes con discapacidad puedan acceder a una educación inicial, primaria y secundaria de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás personas en la comunidad en que vivan1.
En este sentido, la educación inclusiva de calidad requiere i)garantizar que los-as maestros-as y docentes cuenten con una formación básica adecuada en relación a los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad,ii)adecuar los programas y entornos escolares para atender las necesidades específicas de cada niño-a y adolescente – lo cual incluye garantizar la accesibilidad física y comunicacional- y; iii)protocolizar el acceso a las instituciones educativas comunes, públicas y privadas, a efectos de evitar que en la admisión y permanencia de niños/as y adolescentes puedan ocurrir situaciones de discriminación por discapacidad, y garantice que aquellos estudiantes que lo necesiten cuenten con los asistentes personales y/o pedagógicos que apoyen su proceso educativo2.
Desde 2012 CAinfo, FUAP y FAU se encuentran trabajando en la promoción del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad. En este periodo han incidido para que el Estado genere información de calidad sobre la situación del acceso a la educación común, pública y privada, por parte de los niños/as y adolescentes con discapacidad en el país. Este trabajo parte de la idea de que contar con esta información es vital para que se pueda avanzar en el diseño de políticas públicas efectivas.
En este marco, a instancias de nuestro trabajo en conjunto, en 2013 la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) realizó el primer relevamiento de datos en la Educación primaria y estableció como pauta el registro de los mismos en forma sistemática, en tanto parte de la matriz estadística de este sector, desde diciembre de ese año. Sin embargo, aún resta mucho por hacer en ésta materia a efectos de contar con indicadores que permitan evaluar la calidad de los procesos de inclusión, cuando ésta existe, y de garantizar la disponibilidad de información respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en otras ramas de la enseñanza. El trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil que promovemos esta iniciativa, continuará avanzando en este agenda durante 2015.
Paralelamente, nos hemos estado entrevistando, en los últimos meses, con representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria, con el objetivo de promover un consenso para que en el próximo parlamento se forme un grupo o comisión especial de trabajo que permita avanzar hacia la construcción de un Plan Nacional sobre Educación Inclusiva en colaboración con otros actores relevantes3.
Asimismo, desde nuestras Organizaciones estamos promoviendo la conformación de un grupo de trabajo a nivel de sociedad civil para incidir en la Agenda del próximo gobierno, con el objetivo de que se avance en el diseño de un Plan Nacional de Educación Inclusiva y se definan los recursos necesarios para garantizar la concreción del derecho a la educación de las personas con discapacidad.
Los-as invitamos-as a promover el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad a través de las redes sociales siguiendo a @CAinfouyy/ oFacebook.com/Cainfouy
El asesor y propuesto Ministro de Educación y Cultura en un eventual gobierno del Partido Nacional, Pablo Da Silveira, se mostró receptivo a los planteos del conjunto de organizaciones que lidera CAinfo con miras a impulsar un Plan Nacional sobre Educación Inclusiva.
El encuentro tuvo lugar en la sede del Partido Nacional este jueves 20 de novembre. Participó una delegación de CAinfo, la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) y la Federación Autismo Uruguay (FAU). Por el Partido Nacional participaron Pablo da Silveira, la diputada suplente electa Camila Ramírez y Laura Nahabetián.
Las organizaciones propusieron la reunión en el marco de una serie de acciones de incidencia para visibilizar la necesidad de que el nuevo gobierno y parlamento que resulte de las próximas elecciones nacionales avance en la construcción de un Plan Nacional sobre Educación Inclusiva, que garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación. Por este motivo ya se sostuvieron similares reuniones con el Partido Independiente y el Partido Colorado.
Las organizaciones plantearon a los representantes blancos su preocupación por la escasa disponibilidad de información estadística de calidad sobre el derecho a la educación de niños/as con discapacidad.
A su vez, solicitaron el compromiso de esa fuerza política para que trabaje con miras a:
garantizar una formación docente adecuada en el área de la discapacidad, que sea parte de la curricula de formación básica de maestros y profesores
garantizar la disponibilidad de apoyos especiales, adaptación curricular y la disponibilidad de centros educativos accesibles tanto física como comunicacionalmente
reglamentar el ingreso de acompañantes pedagógicos y/o personales tanto en la educación pública como en la privada, y éstos formen parte del staff docente del centro de estudio
adoptar un Protocolo de Acceso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación común que comprenda los niveles de Primaria, Secundaria y UTU
formar una comisión parlamentaria que trabaje específicamente el tema de educación inclusiva
reglamentar la ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, Nº 18. 651
Da Silveira se mostró de acuerdo y receptivo respecto a estos planteos. En tanto, Camila Ramírez, que de asumir la banca será la primer diputada sorda del Parlamento, mostró su interés en trabajar estos temas y poder articular los planteos de las organizaciones con su bancada en el ámbito legislativo.
CAinfo, FUAP y FAU esperan la confirmación del Frente Amplio para proseguir las reuniones con los candidatos y sus equipos.
Los miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y capítulos de la red de Transparency International de América Latina, así como las organizaciones y personas abajo firmantes, reconocemos la importancia de la iniciativa de OGP como un espacio que facilita el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil.
Sin embargo, vemos con preocupación que este diálogo no se haya traducido en avances significativos y concretos para empezar a convertir el ideal de gobierno abierto en una realidad.
Consideramos que a tres años de iniciada esta iniciativa es un momento decisivo para introducir cambios.
Comprendemos que los estándares de ingreso sean amplios para permitir la participación de la mayor cantidad posible de países. Ahora bien, creemos que las calificaciones de elegibilidad requieren ser revisadas y debe llevarse a cabo una estricta evaluación cuyos resultados se apeguen a la realidad. Esto incluye analizar los contenidos de los índices que se están utilizando y la verificación de los datos con la sociedad civil local. Asimismo, los criterios de permanencia en OGP deben ser más rigurosos y la evaluación tiene que hacerse a la luz de los principios de no regresión y progresividad, y los países que no los respeten deben ser sancionados, llegando eventualmente a la expulsión.
Creemos que debe hacerse explícito que el objetivo de OGP es acercar los gobiernos a las personas, poniendo énfasis en garantizar un real respeto de los derechos fundamentales y niveles cada vez más altos de calidad de vida.
Por esto, estamos convencidos que un primer requisito ineludible es contar con normas jurídicas que garanticen un real y efectivo acceso a la información pública, adecuadas a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Del mismo modo, se observa una gran desigualdad entre el rol del gobierno y el de la sociedad civil en la convocatoria y elaboración de los planes de acción y en su implementación. Es importante, en consecuencia, una acción más eficiente del Support Unit y del Steering Committee para contribuir a garantizar la co-creación de los planes de acción, así como una participación paritaria Estado-Sociedad Civil durante todo el proceso de implementación, lo cual requiere apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil en los países miembros de OGP.
Creemos, que la consideración y atención de estos temas servirán para incentivar el diálogo entre las instancias de dirección y las bases del movimiento por un Gobierno Abierto.
ORGANIZACIONES:
Artículo 19 – Brasil
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación por una Sociedad más Justa – Honduras
Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) – Uruguay
Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO – Paraguay
Chile Transparente
Ciudadano Inteligente – Chile
Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) – Honduras
Consejo Nacional de Periodismo (CNP) – Panamá
Consejo de la Prensa Peruana – Perú
Costa Rica Integra – Costa Rica
Directorio Legislativo – Argentina
Espacio Público – Venezuela
Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Ecuador
Fundación Construir – Bolivia
Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF) – Honduras
Fundación para la Libertad Ciudadana – Panamá
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) – Colombia
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) –
El Salvador
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
Fundamedios – Ecuador
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación – México
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
Instituto de Prensa y Libertad De Expresión (IPLEX) – Costa Rica
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) – Perú
Observatorio Legislativo – Ecuador
Participación Ciudadana (PC) – República Dominicana
Poder Ciudadano – Argentina
Pro Acceso – Chile
Pro Etica – Perú
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa
Han pasado 53 días desde la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes mexicanos y la ejecución extrajudicial de otros tres.
Recientemente México asumió la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto y como tal debe garantizar espacios verdaderos de confianza y co-creación con la sociedad civil, sólo así podrá fungir como guía para los demás países.
La sociedad civil de las Américas exige al gobierno de México que rinda cuentas sobre los hechos acontecidos en el estado de Guerrero y garantice la búsqueda efectiva en vida, verdad, justicia, reparación y no repetición.
San José, Costa Rica., a 18 de noviembre de 2014.- La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) busca construir una nueva relación entre gobierno y sociedad aprovechando al máximo el derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana efectiva en la vida pública de los países.
México es uno de los ocho países fundadores de la AGA. Desde su lanzamiento en septiembre de 2011, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de acceso a la información y el gobierno federal, han manifestado públicamente su interés en convertir esta Alianza en una verdadera plataforma de diálogo y colaboración para avanzar en los principios de Gobierno Abierto. Sin embargo, el día de hoy, estos principios en México se encuentran ante circunstancias que ponen de manifiesto una crisis estructural que trasciende eventos, partidos políticos, poderes y ámbitos de gobierno.
Las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, a finales de junio de este año; la desaparición forzada de 43 estudiantes y ejecución de 3 más de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero en septiembre de este año; las más de 22 mil personas desaparecidas y, la proliferación de acciones legales y cuasi-legales para restringir los espacios cívicos a las voces de disenso, hacen evidente la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, así como la apremiante necesidad de que el Gobierno Mexicano informe de manera veraz, oportuna y clara y rinda cuentas a fin de generar confianza de parte de la sociedad.
México, como presidente de esta Alianza, debe fungir como ejemplo para los demás países y garantizar una relación de diálogo verdadero entre todos los órdenes de gobierno, poderes y la sociedad. La fragmentación existente entre las partes hace imposible que funja como guía y dé cumplimiento a los objetivos de esta iniciativa. Por esto, organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas, programadores y desarrolladores de México y de las Américas se solidarizan con las familias de los jóvenes desaparecidos y con la sociedad mexicana y llaman al Gobierno Mexicano a mostrar un verdadero compromiso con el gobierno abierto.
No somos indiferentes a este doloroso contexto y por esto nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana que ha sufrido por los años de ausencia de un Estado de derecho.
La indignación y el dolor no nos van a vencer. Es hora de que el Estado sepa que no toleraremos ni una simulación más. México necesita un cambio profundo.
La sociedad civil mexicana y de 18 países apoyamos y hacemos propias las demandas de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos y exigimos, en el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que el Gobierno Mexicano rinda cuentas y garantice un verdadero Estado de derecho. Exigimos la búsqueda en vida, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Es necesario conocer el paradero real de las víctimas, los hechos, los actores involucrados y las sanciones a las que son acreedores, las acciones u omisiones del Estado que permitieron que estos hechos ocurrieran, y aquellas que deberán garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir.
Ayotzinapa ¡Nunca más!
Organizaciones
1. Artículo 19, Capítulo para México y Centroamérica. México.
2. Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). México.
3. Cultura Ecológica. México.
4. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México.
5. Gestión Social y Cooperación (GESOC). México.
6. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). México.
7. Social TIC. México
8. Transparencia Mexicana. México.
9. Centro de Contraloría Social y Estudios para la Construcción Democrática. México.
10. Codeando. México.
11. Sonora Ciudadana. México.
12. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ASIG). Argentina.
13. Asociación por los Derechos Civiles. Argentina.
14. Directorio Legislativo. Argentina.
15. Asociación Nacional de la Prensa. Bolivia.
16. Chile Transparente. Chile.
17. Fundación Ciudadano Inteligente. Chile.
18. Fundación Multitudes. Chile.
19. Pro Acceso. Chile.
20. Foro Nacional por Colombia. Colombia.
21. Transparencia por Colombia. Colombia.
22. Colectivo por los Derechos Digitales. Costa Rica.
23. Estudio Manati. Costa Rica.
24. Fundación Acceso. Costa Rica.
25. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Costa Rica.
26. Red Calm. Costa Rica.
27. Red de Control Ciudadano. Costa Rica.
28. Proyecto Accesa. Costa Rica.
29. Fundamedios. Ecuador.
30. Datos El Salvador. El Salvador.
31. Acción Ciudadana. Guatemala.
32. Doses, Guatemala.
33. Asociación para una Sociedad más Justa. Honduras.
34. C-Libre. Honduras.
35. Fundación Democracia sin Fronteras. Honduras.
36. Fundación Violeta Chamorro. Nicaragua.
37. TI Panamá. Panamá
38. Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Paraguay.
39. DAR. Perú.
40. Open Data Perú. Perú.
41. Grupo Propuesta Ciudadana. Perú.
42. Espacios Abiertos. Puerto Rico.
43. Fundación Justicia y Transparencia de la República Dominicana.
44. Centro de Archivos y accedo a la información Pública (CAinfo). Uruguay.
45. DATA. Uruguay.
46. Red Uy. Uruguay.
47. Espacio Público. Venezuela.
48. Transparencia Venezuela. Venezuela.
A título personal
Ana Cristina Ruelas. México.
Aroa de la Fuente. México
Darío Ramírez. México.
Emilene Martínez. México.
Haydee Pérez Garrido. México.
Héctor Rubio. México.
Guillermo Noriega. México.
José Roldán Xopa. México.
Marta Laura Monteleón Sánchez. México.
Pablo Collada. México
Paulina Bustos Arellano. México.
Paulina Gutiérrez México.
Rocío Moreno. México.
Rubén Amhed Moya Vidrio. México.
Agustina De Luca. Argentina.
Renzo Lavín. Argentina.
Paulina Ibarra. Chile.
Fabio Velázquez. Colombia.
José Hernández Bonivento. Colombia
Jeffrey Esquivel. Costa Rica.
José Lidier Artavia. Costa Rica.
Luciana Peri. Costa Rica.
María Fernanda Avendaño Mora. Costa Rica
Nicole Yanez. Costa Rica.
Sharely Alfaro Elizondo. Costa Rica.
Susana Soto González. Costa Rica.
Iris Palma. El Salvador.
PatriceMcDermott. Estados Unidos.
José Marín. Guatemala.
Carlos Hernández. Honduras.
Jessica Estrada. Honduras.
Lester Ramírez Irias. Honduras.
Xenia Hernández. Honduras.
Guillermo Medrano. Nicaragua.
Carlos Gasnell. Panamá.
María José García Ascolani. Paraguay
Aida Gamboa. Perú.
Antonio Cucho. Perú.
Carlos Monje Salgado. Perú.
Epifanio Baca. Perú.
María Fernanda Ramos Cruz. Puerto Rico.
Trojano Vidal. República Dominicana.
Zoe Reiter.
