Nov 27, 2018
CAinfo expresa su preocupación por lo sucedido durante la realización de actividades oficiales el lunes 26 de noviembre en el norte del país.
Un grupo de trabajadores tabacaleros fue retirado por la policía mientras se manifestaba de forma pacífica en reclamo de fuentes de trabajo durante la inauguración de obras viales en Artigas.
Cuando los trabajadores intentaban extender una pancarta de denuncia, parte de la delegación y el propio Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se colocaron adelante para impedir su visualización. Cuando los manifestantes intentaron moverse delante del ministro para que se viera su reclamo, integrantes de la custodia ministerial se llevaron a dos de quienes portaban el cartel.
Según consta en un video difundido por Telemundo, una de las personas fue conducida por la policía y demorada.
CAinfo considera que el hecho registrado atenta contra la libertad de expresión de las personas que se encontraban manifestando por su fuente laboral.
CAinfo señala que el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica constituyen derechos humanos fundamentales, esenciales para el pleno desarrollo de las sociedades libres y democráticas.
Nov 14, 2018
La madrugada del lunes 12 de noviembre, se denunció el destrozo de la instalación eléctrica y los equipos de transmisión de Radio Canelones, 1570 AM, ubicada en ruta 5, kilómetro 44.
No se constató hurto ya que no faltó nada en el local. Los equipos de transmisión se rompieron a martillazos y se cortaron todos los cables, según dijo su propietaria a los medios, por lo cual se sospecha que el ataque tuvo el único objetivo de sacar a la emisora del aire.
Este tipo de atentados contra medios de comunicación es una amenaza directa a la libertad de expresión y como tal que debe ser investigada a fin de esclarecer sus motivos y castigar a los responsables.
Por este motivo el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública reclama a las autoridades policiales y judiciales la inmediata investigación del caso para que no permanezca impune.
Oct 26, 2018
Los sitios web de de los organismos públicos siguen mostrando avances en materia de transparencia activa aunque aún persisten importantes desafíos para llegar a niveles altos.
Los datos surgen tras la presentación de una nueva edición del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL), que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y la Universidad Católica del Uruguay presentaron hoy ante responsables de transparencia y comunicación de organismos públicos.
El ITAeL mide cuánta información ponen a disposición los organismos públicos en sus páginas web. Para ello toma una serie de indicadores basados en las obligaciones legales que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381) y su decreto reglamentario, a lo que le suma indicadores que surgen de estándares internacionales como la ley modelo interamericana de la OEA.
Presupuesto del organismo, viáticos, remuneraciones de los jerarcas, funcionarios en comisión, llamados a licitaciones, auditorías, llamados a concurso, publicación de la información en datos abiertos; son algunas de las 46 categorías de información que el ITAeL mide si están disponibles en los sitios web de los organismos públicos.
Para esta nueva edición se relevaron 127 sitios web de organismos públicos. La primera lectura de los datos de este año muestra la continuación de una tendencia hacia la mejora en los niveles de cumplimiento de transparencia activa, aunque sin incrementos significativos.
El total de organismos relevados cumple, en promedio, con 56% de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL. Este resultado significa un progreso de 6 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (50% de cumplimiento).
Si miramos individualmente a cada organismo de los 127 relevados, encontramos que solo 4 alcanzan un porcentaje superior al 90% de cumplimiento de transparencia. Ellos son: LATU 100%, Banco Central del Uruguay 98%, Plan Ceibal 93% y El Correo 91%.
Por el lado del grupo de organismos que muestran menor nivel de cumplimiento, encontramos al igual que en años anteriores, que el conjunto de las Juntas Departamentales siguen exhibiendo grandes dificultades. Pese que para este informe muestran una mejora, el promedio de cumplimiento de transparencia activa de las Juntas Departamentales es de tan solo 29%.
Como parte de las conclusiones, el informe de este año señala que a ya 10 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, se hace necesario impulsar un debate para una reforma normativa que logre garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública de toda la ciudadanía.
En la medida que el acceso a la información es un derecho humano habilitante de otros derechos, la transparencia activa se torna un elemento central para propender hacia una administración transparente de los asuntos públicos y rendición de cuentas, elementos centrales de cualquier sistema democrático.
Vea aquí el informe completo.
Oct 18, 2018
Sociedad civil, activistas, representantes de organismos internacionales y estatales se dieron cita esta semana en la actividad «Garantizando nuestros derechos», en el marco del cumplimiento de los diez años de la promulgación de las leyes de Derecho de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.
Las jornadas fueron organizadas por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). En la apertura, el presidente Ejecutivo de la UAIP, Gabriel Delpiazzo, sostuvo que la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública es una normativa fundamental, ya que promueve «un cambio cultural en lo que refiere al manejo y gestión de la información, para que la información pública se sepa».
Delpiazzo consideró que tras estos diez años de ley, se observó un incremento progresivo de las solicitudes de información, además de una creciente publicación de información en formatos abiertos y de procesos de co-creación de los planes de Gobierno Abierto. Sin embargo, pese a los avances, Delpiazzo consideró que «todavía hay obstáculos al ejercicio del derecho de acceso a la información pública». Entre los desafíos a superar, el presidente de la UAIP detalló que hay organismos que clasifican información de manera genérica, otros que no responden solicitudes acceso a la información, y aún existe resistencia para responder solicitudes de información realizadas por correo electrónico.
Durante la jornada del martes 16 de octubre, se desarrolló el panel «Casos y Tendencias en Acceso a la Información Pública», que contó con la participación de Daniel Lema, presidente del Consejo Directivo de CAinfo. Lema consideró que la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública significó en su momento un avance fundamental en tanto permitió sentar las bases para comenzar a pasar de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia.
Sin embargo, a diez años de aprobada la ley, es necesario iniciar un camino para robustecer el derecho de acceso a la información pública. En línea con lo considerado por Delpiazzo, Daniel Lema señaló que los organismos realizan clasificaciones genéricas para denegar el acceso a la información. Lema afirmó que este tipo de clasificaciones desincentivan a la ciudadanía a seguir buscando información y a hacer uso de la herramienta de acceso.
Además, como ejemplo de incumplimiento de la ley de acceso a la información, Lema señaló que según datos del Índice de Transparencia Activa en Línea-Itael, (que se presentará públicamente el próximo viernes 26 de octubre) en promedio los organismos publican en sus sitios web sólo un 54% de la información que legalmente están obligados a publicar.
Al cierre del panel, Mariana Gatti (asesora jurídica de la UAIP) destacó que como parte de los compromisos que se llevarán adelante en el marco de un nuevo plan de acción de gobierno abierto 2018-2020 se prevé elaborar una propuesta de reforma consensuada y a través de un proceso participativo de la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. El objetivo de la propuesta es eliminar los obstáculos detectados en la implementación actual del texto de la ley a efectos de mejorar el alcance y la aplicación de la normativa.
