Feb 26, 2019
El conflicto que se ha presentado en Venezuela, en los últimos 50 días, ha comprometido las garantías para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de la población de este país.
Ante estas circunstancias, las organizaciones que conformamos Voces del Sur, una plataforma de organizaciones de América Latina dedicadas a la promoción y protección de la libertad de expresión, elevamos nuestra voz de preocupación en rechazo a las restricciones contra la libertad de expresión que han ido en aumento en Venezuela.
Exigimos que se salvaguarden las condiciones para el ejercicio periodístico y el derecho de las audiencias a estar informadas sobre los acontecimientos políticos y sociales que se han dado en torno a las iniciativas de la ayuda humanitaria.
En lo que va de 2019, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) ha registrado 126 casos de violaciones a la libertad de expresión, la mayoría de ellos relacionados con acciones de violencia contra periodistas y medidas de censura que afectaron a los medios tradicionales y plataformas digitales. La mitad de estos hechos fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Solo los días 22 y 23 de febrero de 2019 -cuando ocurrieron las movilizaciones en las fronteras principalmente con Colombia a favor de la ayuda humanitaria- se registraron 26 casos de violaciones a la libertad de expresión y a los derechos digitales, por lo cual se vieron afectados periodistas y ciudadanos.
El Gobierno venezolano decidió bloquear cuatro canales internacionales, desde los servicios de televisión por suscripción, entre ellos estuvieron Radio Caracol, la Televisión Nacional de Chile, Antena 3 y NatGeo. Además, fueron bloqueadas las plataformas de YouTube, Google y Facebook que presentaron bloqueos intermitentes en internet, lo cual produjo que los ciudadanos no pudiesen consultar contenidos libremente y sin interferencias. También, fue censurado el acceso a tres páginas que transmitían el concierto que se dio en Cúcuta (Colombia) a favor de la ayuda humanitaria.
La integridad y la seguridad de los periodistas también estuvo en riesgo. Se contabilizaron 12 agresiones, ataques e intimidaciones. Hubo ataques en contra de periodistas nacionales y extranjeros en seis entidades: Táchira, Lara, Apure, Zulia, Anzoátegui y el Área Metropolitana de Caracas. Nueve de estos casos ocurrieron durante la cobertura en el estado Táchira, en los hechos de conflictos que se dieron en la frontera con Colombia.
Ante estos hechos, las organizaciones que conforman la plataforma Voces del Sur exigimos a las autoridades venezolanas que se garantice el acceso a la información y la pluralidad de contenidos en plataformas tradicionales y digitales. Pedimos que cese la hostilidad contra los periodistas nacionales y extranjeros que están desplegados haciendo su labor de cobertura para informar a las audiencias tanto nacionales como internacionales, y por ello exigimos que los Cuerpos de seguridad del Estado cumplan con su obligación de proteger las condiciones para el pleno ejercicio periodístico.
Suscriben:
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
Foro de Periodismo Argentino
Fundamedios
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay
Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia
Instituto Prensa y Sociedad de Perú
Ene 25, 2019
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) repudia un nuevo atentado perpetrado contra Radio Canelones 1570 AM, ubicada en ruta 5, kilómetro 44. Exhorta a las autoridades a investigar los hechos a fin de esclarecer si se trata de un ataque a la libertad de expresión o persigue otros fines.
Radio Canelones 1570 AM ya había sufrido un primer atentado en noviembre de 2018, que dejó la emisora fuera del aire. Durante la noche del jueves 24 de enero, y a menos de tres meses de la agresión anterior, se perpetró un nuevo ataque contra las instalaciones de la emisora, cuando un grupo de personas ingresó al edificio y destrozó el piso y las máquinas transmisoras, entre otras cosas.
CAinfo sostiene que este tipo de ataques contra medios de comunicación deben ser investigados como una amenaza a la libertad de expresión a fin de esclarecer sus motivos y castigar a los responsables.
CAinfo reitera a las autoridades policiales y judiciales el pedido para una inmediata investigación del caso para que no permanezca impune.
Ene 16, 2019
Presidencia emitió un decreto que aprueba los compromisos de un nuevo Plan de Acción de Gobierno Abierto, entre los que se incluyen elaborar para fines de 2019 una propuesta de reforma consensuada de la Ley de Acceso a la Información Pública a través de un proceso participativo.
El decreto, publicado el 7 de enero, aprueba el cuarto plan de acción que Uruguay desarrolla en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. El plan surge de un trabajo en conjunto entre instituciones públicas, privadas, academia y sociedad civil. CAinfo participa del proceso a través de la Red de Gobierno Abierto.
El nuevo plan establece 39 compromisos en 11 ejes temáticos. En el eje Acceso a la información Pública se establece el compromiso de elaborar, para diciembre de 2019, una propuesta de reforma consensuada y a través de un proceso participativo de la Ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública. La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) será la responsable de la implementación del compromiso.
El Plan de Acción señala que tanto la UAIP como la sociedad civil han detectado “dificultades que entorpecen el ejercicio del derecho, que tienen relación directa con el alcance de la norma, las excepciones y el diseño institucional del órgano de control, y que deben ser analizados en forma participativa y consensuada”.
Además, en el mismo eje temático, la UAIP se compromete a crear un Índice Nacional de Transparencia, con el objetivo de medir el nivel de madurez de los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de Acceso. El índice buscará medir para cada organismo público el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa, transparencia pasiva, manejo de archivos, entre otros aspectos. El compromiso prevé publicar el primer informe entre los meses de abril y junio de 2020.
Un tercer compromiso dentro del eje Acceso a la Información prevé la creación de un manual de buenas prácticas para la incorporación del enfoque de género aplicable a la producción, recolección, disponibilidad y publicación de información pública, especialmente dirigido a los organismos públicos que poseen información clave desde una perspectiva de género.
Por último, un cuarto compromiso en materia de Acceso a la Información Pública establece la creación de un nuevo portal llamado Gub.uy, a través del cual se accederá de forma simple y comprensible a toda la información del Poder Ejecutivo, así como disponer de un espacio permanente de escucha y recepción de aportes de las personas para la retroalimentación.
Otros ejes temáticos que componen el Plan son: protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales; igualdad de género y generaciones; transparencia en los procesos electorales y prevención de la corrupción en el Estado; justicia abierta; municipios abiertos; promoción de sociedades más participativas; equidad, desarrollo y ciudadanía; transparencia y rendición de cuentas; salud y bienestar; e internet de las cosas.
Vea aquí el 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020.
Alianza para el Gobierno Abierto
La Alianza de Gobierno Abierto es una iniciativa global con el objetivo de generar compromisos concretos de los gobiernos en base a los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración.
Uruguay ingresó a la Alianza en septiembre de 2011 en cuyo marco ya ha completado 3 planes bianuales de acción, y actualmente se encuentra ejecutando el cuarto para el período 2018-2020.
El proceso para el 4to Plan que desarrolla Uruguay fue diseñado y liderado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, formalizado por Decreto del Poder Ejecutivo N°357/2016. AGESIC en su rol de articulador implementó todas las etapas del mismo para lograr la construcción del presente 4to Plan.
El Grupo de trabajo en su conformación actual cuenta con la participación de representantes de Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Estadística, Unidad de Acceso a la Información Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria Energía y Minería, Poder Judicial, Poder Legislativo, Congreso de Intendentes, representantes del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del a República, y miembros de DATA, Uruguay Transparente, Cotidiano Mujer y CAinfo en representación de la sociedad civil organizada, a través de la Red de Gobierno Abierto.
Ene 14, 2019
IFEX-ALC, una red de organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión en 15 países América Latina y el Caribe, presentó un Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos apoyando a Tulio Álvarez, un abogado y profesor universitario venezolano sentenciado a dos años de prisión por escribir una columna de opinión en un periódico en la cual se refería a presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario del gobierno.
El caso ha despertado la preocupación de quienes defienden la libertad de expresión, puesto que la ley penal no puede usarse para silenciar a personas que denuncian o investigan sobre temas de interés público. Los miembros de IFEX-ALC han denunciado que este continúa siendo un problema en varios países de América Latina y el Caribe, en ese sentido el caso de Álvarez resulta emblemático de una situación no solo en Venezuela sino en toda la región. IFEX-ALC solicita en su Amicus Curiae que la Corte Interamericana, a través de la decisión en este caso, garantice que los periodistas de la región puedan pedir cuentas a quienes ejercen el poder público sin temor de ser víctimas de una acción legal en su contra.
«Nadie debería enfrentar la privación de su libertad por criticar a funcionarios del gobiernos o hacer comentarios sobre temas de interés público», señaló Marianela Balbi, presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC. «El uso del derecho penal por parte del Estado venezolano para silenciar a Tulio Álvarez viola su derecho a la libertad de expresión, y es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las organizaciones de IFEX -ALC le pedimos a la Corte Interamericana que mantenga y refuerce los estándares que prohíben el uso del derecho penales en tales asuntos».
Álvarez fue sentenciado de acuerdo con los artículos 444 y 77 del Código Penal venezolano por el delito de difamación agravada, en relación a la columna de opinión que publicó en el periódico Así es la Noticia en 2003. Además se le prohibió la salida de Venezuela y ejercer su derecho al voto en las elecciones de su país en 2006. Álvarez llevó su caso a la Corte Interamericana alegando que el Estado venezolano violó su derecho a la libertad de expresión y pensamiento, así como sus derechos al debido proceso, protección judicial, libertad de circulación y derechos políticos.
Dentro de los argumentos claves en el Amicus Curiae presentado por IFEX-ALC se encuentran:
. El periodismo de investigación y las columnas de opinión tienen un papel fundamental para hacer veeduría del poder público, lo cual es fundamental dentro del papel que cumple la prensa libre en una sociedad democrática.
. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido que los límites de las críticas admisibles son más amplios en relación con los funcionarios públicos que con respecto a los particulares, dado que la libertad de expresión y el debate político son pilares esenciales de una sociedad democrática. A pesar de estos fallos de la Corte Interamericana, el uso del derecho penal para silenciar a los periodistas que critican a los funcionarios públicos sigue siendo un problema importante en muchos países de la región que están sujetos a la jurisdicción de la Corte. Por eso es muy importante que la Corte sea coherente con sus propios precedentes y mantenga los estándares fijados en relación a este tema.
. El artículo 444 del Código Penal venezolano (Difamación e insulto), con el cual se condenó a Álvarez, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. El artículo 444 de Venezuela tiene el efecto de obligar a los periodistas a autocensurarse para evitar sanciones penales, y hace que sea un delito criticar a los funcionarios públicos incluso cuando existe evidencia confiable para respaldar tales críticas. Otros países de la región tienen leyes que tienen un efecto similar.
. La criminalización de las críticas a los funcionarios públicos tiene repercusiones negativas en toda la región de América Latina y el Caribe. Algunos países de la región (México, Argentina, Uruguay y Jamaica) ya han despenalizado la difamación de los funcionarios públicos, y esto debería extenderse a todos los demás países de la región para proteger los derechos humanos.
La Corte Interamericana examinará en una audiencia pública en San José, Costa Rica, el 28 de enero.
Dic 19, 2018
SERPAJ publicó “Derechos Humanos en el Uruguay”, se informe anual sobre la situación de los derechos humanos. El libro recoge aportes de distintos sectores de la sociedad civil, que señalan desafíos y avances en la materia.
A nivel regional, el informe de SERPAJ advierte que «América Latina está asistiendo al resurgimiento de corrientes autoritarias y antidemocráticas. Así lo muestran los resultados de las elecciones en varios países de la región y particularmente en Brasil, donde el candidato electo lo hizo en base a un discurso fascista, homófobo y racista».
A nivel local, el informe aborda la temáticas de memoria, impunidad y pasado reciente.
Al igual que años anteriores, para esta edición 2018 el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública participó con la redacción de un capítulo.
Este año nos centramos en recordar que se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Una normativa que significó un gran avance, en tanto permitió sentar las bases para pasar de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia.
Pero que, tras una década, es posible concluir que se necesitan realizar algunas modificaciones para garantizar la efectiva realización del derecho de acceso a la información pública.
Por otro lado, en el informe también destacamos que se cumplen 5 años de la sanción parlamentaria de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma que surgió de un proceso abierto y transparente de discusión que contó con el amplio apoyo de la sociedad civil organizada mediante la Coalición por una Comunicación Democrática.
Una normativa que, a pesar de los amplios respaldos y consensos obtenidos, aún no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo. Además, aún continúa demorado la puesta en marcha del Consejo de Comunicación Audiovisual, organismo central para la aplicación de la normativa.
Por último, en el informe de SERPAJ destacamos que este año presentamos un nuevo informe anual del monitoreo de amenazas a la Libertad de Expresión de periodistas. Se registraron 19 casos, doce (12) de nivel “Medio” y siete (7) “Leves”. Además identificamos otros dos casos que afectan el derecho a la libertad de expresión y que tuvieron que ver con medios de comunicación, pero que no afectaron a profesionales en el ejercicio de tareas periodísticas.
Dic 13, 2018
Siete organizaciones regionales de defensa a la libertad de expresión se reúnen en un plan de monitoreo conjunto: Voces del Sur. El proyecto comenzó en 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión, de prensa y aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil.
Voces del Sur está conformado por FUNDAMEDIOS, Ecuador; Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Perú; Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Venezuela; Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP); Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Argentina; Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras; y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo), Uruguay. Las organizaciones trabajaron colectivamente en la construcción de indicadores, con base en los objetivos de desarrollo sostenible (ods) de Unesco, para el monitoreo y reporte de agresiones a la libertad de expresión.
La libertad de expresión y la seguridad de los periodistas son dos pilares importantes del Estado de derecho que, a su vez, es una condición indispensable y un resultado del buen gobierno y de un programa de desarrollo centrado en los Derechos Humanos. El objetivo de UNESCO promueve sociedades pacíficas e inclusivas, garantiza el acceso del público a la información y defiende las libertades fundamentales.
Tras su nacimiento, en julio de 2017, en Quito, Ecuador, desde Voces del Sur se crearon 12 indicadores regionales, con base en los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, de la ONU:
Acceso a la información
Agresiones y ataques
Asesinatos
Desaparición forzada
Detención arbitraria
Discurso estigmatizante
Marco jurídico contrario a estándares
Procesos judiciales
Restricciones en Internet
Secuestros
Tortura
Uso abusivo del poder estatal
En el portal www.vocesdelsurunidas.org se publicarán las alertas y reportes de los siete países la organización facilitará el acceso a información relacionada con la libertad de expresión, en concordancia los los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
