CAinfo lanza campaña de difusión de la ley de acceso a la información pública

CAinfo lanza campaña de difusión de la ley de acceso a la información pública

El próximo 28 de setiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber. CAinfo se suma a las acciones globales con una campaña de difusión de la Ley de acceso a la información pública (18.381).

Desde el miércoles 24 hasta el domingo 29 de setiembre se difundirán a través de las redes sociales aspectos clave de la ley y se incentivará a las personas a realizar pedidos de acceso a la información pública.

La iniciativa busca posibilitar que las personas se apoderen de esta herramienta que contribuye a la participación ciudadana efectiva y el control social de los asuntos públicos.

El Día Internacional del Derecho a Saber comenzó a celebrarse en el año 2003 impulsado por los defensores del acceso a la información en todo el mundo.

La campaña podrá seguirse a través del facebook y twitter de CAinfo.

Organismos públicos tienen «baja transparencia en línea»

Organismos públicos tienen «baja transparencia en línea»

El Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL) monitorea el cumplimiento de la Ley de acceso a la información pública de los sitios web de organismos públicos. “Ninguno de los 113 organismos relevados cumplen con los niveles altos” de transparencia activa, dijo a 180 Matías Ponce, uno de los autores del estudio.

El ITAeL fue diseñado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo) e implementado y mejorado por el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay.

Los resultados de las mediciones a 113 organismos (“casi un censo”, según Ponce) dieron que el 90% de los monitoreados no supera el 60% de los requisitos del Índice de Transparencia Activa. Además, ninguno alcanza el nivel alto. Los datos son los siguientes: Nivel Alto (81 a 100%) – 0, Nivel Medio-alto (61 a 80%) – 10%, Nivel Medio (41 a 60%) – 47% y Nivel Bajo (hasta 40%) – 43%.

Este instrumento cuenta con dos dimensiones. La primera “busca reflejar las disposiciones obligatorias de la Ley de acceso a la información pública y el decreto reglamentario del año 2010 en lo que llamamos el Índice de información obligatoria (IO)”, contó Ponce. La segunda “refiere a la posibilidad de interacción con los ciudadanos que están previstos por los organismos” y es llamado Índice de interacción y participación (IIP), según se explica en el propio estudio.

Ponce explicó que a pesar que la Ley de acceso a la información pública fue reglamentada en Uruguay en 2010, “sigue siendo bajo el cumplimiento con la legislación”. Explicó que en el Índice de información obligatoria observan mayor cumplimiento que en el otro. Al respecto, comentó que para esta edición el IIP sufrió una modificación para elevar su exigencia, lo que explica la variación negativa de algunos organismos respecto a años anteriores. El cambio fue que se comenzó a tomar en cuenta aspectos como tener presencia en redes sociales o estar disponible en más de un idioma.

Las juntas departamentales forman el grupo de organismos “más preocupantes” a nivel de todo el país. Todas ocupan el Nivel Bajo. La de Montevideo es la que mejor puntúa pero algunas ni siquiera tienen página web, algo que para Ponce es “grave”, considerando la conectividad y velocidad de Internet del país. ¿Cuáles son las Juntas departamentales sin sitio web? Artigas, Lavalleja, Salto y Durazno, que tiene un blog en el que publican las declaraciones de los ediles y algunas noticias.

En cambio, Ponce destacó que “existe una cúpula ocupada por algunos ministerios y agencias de Presidencia pero, sobre todo, por entes autónomos y servicios descentralizados”. Explicó que los buenos resultados de estos puede deberse a la cultura empresarial y a tener vínculos más directos con la ciudadanía. Además, indicó que, en algunos casos, “son productores natos de información como el Instituto Nacional de Estadística o el Banco Central”.

Ponce contó que en la Universidad Católica están preparando un índice de transparencia presupuestaria. “Queremos ver qué tan transparente y abierto es el proceso de presupuestacion en el Estado uruguayo. Ahora tomamos algunas dimensiones como la publicación del presupuesto, información que es obligatoria. La forma en que está presentado, muchas veces, hace que no sea tan accesible al ciudadano común”, admitió.

Ingrese aquí para ver el informe completo del Índice de Transparencia Activa en Línea.

Índice de Transparencia Activa en Línea 2013

Índice de Transparencia Activa en Línea 2013

El Índice de Transparencia Activa en Línea, ITAeL, busca retratar la provisión de información a través de los sitios web, a partir de las dimensiones básicas que suscitan acuerdo en materia de transparencia activa “en línea” del sector público, vinculadas a los contenidos, a las formas que se estructura la información y a la interacción de los usuarios con ella.

Para esta edición, fueron evaluados 113 sitios web de organismos públicos estatales y no estatales entre el 10 de octubre de 2013 al 17 de marzo de 2014, de acuerdo a la metodología especialmente diseñada para este estudio.El trabajo es realizado por el Departamento de Comunicación de UCU y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). La edición 2013, fue presentada el 17 de setiembre en la Sala Bauzá de nuestra Sede Central.

Página de ITAEL en CAinfo: http://www.cainfo.org.uy/itael/

Cuatro de cada cinco gobiernos departamentales no presentan informe anual de transparencia, pese a estar obligados por ley

Cuatro de cada cinco gobiernos departamentales no presentan informe anual de transparencia, pese a estar obligados por ley

Lunes 31 de marzo, último día hábil del mes. En la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) no es un día más. Es el plazo final para que lleguen a su oficina los reportes anuales de los gobiernos departamentales con el detalle de las solicitudes de acceso a la información que tramitaron.
El primero en estar sobre la mesa es de la Intendencia de Montevideo, luego llegan los informes de las juntas departamentales de Rocha, Colonia y Maldonado. Sobre las 17 horas los funcionarios comienzan a retirarse, la jornada laboral terminó. Pese a que debían estar los 19 informes de las intendencias y los 19 de las juntas departamentales, hay solo cuatro, apenas el 10,5%.
Igual que este año, los gobiernos departamentales —integrados por intendencias y juntas departamentales— no presentaron sus informes ante la UAIP en años anteriores. En 2010 y 2012 fueron siete, el 18,4%, mientras que en 2011 lo hicieron cinco, el 13,2%, según informes presentados a la UAIP a los que accedióBúsqueda.
Esta situación le preocupa a Gabriel Delpiazzo, director de la UAIP. «Los resultados no son buenos», reconoció a Búsqueda, pero aseguró que «no hay intención de no brindar la información».
Parte del problema está en que, según el director, existe «desconocimiento» de la norma y «hay organismos que no tienen ni la capacidad ni la capacitación».
La Ley de Acceso a la Información Pública obliga a los organismos públicos a entregar informes anuales ante la UAIP hasta el último día hábil de marzo. Se debe presentar el detalle de las solicitudes de acceso a la información recibidas y el trámite dado, e información referida al cumplimiento de la ley en el período anterior.
Desde que fue reglamentada la ley en 2010, solo la Intendencia de Montevideo (IM) presentó sus informes anuales. Ninguna de las otras 18 intendencias cumplió en los cuatros años, y 16 de ellas no lo hicieron nunca. Salto y Flores sobresalen, ya que presentaron dos de los cuatro reportes. De las 19 juntas departamentales, solo nueve presentaron al menos un informe anual desde 2010 (ver cuadro).
Informes. Montevideo es el departamento con mayor cumplimiento, ya que tanto la Intendencia como la Junta Departamental presentaron informes. La IM es el único organismo que entregó los reportes anuales en los cuatro años. En ellos se puede ver que aumentó cada año la cantidad de solicitudes recibidas —hubo 38 en 2010, 91 en 2011, 188 en 2012 y 320 en 2013.
En sus reportes se destaca que los temas más solicitados son: conflictos entre vecinos, licitaciones, asentamientos, atención a violencia doméstica, titularidad de vehículos, zoológico de Villa Dolores, permisos de transporte público, habilitaciones de construcción y legislación de alimentos.
En tanto, la Junta Departamental de Montevideo presentó dos informes; el correspondiente a 2010 (59 solicitudes) y el del período enero 2012-abril 2013 (623 solicitudes).
Delpiazzo reconoce que Montevideo «no es la realidad en general» y que en el interior se «necesita un acompañamiento especial» porque «hay un debe».
Por eso en 2013 la UAIP realizó talleres en el interior para capacitar a los organismos, instauró un programa de fortalecimiento donde se les realiza un diagnóstico y se establecerá un sistema de ventanilla única centralizado por vía electrónica.
Las juntas departamentales muestran un mayor cumplimiento que las intendencias, ya que nueve han entregado al menos uno de los cuatro reportes anuales. Sin embargo, ninguna rindió cuentas de las solicitudes recibidas en los cuatro años. Las juntas de Colonia y Florida tienen el mejor registro por presentar tres reportes.
En 2010 lo hicieron las juntas de Flores, Florida y San José, donde no hubo solicitudes presentadas, Rivera —que registró 20— y Montevideo. En 2011 presentaron informes las juntas de Florida —sin solicitudes recibidas—, Flores con 27 y Colonia reportando tres. En 2012 presentaron reporte las juntas de Colonia —nuevamente con 19 solicitudes—, las de Florida y Lavalleja sin recibir solicitud y la de Montevideo. En 2013 hubo tres informes: el de Colonia con 16 solicitudes, Rocha con una y el de Maldonado sin solicitud.
Sanciones. La ley no le da a
la UAIP potestades de sancionar a los organismos que no cumplan la norma; solo puede realizar observaciones.
Delpiazzo asegura que «un control sin posibilidades de sancionar es como si le faltara una pata», porque es «necesario un elemento coactivo para hacer posible el cumplimiento y que no quede solo en dar instrucciones o recomendaciones».
Este será uno de sus objetivos para los próximos años, aunque sostiene que «es un tema de voluntad del legislador». «En una segunda etapa podrá pasarse a un castigo, pero en esta primera se optó por la zanahoria en vez del garrote», resumió.

tabla transparenciaPublicado en semanario Búsqueda, jueves 24 de julio de 2014.

El Frente bloqueó actas a comisión

El Frente bloqueó actas a comisión

Una discusión entre legisladores del oficialismo y la oposición posterior al retiro de las madres de menores internados en el Hogar Ser de la Colonia Berro, terminó con un planteo de la diputada frenteamplista Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) impidiendo la entrega de la versión taquigráfica de la sesión del miércoles 2 de la comisión de Derechos Humanos, a la comisión de Población y Desarrollo Social que se reuniría al día siguiente, jueves 3.

Según relataron a El País integrantes de la comisión de Derechos Humanos, el diputado nacionalista Pablo Abdala, de la comisión de Población, pidió la entrega de la versión taquigráfica, pero Payssé se negó argumentando que al difundir ese documento se estaría mencionando nombres de las madres denunciantes y de sus hijos, arriesgando represalias en el Hogar Ser.

Además, Payssé exigió a la comisión de Población que pidiera «por escrito, en forma oficial» la versión taquigráfica.

Todas las versiones taquigráficas de las comisiones parlamentarias son públicas y a ellas se accede a través de la propia web del Parlamento, salvo que previamente los diputados decidan que no se tome versión taquigráfica.

El diputado colorado Gustavo Espinosa (Vamos Uruguay), presidente de la comisión de Derechos Humanos que integra junto a Paysse, Orquídea Minetti (MPP) y Gonzalo Novales (Alianza Nacional), accedió al pedido de la legisladora oficialista.

El jueves 3, Abdala planteó en la comisión de Población la necesidad de que en la próxima sesión se analice el informe de la Institución de Derechos Humanos sobre los maltratos en los centros de internación de menores delincuentes y se acceda a toda la información que negara Payssé.

Publicado en El País, sábado 5 de julio de 2014