May 26, 2014
A más de cinco años de aprobada la ley que regula el Derecho de Acceso a la Información Pública (18.381), tres de cada cuatro uruguayos desconoce la existencia de la norma que obliga al Estado a brindar información en caso de que un ciudadano la solicite. El dato surge de una encuesta realizada a pedido de la Unidad de Acceso a la Información Pública en noviembre del año pasado.
La encuesta preguntaba “¿Sabe si existe alguna ley o decreto que obligue al Estado a brindar información pública de sus gastos, remuneraciones, contratos, etc. en caso de que un ciudadano común quiera saberlo?”. Sólo el 26% respondió afirmativamente.
El porcentaje de personas que conoce la ley de acceso aumenta significativamente según el nivel educativo: aquellos que tienen nivel primario respondieron afirmativamente en el 17% de los casos; secundario 30%; y terciario 41%.
El grupo etario que mostró mayor conocimiento de la ley es el comprendido entre los 46 a 60 años (31% de respuestas afirmativas); los que mostraron menos conocimiento fueron los jóvenes de entre 18 y 29 años (22%). Se aprecia una leve diferencia si observan los resultados de acuerdo al género: 28% de los hombres dijo conocer la ley, mientras que en el caso de las mujeres es 25%.
La encuesta se realizó a la población uruguaya mayor de 18 años y tiene un margen de error de más menos 3.3 %.
En Uruguay la ley N° 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en octubre de 2008 y reglamentada en 2012, obliga a todos los organismos públicos a brindar información ante la solicitud de los ciudadanos.
La norma señala expresamente que “el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.
Basta con que el interesado lleve la solicitud escrita ante el organismo correspondiente (ver carta modelo de solicitud) o la presente vía internet (mediante el portal Qué Sabés?), para que el organismo, en un plazo de 20 días hábiles, la responda.
Enterate más sobre el derecho de acceso a la información pública.
Feb 4, 2014
El país, 4 de febrero de 2014.
El presidente José Mujica dijo que el contrato que el gobierno quiere firmar cuanto antes con la minera Aratirí «va a ser conocido por la gente» y que las autorizaciones ambientales a la compañía se revisarán cada dos años.
El gobierno acelera la firma del contrato.
El presidente reconoció a Telenoche que la negociación con la empresa «no es sencilla» y que se está ultimando «la parte jurídica». El asunto será analizado hoy en el segundo Consejo de Ministros del año que comenzará sobre las 9 de la mañana en la residencia de Suárez y Reyes.
El gobierno y la empresa han resuelto que el contrato será difundido en su casi totalidad con la excepción de algunos aspectos muy específicos y técnicos vinculados a la extracción del hierro, según supo El País. Fuentes que conocen la marcha de las conversaciones aseguraron también que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato que pide la ley de Minería de Gran Porte, equivalente al 5% de las inversiones programadas, se constituirá antes de la firma del contrato. La no constitución de esa garantía hasta ahora ha generado suspicacia en la oposición.
El gobierno quiere firmar el contrato en febrero, algo que no está claro si logrará. En cualquier caso, para que la compañía pueda extraer hierro y exportarlo (un objetivo que el gobierno pretendía que se cumpliera este año) falta que obtenga las autorizaciones ambientales correspondientes tanto para los cinco pozos de los cuales provendrá el mineral, como para el mineroducto que lo llevaría a la costa y para la terminal portuaria desde la cual se embarcaría. Además, en el caso de la terminal portuaria deberá firmar otro contrato con el gobierno cuya negociación recién comenzó.
El gobierno impulsa en la zona de El Palenque un puerto de «aguas profundas» para el que asegura que se podría contar con financiamiento brasileño. El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Pablo Genta, estuvo en Brasil en enero negociando precisamente la entrega de esos recursos. Pero como el proyecto está atrasado, el gobierno se avino a permitir a Aratirí que se adelante a construir una terminal propia. Esa autorización apunta a impedir que ocurra que Aratirí comience a extraer hierro y no tenga cómo exportarlo.
Sin embargo, en la oposición hay quienes se muestran escépticos con respecto a la viabilidad del puerto de «aguas profundas». Edison González Lapeyre, asesor del precandidato colorado Pedro Bordaberry y ex presidente de la Administración Nacional de Puertos, dijo a El País que el proyecto «no es viable». «Nueva Palmira y Montevideo, los dos puertos más importantes de Uruguay, mueven 21 o 22 millones de carga anuales. El puerto de «aguas profundas» necesitaría 60 millones; ¿de dónde van a salir?», se preguntó. «Es algo que no tiene un estudio razonable de carga. Está mal concebido. No va a captar carga argentina», advirtió González Lapeyre.
«Aratirí no necesita un puerto de aguas profundas. Puede tener un muelle y cintas transportadoras que lleven el hierro a un buque amarrado mar adentro. Eso no es un puerto», consideró el experto.
Hasta ahora, el gobierno ha sostenido que los granos de Argentina y Uruguay, el hierro de Aratirí y el procedente de Brasil y Bolivia junto con los combustibles líquidos, aseguran la viabilidad del «puerto de aguas profundas». Originalmente, iba a estar en la zona de La Angostura pero luego se optó porque esté instalado en la zona del Palenque, al suroeste del emplazamiento originalmente previsto. Esa modificación obligó a Aratirí a realizar nuevos estudios de impacto ambiental que atrasaron varios meses en el proyecto minero.
Hierro bajaría en 2014
El grupo Zamin Ferrous que impulsa el proyecto de Aratirí asume para sus planes que el precio de la tonelada de hierro a largo plazo rondará los US$ 100 , un valor que le da viabilidad a su proyecto aunque el mercado de los metales se caracteriza por su volatilidad. Lo que ocurra con China es fundamental. Es, al mismo tiempo, el mayor productor y el mayor demandante de hierro. Se espera que la oferta mundial del mineral crezca en 2014, lo que impulsaría los precios a la baja. Los otros grandes actores del mercado mundial del hierro son Australia, Brasil, India, Rusia y Suecia. El año pasado su precio promedio rondó los US$ 135 por tonelada.
Ene 17, 2014
RSF Américas, 16 de enero de 2014
El 13 de enero de 2014 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública. Esta legislación, imprecisa, discrecional y votada apresuradamente, constituye una nueva derrota para la libertad de información en uno de los países más peligrosos del continente para los actores de la información. Reporteros sin Fronteras espera que se presente un recurso por anticonstitucionalidad que invalide una ley que convierte a la información pública en un verdadero coto privado.
“La nueva ley le quita pura y simplemente al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) la prerrogativa que constituye su razón de ser: la de determinar y justificar la clasificación de ciertos datos de interés público. Ahora esta competencia se adjudica discrecionalmente al gobierno del Estado (a los funcionarios responsables de las entidades), que podrá así imponer el secreto sin tener que rendir cuentas”, explica Reporteros sin Fronteras.
“No podemos sino hacer eco de las objeciones a esta ley expresadas por la presidenta de la IAIP, Doris Ismelda Madrid. ¿De qué margen de acción dispondrán ahora los ciudadanos para cuestionar el funcionamiento y las decisiones de los poderes públicos? ¿En nombre de qué imperativo preciso se declarará una información ‘reservada’ según los términos de la nueva ley? Las condiciones mismas de aprobación de esta legislación plantean la cuestión. La iniciativa parlamentaria, peligrosa por su contenido, contraria a las jurisprudencias internacionales, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es políticamente desastrosa y tiene lugar apenas dos meses después de los controvertidos resultados preliminares de las últimas elecciones”, agregó la organización.
Presentada en el Congreso por el diputado del Partido Nacional (derecha conservadora), Rodolfo Zelaya, y adoptada rápidamente casi sin debate, la legislación dispone: “Reservado, es toda aquella información, documentación, o material, referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados, si estuviera públicamente disponible, en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público. Esta clasificación es facultad propia del titular de cada ente del Estado”.
La información clasificada como “reservada” no podrá publicarse durante un periodo de cinco años. Esta definición la decidirán unilateralmente los jefes de instituciones centralizadas o descentralizadas, quienes también tendrán la facultad de declarar la información “confidencial” –que no podrá hacerse pública durante diez años– en caso de que consideren que pueda “originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad y la defensa del orden público”.
Existe una tercera categoría: la de información “secreta”. Es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad quien podrá declararla de esta manera, e impedirá su publicación por un periodo de quince años, en caso de que considere que hay “amenaza directa contra el orden constitucional”. Finalmente, existe la clasificación de “ultrasecreta”. Corresponde al presidente de la República decretarlo sobre la información “que al ser de uso público cause peligro contra la seguridad, defensa nacional, soberanía e integridad territorial”. Esta información no podrá divulgarse durante 25 años.
Honduras se encuentra entre los países más mortíferos del continente para los periodistas. En una década han sido asesinados 38; dos tercios de ellos perdieron la vida después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
