Sep 28, 2015
En el Día Internacional del Derecho a Saber –también conocido como Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública– la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra los avances logrados en el reconocimiento jurídico del derecho de acceso a la información pública en la región y llama a los Estados miembros de la OEA a continuar adoptando las medidas necesarias para la efectiva realización de este derecho humano fundamental.
Existe un consenso creciente en los Estados miembros de la OEA en cuanto a la importancia central que tiene el derecho de acceso a la información pública como uno de los pilares de la consolidación de sistemas democráticos asentados y robustos, y como instrumento fundamental para la vigencia de otros derechos humanos.
Desde hace más de una década, 22 países del hemisferio han adoptado leyes de acceso a la información pública y han establecido procedimientos y mecanismos institucionales para protegerlo y garantizarlo, en buena medida gracias al desarrollo y promoción de estándares interamericanos sobre los principios que deben regir toda ley de acceso a la información y las obligaciones que se generan en el Estado para su buena implementación.
A pesar de estos importantes logros, sigue siendo fundamental persistir en la construcción de entidades de supervisión robustas y con poder suficiente para darle vida y sentido a los mandatos de transparencia de las respectivas leyes de acceso a la información. En la región no todos los órganos creados hasta la fecha cumplen con los estándares interamericanos en cuanto a su independencia, autonomía y poder para resolver controversias. La existencia de mecanismos institucionales es clave tanto para hacer efectiva la implementación de las leyes de acceso a la información como para satisfacer el derecho que tienen las personas de contar con un recurso de revisión sencillo, expedito y efectivo, ante la negativa a entregar información.
La Relatoría Especial reitera la importancia de que entidades responsables de defender el derecho a la información cuenten con un presupuesto y recursos humanos que les permitan cumplir con la importante misión asignada. En este sentido, sería deseable que los Estados adopten las recomendaciones efectuadas por esta oficina en el informe “El derecho al acceso a la información pública en las Américas: entidades especializadas para la supervisión y cumplimiento”.
Los Estados también deben fortalecer sus acciones de implementar una cultura de la transparencia, en donde el derecho a la información sea la regla y el secreto una verdadera excepción. Con ese fin, la Relatoría recomienda redoblar los esfuerzos emprendidos para adoptar una política sistemática de entrenamiento y capacitación de funcionarios públicos destinados a satisfacer, en cada una de sus facetas, el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, se insta a adoptar más y mejores políticas para difundir y dar a conocer el derecho de acceso a la información entre las personas, en particular entre periodistas, defensores de derechos humanos e individuos pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, como herramienta para la democratización de los derechos.
Finalmente, la Relatoría exhorta a los Estados que todavía no cuentan con una ley de acceso a la información a allanar los caminos para su pronta aprobación, de conformidad con los más altos estándares interamericanos y buenas prácticas regionales. A su vez, aprovecha este día para instar a los Estados a que las normas que limitan el acceso a la información por razones de seguridad nacional y terrorismo cumplan estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de tener que ser utilizada para un fin imperioso, de forma tal que se respete de la forma más amplia posible el derecho al acceso a la información pública.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Jun 10, 2015
CAinfo presentó ante partidos políticos, integrantes de la sociedad civil y asociaciones empresariales un ante proyecto de ley que busca regular la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial.
La iniciativa, que se presentó este lunes 8 de junio en el foro “Regulación de la publicidad oficial”, fue valorada positivamente por los distintos panelistas. Los participantes coincidieron en destacar la necesidad de avanzar en una regulación legal y la oportunidad política que existe de hacerlo en esta legislatura.
Presentaron la inciativa Martín Prats (presidente CAinfo) y Gustavo Gómez (consultor). Participaron del foro Tania da Rosa (directora de CAinfo), Simone Reperger (directora FESUR, institución que co-organizó el evento), representantes de APU (Asociación de la Prensa del Uruguay), la Coalición por una Comunicación Democrática, así como de RAMI, CORI y OPI, organizaciones de medios del Interior.
Por parte de los partidos políticos, intervinieron los diputados Alejandro Sánchez (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional), Fitzgerald Cantero (Partido Colorado) e Iván Posadas (Partido Independiente).
A nivel general los legisladores marcaron su coincidencia con el ante proyecto de CAinfo y se comprometieron a trabajar internamente en sus bancadas con miras a habilitar el tratamiento parlamentario.
A su turno, las gremiales de medios del interior destacaron que son poco tenidos en cuenta a la hora de asignar publicidad oficial. Juan Brañas, representante de RAMI señaló que en 2012 los tres canales privados de televisión de Montevideo se llevaron más del 50% de la publicidad oficial.
Sobre el proyecto
El artículo 2 considera que la publicidad oficial es una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de comunicación social respecto a los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan. La información que transmita la publicidad oficial debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población.
El artículo 4 establece una serie de prohibiciones, como el uso de la publicidad oficial para presionar y castigar o premiar y privilegiar a comunicadores o medios; el uso para fines propagandísticos de los partidos políticos; o incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios políticos que ocupen cargos electivos o de particular confianza en las piezas publicitarias de los organismos públicos.
También prohíbe realizar publicidad oficial durante las campañas electorales, salvo la información emitida por las autoridades electorales en relación a la organización de las elecciones, o en caso de emergencias.
El artículo 6 señala que los organismos públicos tendrán la obligación de publicar en forma completa, permanente y actualizada en su página web diferente tipo de información, como monto presupuestal total destinado a publicidad en todas sus formas, plan de inversión publicitaria aprobado por el organismo y monto de inversión ejecutada.
También se exige transparencia del mercado. Todos los medios de comunicación que reciben publicidad oficial deberán publicar información detallada que dé debida cuenta de los montos y características de la pauta publicitaria oficial recibida, establece el artículo 7. De la misma forma, las agencias de publicidad y centrales de medios deberán publicar información detallada del destino efectivo de los dineros asignados por los organismos públicos contratantes.
El proyecto incluye los criterios y procedimientos que deben adoptarse para la asignación de la publicidad. El principio general para la asignación de publicidad oficial será el procedimiento de licitación pública (artículo 8), mientras que el artículo 9 establece que los criterios para la selección de los medios para difundir a pauta serán, en primer lugar, la relación entre información o campaña y la población objetivo, luego los medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría (atendiendo especialmente a los medios de exclusiva producción local) y, finalmente, el precio.
El artículo 10 establece que deberá destinarse al menos un 30% del monto total asignado de la publicidad oficial a medios de comunicación que estén radicados en localidades del interior cuando se trate de publicidad destinada al público general. En el artículo 11 se establece un fondo para la realización de encuestas y estudios tanto a nivel nacional como departamental, para contar con información suficiente y adecuada para una correcta asignación de la pauta oficial.
Vea el anteproyecto de ley completo elaborado por CAinfo.
Jun 2, 2015
Ya son más de 20 los países de la región que han aprobado leyes de acceso a la información pública. Sin embargo, no todas las instituciones encargadas de implementar y hacer cumplir estas leyes respetan los estándares interamericanos, advierte en su último informe la Relatoría para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la última década 22 países del hemisferio han adoptado leyes para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Para implementar y aplicar las leyes de acceso a la información de manera eficiente, idónea y adecuada, varios países de la región han creado mecanismos institucionales de supervisión.
La existencia de este tipo de mecanismos es clave tanto para hacer efectiva la implementación de las leyes de acceso a la información, asi como para satisfacer el derecho que tienen las personas de contar con un recurso de revisión sencillo, expedito y efectivo, ante la negativa a entregar información.
Las instituciones que se han creado en la región para garantizar la implementación y cumplimiento del derecho de acceso a la información tienen diseños institucionales y características poco uniformes y no todos cumplen con los estándares interamericanos en cuanto a su independencia, autonomía y poder para resolver controversias.
Una serie de países han creado organismos especializados en el cumplimiento del derecho a la información dotados de autonomía e independencia. En otros casos, se han nombrado comisionados o creado unidades especializadas en acceso a la información que fueron ubicados dentro de organismos ya existentes. Un tercer grupo de Estados ha optado por establecer autoridades o comisiones expertas en el derecho a la información, pero bajo la dependencia del Poder Ejecutivo o de alguna entidad controlada por éste.
Un asunto crítico en los diseños institucionales radica en las facultades atribuidas por ley a estos organismos para resolver controversias y si tienen el poder para ordenar a los sujetos obligados que liberen el acceso a informaciones que pretenden mantener en reserva.
Solo una minoría de los casos estudiados tienen el poder de emitir resoluciones vinculantes para las autoridades obligadas, como lo aconsejan los estándares internacionales.
En los casos de Canadá, Estados Unidos y Uruguay los órganos de supervisión del acceso a la información sólo pueden emitir recomendaciones destinadas a que los organismos públicos que se niegan a entregar información revisen sus decisiones. En estos casos, los solicitantes que quieran hacer cumplir su derecho a la información deberán acudir al Poder Judicial, con el costo transaccional que ello supone.
Los países de la región deben continuar avanzando en su obligación de implementar una cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información. Para ello es fundamental persistir en la construcción de entidades de supervisión robustas y con poder suficiente para darle vida y sentido a los mandatos de transparencia de las respectivas leyes de acceso a la información y adaptar la jurisprudencia internacional a las prácticas estatales.
Extracto del informe temático «El derecho al acceso a la información pública en las Américas: entidades especializadas para la supervisión y cumplimiento«).
Oct 17, 2014
Este lunes 20 de octubre se presentará ante la Asamblea General del Parlamento una petición firmada por más de 130 organizaciones sociales reclamando mayor transparencia, participación y rendición de cuentas en el proceso de elección de los ministros/as de la Suprema Corte de Justicia.
Ese mismo día, lunes 20, a la hora 11, las organizaciones brindarán una conferencia de prensa en la sede de APU (San José 1330 esquina Ejido).
Sep 29, 2014
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) realizó una campaña en redes sociales para difundir la ley de Acceso a la Información Pública, en el marco de la celebración -el domingo 28 de setiembre- del día Internacional del Derecho a Saber.
A través de 10 imágenes se difundieron aspectos clave de la ley de acceso, como ser: publicidad de la información, gratuidad del acceso, plazos que tienen los organismos para entregar la información, funcionamiento de las excepciones al acceso, entre otros.
La iniciativa se realizó con el objetivo de posibilitar que las personas se apoderen de esta importante herramienta que contribuye a la participación ciudadana efectiva y el control social de los asuntos públicos.
El Día Internacional del Derecho a Saber comenzó a celebrarse en el año 2003 impulsado por los defensores del acceso a la información en todo el mundo.
Vea o descargue las imágenes de la campaña:
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