Sep 17, 2014
A seis años de aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública la publicación proactiva de información por parte de los organismos públicos (transparencia activa) aún enfrenta muchos desafíos, según se desprende de los resultados del último Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL).
El ITAeL es una iniciativa de CAinfo y la Universidad Católica del Uruguay que mide el nivel de transparencia de las páginas webs de los organismos públicos. Esta tercera edición se presentó el miércoles 17 de setiembre ante distintas autoridades de los organismos auditados.
El ITAeL 2013 comprende el monitoreo de 113 páginas webs, auditadas entre octubre de 2013 y marzo de 2014. El resultado total se compone del promedio de dos dimensiones: Información obligatoria e Interacción y participación.
Información obligatoria compendia las obligaciones que rigen por ley (ley nº18.381) y decreto (nº 232/10). Se evalúan aspectos como publicación de la misión y visión del organismo, descripción de funciones y competencias, estructura organizativa y facultades de cada unidad, plan estratégico, entre otros.
La dimensión Interacción y participación refiere a la posibilidad de los ciudadanos de participar de la gestión de la organización pública, centrado en este caso, en servicios online, offline y plataformas digitales. Se evalúa si la página cuenta con formularios o servicios en línea, enlaces a redes sociales, foros de opinión, ayuda en la página, apartado de preguntas frecuentes, glosario, entre otros.
Vea el detalle completo de cada dimensión e indicadores que lo componen en trabajo que se adjunta debajo.
Principales resultados del ITAeL 2013
En términos generales, en esta tercera edición del ITAeL los resultados siguen tendiendo a ser bajos: sólo 10% de los organismos monitoreados cumplió con más del 60% de los requisitos del índice.
Los organismos que muestran mejores resultados son Codicen/ANEP (79% de cumplimiento), OSE (75%) y Caja Notarial de Seguridad Social (71%), Agencia de Gobierno Electrónico y de la Sociedad de la Información (69%), El Correo Uruguayo (69%), Banco Central del Uruguay (67%) y LATU (67%).
Si se observa por grupo de organismo, “Entes autónomos y servicios descentralizados” y “Personas públicas no estatales” muestran un mejor nivel de transparencia. En cambio, las Juntas Departamentales e Intendencias exhiben un nivel bajo de cumplimiento.
Tomando en cuenta únicamente la dimensión Información obligatoria se observa que organismos como el CODICEN/ANEP, OSE, Corporación Nacional para el Desarrollo y la Caja Notarial de Seguridad Social se destacan en este aspecto.
El Instituto Nacional de Carnes, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio ambiente, Administración de los Servicios de Salud del Estado y, nuevamente, la Corporación Nacional para el Desarrollo, muestran buenos niveles de cumplimiento de la dimensión Interacción y participación.
En base a estos resultados, el informe concluye que a seis años de la entrada en vigencia de la ley nº 18.381 y a cuatro años de su decreto reglamentario, persisten múltiples desafíos en materia de transparencia activa.
La discusión y aprobación de las reformas legales necesarias para mejorar la implementación del derecho de acceso a la información pública, la asignación de recursos acordes en el marco del presupuesto quinquenal 2015-2020, y, en general, la transversalización de este derecho, debieran tener un lugar destacado en la agenda pública para avanzar en la diseminación de una cultura de la transparencia.
Ante la proximidad de un nuevo parlamento y nuevas autoridades de gobierno, será fundamental que la Unidad de Acceso a la Información Pública (órgano garante del Derecho de Acceso a la Información) pudiera fortalecerse e incidir para llevar adelante todos estos cambios.
En este sentido, el informe termina destacando que la discusión presupuestal en la que se enmarcará el país el próximo año significará una gran oportunidad para que desde el Estado se reafirme el compromiso con la política de acceso a la información pública, asegurando los recursos necesarios para la implementación de la ley en todo el país y en todos los organismos públicos.
Vea completo el Índice de Transparencia Activa 2013.
Sep 10, 2014
«Ombudsman en Latinoamérica» es una serie de publicaciones que proponen una aproximación al rol que desempeñan las defensorías del pueblo en Argentina, Perú y Uruguay.
Para el capítulo nacional CAinfo elaboro un diagnóstico y una serie de propuestas a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) acerca del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y apertura a la ciudadanía.
Los tres trabajos que componen la serie «Ombudsman en Latinoamérica» (de Perú elaborado por Proética y Argentina por Acij) forman parte de la Iniciativa TPA (Transparencia, Participación Ciudadana y Accountability), una red de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que buscan impulsar el fortalecimiento de los sistemas de control público a través de la promoción de prácticas de transparencia, participación y rendición de cuentas, con énfasis en los organismos de control que integran el sistema de rendición de cuentas del Estado.
Vea el informe de CAinfo.
Ago 7, 2014
La elaboración del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016 estuvo a cargo de un grupo de trabajo conformado por representantes de organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y de la academia. El Plan incluye 40 compromisos que asume el Estado uruguayo en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos abiertos.
El Grupo de Trabajo fue designado por Presidencia de la República, estuvo coordinado por AGESIC y contó con la participación de la sociedad civil organizada, nucleada en torno a la Red de Gobierno Abierto.
Como parte del proceso de construcción del plan, el Grupo de Trabajo convocó a dos Mesas de Diálogo: “Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública” y “Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico”.
En esas instancias se encontraron organismos públicos, sociedad civil y academia para debatir y proponer sobre aquellas áreas sobre las que el estado tendría que avanzar. Muchas de ellas efectivamente se transformaron en los nuevos compromisos del Plan, y otras tantas están aún a estudio y serán monitoreadas por el Grupo de Trabajo.
Una tercera Mesa de Diálogo está prevista para diciembre de este año con el objetivo de discutir sobre “Transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción”. Esta instancia servirá para incluir compromisos al Plan cuando se implemente los procesos de revisiones anuales y seguimiento.
Diez de los 40 compromisos alcanzados integran total o parcialmente propuestas formuladas por organizaciones de la sociedad civil.
Todos los compromisos se encuentran agrupados en 8 ejes temáticos:
- Promoción y desarrollo del Gobierno Abierto en Uruguay
- Gobierno Abierto para el desarrollo sectorial
- Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública (ver nota aparte)
- De Datos Públicos a Datos Abiertos
- Transparencia en las Compras y Gestión de los Recursos Públicos
- Trámites y servicios en línea
- Servicios de Acercamiento a la Ciudadanía
- Mejora de Servicios al Ciudadano de los Gobiernos Departamentales.
Vea el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-2016.
Jul 30, 2014
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y Gaia presentaron los resultados de una investigación sobre la aplicación regional del Principio 10 de la Declaración de Río en Uruguay, compromiso referido a las garantías para el cumplimiento del acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia en esa materia.
La jornada que se desarrolló el martes 29 de julio en el anfiteatro Reinaldo Gargano de la Cancillería, propició el diálogo entre actores gubernamentales, sociedad civil y público en general en relación al proceso regional tendiente a garantizar los derechos ambientales.
En representación de la sociedad civil expusieron el director del CAinfo, Edison Lanza, y el integrante de Gaia, ALberto Gómez.
Por el Estado intervinieron, entre otros, el director General Adjunto para Asuntos Políticos de la Cancillería, Ricardo González Arenas, el Director Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, y el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Gabriel Delpiazzo.
También participaron la representante de la Oficina de Asuntos Económicos de la CEPAL Valeria Torres y el Consejero de la Embajada de Chile en Uruguay Guillermo Bittelman.
El Principio 10 de la Declaración de Río fue adoptado en la Cumbre de Río de 1992 por los Jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, participación pública y justicia en materia de medio ambiente.
En 2012, durante la cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10.
En este contexto países Latinoamericanos y del Caribe firmaron una declaración donde manifiestan su voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional que puede ir desde guías, talleres y buenas prácticas, hasta un convenio regional abierto a todos los países, tendiente al cumplimiento cabal del Principio 10.
Vea el informe completo aquí.
Abr 3, 2014
Cainfo presentó el informe “Transparencia, rendición de cuentas y Tics en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay”, en el marco de una iniciativa regional que busca promover la transparencia y participación en las defensorías del pueblo.
La investigación se enmarca en la Iniciativa TPA (Transparencia, Participación Ciudadana y Accountability), una red de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que buscan impulsar el fortalecimiento de los sistemas de control público a través de la promoción de prácticas de transparencia, participación y rendición de cuentas.
El informe de CAinfo, elaborado por Edison Lanza y Margarita Navarrete, se presentó el pasado martes 25 en el Parlamento ante autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y otros jerarcas de gobierno. También asistió un representante de la organización argentina Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización coordinadora de la iniciativa TPA.
Edison Lanza, director de Cainfo, resaltó el rol clave que cumple la INDDHH en materia de transparencia, provisión de información, interacción con la sociedad y participación. “Necesitamos que la Institución sea campeona de la transparencia, para que otros organismos públicos incorporen buenas prácticas”, señaló Lanza y advirtió que muchos organismos están rezagados en este tema. “El trabajo que estamos presentando hoy puede empezar a cumplir el objetivo de que la INDDHH empiece a ser el ejemplo de transparencia para otros”, finalizó.
La investigadora Margarita Navarrete identificó una serie de fortalezas y debilidades que ha tenido la INDDHH en su proceso de creación, iniciado en 2008 luego de ser sancionada la ley 18.446, y que tomó impulso en 2012 al ser designado el Consejo Directivo de cinco miembros.
Entre los aspectos a destacar Navarrete apuntó el trabajo que ha tenido la Institución como contralor del cumplimiento de Derechos Humanos. Puso como ejemplo el rol activo que tomó ante la reforma a la ley de acceso a la información pública, que pretendió introducir el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas. En esa oportunidad la INDDHH expresó que las modificaciones propuestas por el ejecutivo serían un “notorio retroceso” respecto al derecho al acceso a la información pública, e irían en contra del principio de no regresividad.
Asimismo, Navarrete resaltó como positivo la actuación de la INDDHH ante las denuncias recibidas. El informe detalla que del total de casos recibidos (recogidos en la memoria anual), un 14,6% de las denuncias fueron presentadas por personas jurídicas y/o colectivos, el 3,4% por organismos públicos, y el 82% de las denuncias lo fue por personas físicas.
Del lado de las recomendaciones y puntos a mejorar la investigadora identificó que persisten algunos problemas institucionales que urgen resolver. Particularmente señaló los problemas interpretativos surgidos acerca de la ejecución presupuestal que han impedido desarrollar concursos públicos para contratar un staff técnico. El organismo actualmente cuenta con funcionarios en régimen de “pase en comisión”. Navarrete destaca que para resolver esta situación en el corto plazo se prevé la incorporación de 15 cargos profesionales y técnicos que se contratarán a partir de un concurso de oposición y méritos.
Por el lado de las TICS, la investigación destaca que la página web de la institución (inddhh.gub.uy) puede ser una oportunidad fundamental para mejorar en aspectos como la transparencia activa. En la publicación de información y datos en línea se recomienda a la INDDHH incluir formatos abiertos y reutilizables; y ofrecerlos de manera tal que permitan la accesibilidad al sitio web a las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, Navarrete señaló que sería importante optimizar en el sitio web la información sobre denuncias por casos de violación de los derechos humanos y su seguimiento, realizando Ariela Peralta del Consejo Directivo de la INDDHH el anuncio de incorporación del expediente electrónico a las tareas del organismo.
Muchas de las mejoras (como la revisión de la adscripción institucional al Poder Legislativo) podrían ser tratados en un futuro proyecto de ley que pretenden enviar al Parlamento las autoridades del organismo.
Finalmente, en la presentación del informe, se anunció un convenio entre CAinfo y la INDDHH para trabajar en la inserción digital de la Institución, de forma tal que ayude a desarrollar plenamente sus cometidos y acciones.
Vea o descargue el informe completo aquí.
Ene 28, 2014
Impulsando la información policial de calidad
Está a la venta “Mala sangre. Siete historias de crímenes”, una serie de crónicas escritas por siete periodistas uruguayos que abordan sendos casos policiales ocurridos en el país en los últimos años, desde el periodismo de calidad y sin caer en el sensacionalismo o la morbosidad.
La publicación de editorial Aguilar reúne los trabajos de Pablo Alfano, Javier Benech, Felipe Llambías, Eleonora Navatta, Lourdes Rodríguez, Leticia Sánchez y Fabián Werner acerca de crímenes tan diversos como el homicidio del trabajador de La Pasiva, el caso Natalia Martínez, la violencia doméstica, el primer análisis de ADN, la Superbanda o el “Bocha” Risotto.
El libro es producto de un proyecto regional impulsado originalmente por el periodista colombiano Omar Rincón y coordinado en Uruguay por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y financiado por la Fundación Friedrich Ebert (FESUR). Ambas instituciones trabajan desde hace años en el país y la región en la promoción de mejores estándares de libertad de expresión y una comunicación democrática, pluralista y diversa.
El objetivo del proyecto fue desarrollar textos de calidad, investigación y reflexión periodística, para que sirvan de faro en un momento en el que la información policial se ha convertido en la manzana de la discordia de periodistas y políticos. Para que en lugar de criticar lo que se hace mal, se demuestre lo que se puede hacer bien.
“Algunas de estas historias recibieron una importante atención mediática y social. Otras pasaron desapercibidas, entre la intimidad de un hogar destruido, el submundo de las cárceles y los juzgados. Muchos de estos casos dejaron dudas, imprecisiones, preguntas sin responder. Avivaron prejuicios instalados, indujeron tentaciones sensacionalistas o simplemente generaron indiferencia social”, escribió respecto a estos trabajos el periodista Darío Klein, quien se encargó de la compilación y la edición de los textos.
“Mala Sangre es un texto escrito por siete destacados periodistas uruguayos que pretende responder a esas preguntas, aclarar las dudas, superar los prejuicios, evitar el sensacionalismo, la arbitrariedad o el clasismo, y recuperar algunos hechos del olvido y la apatía. Son siete historias de crímenes, siete episodios que revelan el lado oscuro de nuestra sociedad, una zona muchas veces desconocida, ignorada o distorsionada por los relatos habituales, que transcurre cotidianamente aunque a veces no queramos verlo”, aseguró Klein.
“Cada periodista produjo un reportaje policial con rigor profesional, apegado a principios éticos y buscando agregar información de calidad. Y lo hacen sin perder de vista la responsabilidad social de los periodistas, con un enfoque de derechos y sin discriminación”, añadió.
