Ene 23, 2014
Por: Karina Banfi
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Secretaria Ejecutiva
ARTíCULO XIII es una colección de informes regionales de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, cuyo primer documento trata sobre la regulación de medios en Latinoamérica. Un documento innovador y completo sobre el estado de situación de la libertad de expresión en las Américas que se presenta el día 3 de Mayo, «Día Mundial de la Prensa».
La Alianza Regional es una red que reúne 22 organizaciones no gubernamentales de 19 países de las Américas, cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades y conocimientos de las organizaciones miembros para realizar intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de libertad de expresión y acceso a la información en sus países.
Esta red se creó como un mecanismo de interrelación entre la sociedad civil, los organismos internacionales y los gobiernos latinoamericanos. La Alianza Regional se constituyó como un foro de la sociedad civil para debatir los logros y los obstáculos en la libertad de la expresión y el acceso a la información pública. Hoy es un punto de encuentro para analizar las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas, a fin de proponer y recomendar estrategias y metodologías comunes para investigar, defender y promover la libertad de la expresión e
información en la región.
En esta oportunidad, presentamos el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado, para mostrar el estado actual del acceso a la información en los países en los que actúan. Estamos convencidos de que la acción colectiva y el apoyo mutuo son una herramienta clave para avanzar en la defensa de la libertad de expresión. Este primer informe regional integra los trabajos elaborados por los miembros, Detalla situaciones específicas que experimentan las organizaciones en cada uno de sus países. Contiene la diversidad de sus opiniones en base a su experiencia y conocimiento en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del derecho a la libertad de expresión.
Este informe se propone proveer de datos precisos que sirvan para tomar conciencia del desarrollo del derecho en nuestros países, y de lo que aún resta recorrer. Encontrarán documentos por países que trabaja la red y se mantuvo las especialidades, contenidos y puntos de vista de cada uno de los miembros para su tratamiento.
Por lo tanto, en materia de regulación de medios de comunicación, la Alianza Regional cumple el rol de difundir información y retroalimentarse entre sus miembros para facilitarles los procesos de inclusión y de participación. Los medios de comunicación son instrumentos para el ejercicio de la opinión y pensamiento y difusión de ideas. En caso de regularse el funcionamiento de los medios de comunicación, no podría provocar restricciones en el debate de la diversidad de opiniones y el ejercicio del derecho a expresarse libremente. Por lo tanto, el rol que toma el Estado es de proteger el pluralismo de opiniones y circulación de información como parte de los principios necesarios para el respeto del derecho de la libre expresión. Queremos agradecer la participación de todas las organizaciones miembros que aportaron su análisis de la realidad local y su conocimiento específico sobre la materia.
Oct 31, 2013
MUCHOS DESAFÍOS PARA GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
Estudio de Cainfo y FUAP visibiliza la necesidad de que el Estado produzca información para elaborar políticas públicas que aseguren el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad. La demanda de información sobre esta temática realizada por ambas organizaciones posibilitó que por primera vez la ANEP elaborara un relevamiento en todas las escuelas públicas del país.
CAinfo y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) presentan el informe “Discapacidad y educación inclusiva en Uruguay”, un trabajo que investiga, a partir del uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, la situación del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad en Uruguay. El trabajo se centra en la enseñanza inicial y primaria pública a nivel nacional.
El trabajo mapea la información pública existente en torno al acceso a la educación de los niños/as con discapacidad, identifica los indicadores que releva el Estado y analiza su idoneidad a efectos del monitoreo del cumplimiento de las obligaciones positivas en lo que respecta a garantizar el derecho a la educación para la población objeto del estudio.
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Oct 18, 2013
Nuevo estudio sobre el acceso a la información pública para la exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la región.
La sociedad civil por la igualdad y la justicia (ACIJ) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) tenemos el gusto de compartir la presentación del informe: «Información para la acción. El acceso a la información como una herramienta para la exigibilidad de derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la región».
El estudio es el resultado del trabajo en conjunto desarrollado durante 2013 en torno a la profundización de estrategias para la exigibilidad de estos derechos a partir del uso de las herramientas del acceso a la información pública.
El informe recoge los principales hallazgos del relevamiento realizado en base a la experiencia de diversas organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Ofrece una aproximación al contexto jurídico para la exigibilidad de los DESCA en cada uno de los seis países, e identifica avances y obstáculos que las organizaciones enfrentan en la práctica para el acceso a la información pública sobre estos derechos.
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Sep 5, 2013
El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública presentó el informe “Información Reservada: los archivos clasificados del Estado”. Se trata de una investigación que evalúa cómo los organismos públicos clasificaron su información como reservada o confidencial, conforme a la ley de Acceso a la Información Pública.
En 2008 el Parlamento uruguayo aprobó la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, que reconoció por primera vez el derecho de las personas a acceder a la información en mano de los organismos públicos. La normativa estableció plazo de dos años, que luego fue extendido a cuatro, para que cada organismo procediera a clasificar toda la información en su posesión de acuerdo a las categorías creadas en la propia norma (pública, reservada y/o confidencial). Los organismos tenían plazo hasta julio de 2012 para informar a la Unidad de Acceso a la Información Pública (organismo creado para monitorear y aplicar la ley) qué información clasificaron.
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Ago 7, 2013
“Diversidad y Programación en la televisión abierta en Uruguay”, trabajo que se enfoca en el estudio de la diversidad de los canales de televisión abierta de alcance nacional de los investigadores Rosario Radakovich, Gustavo Buquet y Edison Lanza.
Jun 21, 2013
Para la democracia es la publicación de la Coalición por una Comunicación Democrática, que sale hoy viernes 21 de junio junto al Semanario Brecha y el próximo miércoles 26 de junio con La Diaria.
Adjuntamos la publicación
Editorial: Democracia y Comunicación
Esta publicación tiene el objetivo de dar cuenta de los debates, obstáculos y avances que, en materia de democratización de las comunicaciones, se vienen produciendo en Uruguay, así como realizar un análisis crítico de las reformas que todavía están en proceso y plantear los desafíos pendientes.
Desde su constitución, el 16 de julio de 2010, la Coalición por una Comunicación Democrática (ccd) es un colectivo integrado por unas 30 organizaciones sociales, sindicales y académicas de todo el país, que trabajan en forma conjunta para hacer escuchar su voz en este proceso democratizador, tan necesario como complejo.
La ccd tiene como misión defender y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades centrales para el sistema democrático, como el derecho a la libre expresión, al acceso y a la producción de cultura. En definitiva los derechos de todas las personas y colectivos a una comunicación democrática.
En ese marco, entre sus definiciones básicas se encuentran las siguientes: el espectro radioeléctrico es un bien público; deben reservarse espacios equitativos para medios comerciales, públicos y comunitarios; las autoridades en la materia deben tener autonomía del poder político; debe garantizarse la independencia de los medios y de los trabajadores; incorporar la participación y el control ciudadano; implementar un defensor de las audiencias y códigos de ética; asignar frecuencias por concurso, establecer límites a la concentración de la propiedad y promover la producción nacional, local e independiente.
Esta publicación es un esfuerzo más de este grupo de organizaciones de la sociedad civil por poner al alcance de todas y todos información e insumos sobre los trascendentes procesos que tienen lugar en Uruguay. Alcanzar los postulados y principios resumidos en los “16 Principios para una Comunicación Democrática”, el documento fundacional de la ccd, no sólo permitirá la democratización de las comunicaciones. De concretarlos habremos logrado una sociedad más democrática e igualitaria y una sociedad civil vibrante y más libre.
Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Programa de Participación de la Comisión Nacional del Uruguay para la UNESCO y la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR).
Coalición por una Comunicación Democrática, 21 de junio de 2013
