Se presentó hoy, miércoles 27 de setiembre de 2017, una nueva edición del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL). El índice tiene por objetivo medir el nivel de transparencia de los organismos públicos a través de sus páginas web.
A nivel general, los resultados para esta edición son:
Índice de Transparencia Activa en Línea: 50%
Índice de Información Obligatoria: 48%
Índice de Interacción y Participación: 55:%
Se relevaron en total 156 sitios web de organismos públicos. La primera lectura de los datos de este año muestra una tendencia hacia la mejora en los niveles de cumplimiento de transparencia activa.
El total de organismos relevados cumple, en promedio, con el 50% de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL. Este resultado significa un progreso de 6 puntos porcentuales respecto a los datos del informe presentado el año pasado.
Todos los grupos de organismos (exceptuando los Municipios, que se miden por primera vez) exhiben para este informe mejores niveles de transparencia respecto a la edición del año pasado:
Los organismos de Presidencia crecieron de 50% a 54%
Ministerios de 57% a 64%
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de 53% a 71%
Personas Públicas no Estatales de 50% a 66%
Organismos de Contralor de 41% a 43%
Intendencias de 39% a 52%
Juntas Departamentales de 21% a 23%
Sin embargo, es importante destacar que pese a la observada tendencia a mejorar los niveles de cumplimiento, un grupo de organismos se sigue ubicando en niveles de cumplimiento que consideramos “bajos” o “medios”; éstos son: Juntas Departamentales, Municipios, Intendencias, Organismos de Contralor y Organismos de Presidencia.
Si miramos individualmente a cada organismo, encontramos que de los 156 relevados un 8% exhibe un nivel alto de cumplimiento.
De ellos, quienes muestran cumplimiento por encima del 90% son:
OSE (92 %)
Correo del Uruguay (94%)
Plan Ceibal (94%)
Banco Central del Uruguay (97%)
LATU (100%)
El ITAeL está compuesto por dos dimensiones: “Información obligatoria” e “Interacción y participación”. El Índice ITAeL es el resultado de la suma de estas dos dimensiones. A partir de cada una de estas dimensiones se construyen dos índices independientes.
La dimensión “Información obligatoria” compendia las obligaciones de transparencia activa que rigen por ley y decreto. Se evalúan aspectos como la publicación de la misión y visión del organismo, descripción de sus funciones y competencias, la estructura organizativa y facultades de cada unidad, calendario de actividades, noticias, autoridades y su currículum vitae, la agenda de las autoridades y un plan estratégico, entre otros.
El Índice de Información Obligatoria cobra particular relevancia ya que permite evaluar el poder de involucramiento que ha tenido la LAIP y su decreto reglamentario sobre los organismos relevados en relación al cumplimiento de la Transparencia Activa.
El promedio general para todos los organismos relevados del Índice de Información Obligatoria es de 48%. Este porcentaje significa un aumento en el nivel de cumplimiento de 3 puntos porcentuales respecto a la edición de 2015, y de 6 respecto a los datos de 2013.
Si bien se observa este avance a lo largo de las ediciones del ITAeL, es de notar que, en la medida de que se trata de obligaciones legales en este caso, siguen persistiendo importantes situaciones de incumplimiento.
Observamos que a nivel general, a casi 9 años de aprobación de la LAIP, el nivel de cumplimiento sigue siendo bajo: el 33% de los organismos relevados publicó menos del 40% de información que se le es exigida legalmente.
Los mismos organismos que muestran mejores resultados en el Índice ITAeL son aquellos que también muestran mejores desempeños en el Índice de Información Obligatoria, siendo el LATU, Banco Central del Uruguay, Plan Ceibal, El Correo y OSE aquellos que exhiben cumplimientos por encima del 90%.
La otra dimensión que compone el Índice ITAeL es “Interacción y participación”. Este Índice mide los recursos que los organismos públicos ponen a disposición de los ciudadanos/as para la interacción, de manera de acercarse a la gestión de la organización pública. Se evalúan aspectos como la existencia de servicios de búsqueda en la página, ayuda en la página, Otros idiomas disponibles, Preguntas frecuentes, entre otros.
En lo que refiere a los resultados del Índice de Interacción y Participación, el promedio general para los 156 organismos relevados es de 55%. El porcentaje significa un salto de 14 puntos porcentuales respecto a la edición 2015.
Si ordenamos los organismos por su IIP, encontramos un grupo de organismos que exhibe niveles cumplimiento mayores a 90% de este índice, pero que en el IIO (aquellas categorías de información que se deben publicar por ley) muestran niveles de cumplimiento que no superan el 60%.
Éstos son:
Presidencia de la República 58% IIO – 92% IIP
Ministerio de Salud Pública 55% IIO – 92% IIP
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 53 IIO% – 92% IIP
Si miramos sólo el IIP, encontramos que los siguientes organismos exhiben un nivel de cumplimiento superior al 90%:
Banco Central del Uruguay (92%)
Plan Ceibal (92%)
OSE (92%)
ASSE (92%)
Ministerio de Economía y Finanzas (92%)
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (92%)
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (92%)
Ministerio de Desarrollo Social (92%)
Presidencia de la República (92%)
Ministerio de Salud Pública (92%)
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (92%)
Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (93%)
Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (96%)
LATU (100%)
Ver la edición completa del Índice ITAeL 2016 en: http://itael.cainfo.org.uy/itael2016/
El inicio de una demanda penal por parte del expresidente de Ancap José Coya contra el periodista Daniel Isgleas y el diario El País viene a sumarse a una serie de juicios concretados (o anunciados) por parte de funcionarios públicos contra trabajadores o medios de comunicación.
La tendencia a judicializar el malestar por parte de funcionarios u otras personas afectadas por coberturas periodísticas de interés público implica un atentado contra la libertad de expresión y así ha sido señalado por organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana o la Relatoría Especial que funciona en ese ámbito.
El monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) junto con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), y el apoyo de la Red Internacional de Libertad de Expresión (IFEX) registró 16 casos de hostigamiento a periodistas a través de la Justicia desde su inicio en 2014. La mayoría de ellos implicó la presentación de demandas como represalia por las coberturas.
En lo que va del año se han sumado varios episodios que representan una amenaza contra los periodistas involucrados y además implican una intimidación indirecta contra el resto de los colegas.
En la lista de demandas que tomaron estado público en los últimos días se incluyen las del expresidente de Ancap José Coya contra el diario El País y su periodista Daniel Isgleas y la de la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado Susana Muñiz contra el periodista del diario El Observador Gabriel Pereyra (que fue retirada luego de un acuerdo judicial).
También anunciaron su intención de recurrir a la Justicia el vicepresidente Raúl Sendic contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero por la autoría de un libro y la directora del Hospital de Ojos Sandra Medina contra el programa Santo y Seña de Canal 4.
Además, la incidencia de las coberturas mediáticas en distintos asuntos de interés público ha sido atacada por algunos de los involucrados.
Así, por ejemplo, el abogado Gonzalo Fernández consideró que su defendido Fernando Calloia se vio afectado por la cobertura del caso Pluna que realizó la prensa, ya que fue “prisionero de la ‘justicia espectáculo’, permanentemente interferida por los medios masivos de comunicación” y atribuyó a estos haber incurrido en un “escándalo periodístico”(1).
En el mismo sentido, el abogado Oscar Algorta amenazó a la radio El Espectador con iniciar acciones legales si no se retiraba de su página web una información vinculada a su carácter de indagado en una causa por lavado de activos(2). También el presidente del club Nacional José Luis Rodríguez amenazó con iniciar juicio contra periodistas que informaron sobre el asesinato de un hincha de Peñarol en la ciudad de Santa Lucía en 2016.
En la última década Uruguay ha sido reconocido en la región por sus avances en materia de libertad de expresión, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron entre otros progresos la despenalización de los delitos de comunicación, con la aprobación de la Ley Nº 18.515 en julio de 2009(3).
Al respecto, el actual relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, explicó que “en lo medular todos los conflictos entre la libertad de expresión y el honor de funcionarios o personas públicas salen de los juzgados penales, salvo que un profesional publique una información a sabiendas que es falsa o con absoluto desprecio por la verdad, así como cuando no medie un interés general en la publicación de detalles de la vida privada de una persona pública”(4).
Lanza añadió que “en la generalidad de los casos, las informaciones de interés público, publicadas con la correspondiente verificación, no generan responsabilidad penal del periodista y deben dirimirse en la órbita civil”.
En consideración de todos estos hechos, CAinfo exhorta a los funcionarios públicos a evitar medidas que impliquen un hostigamiento a través de la Justicia penal de los periodistas. Existen mecanismos legales -como el capítulo III de la Ley 16.099 en el que se establece el derecho de respuesta – que permiten garantizar que las personas puedan dar su versión de los hechos cuestionados.
1 Semanario Búsqueda, edición N°1932 del 24 de agosto de 2017, pág. 3.
2 Algorta amenaza con juicio por difamación. Sitio Sudestada. 2 de junio de 2017. https://goo.gl/qU9gZu
CAinfo saluda la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que renovó por tres años (hasta 2020) el mandato de su Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Esta decisión de la CIDH significa un reconocimiento al destacado trabajo desarrollado en estos años del Relator Especial en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El periodista, docente y abogado uruguayo Edison Lanza fue cofundador de CAinfo en el año 2008 y se desempeñó como su Director Ejecutivo hasta 2014, año en que designado como Relator Especial de la CIDH.
Además, trabajó como periodista en diversos medios de comunicación, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas de Uruguay, y como docente universitario.
Comunicado a la opinión pública firmado por el CAinfo (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública), Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna y Ielsur (instituto de estudios legales y sociales del Uruguay).
En el día miércoles 31 de mayo, el Estado uruguayo fue examinado por el Comité que vigila el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El día 23 de Junio, En su 47ª sesión, el Comité aprobó las observaciones finales donde advierte la falta de garantías del actual órgano de supervisión previsto en el actual proyecto de ley y la ausencia de un enfoque de derechos humanos a lo largo del texto del proyecto que se encuentra a estudio de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Según se expresa, el Comité recomienda al Estado parte a asegurar que el actual proyecto de ley de Salud Mental que se encuentra en debate parlamentario respete los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental y con discapacidad psicosocial, prevea la adecuada asignación de recursos para su implementación y garantice la independencia y buen funcionamiento del mecanismo de contralor de Atención en Salud Mental que prevé la ley.
Desde las organizaciones firmantes instamos al Estado uruguayo, y en particular a los legisladores, para que en el marco de la actual discusión parlamentaria se hagan eco de estas observaciones y las implementen a efectos de aprobar una ley de salud mental con un real enfoque de derechos humanos, tal como lo establecen los estándares internacionales.
No tomar en cuenta estas observaciones implicará seguir retrocediendo en las garantías de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental en Uruguay.
Descargar el comunicado aquí: Ante Observaciones Comité DESC_ Comunicado Salud Mental
Acceso completo al Informe: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fURY%2fCO%2f5&Lang=en
Tania da Rosa de CAinfo estuvo dialogando con el programa En perspectiva respecto al petitorio que 130 organizaciones sociales enviaron al Parlamento con el objetivo de dotar de transparencia, participación ciudadana y la rendición de cuentas al proceso parlamentario de elección que precede a las designaciones de los/as Ministros/as de la Suprema Corte de Justicia.
«Nuestra petición claramente no implica ningún cambio en la legislación nacional ni en la Constitución. Nuestra petición apunta a un cambio de práctica», aclaró Da Rosa. «La decisión siempre va a terminar siendo de la Asamblea General del Parlamento», agregó.
«Las organizaciones que impulsamos el petitorio estamos cuestionando la opacidad con que se toma la decisión, sin que se rinda cuenta de cuáles son los criterios que se consideran para la designación», señaló Da Rosa.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) repudia el atentado sufrido por la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, en la noche del martes 7 de febrero.
El hecho se produjo al día siguiente que la periodista denunciara el maltrato policial de que fue objeto en una seccional policial cuando para recabar información sobre el caso de violencia de género ocurrido en el complejo Verdisol, en el que una mujer fue asesinada por su pareja.
Según informó Caras y Caretas, Prieto transitaba en su vehículo por Camino Carrasco y 20 de febrero cuando otro auto con las luces apagadas se ubicó detrás suyo y una moto con dos ocupantes lo hizo del lado del conductor. Inmediatamente una de las personas extrajo una pistola y comenzó a disparar contra la periodista.
Prieto, que iba acompañada por su esposo, aceleró y tomó la avenida Centenario y luego la calle José Pedro Varela, hasta la sede de la Guardia de Coraceros, donde se detuvo y pudo radicar la denuncia policial.
La periodista se encuentra bien, aunque con heridas leves, y con guardia policial en su domicilio.
CAinfo repudia este atentado contra la periodista y exhorta a las autoridades a realizar una rápida investigación a fin de identificar y castigar a los responsables. En caso de confirmarse su relación con el ejercicio de la profesión se trata de un grave caso de amenaza a la libertad de expresión.
De igual modo, reclama al Ministerio del Interior que investigue con la mayor diligencia la denuncia de maltrato policial del que fue objeto la periodista.
El caso será incluido en el próximo informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de periodistas, que CAinfo elabora en colaboración con la Asociación de la Prensa Uruguaya, con el apoyo de la red IFEX.
