Abr 3, 2018
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) organizará con el apoyo de UNESCO un seminario para analizar el nuevo marco normativo relativo a periodismo, libertad de expresión y derechos humanos. Serán dos jornadas dirigidas a jueces, fiscales y periodistas, a desarrollarse los días 9 y 16 de abril.
El día 9 se tratará el tema Código del Proceso Penal y garantías para ejercer el periodismo. Contará con la participación de Edison Lanza (Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA), Jorge Díaz (Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación), Raúl Oxandabarat (Director de la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia) y Marcelo Pesce (Subdirector general de los Servicios Administrativos del poder Judicial).
El día 16 tratará sobre Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y derechos de niños, niñas y adolescentes. Expondrán: Paula Baleato (Coordinadora de la Agencia Voz y Vos), Gustavo Gómez (Director Ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), Andrea Venosa (Directora de la División Jurídica del INAU) y Marianella Fernández (Asesora de Dirección del INAU).
Ambas jornadas se desarrollarán a la hora 9 en la sede de UNESCO (Luis Piera 1992, Edificio Mercosur). Por consultas e inscripciones: secretaria@cainfo.org.uy
Feb 21, 2018
El sitio web de la Presidencia de la República difundió este martes un breve comunicado en el que da cuenta de la situación tributaria de una de las personas que mantuvo un entredicho con el presidente Tabaré Vázquez el pasado lunes 19 de febrero.
El texto identifica con nombre y apellido al ciudadano, señala que mantiene deudas con el Instituto Nacional de Colonización así como la existencia de un proceso judicial impulsado por parte del organismo a fin de recuperar las tierras en su poder en el departamento de San José.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresa su preocupación ante el manejo de información que la página web de Presidencia de la República realiza respecto a un ciudadano que cuestionó a la primera figura pública del país.
Si bien es de interés público toda información referida a la utilización de recursos públicos y las acciones que realizan los organismos públicos para recuperar los mismos, es inadecuado que la misma sea utilizada por Presidencia de la República para denostar a una persona que –más allá de las formas elegidas- se manifestó públicamente, en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en forma crítica hacia el Presidente de la República.
CAinfo desea alertar ante los efectos inhibitorios de la protesta social y la libertad de expresión que esta medida del Poder Ejecutivo puede implicar al utilizar información privilegiada desde una situación de poder.
Ene 31, 2018
El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, reafirmó el lunes 29 de enero en conferencia de prensa su compromiso de bajar el gasto en publicidad oficial. El mandatario aseguró que en 2014 las empresas públicas invirtieron 53 millones de dólares por año, mientras que en el período 2015-2017 la cifra descendió a 34 millones. «Y la vamos a bajar más», señaló Vázquez.
Sin embargo, sigue pendiente en nuestro país la aprobación de una ley que regule la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial, de forma de utilizarla de manera más eficaz, justa y transparente.
En junio de 2015 el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó una iniciativa ciudadana que contó con el apoyo de legisladores de los cuatro principales partidos políticos del país para darle curso parlamentario. Sin embargo, este amplio respaldo no ha logrado transformarse en una rápida aprobación.
En diciembre de 2016, el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, pero durante 2017 no se votó el articulado en particular.
Tal como fue señalado por los propios legisladores al momento de la presentación del proyecto, la aprobación de una ley de este tipo es fundamental para garantizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, ya que establece procedimientos claros para la asignación de la pauta, evita el uso discrecional de la publicidad como forma de castigo o premio a los medios de comunicación en función de su línea editorial, favorece mecanismos de contralor ciudadano del gasto, incluye criterios de transparencia activa para las empresas que reciben publicidad oficial, entre otros aspectos.
Más allá del compartible gesto del Presidente respecto al control del gasto público, CAinfo entiende que es necesario seguir avanzando en un proyecto de ley que contemple toda la problemática asociada a la publicidad oficial, que establezca reglas de juego más justas, claras y transparentes, y que por lo tanto redunde en un mejor sistema democrático.
Por eso reclama a todos los partidos políticos que el proyecto sea discutido y votado este año en el Parlamento.
Nov 28, 2017
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó su «profunda preocupación por las prolongadas demoras» en que están incurriendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al no aplicar integralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA).
En un informe emitido el lunes 27 de noviembre, la INDDHH considera que la ley SCA es «un instrumento fundamental para la concreción de una política pública, inclusiva y democrática en materia de libertad de expresión y acceso a la información». La normativa, vigente desde diciembre de 2014, fue declarada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia, más allá de observaciones puntuales en algunos pocos artículos.
Sin embargo, aún se está lejos de la «integral aplicación» de la ley, «pues no ha sido aún reglamentada ni se ha constituido aún el Consejo de Comunicación Audiovisual, órgano creado para instrumentar buena parte de sus disposiciones», señala la INDDHH. Según la Institución, esta extensa demora «obstaculiza el cumplimiento efectivo de los fines de promoción y expansión del derecho a la libertad de expresión reconocidos por la ley».
En este sentido, la INDDHH pide al Poder Ejecutivo que «adopte la máxima diligencia para la aprobación de la reglamentación de la LeySCA» y designe «sin más dilación» al Presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual. Por último, al Poder Legislativo le solicita seleccionar «a la mayor brevedad» a los cuatro miembros restantes del Consejo de Comunicación Audiovisual y «designar prontamente al miembro no Legislador que la represente en la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual».
Como integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática, desde CAinfo compartimos la preocupación planteada por la INDDHH. La aplicación no integral de la Ley SCA es un retroceso en los procesos de democratización de las comunicaciones en que nuestro país había logrado avances significativos en los últimos años.
Vea el informe de la INDDHH aquí.
Oct 31, 2017
La Coalición por una Comunicación Democrática expresa su asombro y malestar por las ideas y venidas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) respecto al borrador de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), puesto a consideración de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual, (ya que este tiene entre su cometidos participar en la elaboración de la reglamentación de la ley).
El 5 de octubre, el MIEM presentó un borrador de reglamento de la ley ante los integrantes de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA). Sin embargo, el 23 de octubre, el presidente de la comisión en representación del MIEM, informó que el borrador en el que se había comenzado a trabajar no era el documento oficial del Poder Ejecutivo.
A la coalición le causa también asombro que esta comunicación fuera dada por un funcionario y no por el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL), como correspondería dada la gravedad del hecho.
Hasta la fecha no hemos recibido el borrador de reglamentación con la propuesta definitiva del Poder Ejecutivo.
Ante esta situación cabe preguntarse: ¿Quién fue el autor del primer borrador? ¿Quién se responsabiliza por este error? ¿El director de DINATEL Ing. Rodrigo Díaz presentará las disculpas y las explicaciones del caso a los miembros de la CHASCA? ¿La señora ministra Ing. Carolina Cosse está al tanto de esta situación?.
Todas estas preguntas se podrían haber evitado si desde el gobierno, desde un primer momento, hubieran actuado con seriedad y voluntad política, cumpliendo con los plazos y las designaciones que marca la ley. Es importante señalar que el plazo estipulado por la propia Ley 19.307 para su reglamentación, venció en el mes de junio del año 2015 y que el conjunto de recursos de inconstitucionalidad presentados contra la norma, fueron laudados hace más de un año.
En última instancia, reclamamos que se actúe con la seriedad y el compromiso que los mecanismos de participación social como la CHASCA requieren.
Quedan pendientes a casi tres años de aprobada la ley, la designación del Presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual por el Poder Ejecutivo, la designación de sus cuatro miembros restantes por el Parlamento, como también la designación del miembro del Poder Legislativo para integrar la CHASCA.
Todo esto a pesar de que en el 162 período extraordinario de sesiones realizado en Buenos Aires del 22 al 26 de mayo de este año, la representación del estado uruguayo en palabras de la Dra. Fernanda Cardona, Directora General de Secretaria del Ministerio Industria Energía y Minería (MIEM), señaló que “en breve, en días, en semanas” se comenzaría a implementar la ley.
Oct 23, 2017
En el marco de un nuevo “Día del Periodista” que se celebra el 23 de octubre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), actualiza el Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay.
El informe anual se publica desde 2014 cada 3 de mayo, día mundial de la Libertad de Prensa, fijado por la Organización de las Naciones Unidas.
En esta oportunidad, al conmemorarse a nivel local la creación del primer periódico oriental apoyado por José Artigas en 1815, CAinfo actualiza los hechos que afectan la libertad de expresión en lo que va de 2017.
Según el relevamiento realizado, se registraron 17 casos.
Uno de nivel grave “Alto”, referido al atentado sufrido por la periodista Isabel Prieto quien en febrero de este año fue baleada.. Se realizaron denuncias pero a la fecha no se esclareció esta situación.
Se registraron además, 13 casos de nivel “Medio”. Aquí se destacan siete casos donde el hostigamiento es a través de la justicia, ya sea con la amenaza de iniciar acciones legales o por la concreción de las denuncias.
Por último, se dieron tres casos de gravedad “Leve”.
Para una mayor información sobre los informes completos ver en www.cainfo.org.uy y www.monitoreo.cainfo.org.uy.
Descripción de casos de 2017
Nivel de Gravedad: Alto (1)
CATEGORIA: Lesiones graves y/o asesinatos (1)
DESCRIPCIÓN: represalias directas que tienen como consecuencia la existencia de lesiones graves que generan incapacidad parcial o permanente y/o la muerte de las víctimas de las agresiones.
– El 7 de febrero de 2017 la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, retornaba a su casa en su auto cuando fue abordada por una persona que desde una moto que le efectuó un disparo. La periodista no fue alcanzada por la bala pero resultó herida leve debido al rebote del proyectil en la carrocería del vehículo. La periodista había denunciado días antes la irregularidad policial en un procedimiento realizado por efectivos de la Seccional 19. A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones mantenidas por la periodista y organizaciones de la sociedad civil con autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación (FGN) el crimen nunca se esclareció y no fueron encontrados los responsables
Nivel de Gravedad: Medio (13)
CATEGORIA: Amenazas (6)
DESCRIPCIÓN: intimidaciones a periodistas, su familia y medios de comunicación a fin de evitar la publicación de contenidos periodísticos (o como consecuencia de ella) mediante amenazas de muerte, agresiones físicas, pérdida del empleo, demandas judiciales, campañas difamatorias o injuriantes así como cualquier otro tipo de represalia.
-El 4 de enero de 2017 un grupo de personas que se identificaron como parciales del Club Nacional de Football inició una campaña de acoso en las redes sociales a la periodista de Televisión Nacional (TNU), Georgina Mayo, por la cobertura que venía realizando sobre el tiroteo en Santa Lucía el 28 de diciembre de 2016 que provocó la muerte de un parcial de Peñarol. El objetivo de la campaña era que la periodista fuera despedida del canal público.
-El 9 de febrero el empresario Gustavo Torena irrumpió en los estudios de radio 1010 AM durante la transmisión del programa “Las Voces del fútbol” y amenazó a los periodistas que realizaban una entrevista al exfutbolista Álvaro Recoba. El periodista Julio Ríos denunció penalmente a Torena, quien fue tres días después fue procesado por el juez Eduardo Pereyra por un delito de violencia privada.
-El 19 de febrero el director responsable del conjunto de parodistas Momosapiens, Horacio Rubino, golpeó al periodista del programa radial “Carnaval del Futuro”, que se transmite por 1410 AM, Eloy Calvo. El motivo de la agresión, que se produjo al terminar la actuación del conjunto en el Teatro de Verano, fue la discrepancia con las opiniones del periodista. Al día siguiente, mediante un comunicado público, la gremial de directores de carnaval DAECPU declaró “persona non grata” al periodista y expresó su apoyo a Rubino, aunque dijo rechazar la violencia y defender la libertad de expresión.
-El 15 de marzo el presidente del Club Atlético Peñarol Juan Pedro Damiani cuestionó la cobertura que realizan los medios de comunicación sobre la institución que preside y exigió que todos los periodistas hagan público de qué club son hinchas. El reclamo se produjo durante una entrevista realizada en la radio Sport 890.
-El 4 de julio, el periodista Juan Correa del portal Agesor (Soriano) publicó que uno de los nuevos integrantes de la directiva del Club de Leones de Mercedes había participado de los aparatos represivos de la última dictadura. Tras la publicación del informe, Correa recibió una llamada de la directiva del Club de Leones Marisa de Pazos en la que lo amenazó por el trabajo periodístico que estaba realizando. El periodista realizó la denuncia policial.
-El 28 de agosto, la periodista de Flores Mariely Salvatto fue denostada por el ex intendente de ese departamento Carlos Mazzulo durante un conferencia de prensa en la que la periodista preguntó sobre la definición del Tribunal de Ética del Partido Nacional respecto al caso del ex jefe comunal. Luego de la conferencia de prensa, la periodista fue agredida verbalmente por otro dirigente del Partido Nacional.
CATEGORIA: Hostigamiento a través de la Justicia (7)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de demandas ante el Poder Judicial o la Policía que pongan en riesgo la libertad o persigan el desprestigio personal o profesional
-El 13 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo emitió un decreto que dispone que los funcionarios públicos que hagan público, divulguen o den a conocer informaciones tales como solicitudes, proyectos, informes, dictámenes y otros documentos que no se especifican, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirán en falta muy grave, pasible de destitución. La medida es un retroceso en la búsqueda de una mayor apertura en el acceso a la información pública e implica, de manera indirecta, una obstrucción al trabajo periodístico al dificultar el acceso a información relevante sobre la actividad de los organismos estatales dependientes del Poder Ejecutivo.
-El 21 de abril, dos días después que la publicación Sudestada informara sobre la participación del estudio Algorta & Asociados en la trama de corrupción del Partido Popular de España, el titular del bufete Oscar Algorta envió una carta intimidatoria a la radio El Espectador. En esa carta reclamó que la emisora bajara de su página web la información publicada por Sudestada o realizaría acciones legales contra el medio.
-El 26 de mayo, el presidente del Club Nacional de Football, José Luis Rodríguez, amenazó con iniciar una demanda contra periodistas de tres medios de comunicación porque informaron sobre el asesinato de un hincha de Peñarol en la ciudad de Santa Lucía en 2016.
-El 27 de julio, el abogado Gúmer Pérez, anunció que su defendida, la directora del Hospital de Ojos, Sandra Medina, iniciaría acciones legales contra el programa de Canal 4, Santo y Seña, que había informado de presuntas irregularidades en los registros de las operaciones. Una investigación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado no encontró ninguna irregularidad.
-El 28 de junio, el entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic, amenazó con iniciar juicio contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, autoras del libro “Sendic, la carrera del hijo pródigo”. Hasta el momento la demanda no se concretó.
-El 16 de agosto se realizó una audiencia a raíz de un juicio que la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, presentó contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión que escribió en el diario El Observador sobre el funcionamiento de ese organismo. Finalmente la demanda fue retirada.
-El 21 de agosto el ex presidente de ANCAP, José Coya, presentó una demanda por difamación e injurias contra el diario El País y uno de sus periodistas, Daniel Isgleas. El ex jerarca acusó al medio de mentir y dañar su honor al informar sobre la adjudicación de una obra para la regasificadora. La información publicada por el diario surge del trabajo de una Comisión Investigadora del Parlamento sobre el tema. No hubo conciliación en la Justicia por lo que el juicio continúa.
Nivel de gravedad: Leve (3)
CATEGORIA: Obstrucción del trabajo periodístico (3)
DESCRIPCIÓN: adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas.
-El 2 de febrero el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre utilizó una conferencia de prensa para atacar el trabajo del periodista de La Diaria Santiago Sánchez, a quien atribuyó intenciones difamatorias debido a la publicación de una nota que consignaba que el secretario de Estado se había beneficiado de dos préstamos del propio ministerio a través de un fondo para productores arroceros. Luego de señalar que el medio no le genera “confianza”, Aguerre le recomendó al periodista leer un libro de José Ingenieros titulado “El hombre mediocre”, debido a que en él se utilizan las mismas prácticas creadas por el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels, que según el jerarca, aplica el medio. Al día siguiente, los responsables de La Diaria publicaron un editorial en el que sostienen que Aguerre “no desmintió nada” de lo publicado por el periódico.
-El 22 de febrero la Asociación de Comunicadores de Flores denunció públicamente a una funcionaria de OSE por impedir a un equipo periodístico de Canal 8 de Trinidad realizar la cobertura de la reparación que el organismo realizaba sobre la Ruta 14.
-El 6 de marzo durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el director de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia José Luis Veiga impidieron a varios fotógrafos que realizaran tomas gráficas del mandatario. Presidencia había convocado a los medios de comunicación por la reunión que Vázquez había mantenido con el presidente del Frente Amplio Javier Miranda. Veiga argumentó que no se le debían tomar fotos a Vázquez porque se encontraba “trabajando”.
