Sep 26, 2019
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública repudia el inicio de procesos judiciales contra varios medios de comunicación por parte del Partido Cabildo Abierto, que encabeza el candidato presidencial Guido Manini Ríos.
El motivo de las denuncias es la publicación de la acusación realizada por un colectivo de expresos políticos durante la dictadura contra Antonio Romanelli, asesor de seguridad de Manini. Los ex detenidos le atribuyen a Romanelli, mediante una carta pública, la aplicación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979.
Según la citación judicial que llegó al diario La República, Radio Uruguay y Montevideo Portal cita a una audiencia que se realizará este jueves a las 14.30 horas en el juzgado penal de 42° Turno, en la calle Juan Carlos Gómez 1236, a cargo de la jueza Dolores Sánchez.
Para CAinfo este tipo de actitudes atenta contra la libertad de expresión, y buscan limitar el legítimo derecho de informar de los medios de comunicación y de los ciudadanos de acceder a noticias de interés público en un contexto de campaña electoral.
Recuerda, asimismo, que como señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el inicio de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación puede generar un efecto de amedrentamiento contra todo el sistema informativo, generando limitaciones a la libre circulación de informaciones y opiniones, lo cual es imprescindible para un régimen democrático.
Sep 23, 2019
El viernes 20 de setiembre se realizó en el Parlamento un
conversatorio sobre la posible regulación de las grandes plataformas sin que
ello afecte la libertad de expresión en internet.
El evento fue impulsado por CAinfo y Observacom, y participaron representantes de distintas organizaciones, sociales y públicas, que realizaron aportes y plantearon dudas respecto al alcance de un documento que propone un camino de regulación en el que la moderación de contenidos de terceros sea compatible con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Se propone que mediante este mecanismo se proteja el derecho a la libertad de expresión, se garantice una Internet libre y abierta, y se impulse una iniciativa regional que haga frente a los intentos de regulación estatal que pueden llevar a que las plataformas actúen como policías privadas. La presentación del documento estuvo a cargo de Gustavo Gómez, director de Observacom, la que compartimos a continuación.
Sep 10, 2019
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ve
con preocupación la decisión del Senado de no aprobar este martes 10 el
proyecto de ley que regula la publicidad oficial, y regresarlo a comisión para
su análisis.
Esta decisión, se tomó ante la falta de consenso entre los partidos en el Senado, a pesar
de que el proyecto original contó con el apoyo de los diputados del Frente
Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente,
que en agosto de 2015 pusieron su firma para que la iniciativa fuera discutida.
En julio de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el texto con el apoyo de todos
los partidos.
Si bien varios senadores expresaron que harán lo posible para
aprobar una norma de este tipo, el hecho de que el domingo 15 se inicie el
receso parlamentario debido a las instancias electorales, hace poco probable
que exista el quórum necesario en ambas cámaras para la aprobación definitiva
del texto.
Este traspié no será, sin embargo, un obstáculo para que CAinfo,
junto a otras organizaciones de la sociedad civil insistan con una iniciativa
de este tipo. Y, si es necesario, volverá a plantear el tema en el próximo
período de gobierno.
CAinfo reitera que es imprescindible que el país tenga un marco
que regule la producción, planificación, contratación, distribución y
asignación de la publicidad oficial. Aprobar una norma de esta característica
es ineludible para cumplir con los estándares internacionales en materia de
libertad de expresión, permite tener procedimientos claros para la adjudicación
de la publicidad, hasta ahora asignada de forma discrecional. Además, la
iniciativa busca eliminar la discriminación que sufren los medios de
comunicación del interior del país que reciben un porcentaje ínfimo de avisos
oficiales.
El proyecto que impulsó CAinfo en su redacción original, recogió
recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que los Estados
deberían adoptar normas claras y transparentes para regular la publicidad
oficial, para evitar que ésta pueda ser utilizada para castigar o premiar a los
medios de comunicación.
En el texto se establece un régimen de contratación en
coordinación con las normas del TOCAF. Se describen además los principios y
procedimientos de contratación, y se prevé la obligatoriedad de destinar al
menos un 30% del monto total de la publicidad de alcance nacional a medios de
comunicación, programas o producciones periodistas que se realicen en el
interior del país.
Además
de CAinfo, esta iniciativa contó con el respaldo de entidades como la
Asociación de la Prensa Uruguaya, la Organización de la Prensa del Interior, la
Asociación de Radios del Interior y la Cámara Uruguaya de Televisión para
Abonados.
Ago 26, 2019
Fue lanzada semana pasada, durante el Foro de Gobernanza de Internet Latinoamericano, LACIGF, la propuesta de regulación de plataformas “Aportes para una regulación democrática de grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en Internet”. El documento estará disponible para consulta pública hasta 15 de octubre, y tiene versiones en español, inglés y portugués.
La iniciativa fue elaborada por OBSERVACOM (Uruguay), IDEC (Brasil), Intervozes (Brasil) y Desarrollo Digital (Argentina), y cuenta con el apoyo de TEDIC (Paraguay), CAInfo (Uruguay), PROLEDI (Costa Rica) y Usuarios Digitales (Ecuador). La formulación del texto contó con los aportes (a título personal) de Javier Pallero, Coordinador de Políticas Públicas para América Latina de Access Now; Joan Barata, Miembro de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información; Valeria Betancourt, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); el consultor Andrés Piazza; los profesores de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Mastrini y Martín Becerra; y Juan Ortíz Freuler, investigador afiliado al Berkman Klein Center.
El documento postula una regulación “progresiva y asimétrica” que alcanza a “plataformas de contenidos”, es decir, redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de intercambio de contenidos de terceros). En cambio, no incluye a servicios de mensajería.
Dentro de las plataformas de contenidos, se propone que haya mayores exigencias para aquellas con posición dominante (por su incidencia en el debate público, fuente de información, etc.) pero mínimas para start-up, sin fines de lucro o específicas para no bloquear innovación y otras.
En base a los estándares de derechos humanos, la propuesta de las organizaciones sociales para regular plataformas retoma el criterio de proporcionalidad. El estándar de proporcionalidad aplica no sólo a las sanciones que pudieran aplicar sino también a los procedimientos y debido proceso para ajustarse a los derechos humanos en línea.
En materia de transparencia y rendición de cuentas y derecho de apelación, la propuesta de regulación recoge las propuestas de organismos multilaterales y organizaciones sociales tales como Principios de Santa Clara o Principios de Manila o los Relatores, pero las transforma en obligaciones y no en sólo en recomendaciones que las plataformas pueden adoptar si quieren.
La propuesta está abierta a consulta pública hasta el 15 de octubre y se puede dejar los comentarios aquí.
El documento también está abierto a firmas de organizaciones que actúen sobre el tema en América Latina. Para firmar, envía un correo a: contacto@observacom.org
Descargar >> Español Baixar >> Português Download >> English
