Feb 27, 2014
RSF, 26 de febrero de 2014
Las protestas en Venezuela han dado un giro violento y los periodistas que las cubren se encuentran en la primera línea. A través de actos de violencia y de brutal represión, las fuerzas del orden y algunos grupúsculos paramilitares autoproclamados se han convertidos en obstáculos al trabajo de los periodistas. La polarización entre medios de comunicación progubernamentales y de oposición se encuentra en un momento de paroxismo, fruto de una tensión generada desde las elecciones de marzo de 2013. En esa ocasión Reporteros sin Fronteras pidió a los candidatos a la presidencia que se comprometieran a favor del pluralismo y solicitó protección para los actores de la información.
Frente a la crítica situación de la libertad de información y de inseguridad de los periodistas, Reporteros sin Fronteras envía una carta abierta al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
París, 26 de febrero de 2014
Señor Nicolás Maduro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Señor Presidente:
En nombre de Reporteros sin fronteras, deseo informarle de mi fuerte inquietud frente al empeoramiento de la situación de la libertad de información de Venezuela. Nuestra organización internacional que defende la libertad protegida por el arículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que no promueve de ninguna manera cualquier interés diplomatico o privado, está particularmente preocupada por las dificultades que enfrentan los periodistas al cubrir las manifestaciones que tienen lugar en su país desde inicios del mes de febrero de 2014, así como por el refuerzo de la censura en respuesta al movimiento de protesta.
Hasta el día de hoy la organización ha registrado más de 70 incidentes de ataque o agresión a los actores de la información: al menos 60 agresiones físicas o verbales y 13 detenciones, en la mayoría de las cuales se ha robado o destruido el material de los periodistas; hechos a los que se suma el ataque a las oficinas de la cadena nacional Venezolana de Televisión (VTV). Los periodistas han sido agredidos tanto por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Policía Nacional Bolivariana, como por algunos manifestantes y grupúsculos paramilitares que aprovechan el movimiento de protesta para sembrar el terror. En este ambiente, marcado por una fuerte tensión, esta cifra podría aumentar si no se ponen en marcha rápidamente dispositivos de protección de los actores de la información. Reporteros sin Fronteras recuerda que en virtud de la Resolución 19/35 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 18 de abril 2012, las manifestaciones contribuyen a la “promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. El papel de los periodistas en los movimientos de protesta es esencial en una democracia abierta, a fin de informar a la población y de mostrar la reacción de las fuerzas del orden.
Por otra parte, las declaraciones de algunos miembros de su gobierno han empeorado la situación. Respecto a las denuncias formuladas públicamente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y por el Colegio Nacional de Periodistas, la Ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, señaló el 23 de febrero pasado en una entrevista concedida al canal Globovisión: «Ellos hablan de agresiones a unos periodistas, los cuales nosotros nunca hemos tenido conocimiento, la Fiscalía tampoco tiene conocimiento». Puedo asegurarle que los casos documentados por Reporteros sin Fronteras y otras ONG como Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) e incluso Human Rights Watch no tienen nada imaginario. Representantes de Espacio Público acompañaron al fotoreportero Gabriel Osorio a hacer una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Reporteros sin Fronteras le solicita urgentemente la creación una comisión parlamentaria que investigue las numerosas exacciones cometidas contra los profesionales de la información desde inicios de febrero de 2014, para que estas agresiones no permanezcan impunes.
Frente a la magnitud de las protestas usted optó por la censura. Ésta no puede constituir una respuesta adecuada. El 11 de febrero pasado el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) advirtió a los periodistas en un comunicado que la cobertura mediática de los hechos de violencia podría ser sancionada. Al día siguiente el canal de noticias colombiano NTN24 sufrió una censura directa. Más tarde, la censura se extendió a las redes sociales: se bloqueó el acceso a las fotografías alojadas en Twitter durante aproximadamente 48 horas. El 20 de febrero usted anunció su intención de impedir la difusión del canal estadounidense CNN en territorio venezolano, proceso que ya estaría en marcha, puesto que el gobierno de Venezuela revocó los permisos de trabajo de cuatro corresponsales de la cadena estadounidense que laboraban en el país.
La expulsión y la censura de cadenas internacionales significan la muerte del pluralismo audiovisual, dado que la mayoría de los canales nacionales y locales se encuentran bajo el control del gobierno. La prensa escrita, último atisbo de independencia, se ve obligada a reducir su número de ejemplares e, incluso, a suspender su tiraje debido a la carencia de papel. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios de Comunicación Electrónicos (Resortemec) permite controlar los contenidos e imponer sanciones –a través de la Conatel– a los medios de comunicación que no se alineen.
Una de las principales reivindicaciones de los manifestantes es que el Estado cese de controlar la difusión de la información. Le pedimos que tome muy en cuenta esta petición que sus conciudadanos le hacen.
Es cierto, la información circula hoy en día bajo una forma peligrosamente polarizada, pero sólo a través del diálogo será posible una difusión de información sin roces. Tomamos en cuenta sus denuncias respecto a la manipulación que se ha hecho de ciertas imágenes de las manifestaciones, pero llamamos su atención respecto al carácter antidemocrático de la censura de la información que circula en su país que usted lleva a cabo.
Lo instamos a que considere el pluralismo como un factor determinante del acceso a una información completa y globalmente objetiva. La guerra que lleva a cabo contra lo que usted llama “terrorismo mediático”, encaminada a proteger a la población de una supuesta incitación a la violencia, es en sí misma un factor determinante de esta polarización.
Agradeciendo su atención a esta solicitud, le envío señor Presidente mis saludos más cordiales.
Atentamente
Christophe Deloire Secretario General de Reporteros sin Fronteras
Feb 27, 2014
Ayer miércoles los periodistas de la agencia de noticias de Soriano Agesor comparecieron ante el Juzgado Letrado de Primer Turno en lo penal. La justicia citó a los periodistas para conocer quién filtró a la prensa la denuncia por abuso sexual presentada por un militar el año pasado y que el medio publicó en exclusiva.
En un comunicado, la agencia de Soriano aclara que el juez se encargó de puntualizar que la citación a declarar «no se trataba de una medida que pretendía cercenar la libertad de prensa». La intención de citar a los integrantes del medio «no implicaba una medida contra Agesor, ni pretendía poner una mordaza al trabajo que desempeñamo», aclaró el Juez según recoge un comunicado de la agencia.
Días atrás CAinfo y el gremio de la prensa de uruguaya, APU, habían manifestado preocupación por este gesto que significa una presión a los periodistas en el ejercicio de su profesión, y que además ignora todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
La declaración que los periodistas de Agesor hicieron ante la justicia fue en el mismo sentido: «Por nuestra parte le expresamos que entendíamos que con esta medida se pretendía ejercer una presión futura, no específicamente sobre este caso, sino que apuntaba a que, en alguna medida, coaccionar o motivar la auto censura del periodista en casos futuros temiendo posibles represalias», señala el comunicado.
Lea aquí el acta con las declaraciones
Feb 25, 2014
El Juzgado Letrado de Mercedes citó a declarar a los cinco periodistas que integran la agencia de noticias Agesor, que en noviembre del año pasado informaron sobre una denuncia de abuso sexual en un campamento militar.
Otro tanto ocurrirá con tres periodistas del blog Proyecto Fósforo que fueron citados a declarar como testigos en un juzgado penal en Montevideo, que investiga un presunto caso de vandalismo intencional contra los contenedores de residuos de la Intendencia de Montevideo.
El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), manifiestan su gran preocupación por estas decisiones de la Justicia y recuerdan que el Poder Judicial debe garantizar el derecho de los periodistas a reservarse las fuentes de la información que ofrecen al público, en lugar de convocarlos para preguntarles y obligarlos a revelar sus fuentes, tal como lo señalan los estándares de derechos humanos, la Constitución y la Ley Nº 16.099.
Los integrantes de Agesor deberán concurrir a la justicia este miércoles 26 de febrero a la hora 11 “en una instancia que los tiene como indagados en una investigación judicial que pretende dar con quién filtró información a la prensa sobre una investigación policial”, señala el comunicado de la agencia noticiosa de Soriano.
Este equipo periodístico había informado en noviembre del año pasado el presunto abuso sexual de un militar, ocurrido durante un campamento del Ejército donde se preparaban para maniobras militares, un hecho que se venía investigando en la Justicia con carácter reservado.
Un integrante de Agesor informó que unos días después de que el medio publicara la denuncia, recibieron una citación de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía de Soriano que pretendía establecer quién había filtrado la información a la prensa.
La citación del Juzgado Letrado de este miércoles va en el mismo sentido. El integrante de Agesor señaló que ni en aquella primera instancia ni en esta nueva, frente a la Justicia, revelarán datos de sus informantes, amparándose en el derecho de reserva de las fuentes que está presente en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Simultáneamente, se conoció que los editores del blog Proyecto Fósforo, que en abril del año pasado publicaron una denuncia sobre el vandalismo intencional que estaría sufriendo el sistema de recolección de residuos por contenedores de Montevideo, recibieron una citación a declarar al Juzgado de 17º Turno en calidad de testigos el día jueves 27 de febrero.
Ante la citación los editores del medio señalan que concurrirán a la Justicia y ratificarán todo lo publicado. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de amedrentar, mediante la amenaza de recurrir a la Justicia, a periodistas en el ejercicio de su trabajo”, expresan en un comunicado.
Derecho a la reserva de las fuentes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala expresamente en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. El mismo texto subraya que todas las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
A nivel de la normativa nacional vigente, la Ley Nº 16.099 establece en el artículo primero que “es enteramente libre en toda materia, la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación”.
El artículo termina señalando expresamente que “los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.
La APU y el Cainfo exhortan a las autoridades de todos los órdenes de la vida del país, a respetar estos principios democráticos sagrados para el ejercicio de nuestra profesión y para el sustento de la libertad de expresión y de información de la que gozamos.
Feb 24, 2014
Comunicados de Prensa de la CIDH, 21 de febrero de 2014
CIDH manifiesta profunda preocupación por situación del derecho a la protesta pacífica, de asociación y libertad de expresión en Venezuela
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha continuado monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en Venezuela en los últimos días, y reitera que se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión.
La Comisión ha prestado especial atención a las graves denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes durante las protestas que han seguido teniendo lugar en el país. En este contexto, varias personas resultaron heridas y una fallecida por herida de arma de fuego durante las manifestaciones realizadas en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el día martes 18 de febrero. Asimismo, de acuerdo a cifras ofrecidas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, otras cuatro personas resultaron heridas de bala y una fallecida en protestas ocurridas en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, el miércoles 19 siguiente. De igual manera, la información disponible da cuenta de la actuación de estos grupos en supuestos allanamientos realizados a la sede de un partido político en Venezuela.
La CIDH condena cualquier actuación de esta naturaleza y hace un llamado a las autoridades venezolanas a reforzar todas aquellas medidas destinadas a asegurar el desarme efectivo de estos grupos, investigar y sancionar las acciones ilícitas de los mismos y garantizar la seguridad de la población. La CIDH valora que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haya rechazado públicamente los hechos de violencia y hecho un llamado al desarme de estos grupos.
Asimismo, la Comisión expresa su preocupación porque persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, y que varias personas habrían resultado heridas producto de la alegada represión en contra de los manifestantes. De igual manera, la CIDH ha dado seguimiento a la situación de un alto número de personas, incluyendo menores de edad, que habrían sido detenidas desde las manifestaciones ocurridas el miércoles 12 de febrero y con posterioridad. La información disponible y puesta en conocimiento de la Comisión, da cuenta de una serie de denuncias sobre casos de detenciones sin orden judicial, falta de presentación oportuna ante una autoridad judicial, el supuesto impedimento de contacto inicial con abogados y familiares, y supuestos hechos de malos tratos en contra de algunas de las personas detenidas por parte de agentes estatales, y mientras se encontraban bajo su custodia.
La CIDH también ha recibido información preocupante sobre supuestas detenciones a periodistas mientras cubrían las protestas, así como agresiones físicas en su contra y la supuesta destrucción e incautación de material periodístico por miembros de la Fuerza Pública. En igual sentido, la CIDH sigue observando con preocupación el alegado bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela, en un contexto en el cual las autoridades venezolanas han reiterado los llamados de advertencia sobre la posibilidad de aplicar sanciones y suspensión de la transmisión por el tipo de cobertura mediática que realicen sobre la coyuntura registrada en el país. Asimismo, existen denuncias sobre la supuesta suspensión del servicio de Internet en el estado Táchira, lo que estaría impidiendo el acceso a la información a la población de dicha entidad.
La Comisión Interamericana reitera a las autoridades venezolanas que es indispensable que en una sociedad democrática existan garantías suficientes para asegurar que la población tenga acceso al pluralismo y la diversidad informativa, especialmente en relación con temas de interés público y el acontecer nacional.
Por otra parte, la Comisión ha tomado conocimiento del inicio de procesos penales a algunos dirigentes de la oposición venezolana luego de haber participado en las convocatorias de las protestas en el país. En este contexto, al dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, se le ha iniciado un proceso judicial y se encuentra privado de libertad, luego de que altos voceros del Gobierno le responsabilizaran públicamente por los hechos ocurridos durante las manifestaciones del miércoles 12 de febrero.
Tal y como lo ha señalado la CIDH, el Estado tiene el deber de realizar investigaciones de oficio, destinadas al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los últimos días y que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. En ese sentido, los procesos judiciales deben ser conducidos de forma diligente e imparcial y con apego a las garantías del debido proceso. Asimismo, la Comisión reitera que resulta de enorme preocupación la alegada utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos.
La CIDH lamenta que se hayan producido nuevos hechos de violencia y reitera su llamado al Estado a promover un proceso de diálogo que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Feb 21, 2014
El Ministerio de Relaciones Exteriores creó el Sistema de Diálogo y Consulta (SDC), un mecanismo para propiciar ámbitos institucionalizados de participación y ampliar el control ciudadano de las acciones desarrolladas por esa institución. Es la primera vez que el servicio exterior uruguayo crea un sistema de participación reglado y dirigido a toda las personas.
El sistema, aprobado el 7 de febrero por decreto con la firma del canciller Luis Almagro y el presidente José Mujica, propone avanzar en cuatro líneas: Acceso a la información, diálogo con la ciudadanía, consulta a la ciudadanía y participación directa. Todos estos ejes tendientes a propiciar participación social en la política exterior que lleva adelante la Cancillería.
Para el acceso a la información el ministerio propone “poner en conocimiento público aquella información de carácter pública relevante, acerca de sus planes, políticas, programas y acciones”. El decreto agrega un compromiso en materia de transparencia activa, estableciendo que toda información “relevante” será publicada en el sitio del organismo. Sin embargo, no se aclara qué tipo de información alcanza esta definición.
Asimismo, los pedidos de acceso a la información podrán cursarse a través de un formulario de solicitud disponible en el sitio web.
El SDC también propondrá acciones tendientes a propiciar el diálogo con la ciudadanía. Para cumplir con este objetivo se convocará un plenario, como mínimo una vez al año, con la sociedad civil, para dictutir, entre otros temas, los objetivos establecidos para el año en curso y una rendición de cuentas del año anterior.
Luego de la exposición “habrá lugar a preguntas e interacción con las organizaciones a los efectos de dialogar sobre acciones futuras en materia de política exterior, con el objetivo de recibir consideraciones sobre el cumpimiento de los objetivos planteados en el año anterior”, señala el decreto.
En el mismo sentido, la cancillería se compromete a habilitar canales de consulta ciudadana. Este mecanismo implica la posibilidad de solicitar opinión por escrito a uno o varias organizaciones sobre temas que se consideren relevantes. Esta opción también incluye la posibilidad de que la ciudadanía participe mediante “ventanillas virtuales” de opinión que se habilitarán cuando la institución lo considere necesario.
El decreto habilita un mecanismo de participación directa: “El ministerio podrá invitar a representantes de organizaciones sociales uruguayas a participar en delegaciones oficiales que asistan a reuniones internacionales de carácter multilateral y regional”.
Finalmente el decreto señala que no se podrá poner a consulta de la ciudadanía asuntos que tengan carácter reservado o secretos conforme la ley.
Feb 12, 2014
IFEX, 11 de febrero de 2014.
El martes 11 de Febrero, organizaciones de derechos digitales, grupos de la sociedad civil, los autores y los usuarios de Internet a través de seis continentes salieron a las calles digitales para exigir el fin de la vigilancia masiva.
El verano pasado, el contratista NSA Edward Snowden comenzó a filtrar documentos que detallan las alarmantes operaciones de espionaje llevadas a cabo por los EE.UU., Gran Bretaña y otros países aliados. Las revelaciones sobre la ausencia de límites en la vigilancia masiva de parte de los gobiernos han galvanizado personas en todo el mundo, dando lugar a condenas de líderes mundiales y una resolución de las Naciones Unidas para proteger la privacidad en la era digital.
Aquí encontrarás algunas declaraciones de los firmantes de los 13 Principios contra la vigilancia masiva, explicando por qué participron de «el Día que dijimos ¡Basta!»:
Joana Varon, investigadora, Centro de Tecnología y Sociedad y co-editor de la Oficina Antivigilância, Brazil:
«La vigilancia masiva representa no sólo el fin de la vida privada, sino también una grave amenaza para el derecho a la libertad de expresión. No existe democracia alguna en el universo que pueda resistir este escenario. Tenemos que luchar de nuevo o nos acostumbraremos a la autocensura y perderemos toda la espontaneidad que se alimenta de la creatividad. En última instancia, será el fin de la libertad en el sentido más amplio.»
Gus Hosein, Executive Director, Privacy International, United Kingdom:
«Por mucho tiempo, los programas intrusivos de vigilancia gubernamentales han operado en las sombras, fuera del estado de derecho, y sin control democrático de masas. Pero el espionaje masivo no es sólo un problema doméstico. Vigilancia a esta escala amenaza los derechos de las personas en todos los rincones del mundo. La necesidad de la reforma es urgente, pero no se puede llevar a cabo si no hacemos que nuestros gobiernos entiendan que la vigilancia masiva, operando fuera del escrutinio público, amenaza los fundamentos de la democracia. Personas de todo el mundo el 11 de febrero tienen una gran oportunidad para ponerse de pie, luchar, y exigir que nuestra privacidad sea respetada y protegida. Al hacer que nuestras voces se escuchen, daremos el siguiente paso hacia una reforma real.”
Jérémie Zimmermann, spokesperson, La Quadrature du Net, France:
«Estamos frente a un gran desafío. Por un lado, tenemos que conseguir que estas agencias de inteligencia estén bajo control y escrutinio democráticos. Por otro lado – ahora que la confianza en empresas como Google, Facebook o Apple se ha roto para siempre – tenemos que reinventar nuestra relación con la tecnología y recuperar el control de nuestros equipos, en lugar de ser controlado por ellos. Esto sólo puede ocurrir a través de software libre, la arquitectura descentralizada de la Internet, el cifrado de extremo a extremo, y profundos cambios sociales y culturales. Proteger nuestra privacidad significa proteger nuestra intimidad, el único espacio en el que nos encontramos en plena confianza y podemos experimentar con nosotros mismos, con nuevas ideas y opiniones. Es la definición misma de nuestra humanidad la que está en juego.»
Katitza Rodriguez, International Rights Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«La vigilancia puede y amenaza los derechos humanos. Incluso las leyes destinadas a proteger la seguridad nacional o la lucha contra la delincuencia conducirán inevitablemente al abuso si no se controlan y se mantienen en secreto. Los 13 Principios contra la vigilancia masiva establecen una base sólida para la aplicación de los valores de derechos humanos a las técnicas digitales de vigilancia a través de la protección de transparencia, supervisión rigurosa y privacidad que trascienden las fronteras. Hoy, 11 de Febrero, luchamos de nuevo para restaurar nuestros derechos frente al descontrol de la vigilancia estatal.»
Cindy Cohn, Legal Director, Electronic Frontier Foundation:
«Los gobiernos no deberían ocuparse de espiarnos simplemente porque usamos cifrado fuerte como lo está haciendo la NSA.»
Carolina Botero, Fundación Karisma, Colombia:
«Debemos asegurarnos de que la vigilancia estatal se lleve a cabo en casos excepcionales. Debemos exigir el fin de la vigilancia masiva de las comunicaciones electrónicas y solicitar que las actividades de monitoreo sean ‘necesarias y proporcionadas.'»
Steve Anderson, Director Ejecutivo, Openmedia.ca, Canada:
«La Vigilancia masiva es una amenaza para la libertad de expresión, el comercio y nuestras libertades básicas. Los gobiernos mundiales han traicionado nuestra confianza con sus actividades de espionaje secretas y eso requiere una respuesta. El Día que dijimos ¡Basta! es nuestra oportunidad para trazar una línea en la arena y poner a los gobiernos sobre aviso de que Internet es sobre las nuevas formas de la democracia y la colaboración, no una herramienta con la que gobiernos obsoletos profundicen su control sobre la sociedad.»
Jim Killock, Director Ejecutivo, Open Rights Group, United Kingdom:
«La vigilancia masiva es una amenaza existencial para la gobernabilidad democrática. La corroe mediante la creación de oportunidades para el abuso que se extienden fácilmente a la vida de todos los ciudadanos gracias a las agencias secretas. Esto es más que sólo una cuestión de rendición de cuentas y transparencia, estamos dispuestos a luchar por nuestro futuro como sociedad libre.»
Katarzyna Szymielewicz, Directora Ejecutiva, Panoptykon Foundation, Polonia:
«La vigilancia masiva ha dejado de ser solamente un problema local o nacional. Ha sido posible gracias a la cooperación internacional en todas las jurisdicciones y con independencia de las normas legales. La cooperación de las agencias de inteligencia, los gobiernos y las empresas es el mayor desafío en la lucha contra la vigilancia, sino también la razón por la que tenemos que juntarnos para afrontar una pelea así. Esta es también la razón por la cual la Fundación Panoptykon formuló las 100 preguntas sobre la vigilancia para el gobierno polaco, pero exigió algunas de las respuestas directamente del presidente Obama.»
Micheal Vonn, Policy Director, BC Civil Liberties Association, Canada:
«La vigilancia digital es – y cada vez más – la pregunta más urgente en los derechos humanos del siglo XXI. Lo que algunos han llamado «la batalla por el Internet libre» tiene que ver con las herramientas necesarias para salvaguardar nuestros derechos y la democracia: la libertad de expresión, libertad de asociación, la libertad de prensa; privacidad, la seguridad y la responsabilidad gubernamental.»
Ramiro Álvarez Ugarte, Senior Attorney, Association for Civil Rights, Argentina:
«Los gobiernos de América Latina adoptaron una posición dura frente a la vigilancia masiva revelada por las filtraciones de Edward Snowden. Sin embargo, en la región subsisten prácticas sumamente problemáticas de las que nuestros gobiernos no se hacen cargo. Desde la intercepción rutinaria de las comunicaciones telefónicas hasta el seguimiento de activistas y sindicalistas por parte de los organismos de inteligencia, estas prácticas son usuales y son permitidas por marcos legales obsoletos e ineficientes. Fortalecer nuestras democracias implica luchar contra esas prácticas draconianas y no hay mejor forma de hacerlo que vinculando nuestros esfuerzos con los de la campaña global por el derecho a la privacidad.»
Dr Sean Rintel, Chair, Electronic Frontiers Australia, Australia:
«Electronic Frontiers Australia cree que la existencia de la vigilancia ubicua y mundial en la que participan el Gobierno de Australia y sus aliados «Los Cinco Ojos» es la más grave amenaza para las libertades civiles que hemos visto en 20 años de defensa de los derechos digitales. La vigilancia masiva debilita la privacidad individual, subvierte la presunción de inocencia, y produce escalofríos a la libertad de expresión. Es fundamentalmente incompatible con el buen funcionamiento de las sociedades democráticas. Debemos reafirmar los derechos que constituyen el centro de nuestras sociedades democráticas, y debemos exigir nuevos derechos para protegernos en una nueva era tecnológica. Somos ciudadanos, no los sospechosos.»
Jacobo Nájera, Investigador y desarrollador de software libre, ContingenteMX, México:
«Estamos luchando por un Internet fuerte y capaz de resistir a la vigilancia masiva, para así tener un red habitable socialmente, que albergue el libre flujo de las ideas y de la comunicación.»
Danny O’Brien, International Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«Esto no es únicamente una batalla para frenar de nuevo a la NSA o el GCHQ, o cualquier otra agencia de inteligencia. Se trata de dibujar una línea en la arena. Si se crea un aparato secreto que tiene carta blanca para recopilar datos sobre cada usuario inocente de la red, se crea un aparato que puede controlar a los políticos, detectar y silenciar la disidencia, y desmantelar cualquier equilibrio o control democrático. La vigilancia masiva es veneno para la sociedad moderna y abierta. Tenemos que luchar, y tenemos que ganar.»
Richard Stallman, Fundador del Proyecto GNU y la Fundación de Software Libre, United States:
«El nivel actual de la vigilancia general en la sociedad es incompatible con los derechos humanos. Para recuperar nuestra libertad y restaurar la democracia, debemos reducir la vigilancia hasta el punto en que sea posible para los whistleblowers de todo tipo hablar con la prensa sin ser descubiertos. Para hacer esto de forma fiable, hay que reducir la capacidad de vigilancia de los sistemas que utilizamos «.
Laura Tresca, ARTICLE 19, América del Sur:
«ARTÍCULO 19 señala que el tipo y la magnitud de la vigilancia masiva en cuestión tiene un efecto escalofriante sobre el derecho a la libertad de expresión e información. Las personas son mucho menos propensos a expresarse y compartir la información si saben, o sospechan que sus registros personales están siendo recogidos por el gobierno. El seguimiento de las comunicaciones en línea promueve la autocensura. Queremos decir, la aplicación de los mecanismos de vigilancia para el centro de comunicaciones digitales globales amenaza drásticamente la protección de los derechos humanos en la era digital.»
Cindy Cohn, Legal Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«Uno de los grandes problemas con lo que la NSA y GCHQ están haciendo es que animan a una carrera descendente en el que cada país está espiando a los ciudadanos de todos los otros países. En «El dia que dijimos ¡Basta!», vamos a empezar a revertir este proceso.»
