May 3, 2015
Este documento presenta los principales hallazgos del monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejericio de la profesión periodística en Uruguay, realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión (IFEX).
El reporte da cuenta del estado de situación durante el año 2014 y el primer trimestre de 2015. Se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” que busca generar nuevas herramientas para la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia y de la puesta en línea de una plataforma digital para la recepción de denuncias, documentación y difusión de casos vinculados al ejercicio de este derecho por parte de los y las periodistas del país.
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Abr 23, 2015
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to Turno confirmó ayer la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, la que rechazó la demanda presentada por la directora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) para acceder a una copia del protocolo elaborado por el Ministerio del Interior dirigido a las empresas de telecomunicaciones para la implementación del sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”.
En su fallo, el Tribunal sostuvo que la información requerida se encuentra “claramente cubierta por el secreto”. Según la Sala “parece obvio que el secreto de la operación de adquisición del sistema operativo “guardián”, avalado por el Tribunal de Cuentas, radica no solamente en la compra en sí misma (que, incidentalmente, no fue oculta) sino que también alcanza a las características técnicas del producto adquirido, por simples razones de seguridad y protección de los derechos de todos los habitantes que se busca tutelar mediante la prevención y represión de ilícitos, a través del empleo de instrumentos como el adquirido”. Agregó: “Se trata de un instrumento para el combate del delito y la difusión pública de sus fortalezas y debilidades podría frustrar el empleo de esa tarea, dejándola librada a la actividad de “hackers” y/o personas que ilegítimamente pretendan obstaculizar o impedir investigaciones o represiones sometidas a control jurisdiccional…”.
Ante este nuevo pronunciamiento judicial, CAinfo y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) desean expresar su preocupación por cuanto se confirma el rechazo a la demanda y con ello a la posibilidad de que el Protocolo solicitado tome estado público, sin que el Tribunal haya realizado un análisis de fondo respecto al carácter público o no de la copia del documento que fue peticionado a la luz del régimen estricto de excepciones de la ley 18.381 Derecho de acceso a la información pública.
De ningún modo es admisible trasladar y extender el mecanismo de compra directa por excepción para mantener el secreto de la operación (Art. 8 del TOCAF) a la implementación de todo el sistema.
La petición presentada en vía administrativa y la demanda judicial tuvieron como pretensión acceder al referido documento elaborado por el Ministerio del Interior: se pidió copia del documento. No se fue variando la pretensión de información como interpreta erróneamente el tribunal. A efectos de ilustrar respecto a cuál es la importancia de acceder al Protocolo tanto en la demanda, como en la audiencia y en la apelación, se expusieron una serie de razones que reflejan la relevancia de que el documento se haga público. Se plantearon allí una serie de asuntos y preguntas sobre los cuales se entiende que es importante saber “qué se ha previsto en el protocolo respecto a estos temas”. Así fue explicitado en los diferentes escritos, por lo cual, de ningún modo se comparte la afirmación del Tribunal1
Nos permitimos retomar algunas de esas preguntas, las que más allá del fallo judicial que avala la posición sostenida por el Ministerio del Interior respecto a que el documento reclamado debe permanecer en secreto, entendemos requieren una respuesta por parte de la Secretaría de Estado antes de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema:
¿Qué obligaciones se han impuesto en el Protocolo a las empresas de telecomunicaciones que son las que poseen los datos sobre las comunicaciones de toda la población? ¿Qué naturaleza jurídica tiene el documento, es un decreto, es una resolución ministerial? ¿Qué se ha previsto en el protocolo respecto a la custodia de la información que disponen las empresas de telecomunicaciones? ¿Se regula en el Protocolo la necesidad de conservar o retener datos de flujo de comunicaciones? ¿Se regula quiénes tendrán acceso a las comunicaciones?
Como hemos expresado antes, este litigio no busca de ninguna manera frustrar la implementación del sistema y no se pretende que el Ministerio del Interior brinde detalles técnicos que puedan tornarlo vulnerable.
La solicitud de información fue presentada luego que el diario El Observador publicara en el mes de octubre del año pasado que El Guardián estaría próximo a ser empleado y que para ello el Ministerio del Interior había elaborado un Protocolo en el que se impusieron obligaciones a las empresas de telecomunicaciones.
Se ha afirmado por parte del Ministerio del Interior que la utilización de El Guardián requerirá autorización judicial y que será empelado en el caso de una indagatoria. Se debe concluir entonces que sólo serán vigiladas las comunicaciones en caso de que exista una autorización judicial. Sin embargo se impone saber qué garantías tendremos todos los ciudadanos/as respecto a la privacidad de nuestras comunicaciones, por cuanto no se ha explicitado qué ocurrirá con todas las personas que interactúen, que se comuniquen, con las personas indagadas. ¿Cómo se prevé proteger su derecho a la privacidad? ¿Podrán saber en algún momento que en el marco de una indagatoria han sido interceptadas sus comunicaciones?
El Guardián aumentará exponencialmente la capacidad de vigilancia del Estado sobre las personas. En el marco de un Estado de Democrático de Derecho estos asuntos deben ser objeto de un amplio debate público y de marcos regulatorios robustos para prevenir arbitrariedades y la vulneración de derechos.
Estos temas vienen siendo debatidos ampliamente en el mundo y la región. Reclamamos en Uruguay un debate informado. Para ello es necesario reducir las asimetrías naturales de información entre el Estado y los particulares. Leyes como la 18.381 contribuyen a democratizar la sociedad y a facilitar el acceso a la ciudadanía a información en poder del Estado. El documento cuya copia se ha solicitado es claramente un documento público. Si en él hubiera algún dato o informaciones que debieran ser “reservadas” por alguna causa legítima, entonces corresponde que el Ministerio del Interior realice una versión pública del mismo, pero de ningún modo es ajustado a derecho que se impida conocer todo el documento y con ello se evite que se conozcan y se puedan verificar las regulaciones y las garantías que se prevén para la protección de los derechos de todas las personas. Con esta convicción, CAinfo y el IELSUR analizarán todas las alternativas posibles para darle continuidad a este reclamo.
1- Esto puede ser corroborado en los Punto 1.3.7 de la demanda; párr. 15, 17, 18, 19, 20, 26 entre otros de la apelación, documentos que quedan a disposición de los interesados a través del correo: info@cainfo.org.uy
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Abr 22, 2015
El sábado 18 de abril se cumplieron dos meses desde que la jueza Letrado de 1 Turno de Carmelo, Dra. Alexandra Facal, ordenó la incautación de los equipos electrónicos del semanario “El Eco” de Carmelo, en el marco del proceso iniciado a raíz de una denuncia por la utilización de software sin licencia presentada por la Asociación Antipiratería del Uruguay.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) han realizado una serie de reclamos para que se deje sin efecto la medida que afecta de manera grave la libertad de expresión. Además de la denuncia pública, ambas organizaciones pusieron en conocimiento de la situación a un integrante de la Suprema Corte de Justicia.
En los últimos días surgió un nuevo elemento respecto a la denuncia presentada contra El Eco que llama la atención a la APU y CAinfo.
El jueves 16, la empresa de software Adobe publicó un comunicado en el que descarta cualquier relación con las gestiones realizadas por el abogado Fernando Couto y la Asociación Antipiratería que preside a fin de cobrar multas contra empresas uruguayas que utilizan software sin licencia.
“Aun cuando el uso de software no autorizado es una infracción que se persigue de oficio en el sistema legal de Uruguay, Adobe Systems Inc manifiesta: que no ha mandatado, ni autorizado, a ninguna persona física o jurídica, a celebrar acuerdos que pudieran involucrar el pago de multas, indemnizaciones o cobro de honorarios, relacionándolos directa o indirectamente con los derechos de autor de Adobe Systems Inc.
Respecto de los hechos anteriormente referidos Adobe Systems Inc deslinda toda responsabilidad.
Se comunica a todos los consumidores que cualquier asunto relacionado con los hechos mencionados en el texto, pueden ser dirigidos al email: reportur@adobe.com”, dice el comunicado publicado en “El Observador”.
A esto se suma que Couto declaró en su momento que el dinero que él le cobraba a los medios tenía un destino que no se podía hacer público y que quedaba en un secreto acordado entre él y las empresas, según le dijo al semanario Brecha. “La Asociación Antipiratería es sin fines de lucro. Pero ese es un tema reservado entre las marcas y yo. Eso es un tema aparte”, contestó, al ser consultado sobre cuál era el uso que se le daba al dinero.
Precisamente, la presunta representación de Couto para reclamar en nombre de Adobe y otras empresas fue “reconocida” por la jueza Facal cuando decidió dar curso al juicio contra El Eco.
Ante el comunicado de Adobe, la APU y CAinfo reclaman que esta situación sea aclarada y que la jueza Facal libere los equipos de “El Eco” para que el semanario pueda ser editado de manera normal.
Abr 20, 2015
CAinfo y Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) lanzaron el proyecto «Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Uruguay», que busca potenciar las herramientas de acceso a la información para trabajar en torno a la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El lanzamiento, el pasado viernes 17 de abril, consistió en un primer taller brindado en la sede del Pit-Cnt donde el equipo de CAinfo expuso ante diversos colectivos que trabajan por los derecho de las mujeres las principales nociones sobre el acceso a la información y cómo presentar solicitudes en el marco de la ley N° 18.381.
Esta iniciativa forma parte de «información para la acción», un proyecto regional que CAinfo se encuentra desarrollando en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de Argentina. El proyecto se enfoca sobre el acceso a la información como herramienta para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La iniciativa cuenta con el apoyo del Programa Human Rights Initiative de Open Society Foundations.
Mar 31, 2015
La Alianza Regional por la Libre Expresión e información, en el marco del proceso de consulta abierto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó un documento de observaciones respecto de la solicitud de opinión consultiva presentada por el Gobierno de Panamá. En ésta, se pide que la Corte determine el rol de las personas jurídicas respecto a los derechos que éstas tendrían en virtud de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador.
En sus observaciones, la Alianza Regional destaca la importancia que ha tenido la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la protección de las víctimas de violaciones de su libertad de expresión, sean éstas personas físicas o jurídicas, y señala la importancia de mantener los criterios que se han aplicado hasta la fecha.
Estas observaciones fueron elaboradas por los integrantes de la Comisión de Litigio de nuestra red, y es presentada en nombre de las 23 organizaciones miembros de la Alianza Regional.
Para acceder al documento completo haga click aqui.
Mar 26, 2015
Integrantes de CAinfo y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) presentaron una denuncia ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) tras la adquisición de Radio Colonia y FM Mágica por parte del empresario argentino Daniel Hadad.
El texto, firmado por el integrante del Consejo Directivo de CAinfo, José Imaz, y el presidente de APU, Daniel Lema, denuncia la “situación grave, manifiesta y continuada de ilegalidad” tras la “transferencia de la titularidad real y el manejo absoluto de las emisoras hacia el Sr. Daniel Hadad (argentino), sin contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo”.
La denuncia señala que “los titulares reales de las emisoras Radio Colonia y FM Mágica no son quienes figuran en los registros de la URSEC como autorizados a prestar el servicio de radiodifusión en la ciudad de Colonia”, por lo que estos medios se están manejando mediante testaferros.
Pese a no estar autorizado, el empresario argentino “ya ha realizado varios cambios en la programación de las emisoras, eliminando programas de producción y contenidos uruguayos”, por lo que esto ha significado una “pérdida de empleos de ciudadanos uruguayos”.
Hadad “realizó una visita a los estudios y plantas de las emisoras” el pasado mes de febrero, e incluso el empresario ya “ha reconocido públicamente haber comprado y tomado el control” de las emisoras, advierten los denunciantes.
Recuerdan que el artículo 109 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N°19.307) establece: “La comprobación de la realización de cualquier acto que permita que directa o indirectamente la operación, el funcionamiento o la administración del servicio de comunicación audiovisual estén a cargo de persona no autorizada habilitará la revocación de la autorización o licencia otorgada para prestar el servicio”.
El presidente de la URSEC, Gabriel Lombide, señaló a periódico La Diaria que la investigación que el organismo inició por este tema semanas atrás aún no ha culminado.
Vea el texto de la denuncia.
