En el Día Internacional del Derecho a Saber –también conocido como Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública– la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra los avances logrados en el reconocimiento jurídico del derecho de acceso a la información pública en la región y llama a los Estados miembros de la OEA a continuar adoptando las medidas necesarias para la efectiva realización de este derecho humano fundamental.
Existe un consenso creciente en los Estados miembros de la OEA en cuanto a la importancia central que tiene el derecho de acceso a la información pública como uno de los pilares de la consolidación de sistemas democráticos asentados y robustos, y como instrumento fundamental para la vigencia de otros derechos humanos.
Desde hace más de una década, 22 países del hemisferio han adoptado leyes de acceso a la información pública y han establecido procedimientos y mecanismos institucionales para protegerlo y garantizarlo, en buena medida gracias al desarrollo y promoción de estándares interamericanos sobre los principios que deben regir toda ley de acceso a la información y las obligaciones que se generan en el Estado para su buena implementación.
A pesar de estos importantes logros, sigue siendo fundamental persistir en la construcción de entidades de supervisión robustas y con poder suficiente para darle vida y sentido a los mandatos de transparencia de las respectivas leyes de acceso a la información. En la región no todos los órganos creados hasta la fecha cumplen con los estándares interamericanos en cuanto a su independencia, autonomía y poder para resolver controversias. La existencia de mecanismos institucionales es clave tanto para hacer efectiva la implementación de las leyes de acceso a la información como para satisfacer el derecho que tienen las personas de contar con un recurso de revisión sencillo, expedito y efectivo, ante la negativa a entregar información.
Los Estados también deben fortalecer sus acciones de implementar una cultura de la transparencia, en donde el derecho a la información sea la regla y el secreto una verdadera excepción. Con ese fin, la Relatoría recomienda redoblar los esfuerzos emprendidos para adoptar una política sistemática de entrenamiento y capacitación de funcionarios públicos destinados a satisfacer, en cada una de sus facetas, el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, se insta a adoptar más y mejores políticas para difundir y dar a conocer el derecho de acceso a la información entre las personas, en particular entre periodistas, defensores de derechos humanos e individuos pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, como herramienta para la democratización de los derechos.
Finalmente, la Relatoría exhorta a los Estados que todavía no cuentan con una ley de acceso a la información a allanar los caminos para su pronta aprobación, de conformidad con los más altos estándares interamericanos y buenas prácticas regionales. A su vez, aprovecha este día para instar a los Estados a que las normas que limitan el acceso a la información por razones de seguridad nacional y terrorismo cumplan estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de tener que ser utilizada para un fin imperioso, de forma tal que se respete de la forma más amplia posible el derecho al acceso a la información pública.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
El martes 8 de septiembre la Secretaría de Comunicación (Secom) del gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa notificó a la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios (Fundamedios) con la decisión de iniciar el proceso de disolución la organización previsto en la legislación del país en aquellos casos que las organizaciones de la sociedad civil se desvían de sus objetivos originales.
Según una alerta emitido el martes por la organización, el fundamento del gobierno es que Fundamedios procedió a “divulgar y promover contenidos de los blogs de opinión independientes “Estadodepropaganda.com” y SentidoComunEcuador.com de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, respectivamente”.
Para la Secom, “Fundamedios ha difundido mensajes, alertas y ensayos con indiscutibles tintes políticos que dejan clara la posición de esta organización social cuyo ámbito de acción debería desenvolverse en relación a la comunicación social y al periodismo”. A través de la Resolución No. 2015-SECOM-007 del 7 de septiembre, además de iniciar el proceso de disolución, la Secom da a la Organización un plazo de 10 días para que ejerza su defensa y presente las pruebas de cargo y descargo dentro del proceso administrativo iniciado.
Este martes la red Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión (IFEX-ALC), una alianza de 19 organizaciones de libertad de expresión de América Latina y el Caribe que integran entre otros Fundamedios y CAinfo, envió una carta a la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) del gobierno de Ecuador para manifestar su rechazo a la medida.
El siguiente es el texto de la carta remitida por IFEX al titular de la SECOM Fernando Alvarado:
Fernando Alvarado
Secretaría Nacional de Comunicación
15 de septiembre de 2015
Estimado Sr. Alvarado,
La red IFEX-ALC, una alianza de 19 organizaciones en América Latina y el Caribe, manifiesta su profunda preocupación por la decisión de la Secretaría de Comunicación (Secom) del gobierno ecuatoriano a iniciar el proceso de disolver la organización Fundamedios, un miembro integral de nuestra alianza.
Para IFEX-ALC la decisión de la Secom afecta aún más el panorama para la libertad de expresión en Ecuador y pone en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada. Fundamedios es la única organización que monitorea las agresiones a medios de comunicación y que defiende la libertad de expresión en el Ecuador. Es una organización cuyo trabajo beneficia a todos los ecuatorianos y el derecho de expresarse libremente.
IFEX-ALC representa una diversidad de miembros en múltiples países que están enfrentando varios problemas y escenarios. En México, la gente tiene dificultades para acceder a información del gobierno, por ejemplo, sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa; en Venezuela, voces de la oposición son silenciadas antes de elecciones; y en Honduras la violencia contra la prensa sigue siendo la mayor amenaza para la libertad de expresión.
IFEX -ALC, como alianza, discute y analiza estos temas. Fundamedios, como miembro activo y comprometido, contribuye de manera significativa en este trabajo.
En un momento en que libertad de expresión está bajo amenaza en buena parte de los países de la región, la eventual pérdida de la voz de Fundamedios – que esperamos no suceda- sería prejudicial al trabajo de la alianza IFEX-ALC y del movimiento más grande de la sociedad civil regional de combatir agresiones y amenazas contra el derecho de libertad de expresión.
En el marco de la deliberación pública como característica fundamental de cualquier democracia, no solo está permitido, sino que es deseable que existan distintas opiniones y visiones sobre lo que sucede. Cerrar una organización que defiende la libertad de expresión sería una decisión contraria a estándares internacionales de derechos humanos que se alejaría del ideal democrático, y en cambio se acerca a mecanismos propios del autoritarismo.
Esperamos que se tome en consideración el impacto de una decisión en este sentido, guardamos la esperanza de que el Ecuador retome la senda del camino en el que se aprecia controversia y la deliberación que no necesita del silencio impuesto a partir de decisiones estatales.
CAinfo expresa su total respaldo a la carta de IFEX-ALC, de la cual es una de las firmantes, y su solidaridad con la organización Fundamedios ante la decisión del gobierno ecuatoriano de iniciar el proceso para su disolución. En los últimos años Fundamedios ha sido un referente en la lucha por la libertad de expresión en el país por lo que aspiramos a que la decisión se revierta y se consolide el pleno derecho de todos los ecuatorianos a la libertad de expresión.
Antecedentes
Desde 2007 Fundamedios funciona como una organización de la sociedad civil que defiende la Libertad de Expresión, y también se dedica a la observación e investigación del contenido de los medios. En los últimos años se hicieron cada vez más frecuentes los enfrentamientos con el gobierno de Ecuador y directamente con su presidente Rafael Correa, quien ha cuestionado a la organización en sus habituales cadenas de radio y televisión.
El pasado 24 de junio de este año Fundamedios ya alertó las intenciones de la Secom, cuando mediante oficio conminó a la Organización “a cumplir con la normativa jurídica vigente y con las normas de su propio estatuto” por considerar que la difusión de “alertas, mensajes y ensayos” evidencia “posiciones de carácter netamente político y atentatorias al desarrollo social que consta como objetivo general de esta organización social”. Para ese entonces, la Secom ya había acusado a Fundamedios de que “se ha desviado claramente de sus fines estatutarios”.
Como antecedente, el pasado 16 de enero de 2014, la Secom pasó a ser el ente de control y regulación de Fundamedios y en rueda de prensa desarrollada el 27 de enero de ese mismo año, la organización ya advirtió que su control administrativo pasó a manos de su principal agresor.
En el siguiente enlace se puede acceder a todo el expediente iniciado contra Fundamedios: http://www.fundamedios.org/wp-content/uploads/2015/09/NOTIFICACION-SECOM.pdf
Las páginas web de los ministerios e intendencias no logran niveles altos de transparencia activa en línea e incluso disminuyeron sus niveles en el año 2014 respecto a 2013, así lo revela la última edición del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL). Los resultados se encuentran accesibles en el sitio: itael.cainfo.org.uy
El ITAeL es un instrumento creado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) e implementado por la Universidad Católica del Uruguay, con el objetivo de medir la transparencia de los organismos públicos a través de sus páginas web.
El índice se compone de dos dimensiones. La dimensión información obligatoria mide aquellas obligaciones legales de transparencia activa previstas en la ley N° 18.381 y su decreto reglamentario. La dimensión Interacción y Participación recoge una serie de indicadores que miden la implementación de recursos para la interacción y participación de los organismos con los ciudadanos a través de sus sitios web.
La última edición del índice fue presentada hoy, jueves 3 de setiembre, ante responsables de transparencia y comunicación de los organismos públicos. Para este año se lanzó una edición especial del ITAeL, que midió exclusivamente los sitios web de los ministerios y las intendencias durante el año 2014.
Los resultados dan cuenta que tanto ministerios como intendencias no alcanzan niveles altos de transparencia activa en línea y que ambos grupos descendieron sus posiciones respecto a la medición pasada.
Los ministerios descendieron de 47% de cumplimiento de las obligaciones del ITAeL en 2013 a 41% en 2014. En similar perìodo, las intendencias descendieron de 41% a 35%.
Dentro de los ministerios, quien cumple con un mayor nivel los requisitos exigidos es el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) con un 70%, seguido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería con el 68% y el Ministerio de Economía y Finanzas con el 64%. En las posiciones más descendidas se encuentran el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y el Ministerio de Educación y Cultura, con 17% cada uno.
Respecto a los gobiernos departamentales, la Intendencia de Montevideo (58%) ha liderado siempre el ranking de Intendencias del ITAeL y persiste en su posición actual seguida muy de cerca por la Intendencia de Maldonado (57%). Quienes aparecen en las posiciones más descendidas son las Intendencias de Soriano (16%), Rocha (16%) y Tacuarembó (15%).
Si se mira únicamente la dimensión “Información Obligatoria”, es decir, aquella informaciòn que debe ser publicada por ley, los organismos incluso muestran peor desempeño en comparación al ITAeL (39% en caso de los ministerios y 33% en las intendencias).
A la luz de estos resultados y a casi 7 años de la aprobación de la ley de acceso a la información pública, el informe del ITAeL resalta la necesidad de jerarquizar el rol del órgano de control e implementación de la ley (la Unidad de Acceso a la Información Pública), robustecer su diseño institucional y dotarlo de infraestructura y presupuesto adecuados para enfrentar el enorme desafío de garantizar una política pública de acceso a la información pública a nivel nacional.
Operadores judiciales, periodistas y estudiantes debatieron sobre el nuevo Código del Proceso Penal y su relación con el periodismo. El evento fue organizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, en el marco del programa de “Justicia e Inclusión” que ejecuta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La reforma del Código del Proceso Penal aprobada el año pasado introduce como principales cambios la oralidad y publicidad de los juicios penales, la adopción de un modelo procesal acusatorio en lugar del actual inquisitivo y el cambio de roles que impone a jueces y fiscales.
En este marco, el objetivo del taller fue promover la mayor visibilidad y compromiso posible a la reforma procesal penal, así como debatir ante periodistas y estudiantes las principales características del nuevo proceso penal que entrará a regir en el año 2017.
La jornada se desarrolló este miércoles 19 de agosto en la sede de la Asociación de la Prensa del Uruguay y significó la segunda edición del taller realizado en diciembre del año pasado.
Participaron en la primer mesa: Dr. Luis Charles (Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4 Turno), Dr. Carlos Negro (Fiscal Nacional en lo Penal de 6 Turno) y Dra. Verónica Acuña (Defensoría Pública Penal).
Vea un resumen de las intervenciones:
Descargue aquí la presentación realizada por el Dr. Carlos Negro
La segunda mesa contó con las intervenciones de los periodistas Rosario Touriño (Brecha), Walter Pernas (Sudestada y Radio Uruguay) y Darío Klein (CNN).
La iniciativa de CAinfo para regular la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial es proyecto de ley. Legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente firmaron ayer, lunes 10 de agosto, para darle trámite parlamentario.
Firmaron Alejandro Sánchez (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) e Iván Posadas (Partido Independiente). El texto ingresó con una exposición de motivos única.
Allí los legisladores establecen que “en atención a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión y buena gobernanza, así como para promover un gasto más eficiente de los recursos públicos, resulta necesario aprobar una legislación específica que regule la distribución y asignación de publicidad oficial”.
La iniciativa de CAinfo se sustenta “en principios de publicidad y transparencia de los actos de gobierno, rendición de cuentas, no discriminación y máximo respeto a la libertad de expresión y de información”, señala la exposición de motivos.
Sobre la iniciativa
El artículo 2 considera que la publicidad oficial es una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de comunicación social respecto a los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan. La información que transmita la publicidad oficial debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población.
El artículo 4 establece una serie de prohibiciones, como el uso de la publicidad oficial para presionar y castigar o premiar y privilegiar a comunicadores o medios; el uso para fines propagandísticos de los partidos políticos; o incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios políticos que ocupen cargos electivos o de particular confianza en las piezas publicitarias de los organismos públicos.
También prohíbe realizar publicidad oficial durante las campañas electorales, salvo la información emitida por las autoridades electorales en relación a la organización de las elecciones, o en caso de emergencias.
El artículo 6 señala que los organismos públicos tendrán la obligación de publicar en forma completa, permanente y actualizada en su página web diferente tipo de información, como monto presupuestal total destinado a publicidad en todas sus formas, plan de inversión publicitaria aprobado por el organismo y monto de inversión ejecutada.
También se exige transparencia del mercado. Todos los medios de comunicación que reciben publicidad oficial deberán publicar información detallada que dé debida cuenta de los montos y características de la pauta publicitaria oficial recibida, establece el artículo 7. De la misma forma, las agencias de publicidad y centrales de medios deberán publicar información detallada del destino efectivo de los dineros asignados por los organismos públicos contratantes.
El proyecto incluye los criterios y procedimientos que deben adoptarse para la asignación de la publicidad. El principio general para la asignación de publicidad oficial será el procedimiento de licitación pública (artículo 8), mientras que el artículo 9 establece que los criterios para la selección de los medios para difundir a pauta serán, en primer lugar, la relación entre información o campaña y la población objetivo, luego los medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría (atendiendo especialmente a los medios de exclusiva producción local) y, finalmente, el precio.
El artículo 10 establece que deberá destinarse al menos un 30% del monto total asignado de la publicidad oficial a medios de comunicación que estén radicados en localidades del interior cuando se trate de publicidad destinada al público general. En el artículo 11 se establece un fondo para la realización de encuestas y estudios tanto a nivel nacional como departamental, para contar con información suficiente y adecuada para una correcta asignación de la pauta oficial.
Está en línea la nueva página web del código de ética periodística, un proyecto coordinado desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), con la participación de la Asociación de la Prensa Uruguaya y el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO). Se puede acceder a través de: etica.cainfo.org.uy
El objetivo de la nueva página web es difundir el contenido del código de ética, replicar las noticias y debates que se dan en el mundo en torno a esta temática y promover la discusión en el medio periodístico local sobre la autorregulación de la profesión.
Además también estarán disponibles los pronunciamientos del Tribunal Arbitral de APU, que está asesorado por un comité que analiza los casos presentados ante dicho tribunal, y habrá un formulario para plantear consultas y denuncias respecto a prácticas profesionales que puedan estar en conflicto con el código.
Dos años del código
El texto fue producto de un proceso abierto y participativo de discusión que duró ocho meses y terminó en abril de 2013 con su adopción por parte de la Asamblea General del sindicato. En los meses posteriores se realizó un trabajo que incluyó la realización de talleres con estudiantes avanzados de periodismo así como con periodistas en ejercicio, reuniones con editores y dueños de medios de comunicación y difusión del contenido del texto en notas periodísticas.
Asimismo el Tribunal Arbitral – asesorado por un comité especial integrado por cinco personas – emitió diversos pronunciamientos sobre distintas coberturas periodísticas vinculadas con notorios temas de interés público, así como una denuncia de plagio. Varios de esos pronunciamientos fueron motivo de debate en el medio periodístico sobre el abordaje periodístico de temas como la privacidad, la cobertura de la campaña electoral, los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
El Comité de Ética quedó integrado originalmente por Daniel Lema, Carolina Molla, Pilar Teijeiro, Edison Lanza, José Imaz y Fabián Werner.
