Este sábado 23 de octubre se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y las personas trabajadoras de medios de comunicación. En el marco de esta celebración, CAinfo realizó este viernes un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique. En la actividad se analizó el hostigamiento y estigmatización de los periodistas en Uruguay.
Luego de un breve informe sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, presentado por Cainfo, Vaca, Pérez Manrique y Eva López, también integrante de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se refirieron a la situación de los periodistas en la región.
En su intervención, Vaca dijo que defender la libertad de expresión “no es un privilegio” para los periodistas, sino que es algo que debe involucrar a toda la sociedad.
Sobre Uruguay, destacó que el país suele aparecer en los principales lugares en cuanto a defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que en los últimos tiempos en su oficina comenzaron a “llegar más reportes” de problemas que lo usual. Por eso llamó a “ser cuidadosos” con las acciones para mantener el lugar de privilegio a nivel regional.
También planteó a los líderes políticos de todos los países que cuiden el debate público, no estigmaticen la labor de los periodistas y que los partidos adopten códigos de conducta al respecto.
López, en tanto, realizó una presentación sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Señaló que el acoso en línea a las periodistas tiene un “alto componente sexual”.
El cierre estuvo a cargo de Pérez Manrique. Dijo que observa tres grandes dificultades para la labor periodística. Una está vinculada a los problemas en el acceso a información pública vinculada a la pandemia. Otra es que se observa un recrudecimiento en el hostigamiento a los periodistas. En tercer lugar señaló su preocupación por los ataques que sufren las periodistas.
Dijo que uno de los “grandes desafíos” es que los “sistemas de aplicación de la ley” de la región “actúen conforme los criterios del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos cuando se trata delitos o crímenes contra periodistas o cuando se trata de demanda civiles que puedan tener efecto intimidante, que procure el silenciamiento de determinados medios”.
Una delegación del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) compareció este jueves 21 en el parlamento para presentar sus aportes al tratamiento de un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública.
El proyecto fue presentado por la bancada del Frente Amplio y, entre otras propuestas, incluye la ampliación de la lista de sujetos obligados, la reducción del plazo de que disponen los organismos que solicitan prórrogas para dar respuesta a las solicitudes de acceso y la ampliación de las potestades del órgano garante, la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Si bien Cainfo considera que varias de las modificaciones propuestas contribuyen a mejorar la ley y van en la línea de los estándares internacionales en la materia, también planteó en el informe la necesidad de avanzar aún más en distintos aspectos normativos. Por ejemplo, revisando el posicionamiento institucional de la UAIP, dotándola de una mayor independencia política y presupuestal; otorgarle mayores potestades sancionatorias; y dar una mayor precisión conceptual a las causales de reserva de información.
Cainfo también planteó la inconveniencia de establecer cambios a la ley mediante iniciativas aisladas, como las contenidas en la Ley de Urgente Consideración o el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se encuentra a discusión del Poder Legislativo. Por el contrario, propuso avanzar en mecanismos participativos y abiertos -como el de las comisiones parlamentarias- a fin de lograr la adecuación de la normativa nacional a los más altos estándares internacionales en esta materia.
Ver el proyecto de ley que analiza la Cámara de Representantes.
Encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Dr. Ricardo Pérez Manrique
En mayo de 2021 Cainfo presentó su Séptimo informe sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas, cuyo resultado puso en evidencia un aumento significativo en el número de casos respecto a los años anteriores. El informe, que abarcó desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, registró 49 episodios de rechazo de pedidos de acceso a la información pública, denuncias judiciales, aprobación de normativa contraria a estándares internacionales, agresiones y ataques, entre otros.
El documento, además, dio cuenta de un ambiente de hostigamiento a periodistas que presentaron coberturas u opiniones críticas con el desempeño gubernamental, sin que ningún alto representante del gobierno expresara su rechazo a dichos ataques. Por el contrario, en muchos casos fueron funcionarios públicos quienes llevaron adelante estas manifestaciones, atribuyendo a periodistas y/o medios de comunicación la intención de afectar al gobierno, la afinidad con partidos políticos o la existencia de intereses particulares.
“La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno”.
Informe 2021 de Cainfo sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas
En ese contexto, parlamentarios promovieron y aprobaron una declaración en la Cámara de Representantes, durante cuya discusión varios legisladores nacionales realizaron imputaciones a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusaron de impulsar el desprestigio del país en el exterior, mediante la difusión de informes que -en su opinión- no se correspondían con la realidad del país.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), sindicato que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, también advirtió en varias ocasiones sobre las amenazas y acusaciones contra periodistas que se registraron en los últimos meses en las redes sociales, atribuyéndole intenciones partidarias e intereses políticos y partidarios.
En los últimos meses, el clima de hostilidad denunciado en el primer semestre del año comenzó a materializarse a través de la presentación de una decena de demandas judiciales -o amenazas de iniciarlas- contra periodistas por parte de legisladores y otros funcionarios estatales, empresarios, dirigentes deportivos, y sindicalistas. Diez casos llegaron a conocimiento de Cainfo entre los meses de julio y setiembre, un número inusual en un lapso tan breve desde que comenzó a realizarse el monitoreo, en 2014.
El derecho de acceso a la información pública, componente fundamental de la libertad de expresión, también sufrió retrocesos en el período. Un gran número de casos fue registrado en el monitoreo (29 de los 49), pero además se aprobó nueva normativa que fue cuestionada incluso por la autoridad de aplicación de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), además de la sociedad civil a través de la Red de Gobierno Abierto (RGA).
Asimismo, se constató una notable caída en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados, según el Índice de Transparencia Activa en Línea (Itael), que elabora Cainfo junto a la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En promedio, disminuyó casi 20 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento general respecto a la medición anterior, y sólo 4% de los organismos se ubicó en el nivel Alto de transparencia activa en línea.
“La primera lectura de los datos exhibe un quiebre en la tendencia general ascendente de los últimos años respecto de la información publicada, lo que se traduce en una pérdida de información pública disponible para la ciudadanía. A 12 años de la aprobación de la LDAIP, el nivel de cumplimiento de organismos obligados por ley es bajo. Si se toma en cuenta el universo total relevado el cumplimiento general es de 36.36%, de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL, lo que representa una caída de 19.64 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (56%”.
Índice de Transparencia Activa en Línea 2021, elaborado por Cainfo y la UCU
Objetivo
En la víspera del Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación en Uruguay, Cainfo organiza un encuentro internacional virtual de asistencia abierta para abordar la situación de libertad de expresión en el país y ubicarla en contexto con el panorama a nivel regional, gracias a la presencia de dos expertos internacionales.
La actividad contará con la prestigiosa participación del Dr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con el Dr. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa preocupación por una serie de demandas judiciales contra periodistas presentadas en las últimas semanas, que atentan contra la libertad de expresión y la libre circulación de información.
La mayoría de las denuncias presentadas, o anunciadas públicamente, entre los meses de julio, agosto y setiembre refieren a demandas penales por difamación e injurias a raíz de publicaciones periodísticas. La mayoría de ellas provienen de altos funcionarios estatales o legisladores.
En tres meses suman siete los juicios presentados más dos amenazas de inicio de demandas, cuando el último informe de monitoreo registró tres casos en todo un año.
En base a estándares internacionales de libertad de expresión, CAinfo entiende que estas acciones procuran afectar el derecho de los periodistas y generan un ambiente de hostigamiento utilizando el sistema judicial. Además, desconocen los avances acumulados en los últimos años en la materia, que permiten recurrir a mecanismos previos o alternativos, como el derecho a réplica.
Los casos que llegaron a conocimiento de CAinfo son los siguientes:
– Director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Miguel Motta, contra José Morales Brum de semanario Tacuarembó Ahora
A fines de julio de 2021 Juan Miguel Motta, inició una demanda penal por difamación contra José Morales Brum, director del semanario Tacuarembó Ahora.
El motivo de la denuncia es la publicación de varios artículos periodísticos en los que se da cuenta de la gestión de Motta al frente del organismo que depende del Ministerio de Salud Pública. Entre ellas, se menciona la gestión de la pandemia de Covid-19 a nivel local y la falta de controles sobre la actividad de un hogar de adultos mayores, que funcionaba en situación irregular.
Después de varias instancias judiciales, se llegó a un acuerdo para dar por terminado el proceso, sin consecuencias para el periodista.
– Exedil colorado de Maldonado, Pablo Gallo, contra La diaria, Canal 10, La República, Caras y Caretas, FM Gente, Radio Piriápolis.
En febrero de este año, los medios citados difundieron la noticia de que el exedil del Partido Colorado, Pablo Gallo, fue enviado a prisión por una estafa con terrenos. Gallo ya había sido procesado en 1997 por un delito de contrabando y en 1999 por un delito de violencia doméstica. La demanda es por daño moral y lucro cesante, y reclama una indemnización de 300 mil dólares.
– Exasesora de OFI, Andrea Valiente, contra Eduardo Mérica de Diario Uruguay
El 6 de agosto, el periodista Eduardo Mérica de Diario Uruguay, debió presentarse ante la Fiscalía de Rivera por una denuncia penal por difamación e injurias que presentó la exasesora jurídica de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), Andrea Valiente. El periodista había informado sobre la desvinculación de Valiente de la OFI. Finalmente, el caso se archivó luego que el periodista acordara un derecho a réplica.
– Diputado César Vega contra Leandro Grille de Legítima Defensa.
El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, presentó una demanda penal contra el periodista Leandro Guille. El 29 de julio Vega realizó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo y mostró ante cámaras a mujeres con elementos de metal adheridos a su cuerpo, atribuyendo el fenómeno a la vacunación contra la Covid-19. Pocos días después trascendió que esas personas no habían sido vacunadas.
Durante una de las ediciones del programa televisivo, Grille cuestionó la conducta del legislador, quien consideró que el periodista realizó una serie de “conceptualizaciones difamatorias e injuriosas”. La demanda de Vega fue rechazada en primera instancia, aunque el legislador anunció su intención de apelar, lo cual no ha concretado.
– Científico Gonzalo Moratorio contra Esteban Queimada de Radio Nacional
El 12 de agosto, el virólogo Gonzalo Moratorio presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el conductor radial Esteban Queimada. El abogado de Moratorio dijo que Queimada, en su programa, realizó una serie de comentarios agraviantes por su apoyo a la vacunación contra la Covid-19, por lo cual buscan una retractación del denunciado por la vía judicial.
–Expresidente del Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka, contra Nicolás Musetti de Control Orientado
Daniel Jablonka presentó una denuncia penal por difamación contra el periodista deportivo Nicolás Musetti, a raíz de informaciones publicadas hace más de un año sobre una asamblea de la institución en la que se discutieron detalles de su gestión financiera. El exdirectivo incluyó a otras cuatro personas en la denuncia, y presentó como prueba sus publicaciones en redes sociales; en el caso de Musetti, en ninguna de ellas aparece mencionado el denunciante.
La primera audiencia se realizó el pasado jueves 9 de setiembre. Hasta la publicación del presente comunicado no se realizaron nuevas actuaciones.
– Integrante de Cabildo Abierto, Pilar Silvestre contra La Diaria y Caras y Caretas
Pilar Silvestre presentó una demanda judicial contra los medios Caras y Caretas y La Diaria por las informaciones publicadas en marzo de 2020 luego de su frustrada designación como Directora Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social. La primera audiencia fue fijada para este jueves 16 de setiembre.
A estos juicios presentados se suma la amenaza realizada por la senadora Graciela Bianchi a través de la red social Twitter el 16 de julio al coordinador de informativos de Canal 4, Gonzalo Terra, a quién advirtió que presentaría ante Fiscalía una demanda por difamación e injurias si no reproducía textualmente sus tuits respecto a la formalización de dos agentes de policía por el homicidio de un joven. La presentación judicial todavía no se produjo.
A su vez, el periodista del semanario Crónicas del Este, Sergio Secinaro, denunció el 20 de agosto que recibió la llamada del ministro de Trabajo Pablo Mieres, y de uno de sus asesores, reclamando el retiro de una publicación para evitar la presentación de una demanda judicial. La noticia refería a que el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, había contratado a una empresa que hasta diciembre de 2019 integró la hija del secretario de Estado. Pocos días después de ese episodio, Mieres dijo en una entrevista en televisión que había desistido de la demanda porque el periodista aclaró la situación.
CAinfo reitera su preocupación ante este ambiente de hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación, que configura una amenaza a la libertad de expresión y la instalación de un clima de amedrentamiento hacia todo el colectivo que reduce la calidad de la información que llega a la población.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha reiterado que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”. Y que “las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho”.
ACTUALIZACIÓN: Luego de ser publicado este comunicado, CAinfo tuvo noticia de otro juicio que está en curso.
En mayo de este año, el secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, presentó una denuncia por difamación e injurias contra la periodista Ana Laura Pérez.
Al participar en el programa En Perspectiva, la periodista hizo referencia al hecho ocurrido en 2015 cuando un grupo de funcionarios del INAU agredió a adolescentes privados de libertad, en presencia de López. El dirigente sindical solicitó un derecho a réplica por los dichos de Pérez, el que fue concedido el 21 de mayo de este año. Sin embargo, López presentó una denuncia penal que aún está abierta.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) destaca el anuncio realizado el pasado miércoles 8 por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien comprometió la voluntad oficial de modificar el artículo 35 del proyecto de Rendición de Cuentas, que en su actual redacción introduce obstáculos al acceso a la información pública.
Dicha redacción ha sido cuestionada por la Red de Gobierno Abierto (RGA), un conjunto de 16 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de transparencia y rendición de cuentas, así como por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el órgano garante del cumplimiento de la Ley N° 18.381, y por representantes regionales de Naciones Unidas.
Ante un planteo durante la reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que analiza el proyecto, Delgado aseguró que no es intención del gobierno “generar opacidad” y consideró que es necesario “mejorar la redacción” del artículo mencionado.
“Lo que le vamos a proponer es aplazar la consideración de este artículo para mejorar la redacción. Nosotros estamos trabajando en una propuesta alternativa que lo mejora, siempre sobre la base de la intención original y permanente, que es asegurar transparencia”, expresó Delgado.
En el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al parlamento, el gobierno propuso incluir en el artículo 5 de la Ley N°18.381 (que regula el alcance de la información de transparencia activa que deben publicar los sujetos obligados) un párrafo que impone nuevas limitaciones al derecho.
“La información detallada en el presente artículo sólo podrá ser objeto de la acción de acceso a la información pública establecida en los artículos 13 y siguientes de esta ley, en caso de incumplimiento de lo dispuesto por parte de los organismos estatales o no estatales obligados en este artículo. La información solicitada que se publica con una periodicidad de al menos una vez al año sólo podrá ser reclamada en caso del referido incumplimiento una vez pasado el plazo para que la misma sea dada a difusión”, dice la propuesta, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes.
Mediante un pronunciamiento realizado el día 8 de julio, la RGA había considerado “perjudicial e innecesario” el texto incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas e invitó a las autoridades a propiciar un diálogo para discutir el tema.
“A cambio de esta modificación que debilita el acceso y no cumple el cometido que se propone, invitamos a las autoridades a recorrer el camino del diálogo para mejorar la Ley 18.381 y generar soluciones reales a los desafíos que pueda presentar”, expresó la coalición de organizaciones.
Por su parte, la UAIP se pronunció el 9 de julio y calificó como “regresivo e innecesario” el cambio normativo planteado por el gobierno. “Esta propuesta de cambio nos tomó por sorpresa, ya que en ningún momento fuimos noticiados ni consultados sobre la misma. Tomamos conocimiento de ella una vez publicado el proyecto de ley presentado ante el Parlamento”, manifestó la unidad en una nota firmada por su presidente, Gabriel Delpiazzo.
“Por lo tanto, adoptaremos las medidas que estén a nuestro alcance para procurar que nuestra opinión como órgano especializado en la materia sea escuchada, participar en la discusión de la modificación proyectada y, en definitiva, incidir positivamente para que la misma no resulte aprobada”, añadió en una nota dirigida al Consejo Consultivo de Acceso a la Información Pública.
El texto propuesto por el gobierno también fue cuestionado por representantes en la región de Naciones Unidas, que enviaron una carta al Senado en la que plantean que la modificación “podría resultar problemática desde la perspectiva de los estándares internacionales en derechos humanos”.
Según publicó La Diaria, el representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y la directora de la Oficina Regional de Ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe, Lidia Brito, insisten en que la propuesta es “regresiva”, entre otras cosas porque “Al incluir nuevos requisitos para que la acción de acceso a la información pública sea procedente, la modificación propuesta por el proyecto estaría limitando el derecho”, afectando especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
El director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Miguel Motta, inició una demanda penal por difamación contra el periodista José Morales Brum, director del semanario Tacuarembó Ahora. La audiencia se llevará a cabo este miércoles a las 14.30 horas.
El motivo de la denuncia es la publicación de varios artículos periodísticos en los que se da cuenta de la gestión de Motta al frente del organismo que depende del Ministerio de Salud Pública. Entre ellas, se menciona la gestión de la pandemia de Covid-19 a nivel local y la falta de controles sobre la actividad de un hogar de adultos mayores, que funcionaba en situación irregular.
Este no es el primer episodio que enfrenta a Motta con la prensa. En los últimos meses el jerarca ya había tomado represalias por publicaciones que involucraban a su dirección, entre ellas suspender la entrega de información a periodistas y discriminar a algunos medios en las convocatorias a conferencias de prensa.
CAinfo expresa su preocupación por este nuevo intento de afectar la libertad de expresión mediante la utilización de una demanda judicial, mecanismo que implica un efecto de amedrentamiento sobre todo el colectivo de periodistas. Además, recuerda que la Ley 18.515 de 2009 estableció la exención de responsabilidad penal para las publicaciones periodísticas que afecten a funcionarios públicos por el ejercicio de sus funciones, salvo en casos en los que se pruebe la intención deliberada de agraviar con un desprecio manifiesto por la verdad (real malicia).
