Encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Dr. Ricardo Pérez Manrique
- Viernes 22 de octubre
- Hora 12
- Duración 45 minutos
Contexto local
En mayo de 2021 Cainfo presentó su Séptimo informe sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas, cuyo resultado puso en evidencia un aumento significativo en el número de casos respecto a los años anteriores. El informe, que abarcó desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, registró 49 episodios de rechazo de pedidos de acceso a la información pública, denuncias judiciales, aprobación de normativa contraria a estándares internacionales, agresiones y ataques, entre otros.
El documento, además, dio cuenta de un ambiente de hostigamiento a periodistas que presentaron coberturas u opiniones críticas con el desempeño gubernamental, sin que ningún alto representante del gobierno expresara su rechazo a dichos ataques. Por el contrario, en muchos casos fueron funcionarios públicos quienes llevaron adelante estas manifestaciones, atribuyendo a periodistas y/o medios de comunicación la intención de afectar al gobierno, la afinidad con partidos políticos o la existencia de intereses particulares.
“La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno”.
Informe 2021 de Cainfo sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas
En ese contexto, parlamentarios promovieron y aprobaron una declaración en la Cámara de Representantes, durante cuya discusión varios legisladores nacionales realizaron imputaciones a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusaron de impulsar el desprestigio del país en el exterior, mediante la difusión de informes que -en su opinión- no se correspondían con la realidad del país.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), sindicato que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, también advirtió en varias ocasiones sobre las amenazas y acusaciones contra periodistas que se registraron en los últimos meses en las redes sociales, atribuyéndole intenciones partidarias e intereses políticos y partidarios.
En los últimos meses, el clima de hostilidad denunciado en el primer semestre del año comenzó a materializarse a través de la presentación de una decena de demandas judiciales -o amenazas de iniciarlas- contra periodistas por parte de legisladores y otros funcionarios estatales, empresarios, dirigentes deportivos, y sindicalistas. Diez casos llegaron a conocimiento de Cainfo entre los meses de julio y setiembre, un número inusual en un lapso tan breve desde que comenzó a realizarse el monitoreo, en 2014.
El derecho de acceso a la información pública, componente fundamental de la libertad de expresión, también sufrió retrocesos en el período. Un gran número de casos fue registrado en el monitoreo (29 de los 49), pero además se aprobó nueva normativa que fue cuestionada incluso por la autoridad de aplicación de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), además de la sociedad civil a través de la Red de Gobierno Abierto (RGA).
Asimismo, se constató una notable caída en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados, según el Índice de Transparencia Activa en Línea (Itael), que elabora Cainfo junto a la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En promedio, disminuyó casi 20 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento general respecto a la medición anterior, y sólo 4% de los organismos se ubicó en el nivel Alto de transparencia activa en línea.
“La primera lectura de los datos exhibe un quiebre en la tendencia general ascendente de los últimos años respecto de la información publicada, lo que se traduce en una pérdida de información pública disponible para la ciudadanía. A 12 años de la aprobación de la LDAIP, el nivel de cumplimiento de organismos obligados por ley es bajo. Si se toma en cuenta el universo total relevado el cumplimiento general es de 36.36%, de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL, lo que representa una caída de 19.64 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (56%”.
Índice de Transparencia Activa en Línea 2021, elaborado por Cainfo y la UCU
Objetivo
En la víspera del Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación en Uruguay, Cainfo organiza un encuentro internacional virtual de asistencia abierta para abordar la situación de libertad de expresión en el país y ubicarla en contexto con el panorama a nivel regional, gracias a la presencia de dos expertos internacionales.
La actividad contará con la prestigiosa participación del Dr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con el Dr. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.