Jun 14, 2018
En el marco del proceso de creación del 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, este miércoles 13 de junio se realizó la Mesa de diálogo: transparencia, anticorrupción y ética pública.
En la instancia participó el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, integrado por representantes del Estado, de la academia y de la sociedad civil, con el apoyo de Unesco, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y Uruguay Transparente.
Daniel Lema, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), planteó la necesidad realizar una reforma a la ley de acceso a la información pública, que este año cumplirá 10 años. Entre otros aspectos, Lema mencionó la necesidad de clarificar algunas excepciones al acceso a la información que establece la normativa, de forma de reducir la discrecionalidad de los sujetos obligados a la hora de denegar el acceso.
En la apertura de la actividad participaron Diego Pastorín, director general de Presidencia de la República; Virginia Pardo, directora de Ciudadanía Digital de Agesic; Guilherme Canela, consejero Regional de Comunicación e Información de Unesco; Ricardo Gil Iribarne, presidente de Jutep; y Gabriel Delpiazzo, presidente de UAIP.
En sus intervenciones, las autoridades presentes destacaron el compromiso de Uruguay con los temas de participación, transparencia y ética pública, en especial, en lo relacionado con el ejercicio de la función pública y la oferta de bienes y servicios que desde el gobierno se ofrecen a la ciudadanía.
Además, se enfatizó el valor de estas instancias como forma de diálogo entre gobierno, sociedad civil, academia y el sector privado y su contribución a mejorar los niveles de transparencia, acceso a la información pública y generación de espacios de colaboración.
En base a información de AGESIC
Jun 6, 2018
Las organizaciones y gremiales abajo firmantes declaramos nuestro decidido apoyo al proyecto de ley sobre asignación de publicidad oficial que se encuentra a estudio de la Cámara de Representantes y solicitamos a los legisladores y legisladoras su rápida aprobación.
Consideramos que esta iniciativa aborda los aspectos imprescindibles para lograr una distribución más justa, transparente y eficiente de los dineros públicos destinados a la publicidad oficial, así como para cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, colocando a Uruguay como una referencia en la región.
En este sentido, la aprobación de esta ley significaría responder a la recomendación realizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre publicidad oficial y censura indirecta en su Informe Anual 2017, en la cual instó a los Estados a “regular estos asuntos de conformidad con los estándares interamericanos vigentes en materia de libertad de expresión” de forma de “abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información”.
Saludamos y valoramos que la iniciativa haya contado con un amplio consenso de todo el sistema político, con el apoyo de legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, tanto para su presentación formal en el Parlamento como en el tratamiento en Comisión, y los instamos a votar dicho proyecto a la mayor brevedad posible.
Daniel Lema – Presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública
Carlos Arezo – Presidente de la Asociación de Radios del Interior
Victoria Alfaro – Presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya
Alejandro Olmedo – Presidente de la Organización de la Prensa del Interior
Washington Melo – Presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados
May 31, 2018
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa su preocupación por la situación que atraviesa el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, de San José, quien ha sido cuestionado por el edil del partido Nacional, Danilo Vasallo, actual presidente de la Junta Departamental.
En el marco del Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión elaborado por CAinfo, se recibió la denuncia del periodista quien se siente hostigado por el edil departamental. Vasallo solicitó, en al menos dos oportunidades en el mes de mayo, a la dirección de la radio Cw 41 la grabación de los programas de radio en los que participa Gutiérrez Pérez.
En las cartas enviadas, además de solicitar las copias de lo emitido, el edil cuestiona al periodista por la información que brinda, y realiza consideraciones que apuntan a que la Dirección de la emisora despida a Gutiérrez Pérez y que transcribimos : “Me cuesta creer que la dirección de la Emisora comparta este tipo de mensajes que promueven y acicatean la violación y el desconocimiento de las normas. No tengo dudas que, es lo mismo que promover el desprecio hacia los principios republicanos y democráticos que felizmente desde 1985 –los uruguayos- hemos recuperado”.
En otra carta, al asegurar que el periodista mintió sobre lo ocurrido en una sesión de la Junta, el edil afirmó: “Quien suscribe, interpreta que esto trasciende lo personal (cosa que nos tiene acostumbrado) y se transformó en un daño e injuria a la Institución Junta Departamental. Estamos convencidos que, al atentar contra un Órgano democrático se está atentando contra la democracia toda”. La dirección de la radio respaldó al periodista.
Desde CAinfo reiteramos que según la normativa vigente todo funcionario público, y más si ocupa un cargo electivo, como es el caso, está sujeto a que su gestión sea investigada. La forma en la que el edil Danilo Vasallo se ha dirigido a la dirección de la emisora busca, claramente, afectar el derecho de libertad de expresión del periodista y de la ciudadanía, para que pueda informar sobre temas de relevancia pública.
Foto destacada: edil Danilo Vasallo / sanjoseahora.com.uy
May 7, 2018
El contrato que el gobierno uruguayo firmó con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una segunda planta de celulosa prevé que se generen hasta 5000 nuevos puestos de trabajo en la etapa de construcción y un incremento entre 10% y 15% del PIB per cápita en la zona comprendida por los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
Sin embargo, ante una solicitud de acceso cursada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), manifestaron que la información había sido clasificada como confidencial, al igual que todos los documentos referidos a las negociaciones entre el Estado uruguayo y UPM.
Además, CAinfo consultó sobre el punto 2.3.3 del contrato, que establece que “el Proyecto UPM incrementaría de forma permanente el PIB en aproximadamente dos puntos porcentuales, generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de US$ 1.000 millones al año, con una recaudación de tributos aproximada de US$ 120 millones”.
Ante este punto el MEF sí contesta en base a cálculos con información de carácter público. En este punto la cartera brinda una respuesta de carácter tautológico: como el contrato dice que la planta producirá 2 millones de toneladas, entonces exportará 1.000 millones de dólares, entonces, 1.000 millones de dólares equivalen a 2 puntos del producto.
Es difícil comprender por qué el MEF puede explicar la producción de la planta, sus exportaciones y el crecimiento del PIB a escala global, y no puede explicar, y se declara confidencial un estudio que fundamenta, según una metodología determinada, la cantidad de empleo que generará la planta, incrementos en la recaudación de tributos; empleos permanentes generados; y crecimiento del PIB en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
Esto opacidad puede generar dudas legítimas en la ciudadanía. ¿Quién realizó el estudio?; ¿lo hizo una consultora privada?; ¿el estudio fue pagado por UPM o por el Estado?; ¿los estudios los hizo el Estado con sus técnicos?; o ¿hubo dos estudios, uno realizado por el sector privado, y otro realizado por el Estado, y se utilizaron los valores de uno solo de ellos?.
Creemos que estas preguntas deben de ser contestadas por el Estado, y además deben ser documentados por el o los estudios realizados para la negociación.
Por último, al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), y a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), se le solicitó información referente a los precios mayoristas del megavatio hora pagados por UTE desde el 2005 a la fecha. El MIEM respondió a la solicitud que no cuentan con esa información; mientras que la URSEA y UTE proporcionaron la información solicitada.
CAinfo, presenta en este apartado toda la información recibida para ponerla a disposición de la población. Acceda aquí.
May 3, 2018
Cainfo con el apoyo de la Red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) presentan este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cuarto informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay.
El reporte da cuenta del estado de situación en el período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018. En total se registraron 20 casos de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio periodístico en el período analizado.
Trece casos corresponden al nivel de gravedad Medio, siete al nivel Leve, no se registraron casos de nivel de gravedad Alto. Además el informe consigna otros dos casos que afectan el derecho a la libertad de expresión y que tuvieron que ver con medios de comunicación, pero que no afectaron a profesionales en el ejercicio de tareas periodísticas.
Respecto a su ubicación en el territorio, la mayoría (16) se produjo en Montevideo, mientras que los departamentos de Colonia, Flores, Salto y Soriano registraron uno cada uno.
La categoría en la que se registraron más episodios fue en la de Amenazas, donde se pudo constatar la existencia de siete episodios durante el último año. Luego le siguieron el Hostigamiento a través de la Justicia, el Hostigamiento laboral y el Rechazo a pedidos de acceso a la información pública (3 casos cada uno), el Hostigamiento físico (2), mientras que la Censura y la Obstrucción al trabajo periodístico registraron un (1) episodio cada una.
Acceda aquí al informe.
Abr 25, 2018
Organizaciones latinoamericanas de libertad de expresión reunidas en Quito, Ecuador, expresan su preocupación y hacen llamado urgente a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar medidas de protección efectivas, y eliminar la impunidad de los casos de violencia que afectan a periodistas de la región.
Hoy 25 de abril 2018, a un mes del secuestro del equipo periodístico del Diario El Comercio de Quito, ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana (y que ha culminado según las últimas informaciones con su asesinato), las 24 organizaciones miembros de la red IFEX-ALC para la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de un periodismo libre, independiente y seguro, levantamos una sentida voz de alerta ante lo que se percibe como una tendencia creciente en la región, con 16 asesinatos de periodistas en lo que va del año.
Exigimos de todos los Estados de América Latina y el Caribe la urgente implementación de medidas efectivas que permitan resguardar la integridad física de los periodistas dentro de sus territorios, así como la investigación ágil y la sanción oportuna de los casos de violencia y asesinato de los cuales ellos sean víctimas.
Resulta inaceptable la poca efectividad de los Estados y la falta de coordinación para proteger de forma efectiva la vida de los periodistas en coberturas complejas, como sucedió recientemente con el triple secuestro y probable asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra a manos del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC y señalado por sus vínculos con el narcotráfico.
Asimismo es inaceptable la inacción de los Estados frente a la impunidad que hoy cubren casos como el del asesinato del fotoperiodista Vladimir Legagneur en Haití, en el cual a más de un mes de su asesinato el Estado ha fallado en proveer siquiera identificación positiva de su cuerpo. El caso engrosa la triste lista de casos previos de impunidad del asesinato de periodistas que se arrastra desde el año 2000 en dicho país.
La violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituye una de las formas de censura más extrema. Queremos recordar que los estándares del Sistema Interamericano expresan claramente que es responsabilidad de los Estados garantizar el libre ejercicio del periodismo y resguardar el derecho a la libertad de expresión. A este respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
Otras modalidades de violencia
La violencia contra periodistas toma hoy diversas formas en la región. Muchos de los periodistas que son violentados o mueren en el ejercicio de su función lo hacen producto de denuncias o investigaciones sobre hechos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, flagelos que amenazan la institucionalidad de los Estados y de los cuales éstos resultan cómplices directos o por inactividad. En tales contextos es la actividad de la prensa la única forma en la cual los ciudadanos logran comunicar la situación que los afecta. Casos emblemáticos de esta forma de violencia pueden encontrarse en México y Guatemala, y tristemente Ecuador se suma a esta lista con el reciente caso del probable asesinato del equipo periodístico del Diario el Comercio.
En otros casos se trata de una violencia contra periodistas articulada y ejercida directamente desde agentes del Estado en el contexto de movimientos sociales o conflictos de fuerzas políticas. Ejemplo de lo anterior es la situación que se ha vivido en Brasil y Venezuela durante los últimos años, así como en los últimos días se suma la situación vivida en Nicaragua, en que un intento de reforma de la Seguridad Social impuesta por el gobierno de Daniel Ortega desencadenó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía, con un saldo de más de 30 muertos y varios heridos. El sábado 21, el periodista Ángel Gahona fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo las protestas públicas en Nicaragua. La portavoz de la Oficina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha hecho un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacifica y de asociación. En este contexto, en Argentina el principal agresor de la prensa en general fueron distintas fuerzas de seguridad del estado nacional y de las fuerzas provinciales, que han sido responsables del 43 por ciento de los ataques registrados el año pasado. En este sentido, hay que destacar la situación en las manifestaciones callejeras, que representaron 91 casos (de 132 casos), con las fuerzas de seguridad como las principales agresoras y el resto por manifestantes radicalizados (1).
Desde Brasil, México, Paraguay y Perú se reporta cómo la violencia contra periodistas es ejercida particularmente por los poderes políticos locales para censurar la circulación de información que los desfavorece. Se espera un agravamiento de esta tendencia durante este año electoral para tales países.
A los casos de violencia física se suman los ataques a periodistas a través de acoso judicial que son reportados desde Perú, Uruguay y Venezuela. Tales acciones judiciales con fines amedrentatorios son iniciadas por distintas autoridades públicas o poderes económicos que acusan a periodistas de ser causantes del malestar social a través de su acción investigativa que revela casos de abuso de poder y corrupción que los envuelven.
También se reportan ataques coordinados a periodistas de la región en el espacio digital con motivaciones políticas en países del Caribe, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, incluso espionaje ilegal a través de software espía malicioso como ha sucedido en México, cuyo caso fue presentado ante la CIDH.
Por último, la violencia económica contra la prensa se manifiesta además en Bolivia y México a través de la marginalización de los medios independientes y críticos de las fuerzas políticas en el poder, a través de legislación que permite imponer obligaciones desorbitantes para la difusión de propaganda de programas gubernamentales, que resta espacio a la cobertura de información pública, o regulaciones que permiten el control de la prensa a través del poder económico del avisaje estatal. También sucede en la Argentina donde los medios provinciales se pueden ver condicionados por la distribución de publicidad oficial, que en muchos casos representa su mayor fuente de financiamiento.
Nos preocupa que estas tendencias lejos de detenerse parecen ir en incremento en nuestra región. Así como la variedad de la violencia sufrida por la prensa se complejiza y sofistica, la respuesta de los Estados de la región se vuelve más urgente.
A través del sistema de Examen Periódico Universal, varios Estados de la región como Guatemala (2), Brasil (3), México (4) y Paraguay (5) han adquirido el compromiso de adoptar mecanismos de protección a periodistas. Sin embargo, éstos no han sido oportunamente establecidos, o cuando se han implementado han demostrado no ser efectivos. Se requiere que éstos y los demás Estados de América Latina y el Caribe tomen responsabilidad por la implementación de medidas efectivas de resguardo del ejercicio de la libertad de expresión a través de asegurar una prensa libre de amenazas en el ejercicio de su función de entregar información de interés público (6).
Exhortamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a tomar acciones concretas para proteger en forma efectiva el ejercicio de la libertad de expresión como derecho humano y abandonar el clima de impunidad en que los Estados son responsables directos o cómplices de la violencia y asesinato de periodistas en nuestra región.
