Organismos excluyen actas, resoluciones, informes y viajes de la información de acceso público; el control genera “resistencia”
Búsqueda, 26 de julio de 2012 – Victoria Fernández
La ley de acceso a la información pública garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que está en poder de los organismos del gobierno. Contempla sin embargo algunas “excepciones” que deben ser “de interpretación estricta” y que abarcan las informaciones que la ley define como secretas y las que los organismos clasifican como reservadas o confidenciales.
Pese a que la ley fue sancionada hace casi cuatro años, el cumplimiento de la normativa es heterogéneo y la interpretación de la norma ha sido dispar por parte de las entidades públicas,
lo que provocó cuestionamientos de parte de la oposición y de organizaciones sociales. El próximo 31 de julio se vence el plazo (que ya fue extendido dos años) para que los organismos clasifiquen la información como reservada, confidencial o secreta.