Jul 30, 2012
La resolución adoptada por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) el pasado 10 de julio, por la cual se estableció el carácter confidencial de la información que hubiese aportado al organismo la empresa Pluna S.A. se ajusta a derecho, según un comunicado difundido hoy por Presidencia y firmado por el Auditor Interno de la Nación, Hugo Pose.
En el texto se establece que «dicha resolución está ajustada a derecho y cumple estrictamente los términos y plazos máximos exigidos para las distintas entidades del Estado, a los efectos de la clasificación de la información». (más…)
Jul 30, 2012
Brecha,27 de Julio de 2012 – Edison Lanza
La ley de acceso a la información pública está bajo prueba. El motivo de su aprobación fue transparentar la gestión pública, facilitar la rendición de cuentas y permitir que cualquier persona pudiera ejercer el derecho a estar informado sobre los asuntos de interés público. El principio rector es el de “máxima divulgación” de toda información en poder del Estado. Pero si las excepciones comienzan a aplicarse por parte de los distintos organismos estatales como si fueran la regla, la ley ingresará en un inexorable camino de deslegitimación.
La reciente clasificación de los documentos relativos a la gestión económica y financiera de Pluna como “confidenciales” por parte de la Auditoría Interna de la Nación (ain) se ha convertido en un caso emblemático del acceso a la información.
El director de la ain, Hugo Pose, ha explicado que se rotuló de ese modo la información relativa a Pluna en el marco de una “resolución ómnibus” que busca clasificar toda la información reservada y confidencial que maneja el organismo. También fueron puestas bajo confidencialidad la explotación y gestión financiera del casino Conrad y la intervención del grupo Roldós. ¿Por qué razón no deberíamos poder saber los uruguayos cuánto recauda y cómo gestiona los juegos de azar el Conrad, que hace uso de una licencia del Estado? (más…)
Jul 26, 2012
La Diaria, 16 de julio de 2012- Santiago Sánchez
Ex jerarca advierte debilidades en implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública
Mientras que el gobierno se dispone a comenzar a fines de este mes un concurso, el Premio a la Transparencia, para fomentar “el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas como dos componentes esenciales de un gobierno democrático” entre los organismos públicos, una consejera de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que participa en el jurado de dicha instancia, renunció en marzo a su cargo. En diálogo con la diaria explicó que la falta de personal, de recursos y de potestades de la UAIP debilitan a este organismo en el cumplimiento de su tarea.
Sonia Sena fue consejera ejecutiva de la UAIP, organismo encargado de velar por la ley 18.381, de acceso a la información pública, desde su creación en 2009, y presidenta de la unidad en 2010. En marzo de este año renunció, ya que, según dijo a la diaria, la unidad tenía cada vez “más trabajo”, con “asuntos cada vez más complicados y delicados” que exigían mucha atención y, sin embargo, la falta de remuneración del cargo hacía imposible darle una dedicación total, por lo que, “evidentemente, no daba el tiempo para realizar la labor correctamente”. “Si bien sesionábamos una vez por semana, había que estudiar los expedientes y revisar los temas y no parecía serio estar trabajando de esa forma; no poderse dedicar en su totalidad al trabajo de la UAIP”, explicó la ex consejera.
La UAIP tiene tres consejeros ejecutivos, de los cuales uno es José Clastornik, director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), organismo del que depende formal y presupuestariamente esta unidad. Los otros dos consejeros son elegidos por el Poder Ejecutivo en función de “sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia” para asegurar “independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad” en el cargo.
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Jul 24, 2012
COMUNICADO – Montevideo, 24 de julio de 2012
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) se dispone a presentar un pedido de Acceso a la Información Pública ante la Auditoría Interna de la Nación (AIN) para solicitar la información, clasificada como confidencial, que actualmente tenga en su poder referida a la empresa Pluna. El mismo pedido también se presentará ante Pluna Ente Autónomo.
En los últimos días se conoció una resolución de dicho organismo que clasifica una gran cantidad de información en su poder como de carácter reservado o confidencial, entre las que se encuentran los balances y demás información relativa a esta empresa mixta, hoy en vías de liquidación.
CAinfo considera que la resolución no cumple con los estándares del derecho a la información, en virtud de que no se fundamenta objetivamente los motivos por los cuales cada uno de esas informaciones son exiliadas del escrutinio público. Pero en el caso de Pluna en particular, no se comparte la decisión de mantener dicha información bajo confidencialidad, en el entendido de que esa empresa fallida ha sido destinataria de fondos y garantías estatales por centenas de millones de dólares, lo cuál no debería quedar fuera del marco de transparencia del Estado democrático y de Derecho.
No existen además otras razones para mantener bajo confidencialidad esta información, ya que una empresa quebrada no puede ser afectada en su capacidad de competencia por el hecho de publicar sus balances y toda otra información.
CAinfo ha recibido en los últimos días una gran cantidad de consultas de ciudadanos y periodistas para conocer las razones de la clasificación de confidencialidad interpuesta. Ante esta situación, cabe recordar que la Ley de Acceso a la Información Pública se basa en el principio de máxima divulgación de los actos y documentos en poder del Estado, siendo violatorio del derecho a la información las declaraciones genéricas de información reservada y/o confidencial. La Ley de Acceso a la información debe interpretarse a la luz del Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (derecho a buscar, recibir y difundir información) y de los artículos 29, 72 y 82 de la Constitución de la República.
Confiamos en que, ante esta solicitud concreta, la AIN revise su decisión anterior y, a la luz de los estándares de transparencia, desclasifique esta y otras informaciones declaradas confidenciales.
Jul 24, 2012
Página 12 – Argentina – 14 de julio de 2012 – Nepomuceno Eric desde Río de Janeiro
A partir de mayo, gracias a la Ley de Acceso a la Información, decretada por Dilma Rousseff, está permitida la libre consulta a todos los documentos reunidos en el Archivo Nacional. Las revelaciones fueron impactantes.
Dilma Rousseff, impulsora de la comisión y de la apertura de los archivos, aparece declarando en uno de los documentos.
En Brasil, los trabajos de la Comisión de la Verdad instaurada por ley avanzan. Hay una curiosa contradicción: instituida para averiguar y hacer públicos los secretos de la dictadura militar, la comisión estableció, de salida, una agenda secreta. O sea: los testimonios prestados hasta ahora permanecen en secreto. Un integrante del grupo explica que se optó por esa medida para evitar presiones sobre los antiguos agentes del Estado, y que en el informe final se conocerá todo.
Uno de los que han sido convocados y comparecieron fue un señor de ascendencia japonesa, de 85 años y mala fama muy bien justificada: Harry Shibata, el médico legista que firmó cantidades de certificados de óbito atribuyendo muertes mentirosas a los asesinados en las mazmorras de la dictadura. La más famosa mentira de Shibata ha sido el documento indicando que el periodista Vladimir Herzog cometió suicidio, en 1975. Herzog, como décadas después reconoció formalmente el presidente Fernando Henrique Cardoso en nombre del Estado brasileño, fue muerto en una cámara de tortura. Su familia ha sido indemnizada, sus verdugos están libres.
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