Más que titulares

La Diaria, 05 de junio de 2012 – Lourdes Rodríguez

Expertos redactarán un código de ética periodística de referencia para Uruguay con apoyo de la UNESCO.

En un contexto en el que se discute políticamente la necesidad de una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “ley de medios” y el gobierno implementa, tras la aprobación de un decreto regulatorio, un llamado abierto para la asignación de frecuencias para televisión digital, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) financiará la realización del primer debate nacional sobre mecanismos de autorregulación ética en la profesión periodística y en los medios de comunicación.

La iniciativa fue impulsada desde la sociedad civil por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Grupo Medios y Sociedad (GMS) ante la Unesco en octubre de 2011 y fue seleccionada por el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PDIC) de ese organismo entre otras decenas de propuestas similares de otras partes del mundo, después de pasar por varias etapas de ajuste.

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Expectativa sobre posición del gobierno uruguayo en la Asamblea de la OEA respecto a la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la libertad de expresión

COMUNICADO, Montevideo, 05 de junio de 2012

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) solicitó al canciller Luis Almagro y al embajador especial para los Derechos Humanos, Milton Romani, que Uruguay mantenga en la OEA su posición de no acompañar la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una serie de recortes a las competencias y atribuciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la propia Comisión. Estas reformas son defendidas por Ecuador y otros Estados desconformes con el tratamiento de estos organismos, y acompañadas por Brasil y el Secretario General Miguel Insulsa en el marco de una propuesta de reforma de la CIDH que está a estudio de todos los Estados miembros de la OEA reunidos en Cochabamba (Bolivia).

En enero de este año, cuando estas recomendaciones se votaron en el Consejo Permanente de la OEA, Uruguay fue uno de los pocos países que se paró firme en contra de este intento de limitar el poder de fuego del organismo que a lo largo de los años ha sido la única garantía de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Entre otras cosas, la CIDH debería avisar a los Estados miembros de la OEA antes de adoptar cualquier medida cautelar para evitar la violación de derechos fundamentales.

Respecto a la Relatoría para la Libertad de Expresión, si esta reforma prospera no podrá realizar en adelante su tradicional «informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en la región» -y solo podría disponer de algunos párrafos dentro del informe global de la CIDH-; no podrá recibir fondos provenientes de donaciones de países y organizaciones que trabajan en el mundo por la libertad de expresión; y estaría sujeta a un «código de conducta».

La Relatoría para la Libertad de Expresión, actualmente a cargo de la abogada colombiana Catalina Botero, ha sido una institución clave en las últimas dos décadas para denunciar las violaciones a la libertad de expresión y el acceso a la información pública en distintos países de la región. Del mismo modo ha promovido estándares y cambios legislativos para remover los obstáculos a las libertades básicas y ha promovido decenas de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que involucraron e involucran a periodistas, dirigentes políticos, sindicales, indígenas, etc, y ciudadanos en general, que han sido asesinados, penalizados y/o perseguidos por ejercer su derecho a expresarse.

 

Contacto:
Edison Lanza (Director CAinfo)
099 108 230