Desde CAinfo difundimos el comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática (de la que somos parte) marcando posición respecto al contenido del proyecto de ley que viene a sustituir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) expresó su «profunda preocupación por las prolongadas demoras» en que están incurriendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo al no aplicar integralmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA).
En un informe emitido el lunes 27 de noviembre, la INDDHH considera que la ley SCA es «un instrumento fundamental para la concreción de una política pública, inclusiva y democrática en materia de libertad de expresión y acceso a la información». La normativa, vigente desde diciembre de 2014, fue declarada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia, más allá de observaciones puntuales en algunos pocos artículos.
Sin embargo, aún se está lejos de la «integral aplicación» de la ley, «pues no ha sido aún reglamentada ni se ha constituido aún el Consejo de Comunicación Audiovisual, órgano creado para instrumentar buena parte de sus disposiciones», señala la INDDHH. Según la Institución, esta extensa demora «obstaculiza el cumplimiento efectivo de los fines de promoción y expansión del derecho a la libertad de expresión reconocidos por la ley».
En este sentido, la INDDHH pide al Poder Ejecutivo que «adopte la máxima diligencia para la aprobación de la reglamentación de la LeySCA» y designe «sin más dilación» al Presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual. Por último, al Poder Legislativo le solicita seleccionar «a la mayor brevedad» a los cuatro miembros restantes del Consejo de Comunicación Audiovisual y «designar prontamente al miembro no Legislador que la represente en la Comisión Honoraria Asesora de los Servicios de Comunicación Audiovisual».
Como integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática, desde CAinfo compartimos la preocupación planteada por la INDDHH. La aplicación no integral de la Ley SCA es un retroceso en los procesos de democratización de las comunicaciones en que nuestro país había logrado avances significativos en los últimos años.
Las organizaciones sociales que denunciaron el incumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) al no transmitirse por televisión abierta los partidos de la selección uruguaya en las cuatro fechas de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 insistirán con su planteo ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). La Ursec dio vista a los denunciantes y también a la propietaria de los derechos de transmisión de los partidos, la empresa Tenfield, de un informe de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Económicos que desestima el planteo de imponer sanciones a Tenfield. También entregaron el acta de la sesión del directorio de la Ursec en la que se discutió el tema. En esa sesión, uno de los directores, Nicolás Cendoya, coincidió con el informe jurídico y consideró que los artículos en cuestión de la ley SCA son inconstitucionales por ir en contra del derecho de propiedad, posición que los otros dos integrantes del directorio respaldaron. Actualmente la Suprema Corte de Justicia estudia varios recursos de inconstitucionalidad contra la ley, pero todavía no se ha manifestado al respecto. Además, el informe jurídico y los directores interpretan que los partidos que deben retransmitirse en televisión abierta son la final y semifinal del Mundial y los definitorios de la clasificación al Mundial (las últimas fechas o el repechaje).
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y la Asociación de la Prensa Uruguaya, las organizaciones denunciantes, no coinciden con estos argumentos y presentarán sus descargos ante la Ursec para intentar revertir la opinión del organismo. El directorio de la Ursec tomará una resolución formal antes de la próxima fecha de las Eliminatorias, en marzo, cuando Uruguay juegue con Brasil. En el programa De 8 a 10, de Radio Uruguay, Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia y consultor de Cainfo, adelantó que en caso de que la resolución de la Ursec coincida con el informe de su asesoría jurídica analizarán “todos los escenarios” en los que insistir con la denuncia, “incluidos los internacionales”. “Acá estamos hablando de una legislación amparada por un Parlamento democrático que protege el derecho de la población frente a los derechos de una empresa, y entendemos que esos derechos deben ser reconocidos. Si el Estado omite o incumple esos derechos vamos a reclamar ante el mismo Estado, ante la Justicia o eventualmente en ámbitos internacionales”, indicó.
En tanto, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que consideró válida la denuncia presentada por las organizaciones sociales y recomendó a la Ursec que aplique sanciones ante la violación de la ley SCA, no tiene previsto presentar descargos en esta etapa del proceso, según indicaron integrantes del Consejo Directivo de la institución. “Cuando tengamos la resolución firme de la Ursec vamos a analizar, entonces, si el Estado violó o no alguna norma”, explicó a la diaria el actual presidente de la INDDHH, Juan Faroppa.
Publicado en La diaria, 8 de enero de 2016
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública organizará mañana 2 de diciembre una jornada de capacitación que está dirigida integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en el marco de las nuevas competencias que este organismo tiene como Defensoría del Público.
La actividad consiste en un intercambio de experiencias con su homónima Defensoría del Público de la República Argentina y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) de Uruguay, quien hasta el momento ejerce la protección y promoción de los derechos de la niñez, también ante los medios de comunicación.
Participarán unas 25 personas, entre funcionarios y técnicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos, incluidos los cinco miembros del Directorio del organismo.
La jornada tiene como objetivo desarrollar las capacidades institucionales y técnicas de los organismos reguladores, para una correcta implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aprobada en diciembre del año pasado y se realiza con el apoyo de UNESCO y el gobierno de Suecia.
A partir de la aprobación de la LSCA N° 19.307, la INDDHH, creada en diciembre de 2008, sumó una nueva competencia: ser el organismo garante de los llamados «derechos de las audiencias». Según la norma, la INDDHH tiene ahora «el cometido de defender y promover los derechos de las personas Defender y promover los derechos de las personas hacia y ante los servicios de comunicación audiovisual, en particular su derecho a difundir, buscar y recibir ideas e informaciones».
Para cumplir con este cometido el texto legal establece que la Institución deberá designar un Relator Especial de los Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya elección y designación está prevista para comienzos del año entrante.
Un conjunto de organizaciones sociales de América Latina plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por los altos niveles de concentración de medios en la región que afecta la libertad de expresión.
Las organizaciones comparecieron ayer lunes 16 de marzo en en el marco del 154º Período de Sesiones de la CIDH. Por un lado se presentó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y por otro un conjunto de organizaciones sociales1 de América Latina. La participación del presidente de CAinfo, Martín Prats, contó con el apoyo de la fundación Friedrich Ebert Stiftung en Uruguay (FESUR).
«El problema de los monopolios u oligopolios es uno de los mayores riesgos para la vigencia plena de la libertad de expresión, sean quienes sean los que los detentan, actores privados o actores públicos», comenzó señalando el presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo. Aunque luego advirtió que “el mayor problema en este momento son los monopolios que están manos del Estado”.
Paolillo mencionó como caso preocupante el del empresario mexicano Ángel González, “que maneja un sin número de medios a lo largo y ancho de América Latina”. Se refirió concretamente a los casos de Nicaragua y Guatemala, donde González detenta mayor concentración de medios, al punto tal de tener, en este último país, la “potestad de elegir a los presidentes de la República”.
González también tiene negocios en Uruguay. Según una nota publicada por el semanario Búsqueda, a principios de este año el empresario compró medios ecuatorianos a través de sociedades anónimas uruguayas. La nota también recuerda que González fue investigado por estar detrás de la adquisición de distintas radios a través de testaferros.2
Paolillo terminó reclamando que en la región se apliquen normas antimonopólicas que “no deben ser específicas para los medios de comunicación, sino genéricas para cualquier tipo de actividad, tal como lo establece el artículo 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH».3
El integrante de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, discrepó en este punto y recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ya ha dado alcance al artículo 12 de la Declaración de Principios, en el sentido de permitir regulación específica para atacar el problema de la concentración: “Regirse solamente por limitaciones generales o normas de mercado, como cualquier industria, no solamente es inconveniente, es ineficaz. Esto no se trata de vender cervezas, se trata de derechos humanos. Y por tanto, es necesario establecer legislación específica”.
A su turno, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares, mostró su preocupación por el efecto que está teniendo la concentración de medios en el debate público: “Está impidiendo que la profunda diversidad latinoamericana, con sus distintas expresiones, no sea representada en los medios de comunicación”.
Al igual que Gómez, Olivares opinó que el mercado por sí solo no basta para garantizar el derecho a la libertad de expresión e hizo énfasis en que es necesario regular para que este derecho se cumpla para todos.
Aleida Calleja de OBSERVACOM agregó que el fenómeno de la concentración es tal que, pese a que se están multiplicando las plataformas tecnológicas, “no se están multiplicando la diversidad de voces; lo que estamos viendo es el mismo discurso pero repetido en diferentes plataformas”.
La integrante de OBSERVACOM propuso que la CIDH establezca directrices y genere criterios orientadores a la luz del artículo 12 de la Declaración de Principios, con el objetivo de ayudar a los Estados a legislar para terminar con este “lastre estructural” que es la concentración.
Pedro Vacca, director de la FLIP, opinó en el mismo sentido. Señaló que la legislación está, ahora falta el “cómo”. “Solicitamos a la CIDH que se formulen recomendaciones sobre cómo proceder a desconcentrar el sistema de medios en nuestros países para garantizar un sistema diverso y plural”, señaló.
Vea la audiencia completa:
1 Comparecieron: Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Artículo 19, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), CAinfo, Colegio de Periodistas de Chile, Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Coletivo Brasil de Comunicação Social, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
2 Puede ver la nota en el siguiente enlace.
3 El artículo 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH establece: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.”