Jul 15, 2014
Los senadores del FA definieron ayer que la ley de medios se tratará después de las elecciones. Votaron a favor FLS, el PS y la VA. En contra lo hicieron el MPP, el PCU, la CAP-L, Constanza Moreira y Alberto Couriel.
La Bancada de Senadores del FA decidió posponer para después de las elecciones la votación en esa Cámara de la ley de servicios audiovisuales, conocida como ley de medios.
El Frente Líber Seregni, la Vertiente Artiguista y el Partido Socialista argumentaron a favor de posponer la votación de la ley de medios para después de las elecciones, sosteniendo el riesgo de que sea considerada anticonstitucional debido a la creación del organismo de control que establece la ley.
En la redacción dada en el Senado se modificó la creación de cargos para después de las elecciones, con lo que se subsanaba la limitante constitucional de no crear cargos en año electoral. La mayoría entendió que la creación del nuevo organismo también colide con la Constitución.
Sin embargo en la bancada se recordó que la creación de la Ursea ocurrió en el último año del gobierno de Luis Alberto Lacalle, y no se planteó entonces ni después ninguna inconstitucionalidad.
A favor de votar ahora el proyecto de ley que ya tiene sanción en la Cámara de Diputados, se pronunciaron los 7 senadores del MPP, CAP-L, PCU y los independientes Constanza Moreira y Alberto Couriel.
En los últimos días circularon llamados de Moreira y Lorier para aprobar ya en este mes el proyecto de ley que, por tener modificaciones, tendría que volver a la Cámara de Diputados.
Los senadores que quedaron en minoría en esta ocasión adelantaron que acatarán la decisión de la bancada aunque no están de acuerdo con la misma.
La decisión de posponer la votación permite suponer que la votación del proyecto de ley quedará para la próxima legislatura, ya que el Parlamento entra en receso el 15 de setiembre, y las sesiones ordinarias se retomarán el 15 de febrero de 2015, ya con los legisladores electos en las elecciones nacionales de octubre.
En ese caso, el proyecto de ley debe volver a ser presentado ante el Parlamento, y discutido nuevamente por las dos cámaras.
Jul 8, 2014
Frank La Rue, relator especial para la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, señaló que es muy importante que la ley de servicios de comunicación audiovisual se apruebe antes de que termine la legislatura.
La Rue, quien participó en una charla sobre “Libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes” organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) en la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), aseguró que la “ley es una gran contribución”. Afirmó que “la democracia de un país necesita de la democratización del uso de los medios” y expresó que “no debería retrasarse la discusión ni la aprobación [de este proyecto] porque se pierde el momento, la energía y los dos años de consulta y de debate”.
Contó que ha seguido mucho este proceso, al cual considera “uno de los más interesantes” en la región, y que le gustaría verlo concluir. Para el relator de la ONU, sea “antes o después de las elecciones -que ya es un tema electoral en el que no me meto- es importante aprobar la ley lo antes posible”. De todos modos, cree que “la ley trasciende estas elecciones y no tiene nada que ver con este proceso electoral: es un tema de Estado a largo plazo”.
Sobre las modificaciones que se realizaron en la comisión del Senado, La Rue dijo que aún está revisando los cambios, pero indicó como positivo “la reestructuración del órgano regulador” -en referencia a la transferencia de competencias desde la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones al Consejo de Comunicación Audiovisual-, que era un tema que le preocupaba. Comentó que ahora se establece “un órgano regulador independiente y esto garantiza la aplicación de normas independientes” y señaló como “ventaja para cualquiera que gane las elecciones, que estas normas no van a ser manipuladas por nadie sino que van a ser en beneficio nacional”.
La Rue reiteró que este es el momento para votar la ley y recordó, a modo de ejemplo, la experiencia de la aprobación del Código de la Niñez en Guatemala. Contó que la normativa “fue aprobada por unanimidad, pero por suspender por un año su entrada en vigencia, ya nunca se aprobó, se perdió”.
Ariela Peralta, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDH), también remarcó la importancia de aprobar este proyecto en este momento porque “no sabemos la suerte que puede tener en un futuro”. Opinó que se trata de una iniciativa “muy positiva” porque “da armonía y actualiza un conjunto de leyes que se fueron aprobando en los últimos cinco años sobre libertad de expresión, acceso a la información, pluralidad y abolición de censura previa, que estaban dispersas”. También destacó que “el proyecto fue fruto de un proceso participativo”, tanto en el Consejo Técnico Consultivo que discutió y elaboró las bases, como en el debate de las distintas comisiones parlamentarias que recibió a numerosas y diversas delegaciones. Peralta señaló que “hay una corriente en América Latina y en el mundo sobre democratizar los medios de comunicación y hacerlos más plurales”, y espera que la ley sea aprobada porque significa “un avance muy interesante y es un ejemplo de un proyecto muy trabajado, mesurado y participativo”.
Todo por los niños
El relator de la ONU adelantó algunos aspectos de su informe sobre la niñez y la libertad de expresión, que será presentado en agosto. La Rue dijo que parte de un principio inspirador que estableció el diplomático brasileño Sérgio Paulo Pinheiro, cuando fue representante del secretario general para la violencia contra la niñez en el mundo: “Las niñas y niños no son personas en pequeño ni reducidas y por consiguiente no se debe entender que gozan de derechos humanos reducidos. Son seres humanos completos que gozan plenamente de todos sus derechos, incluyendo el de libertad de expresión”. Por lo tanto, señaló que tampoco es válido alegar que la protección de los niños “se debe dejar a los padres, porque es tirarles responsabilidades que el Estado tiene frente a un sujeto particular vulnerable”. El senador nacionalista Francisco Gallinal había planteado dejar librado al criterio de los padres la no exposición de los niños a imágenes violentas, y no regularlo mediante la ley SCA.
Por otro lado, La Rue planteó que es válido pensar en la protección “pero esto no agota el tema”. Si bien remarcó que “no queremos que los niños y adolescentes estén expuestos a contenidos que no son adecuados para su desarrollo emocional e intelectual, como la excesiva violencia o una sexualidad desmedida, que pueden hacer daño a la niñez”, agregó que es necesario hablar de la participación. Expresó que “en la convención de derechos del niño se dice que tienen derecho a ser escuchados”, o como prefiere llamarlo él, “a tener voz propia”, y resaltó que “la garantía más clara de la libertad de expresión y la democracia es la participación ciudadana”, lo que también es aplicable para los niños.
Acerca de la regulación de los contenidos para niños, La Rue indicó que en el mundo ya se ha aceptado un control, especialmente en dos áreas: la clasificación de películas en el cine y el horario de protección al menor en la televisión. Pero manifestó que respecto de la publicidad comercial todavía hay debate. En este sentido, reflexionó: “Si en algún momento en la actividad comercial se quitó la imagen de una persona inhalando un cigarrillo para que nadie aprenda a hacerlo” y de esta manera “proteger a la población en general del daño producido por el tabaco, cuánto más deberíamos estar haciendo nosotros para proteger a la niñez del consumo de productos que puedan ser dañinos”. Entiende que el problema es más complejo, pero aseguró que “la protección no es censura”.
Publicado en La diaria, 8 de julio de 2014.
Vea el video:
Jun 23, 2014
La Coalición por una Comunicación Democrática, Pro Derechos, la Red de Gobierno Abierto, redes integradas por las siguientes organizaciones, entre otras: Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación (FIC), Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Grupo Medios y Sociedad (GMS), Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), Cotidiano Mujer, Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Red Especial Uruguaya, Colectivo Ovejas Negras, Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Comisión Nacional de Seguimiento CNS Mujeres, Consumidores y Usuarios Asociados (CUA), Agrupación de Trabajadores de TeVe Ciudad (ATTC), Federación Uruguaya de Teatros Independiente (FUTI), Agencia de Comunicación de Niñez y Adolescencia Voz y Vos – El Abrojo, Comité de los Derechos del Niño-Uruguay, Causa Común, Asociación Mundial de Radios Comunitarias – ATABAQUE Grupo cultural afroemerindio, Instituciones Federadas Afroumbandistas IFA del Uruguay, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR, Organización Idas y Vueltas, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), DATA, Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Mujer Ahora, RedCon, Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD) y Uruguay Transparente, quieren dar a conocer el siguiente posicionamiento frente al inminente tratamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Cámara de Senadores:
En los últimos días asistimos a un debate sobre la pertinencia de que el Parlamento apruebe la primera ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de la democracia en el marco del presente año electoral.
Frente a las posturas que se han venido explicitando en torno al proceso de aprobación de la LSCA, actualmente en curso, reafirmamos la profunda convicción de que el Parlamento debe aprobar ya, sin más demoras, una nueva ley de comunicación bajo principios democráticos y garantistas tanto para la libertad de expresión como para los derechos de todas las personas.
La sociedad civil reivindica además, un debate razonado y fundado sobre la pertinencia y los fundamentos de esta Ley de Servicios de Comunicación, sin caer en adjetivaciones y calificativos tremendistas y descalificadores, que no aportan al debate y esconden de esa forma los verdaderos intereses que defienden.
A continuación se enumeran las razones y evidencias que explican por qué el Senado debe terminar de dar su aprobación a la LSCA:
¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?
– Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, entretenimiento, cultura, deporte y a los contenidos más diversos para la población.
– Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.
– Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.
– Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos. En Uruguay vivimos de las peores prácticas entorno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.
– Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior. En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.
– Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.
– Porque los sectores específicos o grupos en situación de desventaja social, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTB o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años.
¿Por qué esta ley es una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión?
– El proyecto de LSCA a estudio del Parlamento: i) no regula a la prensa escrita, ii) no afecta a los contenidos (salvo cuando refiere expresamente a la protección de los derechos de grupos específicos o en desventaja social); iii) contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.
– La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público. No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.
– El proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos incluidos en el proyecto de ley: horario de protección a la infancia, cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias.
– Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA, Unesco) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.
– Por encima de las diferencias que los distintos actores tengan con la legislación, rechazamos enfáticamente las descalificaciones simplistas y burdas. Sólo aquellos que no quieren esta ley por otras razones, como mantener algunos privilegios que aún subsisten, pueden decir que su objetivo es la censura.
Saludamos las modificaciones introducidas en el Senado:
La Coalición saluda con beneplácito que en el marco de la discusión que se viene dando en la Comisión de Industria del Senado, se haya introducido nuevamente la figura de un organismo de control y aplicación fuerte de la ley (el Consejo de Comunicación Audiovisual), con autonomía del Poder Ejecutivo y un proceso democrático de designación de sus directivos, que presenta las garantías suficientes para todos los actores.
También saludamos la incorporación de garantías judiciales para la aplicación de cualquier sanción a los medios en el marco de la ley. Por otra parte, nos parece un avance la ampliación de la figura del Consejo Honorario Asesor de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), para formalizar la participación de la sociedad civil en las políticas públicas de comunicación.
Saludamos finalmente la incorporación definitiva de la figura de la defensoría de las audiencias, en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
