Mar 23, 2015
Con el respaldo de un cuestionado fallo judicial, el Ministerio del Interior ya está utilizando el sistema de interceptación de comunicaciones conocido como El Guardián. Y lo está haciendo sin que la ciudadanía tenga acceso a ningún tipo de información referida a su implementación.
El Ministerio del Interior (MI) hizo todo en secreto. En secreto compró, presumiblemente en 2013, un software que permite intervenir correos electrónicos y redes sociales, teléfonos fijos y celulares. Que puede acceder de manera simultánea a hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos, puede crear hasta 100 cuentas de mail “espejo” y monitorear hasta tres redes sociales. Un software que unifica todas las interceptaciones que haga la Policía –hoy diseminadas en más de 20 dependencias– , llamado El Guardián Web.
En secreto se mantuvo en agosto de 2013 cuando el ministro Eduardo Bonomi fue llamado a sala por el diputado del Partido Nacional (PN) Jaime Trobo, quien solicitó información sobre la adquisición y las características de El Guardián. “Nosotros no vamos a decir las características técnicas para que alguien sepa qué es lo que está pasando. No lo vamos a decir y tiene que ser secreto”, enfatizó Bonomi.
En agosto de 2012, cuando nada se sabía de El Guardián –aunque el MI manejaba su adquisición desde el año anterior, según se desprende de las actas parlamentarias–, Bonomi fue llamado a sala, también por el diputado Trobo, para responder sobre posibles intervenciones de teléfonos. Trobo dijo entonces contar “con informaciones veraces y fuentes confiables” que respaldaban sus inquietudes al respecto. El ministro se negó a brindar información a la Asamblea General acerca de “las características” de los equipos de interceptación de llamadas. “¿Por qué tiene que saber el delincuente la tecnología con la que se le escucha? No tiene por qué saberlo”, argumentó cuando se lo consultó sobre su negativa a hablar.
En esa sesión se supo que nuestro país contaba con un equipo de interceptación de llamadas, “muy elemental, muy artesanal”, según declaró el director de la Policía Nacional, Julio Guarteche.
En secreto continuó cuando se ignoró el pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), que solicitó, amparado en la ley de acceso a la información pública (18.381), que se diera a conocer las características del protocolo sobre los procedimientos a seguir en las escuchas. Según había afirmado Bonomi en su segunda comparecencia en el Parlamento sobre el tema, en agosto de 2013, el ministerio estaba elaborando un protocolo al respecto.
Y en secreto lo sigue manteniendo la cartera ya que el pasado viernes la jueza letrada de lo Contencioso Administrativo María Isabel Vaccaro falló a favor del Ministerio del Interior, por lo que éste no deberá hacer pública ninguna información sobre El Guardián. Cainfo, en tanto, presentó este miércoles un recurso de apelación.
GARANTIZADO. Para proceder a la interceptación de un teléfono –fijo o celular– o a una cuenta de correo electrónico, el oficial de Policía encargado de la investigación debe informar al fiscal de la causa y fundamentar la interceptación. En caso de estar de acuerdo, el fiscal eleva la petición al juez, quien la autoriza o no. Con la firma del juez, la Policía recurre a la empresa de telecomunicaciones, que es la que se encarga de intervenir una línea telefónica o una cuenta de correo. Lo mismo ocurre cuando se solicitan prórrogas para continuar con una interceptación ya autorizada.
Según explicó a Brecha el fiscal de Crimen Organizado Gilberto Rodríguez, las escuchas son la consecuencia de una investigación y no su causa. “No puedo pedir la escucha porque creo que enfrente pueden estar traficando. Es a partir de determinada información que la Policía recoge en la investigación que se justifica la petición de la escucha.” El fiscal agregó que las escuchas se solicitan para determinados tipos de delitos e investigaciones, “no para un hurto o una estafa simple”, sino cuando la complejidad de la investigación así lo amerita. Según explicó, las escuchas “son útiles” en los casos de crimen organizado, porque es la única manera de avanzar en investigaciones en extremo complejas. “La interceptación no es la reina de todas las pruebas. Siempre una escucha va a estar respaldada y reforzada por otros medios de prueba. No es que tengo la escucha y tengo todo”, sostuvo.
Pero los cuestionamientos y las inquietudes que surgen de la sociedad civil, e incluso, según se supo ayer jueves, del propio Colegio de Abogados del Uruguay (véase recuadro), son respecto al posible riesgo de vulnerar la intimidad de las personas. En otras palabras, no existen certezas de que El Guardián no sea utilizado para intervenir los aparatos de comunicación de, por ejemplo, periodistas, actores sindicales o políticos, o de cualquier ciudadano que pueda estar sospechado –o no– de algún delito.
Rodríguez aseguró que no le consta que se realicen interceptaciones sin el visto bueno del fiscal primero, y del juez después. “No he sabido que desde el sistema judicial –no hablo del Poder Judicial, sino del sistema judicial: defensa, Poder Judicial, Ministerio Público– se haga una escucha sin orden judicial. La suspicacia de que ocurra, bueno… todo puede ser, pero por mi conocimiento y por el de jueces con los que he hablado, jamás se da”, aseguró. En la misma línea se expresó una fuente del ámbito judicial consultada por Brecha.
En un documento titulado “Guardián: garantías para todos menos para la delincuencia”, publicado el viernes 12, el MI defiende la utilización del software y asegura que la “principal garantía de su utilización” es que la escucha no puede realizarse sin la habilitación del juez, quien tendrá una “llave digital”. La “llave” en cuestión es la firma digital del magistrado. “Sin la firma o ‘llave digital’ del juez que entiende en la causa no se emitirá orden judicial en el proceso de solicitud de una interceptación legal”, continúa el comunicado.
No obstante, el abogado Martín Sbrocca, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), confirmó a Brecha que la organización recibió denuncias de “procedimientos policiales irregulares”, en especial allanamientos, realizados sin la correspondiente orden judicial. Agregó que lo que suele ocurrir es que muchas veces la Policía tiene la orden verbal del juez y que luego del allanamiento se obtiene la firma del magistrado. “Muchas veces nos han venido a decir que les allanaron la casa y nunca vieron la orden”, dijo Sbrocca. Para el abogado, si eso pasa incluso cuando “vos necesitás toda una puesta en escena que es mucho más visible, ¿cuánto más fácil será realizar una intervención de la que nadie se va a enterar?”. “¿Quién controla que la autoridad policial no ponga en marcha El Guardián sin previa orden de la justicia?”, inquirió.
Según se desprende del comunicado del MI, esto no ocurriría con el nuevo sistema. Pero no todos parecen estar tan seguros.
“El Guardián ya se está usando. Lo dejaron de prueba y lo están usando a nivel del Estado. En Antel ya están analizando algunos aspectos”, aseguró una fuente del organismo a Brecha. Antel tiene acceso a todos los datos de las comunicaciones digitales: origen y destino de una llamada o mensaje de texto; duración de la llamada, y hasta la ubicación de los teléfonos, “aun cuando no tengas prendido el Gps”, dijo la fuente. Conocer el contenido tanto de los mensajes como de las llamadas ya no resulta algo tan sencillo. Aunque eso no quiere decir que no se haga.
“Acá se hace. Muchas veces hay puteadas o sumarios porque revisan los correos de otra persona, el tráfico de otra persona”, aseguró. Según la fuente, es una herramienta disponible a nivel administrativo; “después está la cuestión ética de no revelar información, pero los que trabajan en las centrales digitales podrían hacerlo”, deslizó. En la misma línea, otra fuente del organismo contó el caso de un compañero de trabajo que revisaba los mensajes de texto de su novia. “Todos los sistemas informáticos tienen ese riesgo”, dijo la fuente. Hoy en día, a nivel de tecnología, técnicamente “es posible todo”.
Los propios policías sostienen que no es difícil interceptar teléfonos; “ellos te dicen que con dos celulares viejos pueden montar un puente y hacer escuchas”, aseguraron a Brecha desde el MI. La fuente ministerial destacó que el organismo no recibió denuncias por parte de jueces o fiscales sobre escuchas ilegales por parte de algún oficial.
Para el fiscal Rodríguez tiene que existir “un principio de confianza en las instituciones del Estado”, ya que el fiscal y el juez habilitan tanto las escuchas como los allanamientos a partir del resultado de las investigaciones policiales. “Si yo entro en este cargo y no creo en nadie, entonces no voy a firmar nada; tranco todo el sistema.” “Somos agencias estatales, administramos un sistema de violencia institucionalizada como es el sistema policial-judicial. Si no hay un principio de confianza, el sistema se cae. Cerramos la cortina y nos vamos”, señaló.
SILENCIO POSITIVO.
En octubre de 2014 Cainfo hizo un pedido de acceso a la información pública para conocer el protocolo dirigido a las empresas de telecomunicaciones para regular la operativa de implementación de El Guardián, que entonces se esperaba que comenzaría a funcionar en enero de este año. De acuerdo al artículo 18 de la ley, el organismo al que se le solicita la información tiene un plazo “máximo” de 20 días hábiles “para permitir o negar el acceso o contestar la consulta”. El MI no hizo nada de eso, por lo que incurrió en lo que la normativa define como “silencio positivo”. Esto le da al solicitante la posibilidad de acceder a la información requerida. De acuerdo a la ley, en esta instancia se considera una “falta grave” la negativa a hacer pública la información.
Fue así que el pasado 9 de marzo Cainfo presentó una acción judicial para acceder a la información solicitada. “Nosotros queremos saber qué sustento legal se le da a toda la regulación. ¿Es un decreto? ¿Una resolución?”, dijo a Brecha Tania da Rosa, directora de Cainfo. “No queremos información relativa al software, a detalles técnicos. Lo que planteamos es el acceso a ese protocolo, que es el marco regulatorio, para conocer qué obligaciones se les imponen a las empresas de telecomunicaciones. Si se previó alguna garantía respecto a la posibilidad que tendrán las personas de conocer si alguna vez fueron objeto de una interceptación telefónica, o si se prevé algún mecanismo de rendición de cuentas. Porque cuando hablamos de vigilancia electrónica y de interceptación de las telecomunicaciones estamos hablando del derecho a la privacidad de las personas”, explicó Da Rosa.
En la misma línea se expresó Sbrocca, quien asistió a Cainfo en la demanda. El abogado fue claro en señalar que “evidentemente nadie le va a preguntar al MI el alcance técnico del sistema”. Según Sbrocca, lo que se pide es una “norma jurídica” que establezca el marco de actuación. “En qué circunstancias se va a actuar, con qué fundamentos, cómo va a ser el mecanismo, quién es el que va a solicitar, qué contralor habrá sobre el que lo solicita (y) cuáles van a ser los hechos que motiven la habilitación de la entrada en funcionamiento de la interceptación de cualquiera de los medios de comunicación que aparentemente El Guardián puede afectar”, enumeró.
Pero la justicia respaldó el mutismo del Ministerio del Interior y el pasado viernes 13 la jueza Vaccaro rechazó la demanda de Cainfo “en todos sus términos”. Lo llamativo es que la magistrada emitió su fallo reconociendo el “silencio positivo” en que incurrió el ministerio. Además, se basó en que el ministerio adquirió El Guardián amparado en el Tocaf, que permite la compra secreta por parte de organismos del Estado. Según se desprende del fallo, Vaccaro asumió que dado que la compra secreta está prevista en la ley, todo lo que concierne a El Guardián también debe ser secreto. “La sentencia lo primero que hace es establecer que de alguna manera se ha probado que la compra fue secreta, y parece sacar la conclusión, porque no es muy concluyente, que como la compra fue secreta, todo lo que de ella deriva debería serlo”, explicó Da Rosa. “Esa es la postura del MI, y la sentencia la recoge en el fallo”, agregó.
Según el fiscal Rodríguez, “tiene que haber transparencia en la información”, que permita a la ciudadanía conocer “cómo operan determinados medios de prueba, este o cualquier otro”. Sin embargo, consideró que el Estado siempre corre “de atrás” al crimen organizado, por lo que “si mostramos todas las cartas entonces no investigamos”. Para el fiscal el Ministerio del Interior debería tener un departamento de inteligencia, “donde deberían existir protocolos de cómo preservar cierta información”. Eso, aseguró, “genera la conspiración del silencio, el actuar a espaldas de la sociedad”. Pero a su modo de ver, “o las cosas son así, o uno tiene que pararse en el medio de la plaza y decir todo”. “Siempre estamos en ese sistema de tensión entre los derechos, las libertades y las garantías, donde a veces la gente puede ingresar en una equivocación al plantear todo en términos absolutistas. O es o no es. O es blanco o es negro. Y capaz que no es ni blanco ni negro”, señaló.
Sin embargo, para la directora de Cainfo la sentencia “no hace una aplicación estricta del régimen de excepciones”. Los artículos 8, 9 y 10 de la ley 18.381 establecen excepciones a los pedidos de información. Éstas comprenden a la información definida como secreta por la ley; aquella información que el organismo, luego de seguir un procedimiento también previsto en la ley, define como reservada, e información de carácter confidencial, que refiere a aquella que es entregada por terceros a la administración y que por distintos motivos no debe ser de acceso público. Pero como apuntó Da Rosa, “no se conoce ninguna norma que diga de manera expresa que ese protocolo es secreto”. “Entendemos que la sentencia no ingresa al análisis de exactamente qué fue lo que solicitamos y no fundamenta por qué la información que nosotros solicitamos no puede ser pública”, criticó.
Da Rosa sostuvo que de la sentencia surge una tesis “riesgosa”, que “consiente” la existencia de marcos regulatorios que pueden ser secretos.
“Por los principios republicanos y la transparencia en un Estado de derecho, nunca un marco regulatorio puede ser secreto. Tiene que estar a disposición de la ciudadanía; la población tiene que saber cómo se regulan las distintas situaciones que en definitiva tienen potencial impacto sobre sus derechos”, expresó.
Abogados preocupados
El Colegio de Abogados del Uruguay (Cau) emitió ayer un comunicado en el que expresa su preocupación sobre El Guardián. Según consigna el diario El Observador (18-III-15) una delegación del Cau se reunió el pasado martes con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y plantearon al jerarca implementar una auditoría, de manera de “verificar los aspectos técnicos y operativos de su funcionamiento práctico”.
El Cau pidió a Carrera que la interceptación de conversaciones entre los abogados y sus clientes esté expresamente prohibida, y en caso de que ocurra, se destruya inmediatamente. “Nuestra preocupación no es sólo por la relación profesional abogado-cliente que se debe preservar, hay una preocupación general sobre la salvaguarda del derecho a la intimidad”, dijo el presidente del Colegio de Abogados, Eugenio Xavier de Mello.
La tendencia internacional
La directora de Cainfo, Tania da Rosa, señaló que actualmente organismos internacionales de derechos humanos, especialmente las relatorías de la Onu y la Oea en materia de libertad de expresión, están exhortando a los estados a adoptar su legislación para regular la vigilancia electrónica, y “reducir al máximo los eventuales peligros que este tipo de prácticas puede tener sobre la privacidad de las personas y consiguientemente sobre la libertad de expresión”.
“Hay una serie de estándares internacionales que se están promoviendo y que nosotros manejamos en la demanda, en relación al acceso a la información pública, vinculados a temas de seguridad nacional y seguridad pública. Estos estándares indican que no por ser temas de seguridad nacional y seguridad pública, el acceso a esa información por parte de la población deba ser necesariamente negado; por el contrario, la regla siempre sigue siendo la de máxima publicidad: la información en principio es de los ciudadanos y las ciudadanas, salvo en aquellos casos en que exista realmente una justificación legítima, proporcional y necesaria para que se limite su acceso”, expresó.
Publicado en semanario Brecha, viernes 20 de marzo de 2015.
Mar 10, 2015
La directora ejecutiva de CAinfo Tania da Rosa presentó ante el Poder Judicial una acción de acceso a la información pública contra el Ministerio del Interior (MI) para conocer el protocolo dirigido a las empresas de telecomunicaciones de cara a la implementación del nuevo sistema de vigilancia electrónica El Guardián.
Da Rosa había presentado en octubre del año pasado una solicitud de acceso a la información en vía administrativa que no obtuvo respuesta. En esa instancia se requirió al MI acceder al protocolo dirigido a las empresas de telecomunicaciones para regular la operativa ante pedidos de vigilancia.
Vencido el plazo legal de 20 días hábiles que estipula la ley de acceso a la información pública la cartera no respondió el pedido, por lo cual opera la figura de “silencio positivo” que establece la ley. Únicamente se recibió una vista del Departamento de Asesoría Jurídica sugiriendo no hacer lugar a lo solicitado, pero nunca hubo una resolución ministerial en los términos que exige la ley, de parte del ministro, que autorizara o negara el acceso a la información.
Si bien aún está pendiente la respuesta a la solicitud presentada, la argumentación esgrimida por el Departamento Jurídico para sugerir que se niegue el acceso a la información no resulta ajustada a derecho. La demanda establece que se basa en una clasificación de información anterior, genérica e indeterminada; se desconoce la prueba de daño que requiere la ley, así como el principio de divisibilidad de la información y los estándares internacionales en materia de seguridad y acceso a la información pública.
La acción presentada este lunes se sustenta en normas de derecho internacional de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios globales sobre seguridad nacional y el derecho de acceso a la información (Principios de Tshwane) y la Declaración Conjunta de los relatores de libertad de expresión de OEA y ONU sobre vigilancia y su impacto en la libertad de expresión.
Una vez que sea admitida la demanda, la Justicia deberá convocar a una audiencia en el plazo de tres días y dictar sentencia.
El 10 de diciembre pasado, en el marco del día internacional de los derechos humanos, CAinfo junto a otras seis organizaciones sociales emitió un comunicado alertando sobre la falta de información disponible en la implementación del Guardián.
En el comunicado difundido exhortaron a las autoridades a garantizar el acceso a la información por parte de la población sobre el nuevo sistema de vigilancia y a adecuar su implementación en el marco de los estándares internacionales. Ver comunicado.
Mar 10, 2015
Paradoja o no: El Guardián, el sistema informático de vigilancia electrónica que el Ministerio del Interior (MI) le compró a la empresa brasileña Digitro por dos millones de dólares en 2013, está en el centro de varias miradas, aunque aún no empezó a operar formalmente. El sistema unificaría las escuchas telefónicas que actualmente realizan 22 dependencias del MI, pero la novedad es su capacidad de intervenir correos electrónicos y redes sociales, cruzar información y reconocer automáticamente palabras clave en las conversaciones. Su compra se realizó en secreto: según supo El País en 2013, se mantuvo en reserva por una resolución de Presidencia que no fue publicada en la web, en contra de lo que indica la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 18.381) vigente desde 2008.
“Nos preocupó la poca información que el MI dio al respecto”, dijo a la diaria la abogada Tania da Rosa, directora del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la transparencia y la libertad de expresión. En octubre de 2014, Cainfo realizó un pedido de información para acceder a una copia del protocolo que, según El Observador, el MI había elaborado para regular el uso del sistema. Según la ley, cualquier persona puede solicitar datos de cualquier organismo del Estado sin necesidad de justificar el pedido. La norma prevé un plazo de 20 días hábiles para que el máximo jerarca conteste por sí o por no. Pasaron más de 100.
El artículo 18 de la ley habilita al solicitante a iniciar una acción judicial cuando el plazo se vence y no hubo ningún tipo de respuesta, lo que se considera “silencio positivo”. Ayer, a las 13.00, Da Rosa presentó la denuncia ante la jueza letrada de 1º Turno, María Isabel Baccaro, que debe citar a ambas partes a una audiencia pública esta semana; 24 horas después, dictará una sentencia que puede significar el rechazo del pedido de Cainfo o bien obligar al ministro Eduardo Bonomi a liberar la información.
“Me parece interesante plantear que toda esta implementación de El Guardián, que aumenta exponencialmente la potestad de vigilancia del Estado, se da sin un marco jurídico adecuado”, fundamenta Da Rosa. “Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de las Naciones Unidas han establecido que los Estados deben, de manera urgente, adaptar su legislación al avance de la tecnología, una herramienta que ha garantizado el acceso a la cultura de mucha gente pero que a la vez puede convertirse en una amenaza a la privacidad”. La directora de Cainfo reconoce que hay “una tensión” entre el derecho de la ciudadanía a ese tipo de datos y la obligación del MI de velar por la seguridad pública. El debate de fondo, entonces, es sobre si la divulgación de información puede producir un daño mayor al que genera la potencial violación de privacidad.
Se alborotó el avispero
Aunque el pedido de Cainfo no recibió una respuesta, sí generó movimiento en la interna del ministerio. la diaria accedió a un informe que el Departamento de Asesoría Jurídica del MI le presentó a Bonomi en noviembre de 2014; en él se citan dos resoluciones de 2012 que clasifican como reservada toda información que “involucre el ejercicio de la actividad policial” y que refiera a aspectos técnicos de “insumos que utiliza el personal policial […] como vestimenta, armas, equipos de comunicación”. El informe concluye que la información que solicita Cainfo podría ser considerada reservada, y sugiere que no se brinde. En caso de que Bonomi esté de acuerdo, el MI podría ampararse en el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a los organismos estatales negar datos que puedan “comprometer la seguridad pública o la defensa nacional”.
“Desde el MI no hay costumbre de no contestar ese tipo de pedidos”, dijeron fuentes de la cartera a la diaria, que aseguraron que la información pública sobre el tema “no se le está negando a nadie”. En cada sede judicial del país habrá una computadora dedicada sólo a El Guardián, informaron las fuentes, y sólo podrán operarlas funcionarios identificados y que cumplan con el procedimiento, que requiere una orden judicial. El MI creará en la órbita de la Dirección Nacional de Policía una unidad dedicada específicamente al manejo del software. “Si se intervenía un teléfono con la vieja tecnología, el personal a cargo podía intervenirlo por más o por menos tiempo, y no quedaba un registro del procedimiento. Si en el futuro un juez quiere auditar todo lo que hizo El Guardián en el último año, va a poder, porque todas las intervenciones quedan registradas”.
En agosto de 2013, el diputado Jaime Trobo (Partido Nacional) había llamado a Bonomi a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja para que diera información sobre la compra del software, sus mecanismos de utilización y garantías. El ministro dijo que era “una falta de responsabilidad y seriedad” que se le pidiera hacer públicas especificaciones técnicas del software. Comparó la situación con los datos que la prensa difundió sobre la compra de vehículos blindados: “Bien para que el delincuente diga ‘ah, para entrarle al blindado le tengo que tirar con balas con un calibre mayor al que la prensa me informa’”. Ante las preguntas de Trobo, Bonomi explicó que los monitoreos sólo podrán efectuarse por orden judicial y con la colaboración de las empresas de telefonía, correo electrónico y redes sociales. El ministro deberá volver a dar explicaciones sobre El Guardián: será el primer jefe de gabinete de este período en ser convocado al Parlamento, esta vez por iniciativa del senador blanco Javier García, según informó El País. Según supo El Observador, el ministro presentó el sistema la semana pasada a la Suprema Corte de Justicia. Independientemente de la decisión de la jueza sobre el pedido de Cainfo y del resultado del llamado del ministro al Senado, no hay nada que indique que puedan suspenderse las primeras interceptaciones de El Guardián, previstas para abril.
Publicado en La diaria, martes 10 de marzo de 2015. Por Federico de los Santos.
Feb 12, 2014
IFEX, 11 de febrero de 2014.
El martes 11 de Febrero, organizaciones de derechos digitales, grupos de la sociedad civil, los autores y los usuarios de Internet a través de seis continentes salieron a las calles digitales para exigir el fin de la vigilancia masiva.
El verano pasado, el contratista NSA Edward Snowden comenzó a filtrar documentos que detallan las alarmantes operaciones de espionaje llevadas a cabo por los EE.UU., Gran Bretaña y otros países aliados. Las revelaciones sobre la ausencia de límites en la vigilancia masiva de parte de los gobiernos han galvanizado personas en todo el mundo, dando lugar a condenas de líderes mundiales y una resolución de las Naciones Unidas para proteger la privacidad en la era digital.
Aquí encontrarás algunas declaraciones de los firmantes de los 13 Principios contra la vigilancia masiva, explicando por qué participron de «el Día que dijimos ¡Basta!»:
Joana Varon, investigadora, Centro de Tecnología y Sociedad y co-editor de la Oficina Antivigilância, Brazil:
«La vigilancia masiva representa no sólo el fin de la vida privada, sino también una grave amenaza para el derecho a la libertad de expresión. No existe democracia alguna en el universo que pueda resistir este escenario. Tenemos que luchar de nuevo o nos acostumbraremos a la autocensura y perderemos toda la espontaneidad que se alimenta de la creatividad. En última instancia, será el fin de la libertad en el sentido más amplio.»
Gus Hosein, Executive Director, Privacy International, United Kingdom:
«Por mucho tiempo, los programas intrusivos de vigilancia gubernamentales han operado en las sombras, fuera del estado de derecho, y sin control democrático de masas. Pero el espionaje masivo no es sólo un problema doméstico. Vigilancia a esta escala amenaza los derechos de las personas en todos los rincones del mundo. La necesidad de la reforma es urgente, pero no se puede llevar a cabo si no hacemos que nuestros gobiernos entiendan que la vigilancia masiva, operando fuera del escrutinio público, amenaza los fundamentos de la democracia. Personas de todo el mundo el 11 de febrero tienen una gran oportunidad para ponerse de pie, luchar, y exigir que nuestra privacidad sea respetada y protegida. Al hacer que nuestras voces se escuchen, daremos el siguiente paso hacia una reforma real.”
Jérémie Zimmermann, spokesperson, La Quadrature du Net, France:
«Estamos frente a un gran desafío. Por un lado, tenemos que conseguir que estas agencias de inteligencia estén bajo control y escrutinio democráticos. Por otro lado – ahora que la confianza en empresas como Google, Facebook o Apple se ha roto para siempre – tenemos que reinventar nuestra relación con la tecnología y recuperar el control de nuestros equipos, en lugar de ser controlado por ellos. Esto sólo puede ocurrir a través de software libre, la arquitectura descentralizada de la Internet, el cifrado de extremo a extremo, y profundos cambios sociales y culturales. Proteger nuestra privacidad significa proteger nuestra intimidad, el único espacio en el que nos encontramos en plena confianza y podemos experimentar con nosotros mismos, con nuevas ideas y opiniones. Es la definición misma de nuestra humanidad la que está en juego.»
Katitza Rodriguez, International Rights Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«La vigilancia puede y amenaza los derechos humanos. Incluso las leyes destinadas a proteger la seguridad nacional o la lucha contra la delincuencia conducirán inevitablemente al abuso si no se controlan y se mantienen en secreto. Los 13 Principios contra la vigilancia masiva establecen una base sólida para la aplicación de los valores de derechos humanos a las técnicas digitales de vigilancia a través de la protección de transparencia, supervisión rigurosa y privacidad que trascienden las fronteras. Hoy, 11 de Febrero, luchamos de nuevo para restaurar nuestros derechos frente al descontrol de la vigilancia estatal.»
Cindy Cohn, Legal Director, Electronic Frontier Foundation:
«Los gobiernos no deberían ocuparse de espiarnos simplemente porque usamos cifrado fuerte como lo está haciendo la NSA.»
Carolina Botero, Fundación Karisma, Colombia:
«Debemos asegurarnos de que la vigilancia estatal se lleve a cabo en casos excepcionales. Debemos exigir el fin de la vigilancia masiva de las comunicaciones electrónicas y solicitar que las actividades de monitoreo sean ‘necesarias y proporcionadas.'»
Steve Anderson, Director Ejecutivo, Openmedia.ca, Canada:
«La Vigilancia masiva es una amenaza para la libertad de expresión, el comercio y nuestras libertades básicas. Los gobiernos mundiales han traicionado nuestra confianza con sus actividades de espionaje secretas y eso requiere una respuesta. El Día que dijimos ¡Basta! es nuestra oportunidad para trazar una línea en la arena y poner a los gobiernos sobre aviso de que Internet es sobre las nuevas formas de la democracia y la colaboración, no una herramienta con la que gobiernos obsoletos profundicen su control sobre la sociedad.»
Jim Killock, Director Ejecutivo, Open Rights Group, United Kingdom:
«La vigilancia masiva es una amenaza existencial para la gobernabilidad democrática. La corroe mediante la creación de oportunidades para el abuso que se extienden fácilmente a la vida de todos los ciudadanos gracias a las agencias secretas. Esto es más que sólo una cuestión de rendición de cuentas y transparencia, estamos dispuestos a luchar por nuestro futuro como sociedad libre.»
Katarzyna Szymielewicz, Directora Ejecutiva, Panoptykon Foundation, Polonia:
«La vigilancia masiva ha dejado de ser solamente un problema local o nacional. Ha sido posible gracias a la cooperación internacional en todas las jurisdicciones y con independencia de las normas legales. La cooperación de las agencias de inteligencia, los gobiernos y las empresas es el mayor desafío en la lucha contra la vigilancia, sino también la razón por la que tenemos que juntarnos para afrontar una pelea así. Esta es también la razón por la cual la Fundación Panoptykon formuló las 100 preguntas sobre la vigilancia para el gobierno polaco, pero exigió algunas de las respuestas directamente del presidente Obama.»
Micheal Vonn, Policy Director, BC Civil Liberties Association, Canada:
«La vigilancia digital es – y cada vez más – la pregunta más urgente en los derechos humanos del siglo XXI. Lo que algunos han llamado «la batalla por el Internet libre» tiene que ver con las herramientas necesarias para salvaguardar nuestros derechos y la democracia: la libertad de expresión, libertad de asociación, la libertad de prensa; privacidad, la seguridad y la responsabilidad gubernamental.»
Ramiro Álvarez Ugarte, Senior Attorney, Association for Civil Rights, Argentina:
«Los gobiernos de América Latina adoptaron una posición dura frente a la vigilancia masiva revelada por las filtraciones de Edward Snowden. Sin embargo, en la región subsisten prácticas sumamente problemáticas de las que nuestros gobiernos no se hacen cargo. Desde la intercepción rutinaria de las comunicaciones telefónicas hasta el seguimiento de activistas y sindicalistas por parte de los organismos de inteligencia, estas prácticas son usuales y son permitidas por marcos legales obsoletos e ineficientes. Fortalecer nuestras democracias implica luchar contra esas prácticas draconianas y no hay mejor forma de hacerlo que vinculando nuestros esfuerzos con los de la campaña global por el derecho a la privacidad.»
Dr Sean Rintel, Chair, Electronic Frontiers Australia, Australia:
«Electronic Frontiers Australia cree que la existencia de la vigilancia ubicua y mundial en la que participan el Gobierno de Australia y sus aliados «Los Cinco Ojos» es la más grave amenaza para las libertades civiles que hemos visto en 20 años de defensa de los derechos digitales. La vigilancia masiva debilita la privacidad individual, subvierte la presunción de inocencia, y produce escalofríos a la libertad de expresión. Es fundamentalmente incompatible con el buen funcionamiento de las sociedades democráticas. Debemos reafirmar los derechos que constituyen el centro de nuestras sociedades democráticas, y debemos exigir nuevos derechos para protegernos en una nueva era tecnológica. Somos ciudadanos, no los sospechosos.»
Jacobo Nájera, Investigador y desarrollador de software libre, ContingenteMX, México:
«Estamos luchando por un Internet fuerte y capaz de resistir a la vigilancia masiva, para así tener un red habitable socialmente, que albergue el libre flujo de las ideas y de la comunicación.»
Danny O’Brien, International Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«Esto no es únicamente una batalla para frenar de nuevo a la NSA o el GCHQ, o cualquier otra agencia de inteligencia. Se trata de dibujar una línea en la arena. Si se crea un aparato secreto que tiene carta blanca para recopilar datos sobre cada usuario inocente de la red, se crea un aparato que puede controlar a los políticos, detectar y silenciar la disidencia, y desmantelar cualquier equilibrio o control democrático. La vigilancia masiva es veneno para la sociedad moderna y abierta. Tenemos que luchar, y tenemos que ganar.»
Richard Stallman, Fundador del Proyecto GNU y la Fundación de Software Libre, United States:
«El nivel actual de la vigilancia general en la sociedad es incompatible con los derechos humanos. Para recuperar nuestra libertad y restaurar la democracia, debemos reducir la vigilancia hasta el punto en que sea posible para los whistleblowers de todo tipo hablar con la prensa sin ser descubiertos. Para hacer esto de forma fiable, hay que reducir la capacidad de vigilancia de los sistemas que utilizamos «.
Laura Tresca, ARTICLE 19, América del Sur:
«ARTÍCULO 19 señala que el tipo y la magnitud de la vigilancia masiva en cuestión tiene un efecto escalofriante sobre el derecho a la libertad de expresión e información. Las personas son mucho menos propensos a expresarse y compartir la información si saben, o sospechan que sus registros personales están siendo recogidos por el gobierno. El seguimiento de las comunicaciones en línea promueve la autocensura. Queremos decir, la aplicación de los mecanismos de vigilancia para el centro de comunicaciones digitales globales amenaza drásticamente la protección de los derechos humanos en la era digital.»
Cindy Cohn, Legal Director, Electronic Frontier Foundation, United States:
«Uno de los grandes problemas con lo que la NSA y GCHQ están haciendo es que animan a una carrera descendente en el que cada país está espiando a los ciudadanos de todos los otros países. En «El dia que dijimos ¡Basta!», vamos a empezar a revertir este proceso.»
