Este sábado 23 de octubre se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y las personas trabajadoras de medios de comunicación. En el marco de esta celebración, CAinfo realizó este viernes un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique. En la actividad se analizó el hostigamiento y estigmatización de los periodistas en Uruguay.
Luego de un breve informe sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, presentado por Cainfo, Vaca, Pérez Manrique y Eva López, también integrante de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se refirieron a la situación de los periodistas en la región.
En su intervención, Vaca dijo que defender la libertad de expresión “no es un privilegio” para los periodistas, sino que es algo que debe involucrar a toda la sociedad.
Sobre Uruguay, destacó que el país suele aparecer en los principales lugares en cuanto a defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que en los últimos tiempos en su oficina comenzaron a “llegar más reportes” de problemas que lo usual. Por eso llamó a “ser cuidadosos” con las acciones para mantener el lugar de privilegio a nivel regional.
También planteó a los líderes políticos de todos los países que cuiden el debate público, no estigmaticen la labor de los periodistas y que los partidos adopten códigos de conducta al respecto.
López, en tanto, realizó una presentación sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Señaló que el acoso en línea a las periodistas tiene un “alto componente sexual”.
El cierre estuvo a cargo de Pérez Manrique. Dijo que observa tres grandes dificultades para la labor periodística. Una está vinculada a los problemas en el acceso a información pública vinculada a la pandemia. Otra es que se observa un recrudecimiento en el hostigamiento a los periodistas. En tercer lugar señaló su preocupación por los ataques que sufren las periodistas.
Dijo que uno de los “grandes desafíos” es que los “sistemas de aplicación de la ley” de la región “actúen conforme los criterios del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos cuando se trata delitos o crímenes contra periodistas o cuando se trata de demanda civiles que puedan tener efecto intimidante, que procure el silenciamiento de determinados medios”.
Encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Dr. Ricardo Pérez Manrique
En mayo de 2021 Cainfo presentó su Séptimo informe sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas, cuyo resultado puso en evidencia un aumento significativo en el número de casos respecto a los años anteriores. El informe, que abarcó desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, registró 49 episodios de rechazo de pedidos de acceso a la información pública, denuncias judiciales, aprobación de normativa contraria a estándares internacionales, agresiones y ataques, entre otros.
El documento, además, dio cuenta de un ambiente de hostigamiento a periodistas que presentaron coberturas u opiniones críticas con el desempeño gubernamental, sin que ningún alto representante del gobierno expresara su rechazo a dichos ataques. Por el contrario, en muchos casos fueron funcionarios públicos quienes llevaron adelante estas manifestaciones, atribuyendo a periodistas y/o medios de comunicación la intención de afectar al gobierno, la afinidad con partidos políticos o la existencia de intereses particulares.
“La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno”.
Informe 2021 de Cainfo sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas
En ese contexto, parlamentarios promovieron y aprobaron una declaración en la Cámara de Representantes, durante cuya discusión varios legisladores nacionales realizaron imputaciones a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusaron de impulsar el desprestigio del país en el exterior, mediante la difusión de informes que -en su opinión- no se correspondían con la realidad del país.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), sindicato que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, también advirtió en varias ocasiones sobre las amenazas y acusaciones contra periodistas que se registraron en los últimos meses en las redes sociales, atribuyéndole intenciones partidarias e intereses políticos y partidarios.
En los últimos meses, el clima de hostilidad denunciado en el primer semestre del año comenzó a materializarse a través de la presentación de una decena de demandas judiciales -o amenazas de iniciarlas- contra periodistas por parte de legisladores y otros funcionarios estatales, empresarios, dirigentes deportivos, y sindicalistas. Diez casos llegaron a conocimiento de Cainfo entre los meses de julio y setiembre, un número inusual en un lapso tan breve desde que comenzó a realizarse el monitoreo, en 2014.
El derecho de acceso a la información pública, componente fundamental de la libertad de expresión, también sufrió retrocesos en el período. Un gran número de casos fue registrado en el monitoreo (29 de los 49), pero además se aprobó nueva normativa que fue cuestionada incluso por la autoridad de aplicación de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), además de la sociedad civil a través de la Red de Gobierno Abierto (RGA).
Asimismo, se constató una notable caída en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados, según el Índice de Transparencia Activa en Línea (Itael), que elabora Cainfo junto a la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En promedio, disminuyó casi 20 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento general respecto a la medición anterior, y sólo 4% de los organismos se ubicó en el nivel Alto de transparencia activa en línea.
“La primera lectura de los datos exhibe un quiebre en la tendencia general ascendente de los últimos años respecto de la información publicada, lo que se traduce en una pérdida de información pública disponible para la ciudadanía. A 12 años de la aprobación de la LDAIP, el nivel de cumplimiento de organismos obligados por ley es bajo. Si se toma en cuenta el universo total relevado el cumplimiento general es de 36.36%, de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL, lo que representa una caída de 19.64 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (56%”.
Índice de Transparencia Activa en Línea 2021, elaborado por Cainfo y la UCU
Objetivo
En la víspera del Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación en Uruguay, Cainfo organiza un encuentro internacional virtual de asistencia abierta para abordar la situación de libertad de expresión en el país y ubicarla en contexto con el panorama a nivel regional, gracias a la presencia de dos expertos internacionales.
La actividad contará con la prestigiosa participación del Dr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con el Dr. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa preocupación por una serie de demandas judiciales contra periodistas presentadas en las últimas semanas, que atentan contra la libertad de expresión y la libre circulación de información.
La mayoría de las denuncias presentadas, o anunciadas públicamente, entre los meses de julio, agosto y setiembre refieren a demandas penales por difamación e injurias a raíz de publicaciones periodísticas. La mayoría de ellas provienen de altos funcionarios estatales o legisladores.
En tres meses suman siete los juicios presentados más dos amenazas de inicio de demandas, cuando el último informe de monitoreo registró tres casos en todo un año.
En base a estándares internacionales de libertad de expresión, CAinfo entiende que estas acciones procuran afectar el derecho de los periodistas y generan un ambiente de hostigamiento utilizando el sistema judicial. Además, desconocen los avances acumulados en los últimos años en la materia, que permiten recurrir a mecanismos previos o alternativos, como el derecho a réplica.
Los casos que llegaron a conocimiento de CAinfo son los siguientes:
– Director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Miguel Motta, contra José Morales Brum de semanario Tacuarembó Ahora
A fines de julio de 2021 Juan Miguel Motta, inició una demanda penal por difamación contra José Morales Brum, director del semanario Tacuarembó Ahora.
El motivo de la denuncia es la publicación de varios artículos periodísticos en los que se da cuenta de la gestión de Motta al frente del organismo que depende del Ministerio de Salud Pública. Entre ellas, se menciona la gestión de la pandemia de Covid-19 a nivel local y la falta de controles sobre la actividad de un hogar de adultos mayores, que funcionaba en situación irregular.
Después de varias instancias judiciales, se llegó a un acuerdo para dar por terminado el proceso, sin consecuencias para el periodista.
– Exedil colorado de Maldonado, Pablo Gallo, contra La diaria, Canal 10, La República, Caras y Caretas, FM Gente, Radio Piriápolis.
En febrero de este año, los medios citados difundieron la noticia de que el exedil del Partido Colorado, Pablo Gallo, fue enviado a prisión por una estafa con terrenos. Gallo ya había sido procesado en 1997 por un delito de contrabando y en 1999 por un delito de violencia doméstica. La demanda es por daño moral y lucro cesante, y reclama una indemnización de 300 mil dólares.
– Exasesora de OFI, Andrea Valiente, contra Eduardo Mérica de Diario Uruguay
El 6 de agosto, el periodista Eduardo Mérica de Diario Uruguay, debió presentarse ante la Fiscalía de Rivera por una denuncia penal por difamación e injurias que presentó la exasesora jurídica de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), Andrea Valiente. El periodista había informado sobre la desvinculación de Valiente de la OFI. Finalmente, el caso se archivó luego que el periodista acordara un derecho a réplica.
– Diputado César Vega contra Leandro Grille de Legítima Defensa.
El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, presentó una demanda penal contra el periodista Leandro Guille. El 29 de julio Vega realizó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo y mostró ante cámaras a mujeres con elementos de metal adheridos a su cuerpo, atribuyendo el fenómeno a la vacunación contra la Covid-19. Pocos días después trascendió que esas personas no habían sido vacunadas.
Durante una de las ediciones del programa televisivo, Grille cuestionó la conducta del legislador, quien consideró que el periodista realizó una serie de “conceptualizaciones difamatorias e injuriosas”. La demanda de Vega fue rechazada en primera instancia, aunque el legislador anunció su intención de apelar, lo cual no ha concretado.
– Científico Gonzalo Moratorio contra Esteban Queimada de Radio Nacional
El 12 de agosto, el virólogo Gonzalo Moratorio presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el conductor radial Esteban Queimada. El abogado de Moratorio dijo que Queimada, en su programa, realizó una serie de comentarios agraviantes por su apoyo a la vacunación contra la Covid-19, por lo cual buscan una retractación del denunciado por la vía judicial.
–Expresidente del Defensor Sporting Club, Daniel Jablonka, contra Nicolás Musetti de Control Orientado
Daniel Jablonka presentó una denuncia penal por difamación contra el periodista deportivo Nicolás Musetti, a raíz de informaciones publicadas hace más de un año sobre una asamblea de la institución en la que se discutieron detalles de su gestión financiera. El exdirectivo incluyó a otras cuatro personas en la denuncia, y presentó como prueba sus publicaciones en redes sociales; en el caso de Musetti, en ninguna de ellas aparece mencionado el denunciante.
La primera audiencia se realizó el pasado jueves 9 de setiembre. Hasta la publicación del presente comunicado no se realizaron nuevas actuaciones.
– Integrante de Cabildo Abierto, Pilar Silvestre contra La Diaria y Caras y Caretas
Pilar Silvestre presentó una demanda judicial contra los medios Caras y Caretas y La Diaria por las informaciones publicadas en marzo de 2020 luego de su frustrada designación como Directora Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social. La primera audiencia fue fijada para este jueves 16 de setiembre.
A estos juicios presentados se suma la amenaza realizada por la senadora Graciela Bianchi a través de la red social Twitter el 16 de julio al coordinador de informativos de Canal 4, Gonzalo Terra, a quién advirtió que presentaría ante Fiscalía una demanda por difamación e injurias si no reproducía textualmente sus tuits respecto a la formalización de dos agentes de policía por el homicidio de un joven. La presentación judicial todavía no se produjo.
A su vez, el periodista del semanario Crónicas del Este, Sergio Secinaro, denunció el 20 de agosto que recibió la llamada del ministro de Trabajo Pablo Mieres, y de uno de sus asesores, reclamando el retiro de una publicación para evitar la presentación de una demanda judicial. La noticia refería a que el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, había contratado a una empresa que hasta diciembre de 2019 integró la hija del secretario de Estado. Pocos días después de ese episodio, Mieres dijo en una entrevista en televisión que había desistido de la demanda porque el periodista aclaró la situación.
CAinfo reitera su preocupación ante este ambiente de hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación, que configura una amenaza a la libertad de expresión y la instalación de un clima de amedrentamiento hacia todo el colectivo que reduce la calidad de la información que llega a la población.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha reiterado que “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”. Y que “las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho”.
ACTUALIZACIÓN: Luego de ser publicado este comunicado, CAinfo tuvo noticia de otro juicio que está en curso.
En mayo de este año, el secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, presentó una denuncia por difamación e injurias contra la periodista Ana Laura Pérez.
Al participar en el programa En Perspectiva, la periodista hizo referencia al hecho ocurrido en 2015 cuando un grupo de funcionarios del INAU agredió a adolescentes privados de libertad, en presencia de López. El dirigente sindical solicitó un derecho a réplica por los dichos de Pérez, el que fue concedido el 21 de mayo de este año. Sin embargo, López presentó una denuncia penal que aún está abierta.
Cainfo saluda la decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno que revocó esta semana la sentencia de la jueza Dolores Sánchez, quien había accedido al pedido de derecho de respuesta planteado por Antonio Romanelli, obligando a tres medios de comunicación a publicar una carta del ex-militar e integrante de Cabildo Abierto.
El militar retirado accionó
contra el diario La República, Montevideo Portal y Radio Uruguay debido a que
publicaron una carta de ex presos políticos en la que acusaron a Romanelli,
asesor de seguridad del candidato a presidente Guido Manini Ríos, de ser
responsable por la aplicación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como
guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979.
La jueza Sánchez hizo lugar al pedido y los tres medios apelaron la
decisión.
El martes 4 de noviembre, el
Tribunal compuesto por Luis Charles, Angel Cal y Gabriela Merialdo, revocó la
sentencia de Sánchez ya que no se constató que de parte de los medios hubo
“intención de dañar al denunciante en su persona ni en sus actividades”. “Se
trata de información dada sobre el ejercicio de su función, muchos años atrás
en el desempeño de la misma”.
A continuación, dejamos el link para poder descargar la resolución del Tribunal por entender que con esta sentencia se defendió el derecho a la libertad de expresión.
IFEX, la red global de más de 100 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información, manifiesta su profunda preocupación por las amenazas contra el director ejecutivo de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), César Ricaurte, desencadenadas tras conocerse la sentencia a 15 días de prisión en su contra y a realizar un pedido público de disculpas al exembajador Jorge Jurado por increparlo en un lugar público.
César Ricaurte ha trabajado por décadas en la defensa de la libertad de expresión y ha liderado por varios años a Fundamedios, una organización sin fines de lucro “cuya tarea principal es el apoyo a medios de comunicación y periodistas”. La organización ha sido miembro de IFEX desde 2011 y su trabajo ha sido fundamental para denunciar las agresiones contra la libertad de expresión y exigir la protección de este derecho durante el gobierno de Rafael Correa. Dada esta labor, Ricaurte ha sido foco constante de estigmatización y amenazas por parte medios y partidarios del expresidente.
Estamos alarmados por las amenazas de las que ha sido víctima en luego de emitida la sentencia el 27 de junio por el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha y vemos con preocupación la posibilidad de que se emita una orden de captura en contra de César Ricaurte.
“Todos los miembros de la red de IFEX exigen a las autoridades ecuatorianas que investiguen las amenazas que ha recibido Ricaurte luego de conocerse el fallo, y que le proporcionen las medidas de seguridad del caso.” dijo la directora ejecutiva de IFEX, Annie Game.
