Ago 20, 2014
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) consideró erróneas las resoluciones del Ministerio del Interior que declararon reserva de las investigaciones de un caso de abuso policial que terminó en la muerte de un ciudadano, pues se trataba de un caso de violación de los derechos humanos.
Se trata de una resolución emitida tras la denuncia presentada por la madre del jóven asesinado por la policía en octubre de 2012 en el marco de un operativo en el barrio Marconi.
La madre acudió a la INDDHH denunciando no haber recibido como víctima información respecto a las investigaciones judiciales y administrativas que originó la muerte de su hijo ni haber recibido el trato adecuado en su condición de parte.
La Institución cursó las averiguaciones pertinentes ante el Ministerio del Interior, pero se encontró en varias oportunidades que la cartera declaró esa información como reservada.
Finalmente, luego de acceder a lo solicitado, la INDDHH emitió una resolución señalando que el “Ministerio del interior hace una interpretación equivocada de las normas de acceso a la información”.
“Tratándose de una investigación sobre una presunta violación de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior debió actuar conforme al art. 12 de la ley 18.381 (Ley de Acceso a la Información Pública), sin apelar a ningún argumento para justificar la restricción o negativa de responder las solicitudes“, señala la resolución.
El artículo 12 de la ley de acceso establece: “Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas (…) cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.
La INDDHH considera que todas las normas o resoluciones administrativas que contravengan este artículo carecen de efectos jurídicos, ya que aplica el principio de no regresividad o irreversibilidad de los Derechos Humanos.
Vea la resolución de la Institución de Derechos Humanos.
Jun 4, 2014
Organizaciones sociales y gubernamentales se reunirán el viernes 6 de junio en la tercera Asamblea Nacional de Derechos Humanos, que se realizará en la ciudad de Florida.
Esta sesión extraordinaria tendrá como objetivo la validación del Marco Estratégico de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para el período 2014 – 2016, que se elaboró a partir de los insumos recogidos durante las anteriores dos Asambleas Nacionales de Derechos Humanos.
La Asamblea, que propondrá un ejercicio participativo para la evaluación de la gestión de la INDDHH, combinará instancias plenarias con sesiones de trabajo grupal en torno a 3 temas prioritarios establecidos en el Marco Estratégico 2014 – 2016:
1. Acceso a la Justicia. Abrir el debate e incidir en los procesos de cambio y adecuación de
normas y prácticas institucionales para garantizar efectivamente los derechos.
2. Promover la igualdad de trato y la no discriminación con énfasis en el acceso a
derechos vinculados con la discapacidad y la salud mental con el objetivo primordial de
visibilizar el problema ante la sociedad y comprometer al Estado uruguayo en el diseño e
implementación de políticas públicas.
3. Promover que el Estado incorpore el enfoque de derechos humanos en el diseño e
implementación de las políticas públicas para el tratamiento de la violencia y la
convivencia.
Más información en inddhh.gub.uy
Abr 3, 2014
Cainfo presentó el informe “Transparencia, rendición de cuentas y Tics en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay”, en el marco de una iniciativa regional que busca promover la transparencia y participación en las defensorías del pueblo.
La investigación se enmarca en la Iniciativa TPA (Transparencia, Participación Ciudadana y Accountability), una red de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que buscan impulsar el fortalecimiento de los sistemas de control público a través de la promoción de prácticas de transparencia, participación y rendición de cuentas.
El informe de CAinfo, elaborado por Edison Lanza y Margarita Navarrete, se presentó el pasado martes 25 en el Parlamento ante autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y otros jerarcas de gobierno. También asistió un representante de la organización argentina Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización coordinadora de la iniciativa TPA.
Edison Lanza, director de Cainfo, resaltó el rol clave que cumple la INDDHH en materia de transparencia, provisión de información, interacción con la sociedad y participación. “Necesitamos que la Institución sea campeona de la transparencia, para que otros organismos públicos incorporen buenas prácticas”, señaló Lanza y advirtió que muchos organismos están rezagados en este tema. “El trabajo que estamos presentando hoy puede empezar a cumplir el objetivo de que la INDDHH empiece a ser el ejemplo de transparencia para otros”, finalizó.
La investigadora Margarita Navarrete identificó una serie de fortalezas y debilidades que ha tenido la INDDHH en su proceso de creación, iniciado en 2008 luego de ser sancionada la ley 18.446, y que tomó impulso en 2012 al ser designado el Consejo Directivo de cinco miembros.
Entre los aspectos a destacar Navarrete apuntó el trabajo que ha tenido la Institución como contralor del cumplimiento de Derechos Humanos. Puso como ejemplo el rol activo que tomó ante la reforma a la ley de acceso a la información pública, que pretendió introducir el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas. En esa oportunidad la INDDHH expresó que las modificaciones propuestas por el ejecutivo serían un “notorio retroceso” respecto al derecho al acceso a la información pública, e irían en contra del principio de no regresividad.
Asimismo, Navarrete resaltó como positivo la actuación de la INDDHH ante las denuncias recibidas. El informe detalla que del total de casos recibidos (recogidos en la memoria anual), un 14,6% de las denuncias fueron presentadas por personas jurídicas y/o colectivos, el 3,4% por organismos públicos, y el 82% de las denuncias lo fue por personas físicas.
Del lado de las recomendaciones y puntos a mejorar la investigadora identificó que persisten algunos problemas institucionales que urgen resolver. Particularmente señaló los problemas interpretativos surgidos acerca de la ejecución presupuestal que han impedido desarrollar concursos públicos para contratar un staff técnico. El organismo actualmente cuenta con funcionarios en régimen de “pase en comisión”. Navarrete destaca que para resolver esta situación en el corto plazo se prevé la incorporación de 15 cargos profesionales y técnicos que se contratarán a partir de un concurso de oposición y méritos.
Por el lado de las TICS, la investigación destaca que la página web de la institución (inddhh.gub.uy) puede ser una oportunidad fundamental para mejorar en aspectos como la transparencia activa. En la publicación de información y datos en línea se recomienda a la INDDHH incluir formatos abiertos y reutilizables; y ofrecerlos de manera tal que permitan la accesibilidad al sitio web a las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, Navarrete señaló que sería importante optimizar en el sitio web la información sobre denuncias por casos de violación de los derechos humanos y su seguimiento, realizando Ariela Peralta del Consejo Directivo de la INDDHH el anuncio de incorporación del expediente electrónico a las tareas del organismo.
Muchas de las mejoras (como la revisión de la adscripción institucional al Poder Legislativo) podrían ser tratados en un futuro proyecto de ley que pretenden enviar al Parlamento las autoridades del organismo.
Finalmente, en la presentación del informe, se anunció un convenio entre CAinfo y la INDDHH para trabajar en la inserción digital de la Institución, de forma tal que ayude a desarrollar plenamente sus cometidos y acciones.
Vea o descargue el informe completo aquí.
Feb 3, 2014
El Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU planteó al Uruguay algunas recomendaciones que tienen que ver directamente con la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información. En particular, llama al Estado uruguayo a revisar la ley de acceso a la información para “garantizar la independencia y autonomía del órgano de apelación y control”, un reclamo largamente realizado por CAinfo y la sociedad civil en Uruguay.
En materia de libertad de expresión y medios de comunicación el grupo de trabajo de Naciones Unidas recomienda “garantizar por ley un ecosistema mediático que promueva medios libres, independientes y plurales con la presencia de los sectores privados, públicos y comunitarios”.
Las recomendaciones están incluidas en el documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En el texto el organismo anima a Uruguay –a instancias de UNESCO– a “revisar la Ley de libertad de información para garantizar la independencia de la autoridad de supervisión”. Además, recomienda “garantizar la independencia del órgano de apelación y monitoreo de la Ley de acceso a la información pública”. El documento presentado por la sociedad civil ante el EPU recomienda: “Fortalecer la institucionalidad y autonomía del órgano de control de la ley de Acceso a la Información Pública (AIP), dotándolo de mayor autonomía, poder de fiscalización, poder de incidencia en la formulación de las políticas públicas de transparencia y acceso a la información y garantizar el presupuesto que permita el desarrollo de sus funciones. Modificar las atribuciones funcionales de la unidad a los efectos de establecer a texto expreso la competencia para recibir denuncias por incumplimiento del derecho de AIP y emitir dictámenes vinculantes o derivar la función de dirimir apelaciones a un órgano de mayor autonomía como lo es la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.
En materia de libertad de expresión, el documento del ACNUDH recomienda al país que establezca “mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación” y pone énfasis en la necesidad de “garantizar por ley un ecosistema mediático que promueva medios libres, independientes y plurales con la presencia de los sectores privados, públicos y comunitarios”.
El documento presentado por Cainfo y GMS había subrayado la “buena señal” del Estado al iniciar el camino hacia la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que contiene mecanismos que impulsan la autorregulación de los medios pero había señalado los problemas institucionales del nuevo sistema.
“El diseño institucional del órgano de control queda muy centrado en el Poder Ejecutivo. Se crea el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), donde la mayoría de sus funciones son de carácter consultivo y el propio Poder Ejecutivo conserva la posibilidad de imponer sanciones a los medios que incumplan las regulaciones y asigna las frecuencias y licencias para todas las plataformas”, señalaba el documento. En los meses posteriores el diseño volvió a modificarse y el texto aprobado en la Cámara de Representantes asignó las funciones de contralor a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación.
Compromiso uruguayo
Durante la presentación de su informe ante el EPU, el secretario de la Presidencia Homero Guerrero reafirmó el “inquebrantable compromiso del Uruguay con la democracia, con los DDHH y con el sistema multilateral. Los DDHH son actualmente el eje de todas las políticas públicas de nuestro país y el respeto al derecho internacional y al multilateralismo constituyen dos pilares esenciales en la política exterior del Uruguay”, expresó el funcionario.
La delegación estuvo encabezada por Guerrero e integrada además por el director general de Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas, la representante permanente en Ginebra, embajadora Laura Dupuy, y el director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, embajador Federico Perazza.
También estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Graciela Jorge, el director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, la asesora penitenciaria del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, la diputada Daniela Payssé, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Raúl Ferreira, y la integrante del Consejo Directivo de esta entidad, Mirtha Guianze.
Guerrero mencionó el “Contexto en el que nuestro país ha venido tutelando los DDHH con distintos instrumentos” a fin de superar la “crisis más profunda de toda su historia” entre 2001 y 2002, que ocasionó “pérdida de empleos y degradación de condiciones socioeconómicas, generaron un serio peligro de desintegración social y familiar, la marginalización de un importante número de uruguayos y la expansión de la pobreza y la indigencia, así como un aumento significativo de la emigración, especialmente entre los más jóvenes”.
El secretario de la Presidencia dijo que esa situación obligó al país a una “redefinición de nuestra matriz de protección social” y mencionó el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) a partir de 2005, el Plan de Equidad que lo sustituyó dos años después y distintos “instrumentos legislativos e institucionales que amparan el cumplimiento de los derechos en la sociedad uruguaya en lo económico, social, cultural, civil y político”.
Guerrero mencionó ocho aspectos que consideró “relevantes e ilustrativos” del empeño puesto por Uruguay para “mejorar la calidad de sus políticas, sus normas y sus instituciones en materia de DDHH”.
- Mejoramiento del marco normativo e institucional en el área de los DDHH.
- Políticas públicas con principal atención en salud, educación y vivienda.
- Políticas de igualdad para evitar todo tipo de discriminación.
- Políticas contra la discriminación racial.
- Política de empleo a través de medidas de política económica e inserción laboral.
- Lucha contra la pobreza y la indigencia como prioridad socioeconómica.
- Reformas para humanizar el sistema carcelario.
- Investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en el pasado reciente.
Asimismo, Guerrero destacó el rol desempeñado en estos años por la sociedad civil, que “el gobierno reconoce y alienta. No es posible construir una sociedad justa e igualitaria sólo desde el gobierno. El apoyo y la intervención de los medios asociativos de los ciudadanos agrupados en torno a instrumentos participativos y con la capacidad de propuesta son un componente fundamental para la promoción de los derechos humanos en nuestra sociedad”, señaló.
Al finalizar el 18° período de sesiones Uruguay aceptó las 187 recomendaciones realizadas por los países participantes del EPU y además adoptó 44 compromisos voluntarios.
Vea el video del Epu de Uruguay, y los documentos presentados.
Oct 31, 2013
MUCHOS DESAFÍOS PARA GARANTIZAR EL PLENO DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
Estudio de Cainfo y FUAP visibiliza la necesidad de que el Estado produzca información para elaborar políticas públicas que aseguren el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad. La demanda de información sobre esta temática realizada por ambas organizaciones posibilitó que por primera vez la ANEP elaborara un relevamiento en todas las escuelas públicas del país.
CAinfo y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) presentan el informe “Discapacidad y educación inclusiva en Uruguay”, un trabajo que investiga, a partir del uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, la situación del derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad en Uruguay. El trabajo se centra en la enseñanza inicial y primaria pública a nivel nacional.
El trabajo mapea la información pública existente en torno al acceso a la educación de los niños/as con discapacidad, identifica los indicadores que releva el Estado y analiza su idoneidad a efectos del monitoreo del cumplimiento de las obligaciones positivas en lo que respecta a garantizar el derecho a la educación para la población objeto del estudio.
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