Nov 22, 2016
El Centro de Acceso y Archivos a la información pública (CAinfo) y la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR) realizaron el lunes 14 de noviembre un conversatorio sobre Derechos Humanos en Internet.
Internet representa una herramienta fundamental para el ejercicio de los Derechos. Sin embargo, el desarrollo de políticas y regulaciones no siempre tiene en cuenta esta vital característica.
En la apertura del evento participaron Rafael Sanseviero de FESUR y Lucila Carbajal de CAinfo.
Rafael Sanseviero valoró la importancia del conversatorio en tanto da la posibilidad de “poner en debate lo que hoy son las tensiones de la democracia”, particularmente en el campo de Internet.
Sanseviero consideró que “es difícil identificar los balances de poder en Internet, puesto que es un debate que todavía no se ha consolidado”.
Por último, advirtió que “el proceso de reconocimiento de los derechos humanos siempre es posterior a los desbalances de poder. Por eso es importante ver dónde están las necesidades”.
La jornada contó con la exposición de tres expertos: Matías Jackson de CAinfo, Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE; y Fabricio ScrolliniScrolini de DATA Uruguay.
Matías Jackson valoró la importancia del encuentro en tanto es importante entender “cómo pensamos internet no solo desde el punto de vista del Estado sino de la sociedad civil”.
Jackson consideró que para empezar a entender el campo de los derechos humanos en internet es necesario hacer un mapeo del ecosistema que permita visualizar quiénes toman las decisiones: “La gobernanza de internet es importante para entender los mecanismos por los cuales se toman las decisiones”.
Jackson enumeró además una serie de principios sobre los que está diseñada internet (llamados “principios arquitectónicos”) y que marcan fuertemente cómo se juegan los derechos en la red. Estos son:
- Principio de Apertura: Internet se basa en una serie de estándares y protocolos que son transparentes.
- Principio de Acceso: cualquiera que tenga un dispositivo que pueda conectarse a internet puede formar parte de la red. “Basta la conexión a la red para que ese dispositivo pueda conversar con otras computadoras”, señaló Jackson.
- Principio de Redundancia: Internet es una red que no está centralizada en un solo lugar.
- Principio de Extremo a extremo: el emisario y el receptor, pero no la red, son los que toman las decisiones. De este último principio es que se deriva el concepto de Neutralidad en la red. Este concepto implica que los datos que circulan a través de la red deben moverse de manera imparcial, sin tener en cuenta el contenido, destino u origen.
Por su parte, Agustina Del Campo del CELE, se centró en el derecho de libertad de expresión en Internet. Del Campo recordó que este derecho tiene una dimensión social y otra individual, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que tiene un rol fundamental en la sociedad democrática.
Dentro del tema de libertad de expresión en Internet, Del Campo planteó la necesidad de debatir cómo se regula la remoción de contenidos. “Cuándo puede removerse contenidos, en qué circunstancias, quién lo determina, por cuánto tiempo”.
En este sentido, Agustina Del Campo planteó de se debe dar un debate acerca de la responsabilidad en Internet cuando algún derecho se ve violentado: “¿debe irse contra la persona que produjo el contenido, contra la persona que los tiene en línea, contra la persona que lo replicó o contra la persona que los indexa?”, se preguntó.
A modo de respuesta, Agustina del Campo consideró que hay que tener en cuenta los principios del sistema interamericano al momento de abordar estas cuestiones. En este sentido, el principio que tiene que regir es el de “responsabilidades ulteriores” y, además, “no se debe establecer una presunción de daño por la naturaleza del medio en el cual el daño se produce”.
Por último, Agustina del Campo recomendó pensar herramientas alternativas, como el derecho a rectificación y respuesta, para compensar los derechos de aquellas personas que puedan haberse visto vulneradas por determinadas expresiones. “Internet ofrece un medio como nunca antes había existido para ofrecer la réplica, la rectificación y la respuesta”, puntualizó.
Por su parte, Fabrizio Scrollini de DATA Uruguay, centró su exposición a la vigilancia de las comunicaciones en internet. Scrollini puntualizó que hay distintos tipos de espionaje: se realiza espionaje entre Estados, espionaje del sector privado, sobre la sociedad civil y vigilancia de comunicación en poblaciones, grupos e individuos.
Scrollini consideró que la vigilancia puede responder a una necesidad legítima del Estado de resguardar la seguridad, pero estas prácticas tienen que venir acompañadas de un marco claro y transparente
que dé garantías a los ciudadanos respecto a estos procedimientos y sus alcances.
Ago 8, 2015
El Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones firmantes ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes reitera:
1- Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se han expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración. Estos métodos cotidianos de trato con
adolescentes detenidos son los que hemos denunciado junto a los familiares de los detenidos y a lo que se ha respondido con silencio, con ataque a los denunciantes o, directamente, con el aval u ocultamiento de las prácticas denunciadas.
2- Los protocolos internos de actuación, aprobados por el Estado uruguayo de acuerdo a la normativa internacional vigente, establecen: “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de
control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento.”
3- La banalización de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las organizaciones defensoras de ddhh toda vez que toma estado público un episodio de violencia institucional, forman parte de una triste página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las causas más elementales de derechos humanos. Solamente con la actuación judicial no se termina con la cultura de la tortura. Por eso es responsabilidad de los integrantes de la central de trabajadores condenar, desterrar y eliminar estas prácticas. Nada nunca puede legitimarse en el presente cuando se actúa a la sombra de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado.
4- Exigimos una pronta actuación de la justicia penal ante las denuncias presentadas. Exhortamos al sistema de justicia de adolescentes (jueces, fiscales y defensores) a que termine con la desidia institucional para que otorgue las garantías del debido proceso a los adolescentes privados de
libertad. Demandamos más presencia en los ámbitos que correspondan para prevenir y desactivar estas situaciones.
5- Solicitamos a los partidos políticos una manifestación clara acerca de la violencia institucional en el sistema de privación de libertad adolescente y, a su vez, un cambio radical en las políticas públicas en materia de administración de justicia penal juvenil. Puesto que todos los partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de carácter netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los adolescentes y fomentaron el populismo punitivo. Los discursos pronunciados por actores políticos, sindicalistas y operadores del sistema de justicia son construidos bajo una misma matriz de hegemonía conservadora.
La tortura no se negocia, se denuncia y se investiga
Adhieren:
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)
Comité de los Derechos del Niño Uruguay (CDNU)
PRODERECHOS
Casa Bertolt Brecht
Fundación Mario Benedetti
Asociación de Expres@s Polític@s de Uruguay
Mujer y Salud en Uruguay- MYSU
Cotidiano Mujer
Mujer Ahora
Ovejas Negras
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ)
Centro de Archivos y Acceso a La Información Pública (CAINFO)
El Abrojo
Coordinadora de Apoyo a Madres y familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Gurises Unidos
RebelArte
Agencia Voz y Vos
El Tejano
www.comitednu.org
Luna Nueva
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual
Te Digo la Otra
Defensa de los Niños Internacional- DNI
Asociación Civil El Paso
Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF)
Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay (IPRU)
Ciudadanías en Red (CIRE)
Comisión NO a la baja Flores
Comisión NO a la baja Salto
Comisión NO a la baja Lavalleja
La Barca
Fundación Ricardo Zabalza
Fundación Justicia y Derecho
Grupo Teatro del Oprimido Montevideo- GTO
Minervas
Colectivo Jóvenes Armenio del Uruguay (JADU)
Servicios y Acciones por la Infancia (S.A.I)
Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo- CEPID
Coordinadora de Psicólogos del Uruguay- CPU
Coordinadora de Feminismos
Adhesiones personales
Luis Eduardo Morás
Rodrigo Arim
www.comitednu.org
Rafael Cotelo
Aníbal Corti
Álvaro Carballo
Angélica Vitale Parra
Pablo Martinís
Rafael Paternain
Olga Laura Fernández
Soledad Platero Puig
Santiago Mazzarovich
Annabella Balduvino
Gabriel Tenenbaum
Agustín Cano
Diane DeNoir
Roque Faraone
Carmen Rico de Sotelo
Rosario Martínez
Leonard Mattioli
Sandra Giménez
Ariel Silva
Mariana Licandro
Andrea Graña
Verónica Engler
Jorge Zabalza
Manuela Abrahan
Nadia Pereyra
www.comitednu.org
Brenda Bogliaccini
Mariana Risso
Jimena Alonso
Laura Aspirot
Miguel Millán
Marco Algorta
Fabiana Larrobla
Carla Larrobla
Guillermo Lamolle
Valeria Rubino
Martín Mercado
Nairí Aharonián
Bolivar Moreira
Inés Martínez
Sebastián Aguiar
Melissa Ardanche
Valeria España
Nicolás Ambrosi
Enrique Trujillo
Aníbal Varela
Oscar Destouet
Cecilia Blezio
Sylvia Cabrera Schusselin
Silvana Arbelo Hernández
www.comitednu.org
Antonio Romano
Marcelo Ubal Camacho
Marcelo Morales
Mónica Herrera Noguera
Paola Dogliotti Moro
Sebastián Santana
Beatríz Liberman
Soledad Rodríguez
Eloisa Bordoli
Silvia Peyrou
Álvaro Silva Muñoz
Selva Braselli
Liliana Pertuy
Cristina Fynn
Jun 12, 2015
Una decena de organizaciones sociales uruguayas firmaron una declaración de principios y se comprometieron a trabajar juntas con el propósito de incidir en la promoción y defensa del derecho humano a la educación inclusiva en Uruguay.
Las organizaciones, que conforman el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva (#GTEI), se comprometieron a aunar esfuerzos para generar cambios sociales para todas las personas que viven situaciones de discriminación por motivos de discapacidad.
“Todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen el derecho humano a asistir a centros educativos comunes”, sostiene el #GTEI en su declaración de principios. Para ello, el sistema educativo uruguayo debe realizar “profundos cambios a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en todos los niveles”.
Con este objetivo, las organizaciones se comprometieron a trabajar para incidir en la eliminación de “los obstáculos y barreras que impiden la participación efectiva de las personas con discapacidad en el sistema educativo común”.
“Un sistema educativo es inclusivo cuando valora y celebra la diversidad del alumnado, contempla sus necesidades y características individuales, y promueve el desarrollo pleno del potencial humano y sus capacidades”, señalan.
Recuerdan que a través de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por Uruguay, la Ley N° 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad y la Ley General de Educación N°18.437, el Estado uruguayo está obligado a trabajar en este sentido.
Sin embargo, aún persisten muchos desafíos para que la educación inclusiva sea un hecho. Las organizaciones sostienen que es fundamental asegurar la inclusión efectiva de todas las personas con discapacidad en el sistema educativo común público y privado, formal y no formal, en la medida que “trae importantes beneficios para toda la comunidad educativa, y fomenta la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en su ciclo de vida”.
Finalmente, las instituciones y organizaciones firmantes de la Declaración de Principios señalan que trabajarán para promover el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad: “Queremos que el derecho sea un hecho”.
El #GTEI es coordinado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). Adhirieron a la declaración de principios: Amnistía Internacional – Uruguay, el Comité de los Derechos del Niño/a – Uruguay, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Uruguay, Federación Autismo Uruguay, Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Infancia Adolescencia Ciudadana, Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.
Seguinos en Facebook: GTEducaciónInclusiva
Declaración de Principios #GTEI
Mar 9, 2015
Una comisión asesora del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) presentó un documento con las líneas estratégicas para la construcción de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. El texto incorpora los planteos realizados por CAinfo junto a otras organizaciones sobre la necesidad de trabajar con un enfoque de educación inclusiva y mejorar la formación docente para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad.
Uruguay se encuentra en la discusión de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, un conjunto de lineamientos estratégicos y políticas públicas orientadas a incluir los Derechos Humanos como componente transversal y sustancial en todos los niveles de la enseñanza del país.
La educación sobre, por medio, y para los derechos humanos es el principal objetivo de este plan, cuyas bases fueron presentadas por la Comisión Nacional de Educación en Derechos Humanos, asesora del SNEP (ver documento) el pasado miércoles 25 de febrero.
En el proceso de consulta para la elaboración de las bases, CAinfo junto a la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP) y Federación Autismo Uruguay (FAU) señalaron a la comisión la necesidad de desarrollar una perspectiva inclusiva que garantice los derechos de las personas con discapacidad.
Las organizaciones plantearon la necesidad de instrumentar “instancias de capacitación a autoridades educativas y personas en formación docente en todos los niveles educativos” e “instancias de sensibilización y formación” con activa participación de la comunidad educativa, las organizaciones sociales y los grupos técnicos especializados en el trabajo con esta población.
CAinfo, FUAP y FAU resaltaron el compromiso asumido en esta materia por el Estado Uruguayo tras la ratificación en el año 2009 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). (Ver propuestas presentadas por las organizaciones).
Precisamente, el documento presentado por la Comisión Nacional de Educación en Derechos Humanos días atrás plantea la necesidad de “incorporar la formación para la educación inclusiva en la currícula básica de la formación de educadores, garantizando una adecuada formación en torno al concepto de discapacidad a la luz de la CDPD”.
Asimismo, la comisión hace hincapié en la necesidad de “avanzar hacia un modelo de centros educativos inclusivos, que favorezcan el encuentro de grupos y colectivos sociales diversos y abiertos a la comunidad y al territorio”.
Finalmente recomienda “adecuar la normativa de rango infralegal a efectos de asegurar la efectiva implementación del principio de no discriminación en el proceso de admisión e inclusión de las personas con discapacidad, a lo largo de toda su trayectoria educativa en todos los niveles y subsectores de la enseñanza”.
En la presentación de las bases, los integrantes de la Comisión destacaron que el documento es un insumo para seguir trabajando en un proceso de deliberación lo más participativo posible que afiance la posibilidad de la construcción de políticas públicas y del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos como tal.
A partir de ahora se abre un proceso consultivo que prevé la realización de cuatro instancias regionales presenciales de debate, en distintos puntos del país y diversas modalidades de debate descentralizado. A partir de los resultados del debate se acordará el marco y las propuestas concretas del Plan.
Más información.
1. Integrada por Fernando Willat y Fernanda Blanco del Ministerio de Educación y Cultura, Luján Criado y Margarita Navarrete de la Universidad de la República, y Martín Prats y Mariángeles Caneiro de la Administración Nacional de Educación Pública.
Dic 22, 2014
22 de diciembre de 2014
Luego de casi 80 años sin que el país tuviera oportunidad de discutir integralmente un Código Penal, hace 4 años el parlamento uruguayo tiene a estudio un proyecto de ley. Múltiples han sido las esperanzas depositadas en esa discusión, oportunidad única para que el Uruguay, respetuoso de los derechos humanos, diera un paso más.
Durante muchos años las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales de derechos humanos vienen señalando graves falencias en el derecho penal uruguayo. Entre ellas cabe destacar que es el único país de América Latina que mantiene los delitos sexuales bajo el titulo «Delitos contra las Buenas Costumbres y el Orden de Familia» , la necesidad de mejorar la tipificación del delito de tortura o tipificar las distintas formas de violencias hacia las mujeres, consagrando por ejemplo el delito de femicidio.
El propio Estado ha señalado en distintos informes país a organismos internacionales la necesidad de reformular las normas penales y se ha comprometido a hacerlo en la reforma penal a estudio.
Oportunamente se presentaron importantes aportes presentados a la comisión parlamentaria, pero todas esas voces que señalaban la necesidad de que el Estado Uruguayo avance no han sido suficientes para que la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes[1] haya entendido la importancia del tema, ya que ha decidido hacer oídos sordos a las recomendaciones provenientes del ámbito nacional y a los compromisos asumidos en Convenciones y tratados internacionales. Esta forma de proceder hace pensar que las instancias de participación fueron utilizadas para legitimar el accionar de la Comisión pero no para atender las recomendaciones debidamente fundadas.
Este nuevo proyecto de Código Penal no sólo está muy lejos de consagrar nuevas figuras penales que atiendan la realidad uruguaya, sino que implica un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado.
Hay retroceso en todo lo relativo a los delitos sexuales como la explotación sexual de niños/as y adolescentes o proxenetismo.
Banaliza los delitos sexuales que no implican penetración, denominándolos delitos contra el pudor y reduciendo la pena de forma que permita la excarcelación, siendo este tipo de conductas muy frecuentes en mujeres y las más utilizadas contra niñas, niños y adolescentes.
Restringe la penalización vigente de la contribución de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a los casos en que se prueba la obtención de lucro o ganancia por parte del intermediario, siendo que toda forma de utilización de niños en el comercio sexual, aún sin la obtención de lucro, vulnera los derechos humanos. Adopta así las posturas defensoras de los intermediarios y facilitadores de la explotación sexual.
Reduce los “delitos contra la humanidad” a la clonación y manipulación genética omitiendo los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad aprobados por Ley N° 18.026, no incorpora la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en los términos recomendados por los órganos de vigilancia de los tratados., ni los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes de la Ley N°18.250.
Desconoce los derechos reproductivos de las mujeres en tanto derechos humanos, como fue reconocido en la Ley N° 18.426 de 2008, pero además introduce como bien jurídico “la vida prenatal” incorporando la protección de la misma en el título del capítulo relativo al aborto.
Tampoco se incluye lo relacionado a la vulneración de derechos frente a la esterilización y la inseminación forzada, ni ante el incumplimiento en los casos previstos en la normativa sobre fertilización asistida (Ley N° 19.167).
Limita el delito de violencia doméstica a la cometida en el “ámbito familiar”, excluyendo las relaciones de noviazgo y otras modalidades de relaciones afectivas y elimina las agravantes en casos de mujeres, niños/as y adolescentes.
En definitiva conserva una raíz androcéntrica y patriarcal que contribuye a la reproducción de las desigualdades y no respeta los derechos humanos.
La ciudadanía uruguaya, no merece que se apruebe un nuevo Código Penal tan controversial y retardatario, a tapa cerrada, en estas fechas y como culminación de una Legislatura.
Por este motivo las organizaciones abajo firmantes exhortamos a los/as parlamentarios/as a que NO VOTEN este proyecto y retomen discusiones serias y abiertas para lograr un Código Penal que realmente garantice los derechos de todas las personas.
Amnistía Internacional Uruguay
Accionar entre Mujeres Guyunusa
Asociación Uruguaya de Libres Pensadores (AULP)
Asociación Civil 20 de Setiembre
Asociación Civil Trazos
Casa de la Mujer de la Costa
Cns Mujeres
Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo)
Centro Interdisciplinario Caminos
Centro Interdisciplinario Aire.uy
Consumidores y Usuarios Asociados (CUA)
Consumidores en red de confianza (REDCON)
Ciudadanías en Red (Cire)
Cladem Uruguay
Comisión Directiva del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay «Dra. Adela Reta» CIEPUR
Cotidiano Mujer
Colectivo Apostasía
Coordinadora Nacional Afrodescendiente
Colectiva Mujeres
El Abrojo
El Paso
Elbio Laxalte Terra (Portavoz de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento – AILP))
Grupo de Derecho y Género, Facultad de Derecho, UDELAR
Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI)
Iniciativas Sanitarias
Instituto Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, UdelaR
Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur
Programa Género y Cultura de FLACSO Uruguay
Programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades (Instituto Psicología de la Salud, Facultad de Psicología, UdelaR)
Mujer Ahora
Mujeres por la Paz
Mujeres en el Horno
Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)
Red Canarias en Movimiento
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas Caribe y Diaspora
Revista de Derecho Penal
Servicio Paz y Justicia (Serpaj)
Sexur
Contactos de prensa:
Diana González Perrett: 099 622 225
Lilián Abracinskas: 099 116 665
