Nov 7, 2019
Cainfo saluda la decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno que revocó esta semana la sentencia de la jueza Dolores Sánchez, quien había accedido al pedido de derecho de respuesta planteado por Antonio Romanelli, obligando a tres medios de comunicación a publicar una carta del ex-militar e integrante de Cabildo Abierto.
El militar retirado accionó
contra el diario La República, Montevideo Portal y Radio Uruguay debido a que
publicaron una carta de ex presos políticos en la que acusaron a Romanelli,
asesor de seguridad del candidato a presidente Guido Manini Ríos, de ser
responsable por la aplicación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como
guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979.
La jueza Sánchez hizo lugar al pedido y los tres medios apelaron la
decisión.
El martes 4 de noviembre, el
Tribunal compuesto por Luis Charles, Angel Cal y Gabriela Merialdo, revocó la
sentencia de Sánchez ya que no se constató que de parte de los medios hubo
“intención de dañar al denunciante en su persona ni en sus actividades”. “Se
trata de información dada sobre el ejercicio de su función, muchos años atrás
en el desempeño de la misma”.
A continuación, dejamos el link para poder descargar la resolución del Tribunal por entender que con esta sentencia se defendió el derecho a la libertad de expresión.
https://wp.me/a49IEw-16j
Oct 1, 2019
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa su preocupación por la decisión de la jueza Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 42 Turno, Dolores Sánchez, de amparar el derecho de respuesta reclamado por Antonio Romanelli y obligar a tres medios de comunicación a publicar una carta del ex-militar e integrante de Cabildo Abierto.
El militar retirado accionó contra el diario La República, Montevideo
Portal y Radio Uruguay porque publicaron una carta de ex presos en la que acusaron
a Romanelli, asesor de seguridad del candidato a presidente Guido Manini Ríos,
de ser responsable por la aplicación de tortura sicológica cuando se
desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979.
Romanelli pretende que se publique una carta en la que rechaza las
acusaciones y asegura que las requisas que se hacían a los reclusos durante la
dictadura se realizaban “con respeto”. Agregó que la conducta de los
funcionarios era “firme” pero “rígida”.
Los tres medios rechazaron publicar esta carta y en su lugar se ofreció
hacer una entrevista a Romanelli, quien se negó ya que considera que no
debe haber “debate”.
En su sentencia, la jueza Sánchez sostuvo que, si los medios de
comunicación demandados ofrecen una entrevista, deben aceptar el derecho de
respuesta. “No logro comprender el fundamento de la negativa a publicar la
respuesta del actor, pero sí efectuarle una entrevista o haberlo intentado
comunicándose con allegados para que lo hiciera. Por eso, reitero no hay
diferencia conceptual entre las partes sobre el derecho de respuesta para que
el accionante dé a conocer su versión de los hechos públicamente en los medios
que dieron a conocer la versión de los ex presos políticos en hecho que lo
tienen como actor”, sostiene Sánchez.
Cainfo expresa su preocupación por esta conclusión de la jueza Sánchez.
Es claro que una entrevista y publicar una carta por derecho de respuesta no
son lo mismo. El fundamento de este argumento lo explicó el relator especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Edison Lanza.
En una entrevista con Sudestada, Lanza dijo que en este caso Romanelli
decidió “buscar una vía judicial oblicua para utilizar el derecho de respuesta
como sanción” a los medios de comunicación, que es el aspecto “más riesgoso del
fallo» de la jueza Dolores Sánchez.
Según el especialista, el derecho de respuesta «es un instrumento
que afecta el derecho a la libertad de expresión porque ésta incluye tanto el
derecho a expresarse como a permanecer en silencio y en este caso se obliga a
los medios a publicar».
En opinión de CAinfo, con esta sentencia, la jueza Sánchez impone el
discurso de una persona pública a los medios sin la posibilidad de un debate
sobre un tema de notorio interés público, lo que es un pésimo antecedente y
afecta la libertad de expresión.
CAinfo respalda la decisión de los tres medios de comunicación de apelar la decisión y espera que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión de Sánchez.
Sep 26, 2019
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública repudia el inicio de procesos judiciales contra varios medios de comunicación por parte del Partido Cabildo Abierto, que encabeza el candidato presidencial Guido Manini Ríos.
El motivo de las denuncias es la publicación de la acusación realizada por un colectivo de expresos políticos durante la dictadura contra Antonio Romanelli, asesor de seguridad de Manini. Los ex detenidos le atribuyen a Romanelli, mediante una carta pública, la aplicación de tortura sicológica cuando se desempeñaba como guardia en el Penal de Libertad entre los años 1978 y 1979.
Según la citación judicial que llegó al diario La República, Radio Uruguay y Montevideo Portal cita a una audiencia que se realizará este jueves a las 14.30 horas en el juzgado penal de 42° Turno, en la calle Juan Carlos Gómez 1236, a cargo de la jueza Dolores Sánchez.
Para CAinfo este tipo de actitudes atenta contra la libertad de expresión, y buscan limitar el legítimo derecho de informar de los medios de comunicación y de los ciudadanos de acceder a noticias de interés público en un contexto de campaña electoral.
Recuerda, asimismo, que como señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el inicio de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación puede generar un efecto de amedrentamiento contra todo el sistema informativo, generando limitaciones a la libre circulación de informaciones y opiniones, lo cual es imprescindible para un régimen democrático.
Sep 23, 2019
El viernes 20 de setiembre se realizó en el Parlamento un
conversatorio sobre la posible regulación de las grandes plataformas sin que
ello afecte la libertad de expresión en internet.
El evento fue impulsado por CAinfo y Observacom, y participaron representantes de distintas organizaciones, sociales y públicas, que realizaron aportes y plantearon dudas respecto al alcance de un documento que propone un camino de regulación en el que la moderación de contenidos de terceros sea compatible con los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Se propone que mediante este mecanismo se proteja el derecho a la libertad de expresión, se garantice una Internet libre y abierta, y se impulse una iniciativa regional que haga frente a los intentos de regulación estatal que pueden llevar a que las plataformas actúen como policías privadas. La presentación del documento estuvo a cargo de Gustavo Gómez, director de Observacom, la que compartimos a continuación.
Sep 10, 2019
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ve
con preocupación la decisión del Senado de no aprobar este martes 10 el
proyecto de ley que regula la publicidad oficial, y regresarlo a comisión para
su análisis.
Esta decisión, se tomó ante la falta de consenso entre los partidos en el Senado, a pesar
de que el proyecto original contó con el apoyo de los diputados del Frente
Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente,
que en agosto de 2015 pusieron su firma para que la iniciativa fuera discutida.
En julio de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el texto con el apoyo de todos
los partidos.
Si bien varios senadores expresaron que harán lo posible para
aprobar una norma de este tipo, el hecho de que el domingo 15 se inicie el
receso parlamentario debido a las instancias electorales, hace poco probable
que exista el quórum necesario en ambas cámaras para la aprobación definitiva
del texto.
Este traspié no será, sin embargo, un obstáculo para que CAinfo,
junto a otras organizaciones de la sociedad civil insistan con una iniciativa
de este tipo. Y, si es necesario, volverá a plantear el tema en el próximo
período de gobierno.
CAinfo reitera que es imprescindible que el país tenga un marco
que regule la producción, planificación, contratación, distribución y
asignación de la publicidad oficial. Aprobar una norma de esta característica
es ineludible para cumplir con los estándares internacionales en materia de
libertad de expresión, permite tener procedimientos claros para la adjudicación
de la publicidad, hasta ahora asignada de forma discrecional. Además, la
iniciativa busca eliminar la discriminación que sufren los medios de
comunicación del interior del país que reciben un porcentaje ínfimo de avisos
oficiales.
El proyecto que impulsó CAinfo en su redacción original, recogió
recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que los Estados
deberían adoptar normas claras y transparentes para regular la publicidad
oficial, para evitar que ésta pueda ser utilizada para castigar o premiar a los
medios de comunicación.
En el texto se establece un régimen de contratación en
coordinación con las normas del TOCAF. Se describen además los principios y
procedimientos de contratación, y se prevé la obligatoriedad de destinar al
menos un 30% del monto total de la publicidad de alcance nacional a medios de
comunicación, programas o producciones periodistas que se realicen en el
interior del país.
Además
de CAinfo, esta iniciativa contó con el respaldo de entidades como la
Asociación de la Prensa Uruguaya, la Organización de la Prensa del Interior, la
Asociación de Radios del Interior y la Cámara Uruguaya de Televisión para
Abonados.
