El próximo miércoles 19 de agosto se llevará a cabo una jornada de trabajo con jueces, fiscales, defensores de oficio, periodistas y estudiantes de periodismo sobre el nuevo Código del Proceso Penal y su relación con el periodismo. El evento se realizará entre las 13 y las 17 horas en la Asociación de la Prensa Uruguaya, San José 1330 esquina Ejido.
El taller forma parte del programa de “Justicia e Inclusión” que ejecuta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República con el financiamiento de la Unión Europea, y está coordinado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
Entre los objetivos del programa se encuentra el de promover la mayor visibilidad y compromiso posible a la reforma procesal penal planteada por el Poder Ejecutivo, que fue sancionada por Parlamento Nacional en diciembre de 2014 y entrará en vigencia en 2017.
Los medios de comunicación juegan un papel central en el sistema democrático como vehículos de información y debate público. El sistema penal es una de las principales áreas de cobertura para muchos periodistas que trabajan en los medios de comunicación. En este contexto, los y las periodistas se convierten en reproductores principales del funcionamiento del sistema, así como en actores que eventualmente pueden acentuar sus inequidades y estereotipos.
El taller contará con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y CAinfo.
La iniciativa de CAinfo para regular la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial es proyecto de ley. Legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente firmaron ayer, lunes 10 de agosto, para darle trámite parlamentario.
Firmaron Alejandro Sánchez (Frente Amplio), Pablo Abdala (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) e Iván Posadas (Partido Independiente). El texto ingresó con una exposición de motivos única.
Allí los legisladores establecen que “en atención a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión y buena gobernanza, así como para promover un gasto más eficiente de los recursos públicos, resulta necesario aprobar una legislación específica que regule la distribución y asignación de publicidad oficial”.
La iniciativa de CAinfo se sustenta “en principios de publicidad y transparencia de los actos de gobierno, rendición de cuentas, no discriminación y máximo respeto a la libertad de expresión y de información”, señala la exposición de motivos.
Sobre la iniciativa
El artículo 2 considera que la publicidad oficial es una herramienta de los organismos públicos para informar, comunicar y explicar a través de los medios de comunicación social respecto a los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan. La información que transmita la publicidad oficial debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población.
El artículo 4 establece una serie de prohibiciones, como el uso de la publicidad oficial para presionar y castigar o premiar y privilegiar a comunicadores o medios; el uso para fines propagandísticos de los partidos políticos; o incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios políticos que ocupen cargos electivos o de particular confianza en las piezas publicitarias de los organismos públicos.
También prohíbe realizar publicidad oficial durante las campañas electorales, salvo la información emitida por las autoridades electorales en relación a la organización de las elecciones, o en caso de emergencias.
El artículo 6 señala que los organismos públicos tendrán la obligación de publicar en forma completa, permanente y actualizada en su página web diferente tipo de información, como monto presupuestal total destinado a publicidad en todas sus formas, plan de inversión publicitaria aprobado por el organismo y monto de inversión ejecutada.
También se exige transparencia del mercado. Todos los medios de comunicación que reciben publicidad oficial deberán publicar información detallada que dé debida cuenta de los montos y características de la pauta publicitaria oficial recibida, establece el artículo 7. De la misma forma, las agencias de publicidad y centrales de medios deberán publicar información detallada del destino efectivo de los dineros asignados por los organismos públicos contratantes.
El proyecto incluye los criterios y procedimientos que deben adoptarse para la asignación de la publicidad. El principio general para la asignación de publicidad oficial será el procedimiento de licitación pública (artículo 8), mientras que el artículo 9 establece que los criterios para la selección de los medios para difundir a pauta serán, en primer lugar, la relación entre información o campaña y la población objetivo, luego los medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría (atendiendo especialmente a los medios de exclusiva producción local) y, finalmente, el precio.
El artículo 10 establece que deberá destinarse al menos un 30% del monto total asignado de la publicidad oficial a medios de comunicación que estén radicados en localidades del interior cuando se trate de publicidad destinada al público general. En el artículo 11 se establece un fondo para la realización de encuestas y estudios tanto a nivel nacional como departamental, para contar con información suficiente y adecuada para una correcta asignación de la pauta oficial.
El informe del primer Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión de los periodistas en Uruguay será publicado este jueves 18 de junio por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). El reporte da cuenta del estado de situación durante el año 2014 y el primer trimestre de 2015 y presenta datos sobre distribución territorial de los episodios, nivel de gravedad, categorías, mes, departamento, responsable y cantidad de denuncias presentadas.
El monitoreo se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” que busca generar nuevas herramientas para la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia y de la puesta en línea de una plataforma digital para la recepción de denuncias, documentación y difusión de casos vinculados al ejercicio de este derecho por parte de los y las periodistas del país.
El relevamiento de la información se realizó durante ocho meses. Para su realización se contó con la contribución de una red de diez colaboradores en el interior del país, además de las filiales de APU en varios puntos del territorio. Asimismo un consultor realizó un relevamiento de denuncias publicadas en la prensa así como de los casos que terminaron tramitándose en el ámbito del Poder Judicial.
El derecho a la libertad de expresión cuenta en Uruguay de una amplia tutela convencional, constitucional y lega. Sin embargo, si bien el país ha incorporado los instrumentos en materia de libertad de expresión del Sistema Universal e Interamericano de protección de los Derechos Humanos, hasta el momento era uno de los pocos países de la región que no contaba con un monitoreo de cumplimiento de los estándares internacionales y regionales en esta materia, ya sea desde organismos oficiales o desde la sociedad civil organizada.
El trabajo fue coordinado por CAinfo y contó con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red de Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión (IFEX, por su sigla en inglés), una plataforma global de organizaciones comprometidas con la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión en todo el mundo. CAinfo forma parte de IFEX-ALC, la alianza regional de IFEX en América Latina y el Caribe que trabaja para mejorar el impacto en la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión y darle visibilidad a este derecho con el fin de repercutir en la ciudadanía, los periodistas, los medios de comunicación y las autoridades.
CAinfo junto a organizaciones de la sociedad civil de América Latina participará de una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre concentración de medios y libertad de expresión. La sesión podrá seguirse en vivo.
La audiencia, titulada “Libertad de expresión, diversidad, pluralismo y concentración de medios en América” se desarrollará en el marco del 154º Período de Sesiones de la CIDH y podrá seguirse en vivo el lunes 16 de marzo desde la hora 16:15 a través del siguiente enlace.
Contará con la participación del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Artículo 19, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), CAinfo, Colegio de Periodistas de Chile, Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Coletivo Brasil de Comunicação Social, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). También participarán representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Conferencia en Washington
Posteriormente, el martes 17 se desarrollará una conferencia sobre el impacto de la concentración de medios en la libertad de expresión y la democracia, organizada por OBSERVACOM. En esa instancia participarán Edison Lanza (relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH), Guilherme Canela (Consejero de Información y Comunicación de UNESCO), David Kaye (Relator Libertad de Expresión de ONU), junto a varias de las organizaciones que comparecerán a la audiencia temática del día 16.
El presidente de CAinfo, Martín Prats, intervendrá sobre la importancia y urgencia de la concentración de los medios en la agenda de libertad de expresión. Vea el programa.
La Jueza letrada de lo Contencioso Administrativo de primer turno, María Isabel Vaccaro, citó a una audiencia para este jueves 12 a la hora 14:15 a efectos sustanciar la acción de acceso a la información pública presentada para que el Ministerio del Interior entregue información sobre el sistema de vigilancia electrónica El Guardián.
La acción fue presentada el pasado lunes 9 por la directora ejecutiva de CAinfo, Tania da Rosa, luego que el Ministerio del Interior no respondiera una solicitud de acceso a la información formulada en octubre.
El Poder Legislativo aprobó este martes el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que entrará en vigencia en enero de 2017. Entre los cambios que introduce la normativa está la oralidad y publicidad de los juicios penales, la adopción de un modelo procesal acusatorio en lugar del actual inquisitivo y el cambio de roles que impone a jueces y fiscales.
“Consideramos que este nuevo CPP aportará mayor transparencia, acelerará los tiempos del proceso, aumentará el nivel de confianza y elevará los estándares en el respeto de los Derechos Humanos”, estimó el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak durante una jornada de trabajo con jueces, fiscales y periodistas realizadad el pasado jueves 4. La actividad fue organizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia y forma parte del Programa Justicia e Inclusión que financia la Unión Europea, y fue coordinada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo). Entre los objetivos del programa se encuentra el de promover la mayor visibilidad y compromiso posible a la reforma procesal penal planteada por el Poder Ejecutivo.
El actual CPP establece que es el juez quién investiga, reúne pruebas, procesa, hace el sumario, dirige el plenario, sentencia y vigila la ejecución de la condena. Según el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, hay un consenso entre los especialistas en que el actual diseño del sistema es “inquisitivo, ineficaz y fundamentalmente no otorga garantías para ninguna de las partes. A las víctimas no se las trata de forma adecuada y a los victimarios no se le otorgan las garantías necesarias al tiempo que se mantiene sobre ellos una altísima selectividad sobre las personas jóvenes, pobres y con escaso nivel cultural”. “Si Uruguay fuera demandado por su proceso penal ante la CIDH perdería trece a cero”, indicó.
De acuerdo con el nuevo CPP, el juez se dedicará exclusivamente a juzgar y no podrá proponer pruebas mientras que el fiscal será quién dirigirá la investigación.
Gerardo Siri, Coordinador General de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, defendió el pasaje de «un modelo que implicaba cierta clausura, cerrado, del Poder Judicial», a uno abierto y auspiciado o empujado por los medios de comunicación. A su vez, Siri destacó la importancia del programa “Justicia e Inclusión” (OPP-UE) cuyo objetivo es vigilar el proceso de las personas privadas de libertad (adultos y menores) y que son abarcados por entes y servicios, poderes del Estado y distintos organismos.
«Los derechos se materializan a través de los procesos judiciales y la mejora de la Justicia», declaró Juan Fernández Trigo, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. El representante europeo señaló que el código apunta a una mayor participación y subrayó la importancia de conocer la percepción que tiene la población sobre la Justicia.
En la actividad estuvieron presentes el Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, Embajador Juan Fernández Trigo; el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Dr. Jorge Chediak; el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Dr. Jorge Díaz; el Coordinador General de la OPP Dr. Gerardo Siri; y el director del Centro de Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) y ex relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA Dr. Eduardo Bertoni.
Mesa inaugural
Taller 1: El nuevo Código del Proceso Penal
Taller 2: El periodismo y la relación con la Justicia
