Nov 7, 2014
Washington, D.C., 3 de noviembre de 2014. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Jesús Antonio Gamboa Urías quien se encontraba desaparecido desde la noche del 10 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de octubre en Ahome, estado de Sinaloa, México. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo.
De acuerdo con la información recibida, el cuerpo del periodista habría sido encontrado luego de que las autoridades detuvieran a los presuntos asesinos quienes habrían utilizado la tarjeta bancaria del comunicador. Los sospechosos habrían informado a las autoridades de la ubicación del cuerpo. Gamboa Urías era el director de la revista política Nueva Prensa, desde donde abordaba temas relacionados con corrupción y política local. El periodista había sido visto por última vez cerca de la medianoche del 10 de octubre en un negocio de uno de sus hermanos.
La Relatoría Especial toma nota de las acciones emprendidas por las autoridades a través de las cuales, se habría logrado la captura de personas presuntamente vinculadas al asesinato. No obstante, exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen habría podido estar asociado con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la víctima.
Asimismo, la Relatoría Especial manifiesta su condena por el asesinato de la twittera @Miut3 presuntamente por parte del crimen organizado. La comunicadora divulgaba en su cuenta de Twitter información relacionada con temas de seguridad pública en el municipio de Reynosa, estado de Tamaulipas y colaboraba con la página Valor por Tamaulipas. Según lo informado, el 16 de octubre en su cuenta de Twitter se habría publicado la foto de una mujer asesinada junto a mensajes en los que invitaban a sus seguidores a cerrar sus cuentas y a no arriesgar su vida. La cuenta de Twitter fue suspendida.
Los mensajes también habrían señalado que María del Rosario Fuentes Rubio sería la presunta identidad de la twittera. Fuentes Rubio, médica de profesión, había sido reportada como desaparecida por un familiar quien habría señalado que el 15 de octubre personas armadas no identificadas la habrían interceptado afuera de una empresa en el municipio de Reynosa. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo.
El Estado informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió averiguación previa sobre la desaparición de Fuentes Rubio.
La situación de violencia contra los y las periodistas y personas que hacen uso de los medios digitales en México ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina. Con estos crímenes, asciende a ocho el número de los y las comunicadoras/os asesinadas/os en México durante 2014. En 2013, la Relatoría reportó tres asesinatos de comunicadores.
De la misma manera, la Relatoría Especial considera que es fundamental evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de tal forma que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, considera esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Oct 23, 2014
La Coalición por una comunicación democrática de Uruguay expresa su solidaridad, con el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPPP) y las organizaciones sociales y de derechos humanos de Paraguay, ante el asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en Curuguaty, víctima de un atentado. En el atentado también murió la joven Antonia Almada de 19 años quien no fue auxiliada en tiempo y forma para salvar su vida según denuncia el SPP.
El asesinato por encargo de un periodista, es un atentado a los más básicos derechos humanos y representa una alarmante peligro para las libertades democráticas. Desde Uruguay expresamos la preocupación y el repudio de estos actos y nos ponemos a disposición de las organizaciones sociales para coordinar otras acciones de solidaridad.
Oct 22, 2014
Unas 130 organizaciones sociales presentaron una petición ante la Asamblea General del Parlamento reclamando en el marco de las actuales previsiones de la Constitución de la República la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en el proceso de elección de ministros/as de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La petición a la que adhirió CAinfo fue presentada este lunes 20 de octubre. Las organizaciones advierten que un proceso como este, tan trascendente para la independencia judicial, se trata como un asunto meramente administrativo en el ámbito parlamentario y se realiza de principio a fin a espaldas de la ciudadanía.
“No se fundamenta, no se discute, ni hay intervenciones o informes de comisiones que argumenten sustancialmente la razón y motivos para la elección de la persona designada”, denuncia el petitorio. Las organizaciones denuncian que este proceso, que resulta en la elección de los ministros/as de la SCJ, está rodeado de un secretismo inaceptable.
La petición cobra particular importancia en un contexto donde en los próximos ocho meses deberá renovarse la mayoría de integrantes de la SCJ (1). Habilitar un proceso participativo posibilitaría que “por primera vez en la historia nacional el proceso parlamentario que antecede al acto de designación adquiera características diferentes a las que tradicionalmente se han practicado”, señala la petición.
En conferencia de prensa citada para difundir la acción, las organizaciones hicieron hincapié en que el proceso de elección y posterior designación de los y las integrantes de la SCJ no debe quedar en manos de la negociación política, sino obedecer a criterios claros, objetivos y transparentes.
Señalaron además la baja representatividad que han tenido las mujeres en la integración de la Corte: de las 76 personas que ocuparon el cargo de ministro/a desde 1907 hasta la fecha, 73 fueron hombres y sólo 3 mujeres. Asimismo, de las 76 personas, sólo 2 no provenían de la carrera judicial.
Las organizaciones peticionaron la creación de una comisión parlamentaria bicameral que tenga a su cargo la recepción de las propuestas de personas que aspiran a ocupar el cargo de Ministro/a de la SCJ.
De acuerdo a la propuesta, esta comisión debería dar a conocer a la ciudadanía el listado de candidatos y datos de interés como su currículum, y proceder a estudiar y evaluar sus méritos. Para la evaluación recibiría la opinión fundada de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, operadores jurídicos calificados y de la sociedad civil organizada.
En base a todos estos elementos, la Comisión debería elaborar los informes de síntesis y conclusiones a que se arribe y los elevaría a la Asamblea General para el acto formal de designación, de acuerdo a las previsiones constitucionales.
De acuerdo a la acción colectiva planteada, toda la información, datos y documentos que se manejen durante el proceso de elección, incluidas las versiones taquigráficas de la Comisión Especial Bicameral deberían ser de fácil acceso a la ciudadanía.
(1) Las vacantes se darán de acuerdo al siguiente cronograma: Dr. Julio César Chalar Vecchio termina su mandato el 5 de noviembre de 2014, Dr. Ricardo C. Pérez Manrique el 17 de mayo de 2015 y Dr. Jorge Ruibal Pino el 6 de junio de 2015.
Vea el petitorio y listado de organizaciones firmantes.
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Oct 17, 2014
Este lunes 20 de octubre se presentará ante la Asamblea General del Parlamento una petición firmada por más de 130 organizaciones sociales reclamando mayor transparencia, participación y rendición de cuentas en el proceso de elección de los ministros/as de la Suprema Corte de Justicia.
Ese mismo día, lunes 20, a la hora 11, las organizaciones brindarán una conferencia de prensa en la sede de APU (San José 1330 esquina Ejido).
Oct 15, 2014
Estamos lanzando una encuesta dirigida a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) uruguayas para saber en qué medida conocen y usan la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (ley n° 18.381) en su trabajo cotidiano.
También nos interesa recoger información sobre aquellas organizaciones que no conocen ni han utilizado la ley, para ver de qué manera podemos contribuir con ellas. La información recolectemos será procesada en forma anónima.
Llenar el formulario de la encuesta no toma más que unos minutos y sus aportes nos servirán para conocer el estado de situación y la experiencia de las organizaciones en el ejercicio de solicitar información a los organismos públicos.
Aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en participar, pueden responder el siguiente cuestionario:
Si no ven correctamente la encuesta ingrese aquí.
Oct 6, 2014
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (FUAP), la Federación Autismo Uruguay (FAU) y de la Sub-Comisión de educación de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD) comenzaron una ronda de reuniones con los candidatos a presidente y sus equipos de campaña de los partidos con representación parlamentaria.
Los encuentros se enmarcan en una serie de acciones de incidencia para visibilizar la necesidad de que el nuevo gobierno y parlamento que resulte de las próximas elecciones nacionales avance en la construcción de un Plan Nacional sobre Educación Inclusiva, que garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación.
Las organizaciones realizarán un llamamiento a que los partidos se comprometan a trabajar hacia el diseño e implementación de este Plan. CAinfo, FUAP y FAU vienen trabajando en conjunto desde 2012 para superar la problemática que enfrentan las personas con discapacidad a la hora de ejercer su derecho a la educación. La iniciativa se enmarca en el proyecto “Promoviendo el derecho a la educación inclusiva a través del acceso a la información pública” que cuenta con el apoyo de Open Society Foundation.
Particularmente las organizaciones manifestarán sus preocupaciones en relación a:
- la escasa disponibilidad de información estadística de calidad sobre el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad;
- la necesidad de garantizar una formación docente adecuada en el área de la discapacidad y la necesidad de que dicha formación sea parte de la curricula de formación básica de maestros y profesores;
- la importancia de garantizar la disponibilidad de apoyos especiales, la adaptación curricular y la disponibilidad de centros educativos accesibles tanto física como comunicacionalmente;
- la necesidad de reglamentar el ingreso de acompañantes pedagógicos y/o personales tanto en la educación pública como en la privada y que dichos acompañantes pedagógicos formen parte del staff docente del centro de estudio;
- la conveniencia de adoptar un Protocolo de Acceso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación común que comprenda los niveles de Primaria, Secundaria y UTU.
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