Nov 24, 2016
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) manifiesta su repudio a la amenaza que el comandante en Jefe de la Armada, almirante Leonardo Ramos, le realizó al matutino La Diaria ante la publicación de una columna de humor que lo menciona.
En la edición del día 16 de noviembre, en la sección humorística “El Faro del fin del mundo”, se publicó una nota titulada “Armada presentaría una ley que se adecue a las nuevas realidades: Dará impunidad a cualquier Oficial de la Marina que robe”.
El martes 22 un abogado de la Armada entregó en la redacción de La Diaria una carta firmada por el comandante Alonso en la que acusa al medio de “agraviar” a su persona por publicar “palabras y frases que nunca mencioné y que por lo tanto son falaces”. “Resultan un insulto a la Institución Armada Nacional”, añadió el militar. Si bien el oficial menciona “el sesgo humorístico” del artículo publicado por el matutino, añade que eso no tiene nada que ver con “mentir o pretender mancillar el honor e integridad de las personas, sin ningún tipo de fundamento”.
“De contar usted con documentos o pruebas que demuestren lo manifestado en su mendaz artículo, desde el día que asumí el cargo del Comandante en Jefe de la Armada, lo intimo a presentarlas públicamente o ante el juzgado penal que corresponda”, escribe Alonso. Posteriormente advierte que se reserva el derecho de iniciar “acciones” si esto no sucede.
La carta enviada por el Comandante en Jefe de la Armada implica una amenaza grave a la libertad de expresión y recuerda los tiempos en que los militares ejercían el poder sin estar subordinados a autoridades civiles y democráticas.
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que toda sociedad democrática, tal como señala la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión¹ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su artículo 1:
“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
La CIDH aclara que “El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole”, entre las cuales se incluyen las expresiones humorísticas o la sátira política.
La Comisión ha señalado que “la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático”. Además, la CIDH ha destacado que cuando las manifestaciones cuestionadas se refieren a hechos de interés público o de índole política “la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos” y aclara que “El concepto juicio de valor también incluye la expresión humorística o satírica”.
CAinfo incluirá este caso en su monitoreo anual de amenazas a la libertad de expresión que realiza junto a la Asociación de la Prensa Uruguaya con el apoyo de la red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) y reclama una condena pública de esta amenaza por parte de los mandos superiores del comandante en Jefe de la Armada, como son el ministro de Defensa Nacional o el Presidente de la República.
Foto portada: La diaria / Federico Gutiérrez
1- Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://bit.ly/2fls1iP)
Nov 22, 2016
El Centro de Acceso y Archivos a la información pública (CAinfo) y la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR) realizaron el lunes 14 de noviembre un conversatorio sobre Derechos Humanos en Internet.
Internet representa una herramienta fundamental para el ejercicio de los Derechos. Sin embargo, el desarrollo de políticas y regulaciones no siempre tiene en cuenta esta vital característica.
En la apertura del evento participaron Rafael Sanseviero de FESUR y Lucila Carbajal de CAinfo.
Rafael Sanseviero valoró la importancia del conversatorio en tanto da la posibilidad de “poner en debate lo que hoy son las tensiones de la democracia”, particularmente en el campo de Internet.
Sanseviero consideró que “es difícil identificar los balances de poder en Internet, puesto que es un debate que todavía no se ha consolidado”.
Por último, advirtió que “el proceso de reconocimiento de los derechos humanos siempre es posterior a los desbalances de poder. Por eso es importante ver dónde están las necesidades”.
La jornada contó con la exposición de tres expertos: Matías Jackson de CAinfo, Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE; y Fabricio ScrolliniScrolini de DATA Uruguay.
Matías Jackson valoró la importancia del encuentro en tanto es importante entender “cómo pensamos internet no solo desde el punto de vista del Estado sino de la sociedad civil”.
Jackson consideró que para empezar a entender el campo de los derechos humanos en internet es necesario hacer un mapeo del ecosistema que permita visualizar quiénes toman las decisiones: “La gobernanza de internet es importante para entender los mecanismos por los cuales se toman las decisiones”.
Jackson enumeró además una serie de principios sobre los que está diseñada internet (llamados “principios arquitectónicos”) y que marcan fuertemente cómo se juegan los derechos en la red. Estos son:
- Principio de Apertura: Internet se basa en una serie de estándares y protocolos que son transparentes.
- Principio de Acceso: cualquiera que tenga un dispositivo que pueda conectarse a internet puede formar parte de la red. “Basta la conexión a la red para que ese dispositivo pueda conversar con otras computadoras”, señaló Jackson.
- Principio de Redundancia: Internet es una red que no está centralizada en un solo lugar.
- Principio de Extremo a extremo: el emisario y el receptor, pero no la red, son los que toman las decisiones. De este último principio es que se deriva el concepto de Neutralidad en la red. Este concepto implica que los datos que circulan a través de la red deben moverse de manera imparcial, sin tener en cuenta el contenido, destino u origen.
Por su parte, Agustina Del Campo del CELE, se centró en el derecho de libertad de expresión en Internet. Del Campo recordó que este derecho tiene una dimensión social y otra individual, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que tiene un rol fundamental en la sociedad democrática.
Dentro del tema de libertad de expresión en Internet, Del Campo planteó la necesidad de debatir cómo se regula la remoción de contenidos. “Cuándo puede removerse contenidos, en qué circunstancias, quién lo determina, por cuánto tiempo”.
En este sentido, Agustina Del Campo planteó de se debe dar un debate acerca de la responsabilidad en Internet cuando algún derecho se ve violentado: “¿debe irse contra la persona que produjo el contenido, contra la persona que los tiene en línea, contra la persona que lo replicó o contra la persona que los indexa?”, se preguntó.
A modo de respuesta, Agustina del Campo consideró que hay que tener en cuenta los principios del sistema interamericano al momento de abordar estas cuestiones. En este sentido, el principio que tiene que regir es el de “responsabilidades ulteriores” y, además, “no se debe establecer una presunción de daño por la naturaleza del medio en el cual el daño se produce”.
Por último, Agustina del Campo recomendó pensar herramientas alternativas, como el derecho a rectificación y respuesta, para compensar los derechos de aquellas personas que puedan haberse visto vulneradas por determinadas expresiones. “Internet ofrece un medio como nunca antes había existido para ofrecer la réplica, la rectificación y la respuesta”, puntualizó.
Por su parte, Fabrizio Scrollini de DATA Uruguay, centró su exposición a la vigilancia de las comunicaciones en internet. Scrollini puntualizó que hay distintos tipos de espionaje: se realiza espionaje entre Estados, espionaje del sector privado, sobre la sociedad civil y vigilancia de comunicación en poblaciones, grupos e individuos.
Scrollini consideró que la vigilancia puede responder a una necesidad legítima del Estado de resguardar la seguridad, pero estas prácticas tienen que venir acompañadas de un marco claro y transparente
que dé garantías a los ciudadanos respecto a estos procedimientos y sus alcances.
Oct 4, 2016
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un un taller sobre Acceso a la información pública y gobierno abierto dirigido a jerarcas de los gobiernos departamentales.
El taller “Acceso a la información pública: herramientas para el desarrollo” se realizó el pasado lunes 26 de setiembre en el Centro de Formación de la Cooperación Española.
La actividad contó con más de 40 participantes, entre representantes de las distintas intendencias departamentales, así como otros jerarcas del gobierno, representantes de la academia y sociedad civil.
Acceso a la información pública: Avances y retos para fortalecer la implementación de la ley
La jornada se dividió en tres sesiones diferentes. La primera sesión propuso un análisis sobre avances y retos existentes para fortalecer la implementación de la Ley Nº 18.381 de Acceso a la Información Pública.
Participaron de la mesa el Dr. Gabriel Delpiazzo (Unidad de Acceso a la Información Pública), Dr. Martín Prats (CAinfo), Cecilia Rossel (Universidad Católica del Uruguay) y Pedro Cribari (Delegado de la Red de Gobierno Abierto). Moderó Tania da Rosa de CAinfo.
Delpiazzo hizo un balance positivo de la ley y sostuvo que en los últimos años creció el número de solicitudes de acceso a la información pública realizadas y que los organismos han ido designando paulatinamente referentes en materia de transparencia. “Hoy son 244 los referentes para promover relacionamiento directo con la ciudadanía», señaló.
La mesa prosiguió con un análisis de los participantes obstáculos que se presentan actualmente para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Allí se mencionó la necesidad de discutir aspectos como ampliar el alcance objetivo de la ley (actualmente las empresas públicas que funcionan en el derecho privado no están alcanzadas por la normativa), mejorar la política en materia de archivos, dotar de mayores potestades a la UAIP (el organismo encargado de hacer cumplir la normativa), la necesidad de precisar las cláusulas que establecen qué información es reservada, entre otros aspectos.
Transparencia Activa en Línea
La segunda sesión tuvo como objetivo promover la reflexión crítica en torno al estado de situación en materia de transparencia activa de los gobiernos departamentales a partir de los resultados arrojados por el último Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL).
El ITAeL es un instrumento elaborado por CAinfo e implementado junto a la Universidad Católica del Uruguay que busca medir el nivel de provisión de información de los organismos públicos en sus páginas web a partir de las obligaciones de transparencia activa que plantea la ley de acceso a la información pública.
Javier Pérez Seveso, coordinador del Índice por CAinfo sostuvo que promedio de cumplimiento de las Intendencias de las obligaciones legales de transparencia activa alcanzó un 39% en promedio. Este porcentaje, si bien significa un avance respecto a los años anteriores, se sigue considerando de nivel “bajo” según las categorías que establece el ITAeL.
La jornada prosigió con la exposición de representantes de las Intendencias de Canelones y Durazno que sobre buenas prácticas en materia de Transparencia Activa.
Por Canelones estuvieron Laura Monzo y Luciana Cabrera (Equipo de Planificación Estratégica de la Intendencia de Canelones) y por Tacuarembó expuso Raúl Vázquez (Equipo asesor de Gobierno Electrónico de la Intendencia de Tacuarembó).
Tras la presentación de los gobiernos departamentales, Paula Veronelli del PNUD y Matías Ponce de la Universidad Católica fueron los encargados de realizar comentarios.
Veronelli destacó que “si bien las realidades a nivel de los gobiernos subnacionales son diversas, conocer los aprendizajes y buenas prácticas de dos Intendencias, entendiendo los procesos que favorecieron su avance, pueden construir nuevas experiencias en las demás”,
Matías Ponce valoró la importancia de la mesa en el entendido que “la transparencia activa y pasiva se retroalimentan” y reflexionó sobre la necesidad discutir a futuro por qué los organismos que están más cerca de la gente como los gobiernos departamentales son los que están más comprometidos en materia de transparencia activa
La segunda sesión fue facilitada por la Directora Ejecutiva de CAinfo, Lucila Carbajal.
Proceso de Gobierno Abierto en Uruguay
En la última instancia de la jornada se desarrolló un conversatorio con el objetivo de realizar un análisis y reflexión crítica en torno al concepto de Gobierno Abierto y sus implicancias políticas, con énfasis en la gestión departamental. El primer módulo contó con la participación de Virginia Pardo (AGESIC), Lilián Celiberti (Cotidiano Mujer / RGA), Analía Berttoni (ICD) y Cristina Zurbriggen (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR).
Los expositores se centraron en comentar cómo se dio en Uruguay el proceso de gobierno abierto (que comenzó a partir de 2012 con el ingreso de nuestro país a la Alianza de Gobierno Abierto) y cómo se trabajó en conjunto desde AGESIC, sociedad civil y academia para generar compromisos en pilares de Transparencia, Participación y Colaboración.
Los participantes valoraron la importancia del proceso de consolidación del 3er. Plan Nacional de Gobierno Abierto que se viene discutiendo, donde se establecen unos 75 compromisos asumidos por 38 organismos estatales, con 271 metas específicas.
Por último, Juan Prada (de la Intendencia de Montevideo) y Juan Carlos Sandín (de la Intendencia de Rivera) expusieron experiencias en materia de gobierno abierto desarrolladas en sus gobiernos departamentales.
Sep 23, 2016
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes un conjunto de propuestas para mejorar el proyecto de ley sobre producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial.
El documento presentado a los legisladores recoge los principales comentarios y aportes de las numerosas audiencias que ha mantenido la Comisión con diferentes actores involucrados, a partir de lo cual sugiere al Parlamento mantener varios aspectos claves del proyecto presentado por CAinfo que han recibido fuerte respaldo social y empresarial, así como cambios a algunos artículos que recibieron observaciones críticas.
En opinión de CAinfo, surgen importantes acuerdos fundamentales, comenzando por compartir que estamos ante un problema de larga data en nuestro país que es necesario encauzar y resolver mediante una regulación legal específica, y que el actual proyecto de ley a estudio de la Comisión establece “reglas claras y precisas que permiten garantizar una mayor transparencia y evitar la discrecional en la asignación de la publicidad oficial”.
Asimismo, en las audiencias se destacó como positivo aspectos como el alcance en la definición de publicidad oficial, las limitaciones que se establecen en periodo electoral, la asignación de la pauta mediante criterios técnicos y no políticos, la exigencia de un piso mínimo para campañas que lleguen a todo el país mediante los medios instalados en el interior del mismo, entre otros.
Dentro de los aspectos que entiende deberían ser modificados o mejorados se propone cuidar las autonomías que garantiza la Constitución a los gobiernos departamentales. En ese sentido, CAinfo entiende que si bien la ley puede establecer criterios y principios generales para todos los organismos públicos, podría ser inconstitucional «definir procedimientos específicos o gastos que violen las autonomías departamentales».
Por otro lado, CAinfo entiende que las disposiciones que el proyecto de ley establece en su articulo 7 sobre transparencia en el mercado «deben alcanzar tanto a organismos públicos, como a las emisoras, prensa y otros soportes de comunicación, así como a las agencias de publicidad, centrales de medios y otros intermediarios que son claves en el proceso de otorgamiento de publicidad oficial», y comparte que sería mejor no crear nuevos organismos públicos para la aplicación de la ley, sino asignar “competencias diferenciadas de control y asesoramiento a organismos ya existentes”.
Además, CAinfo entiende necesario que se incluya a texto expreso que los medios comunitarios no podrán ser discriminados ni excluidos en la asignación de publicidad oficial, tanto en lo que tiene que ver con la distribución como con los fondos públicos creados para la promoción de la diversidad de medios de comunicación, los cuales deberían ser asignados en partes iguales a medios comerciales y comunitarios.
Vea el documento presentado a legisladores.
Sep 16, 2016
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR).
El texto firmado el 29 de agosto de 2016 establece la posibilidad de que estudiantes de la Licenciatura de Relaciones realicen pasantías curriculares en CAinfo y por otra parte, que la Facultad de Derecho se encargue de actualizar el sitio Centro de Acceso.
El Centro de Acceso es una iniciativa de CAinfo con el apoyo de UNESCO, se trata de una base de datos que se encarga de centralizar y mejorar la divulgación de documentos relativos a la Libertad de Expresión y Prensa, Radiodifusión, Internet y Acceso a la Información Pública.
En la puesta a punto del convenio estuvieron presentes el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Gonzalo Uriarte, el presidente de CAinfo, Dr. Martín Prats y la coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Lic. Daniella Repetto.
Ago 9, 2016
El próximo 15 y 16 de agosto, Uruguay será examinado por el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad a efectos de evaluar el nivel de implementación de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad en el país.
En este marco, las organizaciones que trabajamos en Derechos Humanos y específicamente las organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad nucleadas en la “Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay” hemos elaborado un informe alternativo de la sociedad civil como respuesta al informe país presentado por el gobierno uruguayo.
Vea el informe alternativo presentado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay.
Derechos fundamentales para garantizar la dignidad humana son vulnerados y no se encuentran garantizados para las personas con discapacidad en Uruguay, tales como el derecho a una educación inclusiva, a la salud y al trabajo, entre otros. Incluso, el Estado uruguayo no cuenta con un sistema estadístico de producción de datos e información que permita dar cuenta de forma efectiva y con calidad del nivel de inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, laboral y cultural del país. Estas preocupaciones, entre otras, son denunciadas por las organizaciones en el Informe presentado ante el Comité.
La Alianza estará representada por los activistas de los derechos de las personas con discapacidad en Uruguay Germán Touron, Jesshie Toledo y Gabriel Soto, quienes asistirán a la sesión que tendrá lugar la próxima semana en Ginebra, Suiza.
Es importante destacar que se ha desarrollado un trabajo único en el transcurso de siete meses de innumerables aportes por parte de todas las organizaciones aunque sabemos también que posiblemente falten muchos aportes más. Pero esto es sólo el comienzo de un trabajo de seguimiento del cumplimiento de dicha Convención por parte de la sociedad civil que sin duda debe aportar al diseño, implementación y evaluación de una Política Pública Nacional para el colectivo de las personas con discapacidad.
Las organizaciones que formamos parte de ésta Alianza entendemos que estamos ante una instancia única que se da por primera vez en la historia de la visibilización de estos Derechos, tan pocas veces conocidos y por cierto mucho menos reconocidos.
Auguramos el mejor desempeño a la delegación que representará a la sociedad civil en ésta histórica instancia.
Estimamos de suma importancia la revisión de Uruguay ante el Comité, ya que esto no sólo permitirá que se visibilice la real situación de los derechos de las personas con discapacidad en Uruguay, sino que guiará al Estado uruguayo para que cumpla con la implementación efectiva de las disposiciones establecidas en la Convención.
Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad del Uruguay:
- Asamblea Instituyente por salud mental, desmanicomialización y vida digna
- Asociación de Padres y Amigos de Sordos del Uruguay – APASU
- Asociación de Sordos del Uruguay – ASUR (JUVESUR)
- Asociación de Usuarios de Montevideo e Interior de la República (ASUMIR)
- CENTEA Uruguay
- Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública – CAinfo
- Centro de Investigación, Educación y Encuentro Popular Rebellato Juntos – Villa Altamira) – CIENPRE JUNTOS Barros Blancos
- Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda – CINDE
- Cotidiano Mujer
- Federación Autismo Uruguay – FAU
- Federación Nacional de Instituciones de la comunidad sorda del Uruguay – FENASUR
- Federación Uruguaya Asociaciones de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual – FUAP
- Fundación Alejandra Forlán
- Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva en Uruguay – GT-EI
- Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo – iiDi
- Juntos por un sueño – Ciudad de la Costa
- Movimiento Estamos Todos En Acción – M.E.T.A – Uruguay
- Observatorio Uruguayo por los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Unión Nacional de Ciegos de Uruguay – UNCU
