Feb 21, 2017
La respuesta brindada por la secretaría de la Cámara de Senadores a una solicitud de acceso a la información pública comprueba que la práctica seguida por el parlamento para la designación de los y las integrantes del máximo órgano judicial del país, incumple los términos de la ley 18.381 que regula el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y establece que los procesos de adopción de decisiones deben quedar debidamente documentados (Ley 18.381, artículo 9, literal G).[1]
Al amparo de la ley y en el marco de distintas acciones desarrolladas en las últimas semanas por un conjunto de organizaciones que desde 2014 vienen reclamando un cambio en la práctica parlamentaria a efectos de que se garantice la participación, transparencia y rendición de cuentas en el proceso de elección y designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el pasado 24 de enero integrantes de Mujer Ahora y del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) realizaron una solicitud de acceso a la información ante la Asamblea General.
La nota estuvo dirigida a obtener copia de todos los antecedentes vinculados a las designaciones efectuadas por el cuerpo legislativo desde el primero de enero de 2014 a la fecha, “en los que se encuentre documentado el proceso de adopción de la decisión previa al acto formal de designación y toma de juramento por parte del plenario de la Asamblea General en cada uno de los nombramientos, de forma de acceder a conocer los fundamentos y criterios adoptados en cada caso que motivaron la decisión adoptada.”
El plazo contemplado en la solicitud procuró monitorear la práctica parlamentaria con posterioridad a la reforma de diciembre de 2013 de la ley de acceso a la información pública que introdujo disposiciones expresas sobre los llamados procesos deliberativos.
En virtud de esa demarcación temporal los nombramientos comprendidos en la requisitoria de información corresponden al ministro Dr. Felipe Hounie (quien quedó automáticamente designado como integrante del máximo órgano judicial por el mecanismo supletorio previsto en el artículo 236 de la Constitución Nacional al vencer el plazo de 90 días desde la generación de la vacante) y a la ministra Dra. Elena Martínez (quien fue designada por la Asamblea General en virtud de una moción presentada por legisladores de todos los partidos).
La respuesta del parlamento estuvo disponible el 31 de enero y consistió en la entrega de un CD con tres archivos correspondientes al Diario de sesiones de la Asamblea General. De estos archivos surgen tres elementos: a) el ingreso de la comunicación de la SCJ dando cuenta de la generación de la vacante producida al cese del Ministro Julio César Chalar (Diario del 12 de noviembre de 2014); b) toma de juramento al Dr. Hounie como ministro de la SCJ (Diario del 9 de febrero de 2015); c) presentación de una moción con la firma de varios legisladores para la designación de la Dra. Martínez Rosso, su aprobación por 112 votos en 112 y toma de juramento (Diario del 2 de setiembre de 2015). El Diario de Sesiones no registra que se haya producido fundamentación de voto por parte de ningún integrante del cuerpo legislativo. De la transcripción de la moción que figura en el Diario de sesiones tampoco surge ningún elemento ese sentido.
En definitiva, ninguno de los antecedentes entregados da cuenta del proceso deliberativo previo a la decisión y en el que se sustentó la decisión adoptada por el cuerpo legislativo.
Es importante aclarar que la solicitud de información no estuvo dirigida a cuestionar los méritos de quienes integran hoy el máximo órgano judicial, sino a evidenciar una práctica parlamentaria que es insostenible. La respuesta que ha brindado el parlamento así lo ejemplifica. La democracia del siglo XXI no admite que una decisión tan trascendente para la vida de un país, como lo es la integración de su máximo órgano judicial, sea adoptada sin que la ciudadanía pueda conocer sus fundamentos y sin que exista una debida rendición de cuentas por parte de quienes la adoptan.
Actualmente y ante la generación de una nueva vacante distintos medios de prensa han venido informando sobre intensas negociaciones multipartidarias dirigidas a lograr un acuerdo político para la integración de la Suprema Corte de Justicia. Estas negociaciones y los parámetros, criterios y fundamentos que se manejan, son llevadas a cabo de manera reservada y sin que hasta ahora se conozca claramente su alcance. Resulta imperioso que esta práctica parlamentaria llevada adelante históricamente sea de una buna vez erradicada y sustituidas por mecanismos institucionales que garanticen la transparencia y rendición de cuentas frente a la adopción de decisiones públicas que impactan directamente en la calidad democrática y de las instituciones del país.
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[1] Ley 18.381. Artículo 9 (Información reservada) .- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: (…)
G) Afectar la provisión libre y franca de asesoramientos, opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los sujetos obligados hasta que sea adoptada la decisión respectiva, la cual deberá estar documentada. (destacado nuestro).
CAinfo
Cooperativa Mujer Ahora
IELSUR
Instituto Sexur
Ciudadanias en Red (CIRE)
Fundación Mario Benedetti
Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
Mujeres de Paz Uruguay-
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer CLADEM- Uruguay
Colectivo Mujeres en el Horno
Comisión Nacional de Seguimiento. Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Canarias en Movimiento
Cotidiano Mujer (Centro de Comunicación Virginia Woolf)
Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI )
Serpaj- Uruguay
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo – Uruguay (CIEDUR)
Centro Interdisciplinario Aire.uy
Codof (Cooperativa de Trabajo Docentes para una Formación Integral)
Asociación Civil COLECTIVAMUJERES
Amnistía Internacional – Uruguay
MUJER Y SALUD EN URUGUAY – MYSU
Movimiento Sindical PITCNT
Crysol
Colectivo Mujeres de Negro- Uruguay
Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública
Proderechos
Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur
Feb 14, 2017
El Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz recibió este lunes 13 a la periodista Isabel Prieto, atacada con un arma de fuego el pasado martes 7, y se comprometió a realizar un seguimiento de la indagatoria judicial.
Prieto estuvo acompañada por una delegación de representantes de la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay.
Díaz dijo además que no se debe descartar ninguna hipótesis ante el ataque sufrido por la periodista de la revista Caras y Caretas, cuando transitaba en su vehículo junto a su esposo y fue atacada por dos desconocidos, uno de los cuales le disparó con un arma de fuego.
El Fiscal de Corte compartió además la valoración de las organizaciones respecto a la gravedad del hecho, especialmente en lo simbólico por poner en cuestión la libertad de expresión y el sistema democrático, así como la necesidad de esclarecer cuanto antes la motivación del ataque.
La semana pasada Prieto y representantes de APU, CAINFO y IELSUR se habían entrevistado con autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el ministro Eduardo Bonomi, para manifestar su preocupación por la gravedad del ataque sufrido por la periodista 24 horas después de haber denunciado el maltrato policial sufrido en la Seccional 19ª. de Montevideo.
Las tres organizaciones reafirman la necesidad de avanzar de forma rápida en la investigación de los hechos para lograr su esclarecimiento y juzgar a los responsables, por lo que se mantendrán alertas ante los progresos de la investigación y continuarán haciendo gestiones ante distintas autoridades para respaldar a la periodista.
Feb 10, 2017
Las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el ministro Eduardo Bonomi, recibieron este jueves 9 a la periodista Isabel Prieto junto a una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y el Instituto de Estudios Legales y Sociales.
Si bien las autoridades no dieron detalles de la investigación en curso sobre el ataque sufrido por Prieto en la noche del martes 7, señalaron que por los datos recabados hasta el momento la hipótesis más firme es que se haya tratado de un intento de rapiña.
Por el momento, según la Policía, no existen indicios de que el episodio sufrido por Prieto y su esposo tenga vinculación con el maltrato policial sufrido el día anterior en la Seccional 19ª. No obstante las autoridades aclararon que seguirán investigando sin descartar ninguna hipótesis.
El caso ya se encuentra en el ámbito judicial, en el Juzgado Penal de 10º. Turno a cargo de la Dra. Dolores Sánchez.
Las tres organizaciones reafirman la necesidad de avanzar de forma rápida en la investigación de los hechos para lograr su esclarecimiento y juzgar a los responsables, por lo que se mantendrán alertas ante los progresos de la investigación y continuarán haciendo gestiones ante distintas autoridades para respaldar a la periodista.
Consideran que es necesario aclarar este hecho no sólo para garantizar la seguridad personal de Prieto, sino además para esclarecer si se trató de un ataque vinculado al ejercicio de la profesión periodística y asegurar los mecanismos institucionales necesarios para resguardar el derecho a la libertad de expresión de todos los periodistas.
El ministro Bonomi estuvo acompañado por el director nacional de Policía Mario Layera, el director general del MI Charles Carrera y el director de la Unidad de Comunicación Fernando Gil.
Acompañaron a Prieto los dirigentes de APU Victoria Alfaro (presidenta), Claudio Veiga y Ricardo Gabito, y los representantes de CAINFO, Fabián Werner, y de IELSUR, Dr. Martín Sbrocca.
Ene 23, 2017
Las organizaciones firmantes reiteramos nuestra preocupación al proceso parlamentario de elección que precede a las designaciones de los/as Ministros/as de la Suprema Corte de Justicia. La transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas son pilares fundamentales y confieren sustento a la representación política. Por tanto resulta inaceptable que el referido proceso se continúe realizando sin cumplir ninguno de estos estándares que hacen a la esencia del sistema republicano y que contribuyen a fortalecer la independencia judicial y la confianza en el sistema de justicia.
La actitud asumida hacia la ciudadanía desde el parlamento nacional como institución que encarna la democracia representativa es preocupante, pues se continua con la práctica de designación como producto de un acuerdo entre partidos políticos con representación parlamentaria, sobre el cual muy poco trasciende y al que se arriba con prescindencia del reiterado reclamo realizado desde el movimiento social con el propósito de que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas en el nombramiento de los integrantes del máximo órgano judicial.
Nuestro reclamo no es nuevo. El 20 de octubre de 2014 las organizaciones presentamos una petición administrativa (Art. 30 de la Constitución Nacional) ante la Asamblea General del Poder Legislativo a efectos de posibilitar que la ciudadanía conozca cómo se adoptan las decisiones en torno a las designaciones de los ministros y ministras de la SCJ, y para promover la posibilidad de que exista un verdadero proceso de elección previo a la designación, que contemple la transparencia, la participación social y la rendición de cuentas, como pilares en el marco de las disposiciones constitucionales hoy vigentes. La petición fue archivada al inicio de esta legislatura sin que nunca fuera tratado el asunto.
El 16 de junio de 2015 las organizaciones sociales insistimos en nuestro reclamo y reiteramos la acción con la expectativa de encontrar un parlamento de puertas abiertas al movimiento social. [i] Ha transcurrido un año y medio, y el Parlamento continua sin dar respuesta a nuestra Petición.
En una actitud que mucho lamentamos, el sistema político resuelve continuar transitando por el camino de la negociación política partidaria a espaldas de la ciudadanía y adoptó la decisión de dos designaciones y en los próximos día una tercera, sin expedirse en forma previa sobre la petición y sin brindar ninguna respuesta formal como entendemos correspondía ante la seriedad y formalidad de nuestro planteo. Pese a que desde octubre de 2014 venimos insistiendo en este asunto las organizaciones sociales nos enteramos por la prensa que se redobla la práctica de secretismo, -no sólo negociando partidariamente cada cargo- con una negociación que pretende abarcar las vacantes futuras, todo lo cual nos parece una muy mala señal hacia la porción importante del movimiento social que representamos.
En este sentido, atendiendo además a que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos que refuerzan la confianza en las instituciones democráticas, hacemos un llamado a los legisladores y legisladoras que dieron y darán su voto a las designaciones, para que abandonen una práctica que no se encuentra a la altura del desarrollo democrático del país y la sustituyan por un proceso de elección transparente, basado en criterios objetivos de evaluación establecidos con antelación, que permitan considerar los talentos y virtudes de quienes aspiren a ocupar cargos en el máximo órgano judicial. Asimismo – hasta tanto no se expidan formalmente sobre nuestra Petición – para que hagan público el fundamento de su voto y expliciten las razones, los motivos, consideraciones y el alcance de los acuerdos políticos partidarios que definen quien es Ministro/a de la Suprema Corte de Justicia, a efectos de que esta información pueda ser conocida por la ciudadanía. Nuestro reclamo se sustenta en el legítimo derecho a participar, a conocer quiénes fueron los/as candidatos/as evaluados y a saber cómo se adoptan las decisiones públicas.
El procedimiento seguido por el Parlamento Nacional desconoce los estándares y recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que los Estados deben promover que los “procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y capacidades profesionales de las y los candidatos”.[ii]
Asimismo ha recomendado que “para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia que integrarán los más altos puestos dentro del poder judicial, fiscalía o defensoría pública, resulta conveniente incluir la celebración de audiencias o de entrevistas públicas, adecuadamente preparadas, en las que la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y otros interesados tuvieran la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como a impugnar a las candidatas y candidatos y expresar sus inquietudes o su apoyo”.[iii]
Consideramos de suma importancia que el Parlamento Nacional se expida formalmente sobre nuestra Acción de Petición, para así poner fin a una práctica de más de 110 años en el país, o en su defecto poder conocer los argumentos mediante los cuales el sistema político partidario continua defendiéndola.
CAinfo
Cooperativa Mujer Ahora
IELSUR
Instituto Sexur
Fundación Mario Benedetti
Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República
Mujeres de Paz Uruguay-
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer CLADEM- Uruguay
Colectivo Mujeres en el Horno
Comisión Nacional de Seguimiento. Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual
Red Canarias en Movimiento
Cotidiano Mujer (Centro de Comunicación Virginia Woolf)
Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI )
Serpaj- Uruguay
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo – Uruguay (CIEDUR)
Centro Interdisciplinario Aire.uy
Codof (Cooperativa de Trabajo Docentes para una Formación Integral)
Asociación Civil COLECTIVAMUJERES
Amnistía Internacional – Uruguay
MUJER Y SALUD EN URUGUAY – MYSU
Movimiento Sindical PITCNT
Crysol
Colectivo Mujeres de Negro- Uruguay
Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública
Proderechos
Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur
[i] ACCIÓN DE PETICIÓN presentada ante la Asamblea General:
1- Se proceda a la creación de una Comisión Especial Bicameral con las siguientes competencias:
a.- Recepción de las propuestas de personas que aspiran a ocupar el cargo de Ministro/a de la Suprema Corte de Justicia, acompañadas del currículum vitae de cada una y su constancia de conformidad a la probable designación.
b.- Recepción del listado de magistrado/as del Poder Judicial y Ministerio Público y Fiscal que accederían al cargo vacante en virtud de su antigüedad para el caso de no obtenerse la mayoría constitucionalmente exigida para la designación del cargo. Dicho listado adjuntará el currículum vitae de las mencionadas personas y su constancia de conformidad al probable nombramiento.
c.- Poner a disposición de la ciudadanía la información referente a las personas incluidas en los listados a) y b) antes mencionados, a través de los medios que se consideren más adecuados (página web del Parlamento y/u otros).
d.- Estudiar y evaluar los méritos de todas las propuestas recibidas de personas aspirantes a ocupar el cargo así como de quienes integran el listado indicativo de antigüedad. Para dicha evaluación la Comisión Especial recibirá la opinión fundada de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, operadores jurídicos calificados y de la sociedad civil organizada.
e.- Elaborar –en base a los elementos recabados- los informes de síntesis y conclusiones a que se arribe y elevarlos a la Asamblea General, en el plazo que ésta haya fijado para su producción.
2) Que toda la información, datos y documentos que se manejen durante el proceso de elección, incluidas las versiones taquigráficas de la Comisión Especial Bicameral, sean de fácil acceso a la ciudadanía, para su conocimiento.
[ii] CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores del sistema de justicia, OEA 2013. pár. 80
[iii] Ibidem; pár. 81
Nov 25, 2016
El número de casos de amenazas a la Libertad de Expresión de periodistas alcanzó los 25 en lo que va del año 2016, según el monitoreo que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX).
La obstrucción al trabajo periodístico, con 10 casos, es la categoría que más se repitió en el período, mientras que el hostigamiento a través de la Justicia fue la segunda con cinco. También se registraron situaciones de hostigamiento físico (4), intento de censura en distintos niveles (4) y amenazas (2).
En cuanto a los responsables de las amenazas a la libertad de expresión, 12 provinieron de autoridades públicas (representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Municipios, Policía y la Armada, entre otros organismos), nueve al ámbito privado (empresas o particulares) y cuatro a partidos políticos.
En los últimos días de noviembre se sumaron dos nuevos episodios que implicaron una obstrucción del trabajo periodístico: la negativa a aceptar preguntas por parte de los periodistas que cubrieron la convocatoria a la prensa por parte de la dirigencia del Club Peñarol y la censura por parte de la empresa Tenfield a la pancarta que los futbolistas desplegaron en los partidos televisados el fin de semana.
También llegó la denuncia del episodio ocurrido cuando el líder del Partido de la Gente Edgardo Novick concurrió a la Corte Electoral a inscribir su nuevo lema.
El pasado informe anual del monitoreo, presentado el 3 de mayo en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Expresión, había consignado la existencia de al menos 28 casos en el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016.
Desde que se inició el monitoreo de casos a principios de 2014 se ha podido registrar un total de 74 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en el ejercicio de su profesión.
El siguiente es un recuento de los casos registrados en lo que va de 2016.
CATEGORIA: Obstrucción del trabajo periodístico (10)
DESCRIPCIÓN: adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas
- El 7 de enero de 2016 el presidente Tabaré Vázquez recibió en la estancia presidencial de Anchorena a su par argentino Mauricio Macri. La prensa fue convocada a la actividad y desde Presidencia se informó a los periodistas que tendrían posibilidad de realizar cuatro preguntas, dos por cada país. Sin embargo, llegado el momento de la conferencia, se anunció que no se recibirían preguntas.
- El 12 de febrero el ex intendente de Paysandú Bertil Bentos se negó a responder preguntas durante una conferencia de prensa que convocó para hablar de la auditoría ordenada por el actual intendente Guillermo Caraballo sobre la pasada administración.
- El 24 de febrero de 2016 el vicepresidente Raúl Sendic se negó a recibir preguntas de los periodistas que querían consultarlo respecto a la información publicada por el diario El Observador sobre la carencia del título de licenciado.
- El 25 de febrero el presidente Tabaré Vázquez se reunió con su par de Francia, François Hollande en la residencia de Suárez y Reyes en Montevideo. Tras la reunión, los mandatarios hicieron una exposición ante los medios de comunicación pero no se aceptaron preguntas. Según denuncias recibidas por APU, funcionarios de protocolo de Presidencia habían confirmado a varios periodistas asistentes a la cobertura que podrían realizar preguntas, lo cual finalmente no se permitió.
- El 14 de marzo asumió el nuevo directorio de Ancap sin que existiera una convocatoria a la prensa, por lo que en la ceremonia solamente estuvieron presentes los involucrados. Los discursos realizados en la asunción fueron divulgados por el sitio web de la Presidencia de la República, por lo cual se impidió de hecho cualquier tipo de participación de los periodistas y la realización de preguntas.
- El 28 de marzo periodistas de Canal 4 fueron impedidos de ingresar al estadio de Peñarol por orden de la empresa Tenfield, poseedora de los derechos de transmisión del evento. Los profesionales iban a cubrir el partido inaugural entre Peñarol y River Plate argentino, pero no pudieron ingresar al estadio, según denunció públicamente el periodista Mario Bardanca en la edición del informativo Telenoche al día siguiente.
- El 14 de abril el ministro de Salud Jorge Basso advirtió que no aceptaría preguntas ni haría declaraciones a la prensa durante su participación en el lanzamiento del primer curso de cannabis medicinal en Uruguay y América Latina para profesionales médicos.
- El 28 de junio el crítico de cine Al Gorosito denunció que dos distribuidoras de cine (Life y RBS) resolvieron impedirle el acceso a sus funciones de prensa debido al contenido de sus notas periodísticas. A pesar de sus intentos por aclarar la situación a través de distintas comunicaciones el impedimento no fue subsanado.
- El 7 de noviembre un grupo de guardias de seguridad contratados por el empresario Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, impidió el acceso de periodistas al edificio de la Corte Electoral cuando el dirigente político concurrió a presentar las firmas que acompañaban la inscripción de su nuevo lema.
- El 29 de noviembre los dirigentes del Club Peñarol, encabezados por su presidente Juan Pedro Damiani, se negaron a recibir preguntas de los periodistas que asistieron a la convocatoria realizada para dar su posición ante los incidentes que determinaron la suspensión del partido clásico, el domingo 27.
CATEGORIA: Hostigamiento a través de la Justicia (5)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de demandas ante el Poder Judicial o la Policía que pongan en riesgo la libertad o persigan el desprestigio personal o profesional
- El 10 de febrero el periodista y funcionario de Antel Graziano Pascale inició juicio penal por difamación contra un medio escrito y un programa de televisión por denunciar su vínculo laboral con la Intendencia de Maldonado, donde trabaja como asesor del intendente Enrique Antía a través de un pase en comisión. Luego desistió de la demanda, pocos días antes de la primera audiencia.
- El 4 de agosto se conoció que el Sub Comisario Adrián Martín Olivera a cargo de la seccional policial 5a. de la ciudad de Dolores (Soriano) presentó una denuncia por difamación e injurias contra varios periodistas que informaron sobre un juicio que enfrentaba a raíz de una acusación por presuntas irregularidades cometidas en la comisión de colaboración policial.
- El 31 de octubre el periodista Gabriel Monteagudo del semanario el Eco de la ciudad de Carmelo fue citado a declarar ante la justicia penal por una demanda por difamación e injurias presentada por el presidente del Comité Departamental de Emergencias Luis Garat. El funcionario se sintió agraviado por las críticas que el periodista realizó en su medio y en su perfil de la red social Facebook por las dificultades para acceder a declaraciones de Garat ante hechos de interés público que tienen que ver con su tarea. La audiencia se postergó para el próximo 20 de diciembre.
- El 17 de noviembre el humorista sanducero Andrés Irazoqui fue notificado de inicio de una demanda penal por difamación e injurias por parte de la diputada suplente del Partido Nacional Patricia Vázquez. La denuncia se sintió agraviada por una columna de humor que Irazoqui publicó en su página de la red social Facebook, en la que hacía comentarios satíricos sobre la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Paysandú.
- El 22 de noviembre el matutino La Diaria recibió una carta del comandante en Jefe de la Armada, almirante Leonardo Alonso, amenazando con iniciar “acciones” luego de haberse sentido agraviado por la publicación de la columna de humor “El Faro del fin del mundo”. En la carta firmada por el comandante Alonso se acusa al medio de “agraviar” a su persona por publicar “palabras y frases que nunca mencioné y que por lo tanto son falaces” e intima al medio a aportar las pruebas de sus afirmaciones.
CATEGORIA: Hostigamiento físico (4)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de agresiones directas que pongan en riesgo la integridad física
- El 10 de enero de 2016 el periodista Enrique Lecaille fue amedrentado e insultado por hinchas y dirigentes de un club de básquetbol por tomar fotografías de un grupo de parciales que realizaban incidentes durante un partido entre Bella Vista de Dolores y Anastasia de Fray Bentos.
- El 12 de junio el periodista de Canal 12 Diego Castro fue amenazado por parciales de Peñarol que festejaban el campeonato obtenido ese día. Varias personas le impidieron realizar la cobertura de los festejos y además lo amenazaron para que no mostrara cómo vandalizaban varios comercios y cometían robos en el Centro.
- El 21 de junio la periodista del semanario Búsqueda María Paz Sartori fue insultada a los gritos por el director del Instituto Uruguayo de Meteorologia (Inumet), Gabriel Pisciottano, quien además intentó sacarla del lugar tomándola de un brazo.
- El 3 de julio el periodista del Canal 8 de Artigas Monty Suárez fue agredido por parciales del Club Wanderers de ese departamento que estaban molestos por los comentarios que realizó durante el partido jugado contra el club 18 de Julio de Paysandú.
CATEGORÍA: Censura (4)
DESCRIPCIÓN: medidas directas o indirectas adoptadas por autoridades públicas a fin de evitar la difusión de contenidos periodísticos y otros materiales considerados objetables. Entre los mecanismos de censura indirecta se encuentra el manejo arbitrario de la publicidad oficial
- El 5 de marzo de 2016 el Plenario Nacional del Frente Amplio emitió una declaración en la que acusó a los medios de comunicación de manera indiscriminada de “debilitar la institucionalidad democrática del país” al informar sobre la falta del título de licenciado del vicepresidente Raúl Sendic. Si bien no existió ninguna medida concreta contra medio alguno, la declaración de este tenor por parte del partido de gobierno implica una medida de censura indirecta por atribuir intenciones que pueden afectar las futuras coberturas sobre las autoridades del gobierno.
- El 8 de marzo miembros de la secretaría del vicepresidente Raúl Sendic llamaron a Radio Sarandí para pedir la grabación de un programa del periodista Gerardo Sotelo donde se había comentado el tema del título académico del funcionario. Si bien no existe ninguna violación legal, se considera –tanto para este monitoreo como para las relatorías especiales de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU- que un pedido de este tipo por parte de un asesor directo de un alto funcionario de gobierno hacia un periodista implica una presión indebida que puede tener la intención de ejercer una presión indirecta para incidir en el tono de las coberturas.
- El 10 de junio el periodista Dino Capelli denunció que el dirigente del Club Peñarol Ignacio Ruglio llamó al diario español Marca (medio para el que trabajaba como corresponsal) para que levantara una nota sobre el número de campeonatos ganados por los dos clubes grandes de Uruguay, argumentando que no era cierta. El periódico decidió levantar la nota escrita por Capelli y despedirlo.
- El 26 de noviembre la empresa Tenfield censuró la pancarta que los futbolistas desplegaron en los tres partidos televisados el fin de semana por la disputa del campeonato uruguayo especial. Los jugadores exhibieron previo al inicio del juego un cartel que decía “Por nuestro fútbol #MASUNIDOSQUENUNCA”, en referencia a la disputa que tienen con la empresa por sus derechos de imagen. El hecho se produjo durante los partidos que disputaron El Tanque y Torque el sábado por la mañana, Cerro y Rampla por la tarde y Defensor y Danubio por la noche pero los periodistas de la empresa lo ocultaron y le atribuyeron otra intención.
CATEGORIA: Amenazas (2)
DESCRIPCIÓN: intimidaciones a periodistas, su familia y medios de comunicación a fin de evitar la publicación de contenidos periodísticos (o como consecuencia de ella) mediante amenazas de muerte, agresiones físicas, pérdida del empleo, demandas judiciales, campañas difamatorias o injuriantes así como cualquier otro tipo de represalia
- El 8 de marzo en el marco de una marcha realizada por el Día de la Mujer, un grupo de personas aprovechó la oportunidad para vandalizar vidrieras de la avenida 18 de Julio de Montevideo. Al notar que eran filmados por un integrante del equipo periodístico de Televisión Nacional (TNU), comenzaron a agredirlo verbalmente, lo empujaron y rompieron parte de su equipo.
- El 14 de junio el periodista Daniel García Poggi denunció las amenazas realizadas por la alcaldesa suplente de Ciudad del Plata Laura Colombo a través de mensajes de texto. García Poggi había publicado una nota en la revista Identidades de San José sobre la gestión en el Municipio.
Nov 24, 2016
El Centro de Acceso y Archivos a la Información Pública (CAinfo) en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR), con apoyo de UNESCO y Open Society Justice Initiative (OSJI), realizaron este miércoles 16 de noviembre el seminario “Regulación e implementación del derecho de acceso a la información pública en Uruguay. Avances y mejoras necesarias a 8 años de la vigencia de la ley 18.381”.
La actividad, desarrollada mañana en el edificio Edificio Mercosur (Luis Piera 1992), tuvo como objetivo analizar el estado de situación del derecho de acceso a la información pública en el país, los avances y los desafíos planteados, así como la discusión de posibles mejoras al marco regulatorio.
La apertura estuvo a cargo de José Imaz, integrante del consejo directivo de CAinfo; Mariana Mas, Oficial de Programa de OSJI; Rafael Rafael Sanseviero, representante de FESUR; y Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Edison Lanza destacó que la transparencia y el acceso a la información son elementos esenciales de la democracia. Además se refirió a la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2008: “Hay un antes y un después en los uruguayos después del surgimiento de la ley. Había críticas y temores. Sin embargo, el acceso se estableció como una regla de juego para las personas y organizaciones”.
Sin embargo, tras ocho años de vigencia de la normativa, “a la hora de solicitar la información hay problemas y por eso se deben buscar reformas que den lugar al mejoramiento de la ley”, advirtió..
Lanza brindó datos de Rule of Law Index que posicionan al marco jurídico de acceso a la información pública uruguayo en el puesto 46 de 103. Este dato, según Lanza, da cuenta de que la ley uruguaya cumple con algunos estándares de calidad, pero no con todos.
Finalmente, relator de libertad de expresión presentó una serie de puntos en los que el país debería avanzar para fortalecer la transparencia y el acceso a la información:
- Crear un Sistema Nacional de Transparencia
- Fortalecer la posición e Independencia del Órgano Garante (Unidad de Acceso a la Información Pública).
- Establecer un régimen de sanciones claro y efectivo ante los incumplimientos a la ley
- Ampliar los sujetos obligados por la normativa
- Definir excepciones y revisar secretos
- Capacitar a todo nivel para que se conozca la normativa.
Tras la exposición del Relator Edison Lanza, tuvo lugar la exposición “Acceso a la información pública en Uruguay, avances y desafíos”. Participaron Fabrizio Scrollini de DATA Uruguay, Tania da Rosa de CAinfo y Gabriel Delpiazzo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).
Fabrizio Scrollini definió la política de acceso de información pública de Uruguay como “en tensión”, puesto que se observan niveles bajos de publicación proactiva de la información y niveles medios o bajos de autonomía y capacidad del órgano garante.
En función de este diagnóstico, Scrollini consideró que se deben establecer mayores recursos y potestades para la UAIP que aseguren el cumplimiento efectivo de las decisiones tomadas. Por último, Scrollini consideró que se debe ampliar los organismos que están alcanzados por la normativa.
Tania Da Rosa, quien habló en representación de CAinfo, sostuvo que en su momento la aprobación de la normativa significó un importante avance, pero que sin embargo, hoy en día a normativa está por debajo de los estándares internacionales. Consideró que la ley es incumplida aún de manera extendida por los organismos públicos y citó como ejemplo el último informe del Índice de Transparencia Activa en Línea, que señala que los organismos cumplen en promedio un 45% de las obligaciones legales que tienen en materia de transparencia activa.
Da Rosa apuntó una serie de modificaciones que CAinfo considera debería hacerse a la normativa para mejorar. Al igual que los oradores anteriores, coincidió en la necesidad de ampliar los sujetos obligados por la ley y para ello tomar como referencia la ley modelo interamericana de la OEA.
También valoró que se debe revisar el régimen de excepciones que tiene la ley, como por ejemplo la prevista en el artículo 10 en relación a la cláusulas contractuales de confidencialidad.
Da Rosa consideró que un aspecto importante a contemplar en una eventual reforma de la ley es todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del órgano de control creado por la norma, la UAIP. Señaló que en esa línea es importante considerar dos elementos: por un lado, robustecer las atribuciones de la UAIP para el control y la aplicación de sanciones; por otro, robustecer el diseño institucional y adecuarlo a los estándares internacionales.
Consideró que la ubicación institucional actual de la UAIP (como desconcentrado de un organismo en la órbita la presidencia de la República), no es la más adecuada, por lo cual si bien el organismo ha venido actuando con autonomía técnica, se debería pensar en fortalecer su autonomía funcional y presupuestal. Da Rosa dijo que una posibilidad es avanzar hacia la creación de otro tipo de organismo, como por ejemplo un servicio descentralizado (para lo cual habría que asegurar presupuesto adecuado para generar una institucionalidad acorde) y un paso intermedio es mejorar el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo Ejecutivo de la Unidad, de manera que sea un proceso participativo, transparente y con venia parlamentaria.
Por último, valoró como positivo que muchos de estos aspectos se vienen discutiendo en el Consejo Consultivo de la UAIP de cara a una futura reforma de la ley.
El encargado de cerrar la sesión fue el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), Dr. Gabriel Delpiazzo.
Delpiazzo sostuvo que la aprobación de la ley significó un importante avance. Consideró que en estos últimos años mejoraron muchos aspectos que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, y señaló como ejemplo que finalmente, en la última ley de presupuesto, se haya establecido por ley que los ciudadanos pueden relacionarse con la administración por vía electrónica.
Delpiazzo coincidió y sostuvo que de cara a una revisión de la ley habría que revisar el régimen de excepciones, particularmente precisar las cláusulas de confidencialidad.
Respecto al alcance objetivo de la ley, el presidente de la UAIP consideró que la normativa debería alcanzar a sociedades anónimas que manejan fondos públicos y a empresas públicas de derecho privado.
Por último, Delpiazzo concordó en que es necesario mejorar las atribuciones de la Unidad de Acceso, y que esa discusión debería enmarcarse en un debate de cómo mejorar en general todos los organismos de control.
Posteriormente, se abrió una sesión espacio para analizar los distintos modelos de regulación e implementación del derecho de acceso a la información pública en la región.
Participaron Moisés Sánchez de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información , Yolli García, comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de México y Mariana Mas de Open Society Justice Initiative.
Moises Sánchez hizo una puesta a punto de las diversas realidades que presenta la región respecto al derecho de acceso a la información pública; con países como Panamá, Perú o México que sancionaron sus leyes de acceso en 2002, hasta Paraguay o Argentina que fueron los últimos que se sumaron al elenco de países que regularon por ley este derecho. A su vez, Sánchez valoró la importancia de algunos casos que sentaron jurisprudencia a nivel internacional, como el caso Claude Reyes vs. Chile.
La comisionada presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información de México, Yolli García, valoró la importancia que el derecho de acceso a la información pública tenga una protección legal, en tanto es “un derecho en sí mismo, pero a la vez es un instrumento de acceso a otros derechos”.
García hizo un repas
o de la situación del derecho en México, donde actualmente rige la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aprobada en 2015.
García destacó que esta ley crea un Sistema Nacional de Transparencia, dota de autonomía el órgano garante, amplía el número de sujetos obligados a sindicatos,
partidos políticos, establece un régimen claro de sanciones, entre otros puntos.
Sin embargo, la comisionada advirtió que todavía no fueron aprobadas otras dos leyes complementarias a la de transparencia: la de datos personales y de archivos.
Por su parte, Mariana Mas de Open Society Justice Initiative, hizo hincapié en las dificultades que se encuentran a nivel mundial cuando los ciudadanos tratan de acceder a la información que está relacionada con los temas de seguridad nacional
Mas señaló que una información pertenezca a seguridad pública no la hace automáticamente reservada. Asimismo, consideró que es necesario que primero los Estados definan claramente los alcances del concepto seguridad pública para luego establecer qué información es reservada.
Ligado a esto, Mariana Mas valoró que es tan importante trabajar en una correcta clasificación de información así como en una política de desclasificación. En ese sentido, recomendó establecer consultas periódicas para poder desclasificar aquella información que ya no amerite estar en carácter reservado.
Por último, se abrió un espacio donde parlamentarios y asesores políticos expusieron sobre el funcionamiento de la ley de acceso a la información pública y evaluaron posibles mejoras a la normativa.
Participaron el diputado Ope Pasquet por el Partido Colorado, el diputado Daniel Caggiani por el Frente Amplio y la asesora Mariela Demarco por el Partido Independiente.
Los tres coincidieron en la necesidad de establecer cambios a la ley de acceso a la información pública.
Ope Pasquet consideró que deberían revisarse las cláusulas de confidencialidad que se establecen en la ley y ampliarse el alcance de la normativa: “todas las entidades que reciben fondos públicos tienen que estar alcanzados por la ley”, señaló.
Por su parte, Daniel Caggiani y Mariela Demarco coincidieron en la necesidad de discutir mejoras al diseño institucional.
