Oct 23, 2017
En el marco de un nuevo “Día del Periodista” que se celebra el 23 de octubre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), actualiza el Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay.
El informe anual se publica desde 2014 cada 3 de mayo, día mundial de la Libertad de Prensa, fijado por la Organización de las Naciones Unidas.
En esta oportunidad, al conmemorarse a nivel local la creación del primer periódico oriental apoyado por José Artigas en 1815, CAinfo actualiza los hechos que afectan la libertad de expresión en lo que va de 2017.
Según el relevamiento realizado, se registraron 17 casos.
Uno de nivel grave “Alto”, referido al atentado sufrido por la periodista Isabel Prieto quien en febrero de este año fue baleada.. Se realizaron denuncias pero a la fecha no se esclareció esta situación.
Se registraron además, 13 casos de nivel “Medio”. Aquí se destacan siete casos donde el hostigamiento es a través de la justicia, ya sea con la amenaza de iniciar acciones legales o por la concreción de las denuncias.
Por último, se dieron tres casos de gravedad “Leve”.
Para una mayor información sobre los informes completos ver en www.cainfo.org.uy y www.monitoreo.cainfo.org.uy.
Descripción de casos de 2017
Nivel de Gravedad: Alto (1)
CATEGORIA: Lesiones graves y/o asesinatos (1)
DESCRIPCIÓN: represalias directas que tienen como consecuencia la existencia de lesiones graves que generan incapacidad parcial o permanente y/o la muerte de las víctimas de las agresiones.
– El 7 de febrero de 2017 la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, retornaba a su casa en su auto cuando fue abordada por una persona que desde una moto que le efectuó un disparo. La periodista no fue alcanzada por la bala pero resultó herida leve debido al rebote del proyectil en la carrocería del vehículo. La periodista había denunciado días antes la irregularidad policial en un procedimiento realizado por efectivos de la Seccional 19. A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones mantenidas por la periodista y organizaciones de la sociedad civil con autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación (FGN) el crimen nunca se esclareció y no fueron encontrados los responsables
Nivel de Gravedad: Medio (13)
CATEGORIA: Amenazas (6)
DESCRIPCIÓN: intimidaciones a periodistas, su familia y medios de comunicación a fin de evitar la publicación de contenidos periodísticos (o como consecuencia de ella) mediante amenazas de muerte, agresiones físicas, pérdida del empleo, demandas judiciales, campañas difamatorias o injuriantes así como cualquier otro tipo de represalia.
-El 4 de enero de 2017 un grupo de personas que se identificaron como parciales del Club Nacional de Football inició una campaña de acoso en las redes sociales a la periodista de Televisión Nacional (TNU), Georgina Mayo, por la cobertura que venía realizando sobre el tiroteo en Santa Lucía el 28 de diciembre de 2016 que provocó la muerte de un parcial de Peñarol. El objetivo de la campaña era que la periodista fuera despedida del canal público.
-El 9 de febrero el empresario Gustavo Torena irrumpió en los estudios de radio 1010 AM durante la transmisión del programa “Las Voces del fútbol” y amenazó a los periodistas que realizaban una entrevista al exfutbolista Álvaro Recoba. El periodista Julio Ríos denunció penalmente a Torena, quien fue tres días después fue procesado por el juez Eduardo Pereyra por un delito de violencia privada.
-El 19 de febrero el director responsable del conjunto de parodistas Momosapiens, Horacio Rubino, golpeó al periodista del programa radial “Carnaval del Futuro”, que se transmite por 1410 AM, Eloy Calvo. El motivo de la agresión, que se produjo al terminar la actuación del conjunto en el Teatro de Verano, fue la discrepancia con las opiniones del periodista. Al día siguiente, mediante un comunicado público, la gremial de directores de carnaval DAECPU declaró “persona non grata” al periodista y expresó su apoyo a Rubino, aunque dijo rechazar la violencia y defender la libertad de expresión.
-El 15 de marzo el presidente del Club Atlético Peñarol Juan Pedro Damiani cuestionó la cobertura que realizan los medios de comunicación sobre la institución que preside y exigió que todos los periodistas hagan público de qué club son hinchas. El reclamo se produjo durante una entrevista realizada en la radio Sport 890.
-El 4 de julio, el periodista Juan Correa del portal Agesor (Soriano) publicó que uno de los nuevos integrantes de la directiva del Club de Leones de Mercedes había participado de los aparatos represivos de la última dictadura. Tras la publicación del informe, Correa recibió una llamada de la directiva del Club de Leones Marisa de Pazos en la que lo amenazó por el trabajo periodístico que estaba realizando. El periodista realizó la denuncia policial.
-El 28 de agosto, la periodista de Flores Mariely Salvatto fue denostada por el ex intendente de ese departamento Carlos Mazzulo durante un conferencia de prensa en la que la periodista preguntó sobre la definición del Tribunal de Ética del Partido Nacional respecto al caso del ex jefe comunal. Luego de la conferencia de prensa, la periodista fue agredida verbalmente por otro dirigente del Partido Nacional.
CATEGORIA: Hostigamiento a través de la Justicia (7)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de demandas ante el Poder Judicial o la Policía que pongan en riesgo la libertad o persigan el desprestigio personal o profesional
-El 13 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo emitió un decreto que dispone que los funcionarios públicos que hagan público, divulguen o den a conocer informaciones tales como solicitudes, proyectos, informes, dictámenes y otros documentos que no se especifican, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirán en falta muy grave, pasible de destitución. La medida es un retroceso en la búsqueda de una mayor apertura en el acceso a la información pública e implica, de manera indirecta, una obstrucción al trabajo periodístico al dificultar el acceso a información relevante sobre la actividad de los organismos estatales dependientes del Poder Ejecutivo.
-El 21 de abril, dos días después que la publicación Sudestada informara sobre la participación del estudio Algorta & Asociados en la trama de corrupción del Partido Popular de España, el titular del bufete Oscar Algorta envió una carta intimidatoria a la radio El Espectador. En esa carta reclamó que la emisora bajara de su página web la información publicada por Sudestada o realizaría acciones legales contra el medio.
-El 26 de mayo, el presidente del Club Nacional de Football, José Luis Rodríguez, amenazó con iniciar una demanda contra periodistas de tres medios de comunicación porque informaron sobre el asesinato de un hincha de Peñarol en la ciudad de Santa Lucía en 2016.
-El 27 de julio, el abogado Gúmer Pérez, anunció que su defendida, la directora del Hospital de Ojos, Sandra Medina, iniciaría acciones legales contra el programa de Canal 4, Santo y Seña, que había informado de presuntas irregularidades en los registros de las operaciones. Una investigación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado no encontró ninguna irregularidad.
-El 28 de junio, el entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic, amenazó con iniciar juicio contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, autoras del libro “Sendic, la carrera del hijo pródigo”. Hasta el momento la demanda no se concretó.
-El 16 de agosto se realizó una audiencia a raíz de un juicio que la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, presentó contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión que escribió en el diario El Observador sobre el funcionamiento de ese organismo. Finalmente la demanda fue retirada.
-El 21 de agosto el ex presidente de ANCAP, José Coya, presentó una demanda por difamación e injurias contra el diario El País y uno de sus periodistas, Daniel Isgleas. El ex jerarca acusó al medio de mentir y dañar su honor al informar sobre la adjudicación de una obra para la regasificadora. La información publicada por el diario surge del trabajo de una Comisión Investigadora del Parlamento sobre el tema. No hubo conciliación en la Justicia por lo que el juicio continúa.
Nivel de gravedad: Leve (3)
CATEGORIA: Obstrucción del trabajo periodístico (3)
DESCRIPCIÓN: adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas.
-El 2 de febrero el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre utilizó una conferencia de prensa para atacar el trabajo del periodista de La Diaria Santiago Sánchez, a quien atribuyó intenciones difamatorias debido a la publicación de una nota que consignaba que el secretario de Estado se había beneficiado de dos préstamos del propio ministerio a través de un fondo para productores arroceros. Luego de señalar que el medio no le genera “confianza”, Aguerre le recomendó al periodista leer un libro de José Ingenieros titulado “El hombre mediocre”, debido a que en él se utilizan las mismas prácticas creadas por el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels, que según el jerarca, aplica el medio. Al día siguiente, los responsables de La Diaria publicaron un editorial en el que sostienen que Aguerre “no desmintió nada” de lo publicado por el periódico.
-El 22 de febrero la Asociación de Comunicadores de Flores denunció públicamente a una funcionaria de OSE por impedir a un equipo periodístico de Canal 8 de Trinidad realizar la cobertura de la reparación que el organismo realizaba sobre la Ruta 14.
-El 6 de marzo durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el director de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia José Luis Veiga impidieron a varios fotógrafos que realizaran tomas gráficas del mandatario. Presidencia había convocado a los medios de comunicación por la reunión que Vázquez había mantenido con el presidente del Frente Amplio Javier Miranda. Veiga argumentó que no se le debían tomar fotos a Vázquez porque se encontraba “trabajando”.
Oct 10, 2017
El partido que la selección uruguaya de fútbol disputará hoy martes contra Bolivia, correspondiente a la última fecha de las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018 no será transmitido por canales abiertos de alcance nacional.
La empresa Tenfield, dueña de los derechos de televisación, cedió únicamente a los canales 4, 10 y 12 de Montevideo y dejó de lado a televisoras del interior del país.
El proceder de la empresa Tenfield viola las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA), que establecen que «actividades oficiales de las selecciones nacionales de fútbol y de básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en instancias clasificatorias” deben televisarse en canales abiertos.
Para que la televisación sea accesible en todas las localidades del territorio nacional, quedará “limitado el ejercicio de derechos exclusivos”, según establece el artículo 39 de la Ley SCA.
Por lo antes expuesto, corresponde que la empresa dueña de los derechos – en este caso Tenfield – negocie también con las televisoras en abierto del interior del país, para que los habitantes de estas localidades tengan la posibilidad de acceder al partido en las mismas condiciones que los usuarios de los canales 4, 10 y 12 de Montevideo.
CAinfo alerta sobre esta nueva violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se suma a reiterados incumplimientos de la empresa por el mismo tema, e impiden, una vez más, que se garantice el derecho de la ciudadanía al acceso a eventos de interés general.
CAinfo reitera una vez mas la importancia de reglamentar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a casi dos años de su aprobación, en diciembre de 2015 , así como designar el Consejo de Comunicación Audiovisual creado en la misma.
Sep 27, 2017
Se presentó hoy, miércoles 27 de setiembre de 2017, una nueva edición del Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL). El índice tiene por objetivo medir el nivel de transparencia de los organismos públicos a través de sus páginas web.
A nivel general, los resultados para esta edición son:
- Índice de Transparencia Activa en Línea: 50%
- Índice de Información Obligatoria: 48%
- Índice de Interacción y Participación: 55:%
Se relevaron en total 156 sitios web de organismos públicos. La primera lectura de los datos de este año muestra una tendencia hacia la mejora en los niveles de cumplimiento de transparencia activa.
El total de organismos relevados cumple, en promedio, con el 50% de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL. Este resultado significa un progreso de 6 puntos porcentuales respecto a los datos del informe presentado el año pasado.
Todos los grupos de organismos (exceptuando los Municipios, que se miden por primera vez) exhiben para este informe mejores niveles de transparencia respecto a la edición del año pasado:
- Los organismos de Presidencia crecieron de 50% a 54%
- Ministerios de 57% a 64%
- Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de 53% a 71%
- Personas Públicas no Estatales de 50% a 66%
- Organismos de Contralor de 41% a 43%
- Intendencias de 39% a 52%
- Juntas Departamentales de 21% a 23%
Sin embargo, es importante destacar que pese a la observada tendencia a mejorar los niveles de cumplimiento, un grupo de organismos se sigue ubicando en niveles de cumplimiento que consideramos “bajos” o “medios”; éstos son: Juntas Departamentales, Municipios, Intendencias, Organismos de Contralor y Organismos de Presidencia.
Si miramos individualmente a cada organismo, encontramos que de los 156 relevados un 8% exhibe un nivel alto de cumplimiento.
De ellos, quienes muestran cumplimiento por encima del 90% son:
- OSE (92 %)
- Correo del Uruguay (94%)
- Plan Ceibal (94%)
- Banco Central del Uruguay (97%)
- LATU (100%)
El ITAeL está compuesto por dos dimensiones: “Información obligatoria” e “Interacción y participación”. El Índice ITAeL es el resultado de la suma de estas dos dimensiones. A partir de cada una de estas dimensiones se construyen dos índices independientes.
La dimensión “Información obligatoria” compendia las obligaciones de transparencia activa que rigen por ley y decreto. Se evalúan aspectos como la publicación de la misión y visión del organismo, descripción de sus funciones y competencias, la estructura organizativa y facultades de cada unidad, calendario de actividades, noticias, autoridades y su currículum vitae, la agenda de las autoridades y un plan estratégico, entre otros.
El Índice de Información Obligatoria cobra particular relevancia ya que permite evaluar el poder de involucramiento que ha tenido la LAIP y su decreto reglamentario sobre los organismos relevados en relación al cumplimiento de la Transparencia Activa.
El promedio general para todos los organismos relevados del Índice de Información Obligatoria es de 48%. Este porcentaje significa un aumento en el nivel de cumplimiento de 3 puntos porcentuales respecto a la edición de 2015, y de 6 respecto a los datos de 2013.
Si bien se observa este avance a lo largo de las ediciones del ITAeL, es de notar que, en la medida de que se trata de obligaciones legales en este caso, siguen persistiendo importantes situaciones de incumplimiento.
Observamos que a nivel general, a casi 9 años de aprobación de la LAIP, el nivel de cumplimiento sigue siendo bajo: el 33% de los organismos relevados publicó menos del 40% de información que se le es exigida legalmente.
Los mismos organismos que muestran mejores resultados en el Índice ITAeL son aquellos que también muestran mejores desempeños en el Índice de Información Obligatoria, siendo el LATU, Banco Central del Uruguay, Plan Ceibal, El Correo y OSE aquellos que exhiben cumplimientos por encima del 90%.
La otra dimensión que compone el Índice ITAeL es “Interacción y participación”. Este Índice mide los recursos que los organismos públicos ponen a disposición de los ciudadanos/as para la interacción, de manera de acercarse a la gestión de la organización pública. Se evalúan aspectos como la existencia de servicios de búsqueda en la página, ayuda en la página, Otros idiomas disponibles, Preguntas frecuentes, entre otros.
En lo que refiere a los resultados del Índice de Interacción y Participación, el promedio general para los 156 organismos relevados es de 55%. El porcentaje significa un salto de 14 puntos porcentuales respecto a la edición 2015.
Si ordenamos los organismos por su IIP, encontramos un grupo de organismos que exhibe niveles cumplimiento mayores a 90% de este índice, pero que en el IIO (aquellas categorías de información que se deben publicar por ley) muestran niveles de cumplimiento que no superan el 60%.
Éstos son:
- Presidencia de la República 58% IIO – 92% IIP
- Ministerio de Salud Pública 55% IIO – 92% IIP
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 53 IIO% – 92% IIP
Si miramos sólo el IIP, encontramos que los siguientes organismos exhiben un nivel de cumplimiento superior al 90%:
- Banco Central del Uruguay (92%)
- Plan Ceibal (92%)
- OSE (92%)
- ASSE (92%)
- Ministerio de Economía y Finanzas (92%)
- Agencia Nacional de Investigación e Innovación (92%)
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto (92%)
- Ministerio de Desarrollo Social (92%)
- Presidencia de la República (92%)
- Ministerio de Salud Pública (92%)
- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (92%)
- Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (93%)
- Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (96%)
- LATU (100%)
Ver la edición completa del Índice ITAeL 2016 en: http://itael.cainfo.org.uy/itael2016/
Ago 28, 2017
El inicio de una demanda penal por parte del expresidente de Ancap José Coya contra el periodista Daniel Isgleas y el diario El País viene a sumarse a una serie de juicios concretados (o anunciados) por parte de funcionarios públicos contra trabajadores o medios de comunicación.
La tendencia a judicializar el malestar por parte de funcionarios u otras personas afectadas por coberturas periodísticas de interés público implica un atentado contra la libertad de expresión y así ha sido señalado por organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana o la Relatoría Especial que funciona en ese ámbito.
El monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) junto con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), y el apoyo de la Red Internacional de Libertad de Expresión (IFEX) registró 16 casos de hostigamiento a periodistas a través de la Justicia desde su inicio en 2014. La mayoría de ellos implicó la presentación de demandas como represalia por las coberturas.
En lo que va del año se han sumado varios episodios que representan una amenaza contra los periodistas involucrados y además implican una intimidación indirecta contra el resto de los colegas.
En la lista de demandas que tomaron estado público en los últimos días se incluyen las del expresidente de Ancap José Coya contra el diario El País y su periodista Daniel Isgleas y la de la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado Susana Muñiz contra el periodista del diario El Observador Gabriel Pereyra (que fue retirada luego de un acuerdo judicial).
También anunciaron su intención de recurrir a la Justicia el vicepresidente Raúl Sendic contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero por la autoría de un libro y la directora del Hospital de Ojos Sandra Medina contra el programa Santo y Seña de Canal 4.
Además, la incidencia de las coberturas mediáticas en distintos asuntos de interés público ha sido atacada por algunos de los involucrados.
Así, por ejemplo, el abogado Gonzalo Fernández consideró que su defendido Fernando Calloia se vio afectado por la cobertura del caso Pluna que realizó la prensa, ya que fue “prisionero de la ‘justicia espectáculo’, permanentemente interferida por los medios masivos de comunicación” y atribuyó a estos haber incurrido en un “escándalo periodístico”(1).
En el mismo sentido, el abogado Oscar Algorta amenazó a la radio El Espectador con iniciar acciones legales si no se retiraba de su página web una información vinculada a su carácter de indagado en una causa por lavado de activos(2). También el presidente del club Nacional José Luis Rodríguez amenazó con iniciar juicio contra periodistas que informaron sobre el asesinato de un hincha de Peñarol en la ciudad de Santa Lucía en 2016.
En la última década Uruguay ha sido reconocido en la región por sus avances en materia de libertad de expresión, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron entre otros progresos la despenalización de los delitos de comunicación, con la aprobación de la Ley Nº 18.515 en julio de 2009(3).
Al respecto, el actual relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, explicó que “en lo medular todos los conflictos entre la libertad de expresión y el honor de funcionarios o personas públicas salen de los juzgados penales, salvo que un profesional publique una información a sabiendas que es falsa o con absoluto desprecio por la verdad, así como cuando no medie un interés general en la publicación de detalles de la vida privada de una persona pública”(4).
Lanza añadió que “en la generalidad de los casos, las informaciones de interés público, publicadas con la correspondiente verificación, no generan responsabilidad penal del periodista y deben dirimirse en la órbita civil”.
En consideración de todos estos hechos, CAinfo exhorta a los funcionarios públicos a evitar medidas que impliquen un hostigamiento a través de la Justicia penal de los periodistas. Existen mecanismos legales -como el capítulo III de la Ley 16.099 en el que se establece el derecho de respuesta – que permiten garantizar que las personas puedan dar su versión de los hechos cuestionados.
1 Semanario Búsqueda, edición N°1932 del 24 de agosto de 2017, pág. 3.
2 Algorta amenaza con juicio por difamación. Sitio Sudestada. 2 de junio de 2017. https://goo.gl/qU9gZu
3 Ley Nº 18.515. https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9263875.htm
4 Con la aprobación de las modificaciones a la ley de prensa APU concreta reivindicación históricahttps://goo.gl/qM1adt
Ago 4, 2017
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresa su preocupación y rechazo ante la demanda penal que la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, presentó contra el periodista Gabriel Pereyra con el objetivo de limitar su libertad de expresión.
Esta semana, Muñiz presentó una denuncia por difamación e injurias contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión publicada el 29 de julio en el diario El Observador.
Recurrir a la justicia para realizar demandas de este tipo, es una de las formas de hostigamiento más comunes hacia los periodistas para intentar de esta manera amedrentar su trabajo. Recodamos además que las demandas a periodistas generan un efecto de amenaza y amedrentamiento contra todo el colectivo de periodistas, por lo cual tienen un efecto de disminución del flujo informativo respecto a los temas de interés público.
Desde que Cainfo comenzó a elaborar su monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay (2014), se han registrado 16 casos de hostigamiento judicial.
Entre 2014 y marzo de 2015, se registraron nueve casos. Desde abril de 2015 a marzo de 2016, fueron cuatro los casos. En el último informe, que va de abril de 2016 a marzo de este año, se dieron tres casos.
Como lo señala la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los “funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
Además, la ley uruguaya defiende el derecho a informar y opinar sobre las acciones de los funcionarios públicos. El artículo cuarto de la ley 18.515 establece que estará exento de responsabildiad penal quien “efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, or su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia”.
El monitoreo sobre las amenazas a la libertad de expresión es realizado por CAinfo, con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX). Los informes completos están disponibles en www.monitoreo.cainfo.org.uy o www.cainfo.org.uy.
Jul 10, 2017
CAinfo saluda la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que renovó por tres años (hasta 2020) el mandato de su Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
Esta decisión de la CIDH significa un reconocimiento al destacado trabajo desarrollado en estos años del Relator Especial en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.
El periodista, docente y abogado uruguayo Edison Lanza fue cofundador de CAinfo en el año 2008 y se desempeñó como su Director Ejecutivo hasta 2014, año en que designado como Relator Especial de la CIDH.
Además, trabajó como periodista en diversos medios de comunicación, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas de Uruguay, y como docente universitario.
