La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ayer jueves 21 de marzo su Informe Anual respecto a la situación de la libertad de expresión en el continente en 2018, como parte del Informe Anual presentado por la Comisión a los Estados miembros.
En un año crítico para la democracia, la independencia de los medios de comunicación, y la libertad de expresión en el Hemisferio, el informe también destaca la realización de las visitas in-loco a Honduras, Ecuador y Brasil de esta oficina durante 2018, que tuvieron como resultado un extenso análisis de la situación de la libertad de expresión y la formulación de recomendaciones.
URUGUAY
Durante 2018, la Relatoría Especial tomó nota sobre denuncias por parte de gremios periodísticos que indican un escenario laboral complejo para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación del país, en función de la precarización laboral del sector, la continuidad de los despidos y el incumplimiento de convenios.
En otro contexto, esta Oficina recibió información sobre el uso de información en poder del Estado por parte del Gobierno respecto de personas que se han expresado en contra del gobierno. En este sentido, fue denunciado que el uso de la información respondería a una estrategia para inhibir la crítica al gobierno sobre temas de interés público.
Por otro lado, la Relatoría Especial continuó observando que la Ley de acceso a la información pública notoriamente siguió siendo empleada por diversos medios de comunicación y periodistas para acceder a información de interés público, y que la Unidad de Acceso a la Información Pública resolvió en varios casos de manera positiva la entrega de informaciones requeridas.
Finalmente, la Relatoría Especial fue informada sobre dilaciones en la implementación de la Ley de Servicios de comunicación Audiovisual y algunos cuestionamientos relacionados.
En el marco del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, celebrado el pasado viernes 28 de setiembre, la Relatoría Espacial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó los avances logrados en las Américas para mejorar y fortalecer el marco normativo y la creación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de accesibilidad y ejercicio del derecho a la información a las mujeres.
Entre los avances registrados, la Relatoría destaca las medidas adoptadas por Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Trinidad y Tobago, Perú y México, quienes han sancionado entre los años de 2015 y 2018 diferentes normas orientadas a crear mecanismos efectivos de recopilación de información sobre violencia contra las mujeres.
Para el caso de Uruguay, la relatoría destaca el avance que significa la Ley 19.580, que crea Observatorio sobre la Violencia basada en Género hacia las Mujeres. Además, la normativa que entró en vigencia en enero de 2018, consagra la obligación del Instituto Nacional de las Mujeres de “[generar] registros de datos cuantitativos y cualitativos sobre violencia basada en género, que contemplen variables tales como edad, situación de discapacidad, origen étnico racial, religión, territorialidad, entre otras dimensiones de la discriminación.”
Sin perjuicio de los avances registrados, aún persisten desafíos, advierte la RELE.
Pese a que los Estados han construido o poseen bases de datos para generar estadísticas sobre todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres (física, económica, psicológica, obstétrica), incluyéndose las causas, consecuencias y frecuencia de estos actos, en la mayoría de ocasiones estos repositorios no se encuentran actualizados ni consolidados.
A consecuencia de estas falencias, la información sobre la violencia contra las mujeres y su combate se produce de manera fragmentada o incompleta. A su vez, en la mayoría de los Estados no se han desarrollados sistemas unificados de información sobre violencia basada en género contra las mujeres.
La Relatoría Especial insiste en la necesidad de incluir de forma urgente en los sistemas de información datos correspondientes a las diferentes formas de violencia contra las mujeres incluyendo aquellas que no están tan visibilizadas como la violencia psicológica, la violencia económica, y la violencia obstétrica.
Acceso a la información Pública, programas de Vigilancia, publicidad oficial… Vea alguna de las recomendaciones lanzadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentadas en su informe anual 2015 sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio.
Como cada año, el informe de la RELE analiza la situación del derecho a la libertad de expresión en la región, lo que incluye señalar las principales amenazas para asegurar su ejercicio y los progresos que se han logrado en esta materia.
Cinco recomendaciones destacadas de la RELE
En CAinfo destacamos cinco recomendaciones de la Relatoría para la Libertad de Opinión en su informe anual 2015.
Estados deben realizar investigaciones diligentes para esclarecer ataques a la prensa
Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la #CIDH
¿Cómo estuvo el derecho a la protesta social en las Américas durante 2015?
Publicidad Oficial
Los Estados deben contar con marcos normativos con criterios no discriminatorios para la distribución de la #PublicidadOficial.
Programas de Vigilancia
Los programas de #seguridad pueden generar un perjuicio serio a los derechos universales a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión, dice la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la #CIDH
Acceso a la información pública
Desde 2015 ya son 22 los países del hemisferio que adoptaron leyes de acceso a la información.
Los Estados deben fortalecer estructura institucional para su implementación, dice la #CIDH
En CAinfo destacamos los siguientes pasajes del informe 2015 de la RELE para Uruguay. Puede consultar el informe completo aquí.
URUGUAY
Un juez de lo Contencioso Administrativo falló el 19 de octubre a favor de una acción de acceso a la información pública promovida por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) contra el Banco de Previsión Social (BPS) y ordenó al organismo a brindar información sobre las prestaciones otorgadas a familiares y personas con padecimientos de salud mental en un plazo de 15 días. Las organizaciones habían presentado una solicitud de acceso a la información pública para conocer, entre otras cosas, la cantidad de personas con padecimientos psiquiátricos que reciben pensiones y la cantidad de solicitudes de pensiones denegadas, así como los criterios para otorgarlas. El organismo no brindó la información y basó su negativa en el pronunciamiento de dos reparticiones que sostuvieron que la información requerida no estaba en su poder. En su fallo, el juez sostuvo que debido a que el BPS no se pronunció formalmente ante la solicitud se configuró un “silencio positivo” y por tanto el organismo estaba obligado a proporcionar la información. La sentencia destaca que el derecho a acceder a la información pública está consagrado en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y en los principios sobre libertad de expresión aprobados por la CIDH. Además, el fallo recuerda que Uruguay firmó y ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 31 establece que “los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas”, a fin de dar efecto a la Convención. A juicio del magistrado, “claramente la información solicitada” refiere a datos estadísticos o documentación que “obviamente está en posesión de la demandada” y “en manera alguna puede entenderse que (esa información) involucre datos sensibles o que requieran el consentimiento informado previo, ni se trata de información reservada, confidencial o secreta”. “Si la información peticionada de notorio interés público no obra en poder de la demandada debe concluirse que se está incumpliendo con las obligaciones asumidas por el Estado” al ratificar la mencionada Convención, sostuvo el juez.
Acceso a la información Pública: El Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAeL), un instrumento creado por CAinfo e implementado por la Universidad Católica del Uruguay con el objetivo de medir la transparencia de los organismos públicos a través de sus páginas web, relevó que los ministerios y gobiernos departamentales no alcanzaron niveles altos de transparencia activa en línea en 2014. De acuerdo al informe, presentado el 3 de septiembre, los ministerios redujeron de 47% de cumplimiento de las obligaciones del ITAeL en 2013 a 41% en 2014 y las intendencias redujeron de 41% a 35% en igual período1407. 1116. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
CAinfo interpuso el 9 de marzo una demanda de acceso a la información pública contra el Ministerio del Interior, luego de que este no respondiera una solicitud de acceso promovida por la organización en octubre de 2014 en la que requería información sobre un sistema de vigilancia e interceptación de telecomunicaciones adquirido por el Ministerio conocido como “El Guardián”. El 13 de marzo, la Justicia rechazó la demanda por entender que “el derecho de acceso a la información pública no puede considerarse absoluto, en tanto, la misma normativa prevé las excepciones” cuando se tata de información reservada o confidencial, y la información requerida por la organización estaba comprendida en esas categorías1402. El 22 de abril, un Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia y consideró que la información requerida –copia del protocolo elaborado por el Ministerio del Interior para las empresas de telecomunicaciones para la implementación del sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”– se encontraba “claramente cubierta por el secreto”. Según el Tribunal, “se trata de un instrumento para el combate del delito y la difusión pública de sus fortalezas y debilidades podría frustrar el empleo de esa tarea, dejándola librada a la actividad de ‘hackers’ y/o personas que ilegítimamente pretendan obstaculizar o impedir investigaciones o represiones sometidas a control jurisdiccional”. Tras el fallo, CAinfo y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) divulgaron un comunicado expresando su “preocupación” por el rechazo al pedido de que el protocolo tome estado público. “El Guardián aumentará exponencialmente la capacidad de vigilancia del Estado sobre las personas. En el marco de un Estado de Democrático de Derecho estos asuntos deben ser objeto de un amplio debate público y de marcos regulatorios robustos para prevenir arbitrariedades y la vulneración de derechos”, afirmaron en el comunicado.
El 10 de agosto ingresó al Congreso un proyecto de ley a iniciativa de CAinfo para regular la la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial. Con la firma de legisladores de cuatro de los cinco partidos con representación parlamentaria se convirtió luego en proyecto de ley. En la exposición de motivos del proyecto se establece que “en atención a las mejores prácticas y estándares internacionales en materia de libertad de expresión y buena gobernanza, así como para promover un gasto más eficiente de los recursos públicos, resulta necesario aprobar una legislación específica que regule la distribución y asignación de publicidad oficial”. El proyecto establece, entre otras cosas, la prohibición de utilizar la publicidad oficial para presionar y castigar o premiar y privilegiar a comunicadores o medios; el uso para fines propagandísticos de los partidos políticos; o incluir la voz, imagen o cualquier otra referencia que individualice a funcionarios políticos que ocupen cargos electivos o de particular confianza en las piezas publicitarias de los organismos públicos. También prohíbe realizar publicidad oficial durante las campañas electorales, salvo la información emitida por las autoridades electorales en relación a la organización de las elecciones, o en caso de emergencias. A su vez, propone que los organismos públicos tengan la obligación de publicar en forma completa, permanente y actualizada en su página web información sobre el monto total destinado a publicidad, plan de inversión publicitaria aprobado por el organismo y monto de inversión ejecutada.
La Relatoría Especial recuerda que en el artículo 13.3 de la Convención Americana se establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, también la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el principio 13 indica que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emitió un informe adviertiendo que existen «deficiencias en la disponibilidad» por parte de los Estados en el acceso a la información pública respecto a la violencia y discriminación contra las mujeres.
La CIDH recuerda que el derecho de acceso a la información pública recae sobre la información que está bajo poder del Estado, pero también sobre aquella información que el Estado está obligado a producir.
El acceso a la información pública debe regirse por el principio de máxima divulgación, recuerda el informe. Según este principio, la transparencia y el acceso a la información son la regla general, y las restricciones deben ser la excepción.
Respecto al tema del informe, la Comisión establece que «el acceso a la información es un requisito esencial para que las mujeres que se encuentran bajo el riesgo de sufrir actos inminentes de violencia puedan acceder a los mecanismos de protección»».
Sin embargo, la CIDH ha constatado en diversas oportunidades la existencia de «deficiencias en la disponibilidad, calidad e integridad de la información pública sobre violencia y discriminación contra las mujeres». Incluso, en aquellos Estados que cuentan con mecanismos institucionalizados para la recopilación, procesamiento y producción de información sobre este tema, muchas veces la difusión de dicha información resulta insuficiente.
Ante esta situación, el organismo de la OEA puntualiza que los Estados deben recopilar datos y producir estadísticas como mecanismo fundamental para el diseño y evaluación de las políticas públicas y programas de prevención, atención y protección frente a la violencia y la discriminación.
El Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas se conmemora todos los 2 de noviembre por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la última década más de 700 periodistas han sido asesinados por ejercer su profesión y llevar la información al público: es decir una muerte por semana de media.
Tan sólo en 2014 se registró en todo el mundo de manera oficial el asesinato de 87 periodistas, productores y trabajadores en medios y redes sociales de interés público. En 2012, el año con más muertes de la última década, 123 periodistas fueron asesinados en ejercicio de la profesión.
En nueve de cada diez casos los autores del crimen no son castigados, según datos publicados por UNESCO, la oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. “Esta impunidad lleva a más asesinatos y es con frecuencia un síntoma del empeoramiento de un conflicto y del derrumbe del sistema judicial”, según la ONU.
“La impunidad daña a la sociedad en su conjunto al encubrir unos abusos graves de los derechos humanos, a la corrupción y el crimen. Pedimos a los gobiernos, la sociedad civil, los medios y a todas las personas implicadas en la defensa del estado de derecho que se unan a los esfuerzos a nivel mundial para la poner fin a la impunidad”, exhortó la UNESCO.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en su 68ª sesión del 18 de diciembre de 2013, proclamando el 2 de noviembre como el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas” mediante la adopción de medidas para luchar contra la cultura de impunidad. La fecha fue elegida en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí el 2 de noviembre de 2013.
La resolución condena “el conjunto de ataques y actos de violencia cometidos contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” y convoca a los Estados Miembros a hacer todo lo posible para prevenir este tipo de violencia a fin de garantizar que los autores de estos crímenes sean juzgados y las víctimas sean defendidas.
“La impunidad envalentona a los criminales y al mismo tiempo tiene un efecto aterrador sobre toda la sociedad, en particular, sobre los propios periodistas. La impunidad conduce a más violencia, y se establece así un círculo vicioso”, sostiene la UNESCO.
Cada 14 días matan un periodista en América
Por su parte la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un llamado a terminar con la impunidad en los crímenes contra periodistas.
“A la luz de la magnitud de la violencia cometida contra periodistas y trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación en los últimos años” la convocó a los Estados del hemisferio “para que elaboren un enfoque estratégico y armonizado sobre esta cuestión y terminar con la impunidad que persiste en la mayor parte de estos crímenes”.
Desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el continente americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión. “Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en América”, resumió.
La Relatoría alertó sobre el alto nivel de impunidad que existe respecto a estos crímenes en la región. “Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional. Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales”, señaló la RELE.
En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55 en total), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28 en total). Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de casos ocurridos de 2010 a la fecha, reseñó la Relatoría.
Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el período estudiado. En la década previa este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo.
No más impunidad
La red IFEX, una alianza de organizaciones de libertad de expresión de todo el mundo que integra CAinfo, lleva adelante una campaña contra la impunidad de los crímenes contra periodistas.
“La impunidad siempre ha ocupado un lugar destacado en las prioridades de los miembros de IFEX. Esto se explica no sólo por las terribles estadísticas de periodistas amenazados, atacados y asesinados cada año por hacer su trabajo, sino también por el hecho de saber que los autores de estos crímenes siguen saliéndose con las suyas. Luchamos contra esta alarmante tendencia con tiempo, recursos y poniéndole corazón. Los miembros de IFEX dedican recursos humanos y financieros significativos para seguir casos de impunidad, investigar, escribir informes, buscar apoyo legal y trabajar con sobrevivientes, familiares y compañeros de trabajo que se encuentran a menudo aterrorizados o desconsolados”,explicó Annie Game, directora ejecutiva de IFEX.
“No Más Impunidad es un pedido simple con mucho significado. No a la amnistía para los perpetradores, No a la corrupción del proceso judicial, No más paciencia para los retrasos en la justicia. Bajo el nuevo nombre de la campaña No Más Impunidad, estamos empezando una nueva historia, una en la que la red IFEX desafía a los autores y facilitadores de la cultura de la impunidad. La impunidad conlleva efectos alarmantes. Pero cada victoria, por pequeña que sea, será un aviso y podrá ayudar a cambiar gradualmente las reglas y los riesgos del juego de la impunidad, tanto para los autores como para los Estados, y tal vez ofrecerles a las víctimas el cierre definitivo de sus casos”, explicó Game.
En el «Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas», y a la luz de la magnitud de la violencia cometida contra periodistas y trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación en los últimos años, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados del hemisferio para que elaboren un enfoque estratégico y armonizado sobre esta cuestión y terminar con la impunidad que persiste en la mayor parte de estos crímenes.
Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional. Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 2013 al 2 de noviembre como Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y desde entonces todos los organismos de protección de derechos humanos nos unimos a esta conmemoración para recordar una de las formas de censura más extrema que existe: la eliminación de las voces críticas o de quienes informan sobre hechos de interés público.
Desde su creación, la Relatoría Especial se ha ocupado de forma prioritaria del problema de la violencia contra periodistas y ha impulsado tanto el desarrollo de estándares para la prevención y protección de este tipo de violencia, como en la procuración de justicia para las víctimas y sus familiares, a través del sistema de peticiones individuales y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La situación de violencia e impunidad de los crímenes contra periodistas sigue siendo un tema prioritario para esta oficina y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como lo ha manifestado recientemente Humberto Sierra Porto, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un evento preparatorio de este Día Internacional en San José de Costa Rica.
En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55 en total), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28 en total). Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de cantidad de casos. Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el período estudiado. En la década previa este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo.
La violencia contra comunicadores se ha visto agudizada en aquellas zonas o territorios en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales.
Cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados.
Asimismo, desde el sistema interamericano se recuerda a los Estados que es importante «reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión».
La Comisión ha señalado que la violencia contra las y los periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no solo afecta la posibilidad de escuchar estas voces, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera libre y pacífica.
Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento».
Para el Sistema Interamericano es fundamental que los Estados investiguen de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación. Para romper el círculo de agresiones es necesario terminar con la impunidad.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
