El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa su preocupación con un artículo de un decreto firmado por varios ministerios que afecta el derecho a la información y establece un mecanismo de censura previa para la divulgación del trabajo científico.
El 24 de abril de este año, el Poder Ejecutivo emitió un decreto con la firma de los ministros de Ganadería, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que reglamentó la Ley de Recursos Hidrobiológicos (No. 19.175).
En el artículo 44 del reglamento se establecen una serie de requisitos para otorgar permisos para la pesca con fines de investigación, científicos o docentes, que deberán ser solicitados a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).
Entre esos requisitos se establece que quienes realicen la investigación deberán explicar los objetivos del proyecto de investigación, los resultados esperados, el curriculum del personal técnico participante y el compromiso de presentar todos los datos y resultados objetivos. Además, se impide a los investigadores a dar publicidad a cualquier tipo de información sobre los datos obtenidos sin autorización expresa de la Dinara.
CAinfo se reunió el jueves 19 con Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, para conocer el alcance de las dificultades que puede generar el decreto para la investigación. Estas disposiciones afectan el trabajo de investigación y divulgación científica.
Es oportuno recordar la vigencia del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la cual Uruguay es signatario, que consagra que los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales constituyen una parte central de la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, y son la base de la democracia ambiental y la buena gobernanza.
Esta medida no solo afecta a los investigadores sino también el derecho a la información de la población en general.
Además, establece un mecanismo de censura previa que va en contra de la Constitución (artículo 29) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) a la cual Uruguay se adhirió.
En función de estos elementos, CAinfo entiende que es necesario que el Poder Ejecutivo revea este artículo porque afecta el derecho a la información, de expresión, y que en los hechos puede significar un impedimento al trabajo que realizan investigadores que no dependen del Poder Ejecutivo y desarrollan una labor fundamental en el ámbito académico.
Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren.
Constitución de la República – Artículo 29
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
Convención Americana sobre Derechos Humanos – Artículo 13
La cámara de diputados aprobó este martes 10 de julio el proyecto que busca regular la producción, planificación, contratación, distribución y asignación de la Publicidad Oficial. El proyecto surge tras una iniciativa de CAinfo presentada públicamente en 2015 que luego dieron trámite parlamentario los representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Independiente y Nacional.
El proyecto, que ahora pasa a la cámara de senadores, fue aprobado casi por unanimidad: 73 en 74 diputados.
La iniciativa busca establecer mecanismos claros y transparentes para la Publicidad Oficial, hasta ahora asignada discrecionalmente. A nivel general, todos los diputados valoraron la iniciativa presentada por CAinfo, que dio el puntapié inicial del proyecto.
El artículo 2 del proyecto establece que “la información que transmita la publicidad oficial debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para aquéllos a quienes se dirige”.
El proyecto establece que la publicidad oficial no podrá utilizar mensajes discriminatorios, ser un subsidio indirecto a los medios de comunicación ni utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos. Respecto a este último punto, se establece que no se podrá realizar publicidad oficial durante el período electoral.
El principio general para la contratación de la publicidad oficial será la licitación pública. La asignación deberá realizarse bajo resolución fundada del jerarca del organismo.
Además, se establecen mecanismos de transparencia activa tanto para los organismos públicos como para los medios que reciban publicidad oficial, quienes deberán rendir cuentas en sus sitios webs.
El proyecto prevé la reserva de un 30% del monto de la publicidad oficial para los medios del interior. Este punto busca superar una iniquidad que se da entre los medios del interior y Montevideo. Según datos manejados por los diputados, actualmente los medios del interior reciben solamente un 5% de la pauta oficial.
En el marco del proceso de creación del 4° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, este miércoles 13 de junio se realizó la Mesa de diálogo: transparencia, anticorrupción y ética pública.
En la instancia participó el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, integrado por representantes del Estado, de la academia y de la sociedad civil, con el apoyo de Unesco, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y Uruguay Transparente.
Daniel Lema, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), planteó la necesidad realizar una reforma a la ley de acceso a la información pública, que este año cumplirá 10 años. Entre otros aspectos, Lema mencionó la necesidad de clarificar algunas excepciones al acceso a la información que establece la normativa, de forma de reducir la discrecionalidad de los sujetos obligados a la hora de denegar el acceso.
En la apertura de la actividad participaron Diego Pastorín, director general de Presidencia de la República; Virginia Pardo, directora de Ciudadanía Digital de Agesic; Guilherme Canela, consejero Regional de Comunicación e Información de Unesco; Ricardo Gil Iribarne, presidente de Jutep; y Gabriel Delpiazzo, presidente de UAIP.
En sus intervenciones, las autoridades presentes destacaron el compromiso de Uruguay con los temas de participación, transparencia y ética pública, en especial, en lo relacionado con el ejercicio de la función pública y la oferta de bienes y servicios que desde el gobierno se ofrecen a la ciudadanía.
Además, se enfatizó el valor de estas instancias como forma de diálogo entre gobierno, sociedad civil, academia y el sector privado y su contribución a mejorar los niveles de transparencia, acceso a la información pública y generación de espacios de colaboración.
Las organizaciones y gremiales abajo firmantes declaramos nuestro decidido apoyo al proyecto de ley sobre asignación de publicidad oficial que se encuentra a estudio de la Cámara de Representantes y solicitamos a los legisladores y legisladoras su rápida aprobación.
Consideramos que esta iniciativa aborda los aspectos imprescindibles para lograr una distribución más justa, transparente y eficiente de los dineros públicos destinados a la publicidad oficial, así como para cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, colocando a Uruguay como una referencia en la región.
En este sentido, la aprobación de esta ley significaría responder a la recomendación realizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre publicidad oficial y censura indirecta en su Informe Anual 2017, en la cual instó a los Estados a “regular estos asuntos de conformidad con los estándares interamericanos vigentes en materia de libertad de expresión” de forma de “abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información”.
Saludamos y valoramos que la iniciativa haya contado con un amplio consenso de todo el sistema político, con el apoyo de legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, tanto para su presentación formal en el Parlamento como en el tratamiento en Comisión, y los instamos a votar dicho proyecto a la mayor brevedad posible.
Daniel Lema – Presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública
Carlos Arezo – Presidente de la Asociación de Radios del Interior
Victoria Alfaro – Presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya
Alejandro Olmedo – Presidente de la Organización de la Prensa del Interior
Washington Melo – Presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa su preocupación por la situación que atraviesa el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, de San José, quien ha sido cuestionado por el edil del partido Nacional, Danilo Vasallo, actual presidente de la Junta Departamental.
En el marco del Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión elaborado por CAinfo, se recibió la denuncia del periodista quien se siente hostigado por el edil departamental. Vasallo solicitó, en al menos dos oportunidades en el mes de mayo, a la dirección de la radio Cw 41 la grabación de los programas de radio en los que participa Gutiérrez Pérez.
En las cartas enviadas, además de solicitar las copias de lo emitido, el edil cuestiona al periodista por la información que brinda, y realiza consideraciones que apuntan a que la Dirección de la emisora despida a Gutiérrez Pérez y que transcribimos : “Me cuesta creer que la dirección de la Emisora comparta este tipo de mensajes que promueven y acicatean la violación y el desconocimiento de las normas. No tengo dudas que, es lo mismo que promover el desprecio hacia los principios republicanos y democráticos que felizmente desde 1985 –los uruguayos- hemos recuperado”.
En otra carta, al asegurar que el periodista mintió sobre lo ocurrido en una sesión de la Junta, el edil afirmó: “Quien suscribe, interpreta que esto trasciende lo personal (cosa que nos tiene acostumbrado) y se transformó en un daño e injuria a la Institución Junta Departamental. Estamos convencidos que, al atentar contra un Órgano democrático se está atentando contra la democracia toda”. La dirección de la radio respaldó al periodista.
Desde CAinfo reiteramos que según la normativa vigente todo funcionario público, y más si ocupa un cargo electivo, como es el caso, está sujeto a que su gestión sea investigada. La forma en la que el edil Danilo Vasallo se ha dirigido a la dirección de la emisora busca, claramente, afectar el derecho de libertad de expresión del periodista y de la ciudadanía, para que pueda informar sobre temas de relevancia pública.
Foto destacada: edil Danilo Vasallo / sanjoseahora.com.uy
El contrato que el gobierno uruguayo firmó con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una segunda planta de celulosa prevé que se generen hasta 5000 nuevos puestos de trabajo en la etapa de construcción y un incremento entre 10% y 15% del PIB per cápita en la zona comprendida por los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
Sin embargo, ante una solicitud de acceso cursada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), manifestaron que la información había sido clasificada como confidencial, al igual que todos los documentos referidos a las negociaciones entre el Estado uruguayo y UPM.
Además, CAinfo consultó sobre el punto 2.3.3 del contrato, que establece que “el Proyecto UPM incrementaría de forma permanente el PIB en aproximadamente dos puntos porcentuales, generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de US$ 1.000 millones al año, con una recaudación de tributos aproximada de US$ 120 millones”.
Ante este punto el MEF sí contesta en base a cálculos con información de carácter público. En este punto la cartera brinda una respuesta de carácter tautológico: como el contrato dice que la planta producirá 2 millones de toneladas, entonces exportará 1.000 millones de dólares, entonces, 1.000 millones de dólares equivalen a 2 puntos del producto.
Es difícil comprender por qué el MEF puede explicar la producción de la planta, sus exportaciones y el crecimiento del PIB a escala global, y no puede explicar, y se declara confidencial un estudio que fundamenta, según una metodología determinada, la cantidad de empleo que generará la planta, incrementos en la recaudación de tributos; empleos permanentes generados; y crecimiento del PIB en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
Esto opacidad puede generar dudas legítimas en la ciudadanía. ¿Quién realizó el estudio?; ¿lo hizo una consultora privada?; ¿el estudio fue pagado por UPM o por el Estado?; ¿los estudios los hizo el Estado con sus técnicos?; o ¿hubo dos estudios, uno realizado por el sector privado, y otro realizado por el Estado, y se utilizaron los valores de uno solo de ellos?.
Creemos que estas preguntas deben de ser contestadas por el Estado, y además deben ser documentados por el o los estudios realizados para la negociación.
Por último, al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), y a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), se le solicitó información referente a los precios mayoristas del megavatio hora pagados por UTE desde el 2005 a la fecha. El MIEM respondió a la solicitud que no cuentan con esa información; mientras que la URSEA y UTE proporcionaron la información solicitada.
CAinfo, presenta en este apartado toda la información recibida para ponerla a disposición de la población. Acceda aquí.
