Varias organizaciones sociales presentaron un documento a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en el que cuestionan los argumentos de la empresa Tenfield acerca de la transmisión de los partidos de la selección uruguaya de fútbol con las selecciones de Bolivia y Colombia. Los encuentros no fueron televisados en canales abiertos, tal como establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
Después del partido entre Uruguay y Bolivia, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) habían denunciado a Tenfield por cometer una “infracción grave” ante la INDDHH, el organismo que transitoriamente se encarga de velar por el cumplimiento de la LSCA, hasta tanto no se cree el Consejo de Comunicación Audiovisual, como indica la norma. El organismo emitió una “medida provisional urgente” el 13 de octubre, día en que la selección enfrentaba a Colombia en el Centenario.
El mismo día, la empresa alegaría ante la INDDHH por qué los partidos no se transmitieron por televisión abierta. Argumentaron que estaba cuestionada la constitucionalidad de la norma, que no se le dio vista para formular sus descargos sobre la ley, que los artículos no están reglamentados y que la medida le ocasionaría un daño irreparable a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya que cambiaría la ecuación económica del negocio.
La respuesta de Tenfield fue duramente criticada por las organizaciones denunciantes. En un nuevo recurso sostienen que no existe “norma alguna que disponga que una Ley que está siendo accionada de inconstitucionalidad, parcial o totalmente, no pueda ser aplicada”. También resaltan que “ni el Poder Ejecutivo ni ningún otro órgano del Estado tienen la obligación de conferir vista” previa en esa hipótesis.
Además, las organizaciones resaltan que “a diferencia de lo que argumenta la empresa, no existe en nuestro Ordenamiento norma jurídica que sujete la vigencia de las normas legales al dictado de una norma de tipo reglamentario”. Por último, se afirma que Tenfield “carece de toda legitimación para representar los intereses de la AUF y de cualquier otro tercero, salvo que acredite una representación”.
El recurso termina denunciando una nueva violación a la ley, al no haberse transmitido el partido disputado entre Uruguay y Colombia en ningún servicio comercial o público de televisión abierta, “con el agravante del manifiesto incumplimiento de la medida provisional urgente emitida por la INDDHH”. Las organizaciones piden que los antecedentes se incorporen al expediente del caso, que se tomen las sanciones que puedan corresponder ante tal infracción y que “se adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos reconocidos” en los artículos 38 y 39 de la norma.
En junio, cuando se habían presentado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) diez acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay formularon ante la SCJ una petición para expedir una “opinión en las causas”. En la jerga judicial esa opinión se denomina Amicus Curiae, cuya traducción sería “amigos de la causa”, explicó a la diaria Martín Prats, presidente de Cainfo, quien detalló que las organizaciones pidieron a la SCJ “que nos diera la oportunidad de presentar nuestros argumentos respecto de la constitucionalidad de la ley; no presentamos el Amicus Curiae, simplemente la solicitud”.
Pero la SCJ rechazó la petición; lo resolvió el martes por unanimidad, informaron ayer las organizaciones. “En una escueta resolución, se desestimó su procedencia, argumentando la especialidad del proceso de inconstitucionalidad de las leyes y la falta de previsión expresa de disposiciones que regulen la intervención de terceros en este tipo de juicios cuando tienen lugar por la vía de la acción”, sintetiza el comunicado de Cainfo. Prats alegó que “Amicus Curiae es una institución reconocida y usada en la región, en Estados Unidos, en Argentina, es admitida por la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es verdad que en nuestro país no está expresamente prevista, pero tampoco hay algo que la prohíba”. Y añadió que “vendría a ser un desarrollo del derecho de petición que está reconocido en la Constitución de la República y el desarrollo del derecho a la participación. Es simplemente poder opinar sobre determinados asuntos que están siendo entendidos por un poder del Estado y que organizaciones sociales quieren manifestar su interpretación del asunto. En ninguna parte del mundo el Amicus Curiae significa que condicione el fallo, es brindar argumentos para que puedan fundamentar sus fallos o tener otras perspectivas de qué se trata”.
Las organizaciones evalúan “presentar un recurso de reposición”, transmitió Prats, que puntualizó que el petitorio incluyó fundamentos y opiniones internacionales respecto de los que la SCJ no hizo ningún pronunciamiento. Por otra parte, el abogado comentó que los Amicus Curiae “no demoran en nada los procesos” y que significan un insumo más, en este caso, de organizaciones que trabajan en derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de información.
Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley SCA han seguido en ascenso; Cainfo tiene el dato de 19 recursos interpuestos hasta el momento. Los que objetan la ley son, entre otros, las empresas de radio y televisión asociadas en la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, la empresa DirecTV y el Partido Independiente. En sendos dictámenes, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, le dio la razón a DirecTV en algunos de los artículos objetados, principalmente vinculados a la limitación del mercado de televisión, y desestimó los argumentos del Partido Independiente respecto de que la Ley SCA podría vulnerar la libertad de expresión.
El interés de las organizaciones al proponer la petición es defender los artículos cuestionados argumentando que la ley cumple con la Constitución de la República.
Gustavo Gómez, asesor de CAinfo conversó con El Espectador sobre el anteproyecto de ley que regula la publicidad oficial. Gómez aseguró que el mismo fue bien recibido por diputados de distintos partidos y en breve entrará en discusión parlamentaria.
“Rayados estamos todos. Sí a las redes, no al encierro” decían las banderas instaladas ayer en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, donde más de 40 organizaciones sociales, académicas y culturales firmaron en adhesión a la propuesta y el lanzamiento de la recolección de firmas que la Asamblea Instituyente realizó en dicha conferencia de prensa. La frase de las banderas resume en buena medida ese otro modelo de atención en salud mental al que apuntan esos colectivos: un modelo que termine con el aislamiento que implica la internación en los grandes asilos, con un enfoque de derechos humanos y que cumpla con los estándares internacionales con los que se ha comprometido Uruguay.
La Asamblea Instituyente -en la que están representados directamente usuarios y familiares de personas con patologías psiquiátricas, además de instituciones educativas y gremiales- participa en los dos grupos de trabajo que están discutiendo una nueva ley de salud mental: el que conformó el Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP) y el que formó la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Pero saben que los tiempos institucionales son otros y que el cambio que buscan no sólo tiene que plasmarse en papeles, sino que requiere un cambio de mentalidad. Por eso ayer, antes y después de la conferencia de prensa, los integrantes de la Asamblea Instituyente salieron a las calles a informar sobre el cambio que se busca, “para sacar el estigma” que tienen las personas con padecimientos mentales, tal como lo dijo Fanny Azpiroz, integrante del Grupo de la Esperanza, conformado por familiares.
Hasta el 10 de octubre juntarán firmas para forjar un cambio que resumen en seis puntos. En primer lugar piden “que no se postergue la discusión y aprobación de una ley de salud mental adecuada a los estándares internacionales”, que hacen énfasis en “la dignidad del sujeto, el vínculo con su familia y el vínculo con la comunidad”; solicitan que se implemente “un sistema de atención integral e interdisciplinaria de la salud mental, de carácter intersectorial y con una red de servicios de salud mental que funcione con coberturas territoriales”; proponen crear centros de atención diurna, servicios comunitarios culturales y otros dispositivos de atención comunitaria; piden “que se establezcan unidades de atención en salud mental en los hospitales generales”, algo que comenzó a hacerse, lentamente, en la administración anterior; piden “que se revise el posible uso indiscriminado de medidas de fuerza, uso indiscriminado de electrochoques y uso abusivo de psicofármacos”, y para eso solicitan que se revisen y se cumplan los protocolos de actuación. Si bien las autoridades del MSP han manifestado que se pretende el cierre paulatino de las colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, la Asamblea Instituyente exige que se elabore un cronograma para el cierre de ambas colonias, del hospital Vilardebó “y de las instituciones públicas y privadas de atención manicomial y monovalente en todo el territorio nacional”. Por último, los colectivos piden crear un órgano revisor de los derechos humanos que tenga independencia, y solicitan “la pronta dotación de recursos para la INDDHH” para que cumpla con la función de mecanismo nacional de prevención de la tortura.
En la nota se explica que Hadad suscribió un contrato de compraventa de acciones y luego presentó una solicitud de transferencia en la Ursec. El texto aclara que todavía “no existió ni existe un cambio en la gerencia, directorio o títulos accionarios de Radio Colonia SA”. La Ursec definirá en los próximos días si acepta la solicitud del argentino y deja sin efecto la compra de las radios.
En un principio Hadad había pedido la suspensión del trámite pero ahora solicitó la cancelación. El interés del argentino en esta emisora reside en que Radio Colonia tiene una importante penetración en Buenos Aires. El problema es que la legislación uruguaya prohíbe que los extranjeros sean titulares de frecuencias de radio y televisión. La ley de medios exige ciudadanía y domicilio real y permanente en la República y preferentemente en la localidad donde se prestará el servicio.
La Unión Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) confirmó a No toquen nada que el trámite que faltaba para completar la transferencia de la frecuencia era la demostración de ciudadanía. Hadad dice en la carta que envió su representante, que no existió cambio de gerencia.
Sin embargo, FM Mágica cambió totalmente luego de que Hadad comprara (o se comprometiera a comprar) la emisora. Dispuso la cancelación de varios programas locales (Protagonistas de Willy Artús, Buenos Días Colonia y Boletín Dalmás y Viví, Disfrutá Colonia) y comenzó a pasar la hora de Buenos Aires en los flashes informativos de Radio Colonia.
La situación irregular fue denunciada por CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública) y la APU (Asociación de Prensa del Uruguay) ante la Ursec. “Hadad, sin autorización del Poder Ejecutivo, tomó posesión de Radio Colonia y empezó a introducir cambios en su programación. Es un hecho grave porque, en el caso de la legislación uruguaya, para tomar posesión de una emisora podés hacer un boleto de compra-venta con el dueño pero hasta que el Poder Ejecutivo no autoriza la transferencia vos no podés tomar posesión. Si lo hacés antes estás cometiendo una irregularidad”, señaló José Imaz, integrante de CAinfo.
El periodista Gabriel Monteagudo, del semanario El Eco de Colonia, había entrevistado al empresario Daniel Hadad. En la conversación Hadad aseguró que el objetivo era cortar los programas que se hacen desde Argentina y dijo que tenía doble ciudadanía. “Soy uruguayo, mi madre es uruguaya. Desde que nací paso gran parte del tiempo del año en Uruguay”, expresó Hadad.
CAinfo coordina el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva que el pasado 19 de marzo elevó a las Naciones Unidas un conjunto de propuestas para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en Uruguay.
Alejandra Umpierrez, coordinadora del área acceso a la información pública y protección de otros derechos de CAinfo, dialogó con el programa El Tiempo no para de Radio Nacional. Escuche la entrevista.
