Libertad de expresión, redes sociales y humor
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) se encuentra en alerta ante varias denuncias de personas que, en el marco de una investigación policial, han sido citadas a declarar a Fiscalía porque compartieron determinados mensajes en las redes sociales. A esto se suma el rechazo a la decisión de un grupo de personas de Rivera que entablaron una acción penal contra los integrantes de un programa de radio debido a que se sintieron ofendidos por los dichos de un personaje humorístico.
Denuncia Raffo
Respecto al primer caso, varias personas denunciaron que fueron citadas por la Fiscalía, donde debieron dar las claves de acceso a sus redes sociales y sus teléfonos móviles para realizar una investigación.
Todo surge a partir de una denuncia que presentó el 24 de mayo de este año la candidata a intendenta de Montevideo, Laura Raffo. La dirigente informó que había presentado una denuncia penal debido a que fue “víctima” en redes sociales y WhatsApp de una “campaña sucia con la clara intención” de perjudicarla.
“Se afirma que uno de los presuntos involucrados en el caso de la llamada ‘Operación Océano’ (sobre explotación sexual de adolescentes) era o es mi pareja. Eso es una mentira”, escribió Raffo en el comunicado con el que anunció la presentación de la denuncia en el Departamento de Delitos Informáticos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.
La Fiscalía inició la investigación y citó a una decena de personas, cuyos nombres fueron aportados por la denunciante. En ese marco, un juez autorizó que se procediera a solicitar a las personas convocadas sus claves para ingresar a sus cuentas en redes sociales o a sus celulares. Desde Fiscalía se explicó que el procedimiento es el que se realiza en este tipo de casos.
El derecho al honor está protegido en la normativa y se establecen mecanismos para su defensa. En este caso, llaman la atención las denuncias realizadas por usuarios de las redes sociales, ya que afirman que compartieron imágenes públicas que involucran a la candidata a la Intendencia pero no realizaron ningún tipo de acusación.
Preocupa, además, que este tipo de acciones pueden tener un efecto inhibitorio para el futuro en los casos de aquellos ciudadanos que quieran expresarse y criticar a figuras públicas, como lo son los candidatos a un cargo electivo.
Caso Rivera
El segundo caso tiene que ver con la polémica que se generó por la intervención de un personaje humorístico de ficción en FM Del Sol, que se burló de los ciudadanos del departamento de Rivera.
Esto llevó a que el exdiputado de Rivera por el Partido Nacional Fernando Araujo, en conjunto con los comerciantes Roberto Araujo, Holger Vildozola y el abogado Mariano Camacho, de ese departamento realizan una denuncia penal.
Cainfo reitera su rechazo a que se utilice la vía penal para solucionar este tipo de situaciones ya que afecta el derecho a la libertad de expresión, y genera un ambiente hostil que puede derivar en la intimidación de las personas que pretenden manifestar sus opiniones y difundir informaciones.
Como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta legalmente reprochable.
Cabe recordar que la vigente ley 19.307, de servicios de comunicación audiovisual, establece un capítulo de Defensoría del Público a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que permitiría una instancia de conciliación entre las partes. En el artículo 85, literal E), se establece que la Institución podrá recibir y tramitar denuncias sobre el eventual apartamiento de los servicios de comunicación audiovisual regulados por la ley, respecto de las disposiciones que reconocen y garantizar el derecho de la personas.