El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) celebra la decisión del fiscal Carlos Negro de archivar la denuncia por difamación que el Comandante en Jefe del Ejército, general Claudio Feola, había iniciado contra el periodista Gabriel Pereyra.

En su resolución del miércoles 22 de mayo, el fiscal Carlos Negro consideró que las expresiones vertidas por Pereyra hacen “referencia a un asunto de evidente interés público” y por lo tanto están protegidas por el derecho de libertad de expresión.

El magistrado concluye en su resolución, que la conducta del periodista “resulta acorde y obedece estrictamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, en tanto cumple con su deber profesional de informar y opinar sobre asuntos de indudable interés común”.

CAinfo celebra la decisión del fiscal, fundamentada en la normativa internacional sobre Derechos Humanos, y reitera su preocupación por el aumento por este tipo de hostigamiento a periodistas a través de la justicia, lo que configura una clara amenaza contra la libertad de expresión.

CAinfo recuerda que, como ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “los funcionarios públicos y las personas públicas, se han expuesto voluntariamente a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y en aras del control social necesario para un eficiente y adecuado ejercicio de los poderes del Estado, han de ser más tolerantes a la crítica. La protección al honor en estos casos ha de darse en sede civil, en virtud de que la sanción penal podría inhibir el control de la función pública necesario en una sociedad democrática”.

Además, CAinfo coincide con la preocupación expresada por el fiscal Negro, respecto a que el Nuevo Código del Proceso Penal no ha contemplado la regulación especial que se estableció en la ley 16.099 (Ley de Prensa) en cuanto a cómo se debe desarrollar el proceso a nivel judicial.

En este sentido, Cainfo exhorta a las autoridades legislativas y judiciales a subsanar el vacío generado por la entrada en vigencia del Nuevo Código del Proceso Penal a fin de evitar eventuales arbitrariedades en caso de que se reiteren este tipo de casos de hostigamiento a periodistas a través de la Justicia.