Ago 14, 2015
El próximo miércoles 19 de agosto se llevará a cabo una jornada de trabajo con jueces, fiscales, defensores de oficio, periodistas y estudiantes de periodismo sobre el nuevo Código del Proceso Penal y su relación con el periodismo. El evento se realizará entre las 13 y las 17 horas en la Asociación de la Prensa Uruguaya, San José 1330 esquina Ejido.
El taller forma parte del programa de “Justicia e Inclusión” que ejecuta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República con el financiamiento de la Unión Europea, y está coordinado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
Entre los objetivos del programa se encuentra el de promover la mayor visibilidad y compromiso posible a la reforma procesal penal planteada por el Poder Ejecutivo, que fue sancionada por Parlamento Nacional en diciembre de 2014 y entrará en vigencia en 2017.
Los medios de comunicación juegan un papel central en el sistema democrático como vehículos de información y debate público. El sistema penal es una de las principales áreas de cobertura para muchos periodistas que trabajan en los medios de comunicación. En este contexto, los y las periodistas se convierten en reproductores principales del funcionamiento del sistema, así como en actores que eventualmente pueden acentuar sus inequidades y estereotipos.
El taller contará con la presencia de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y CAinfo.
Ago 14, 2015
En junio, cuando se habían presentado ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) diez acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay formularon ante la SCJ una petición para expedir una “opinión en las causas”. En la jerga judicial esa opinión se denomina Amicus Curiae, cuya traducción sería “amigos de la causa”, explicó a la diaria Martín Prats, presidente de Cainfo, quien detalló que las organizaciones pidieron a la SCJ “que nos diera la oportunidad de presentar nuestros argumentos respecto de la constitucionalidad de la ley; no presentamos el Amicus Curiae, simplemente la solicitud”.
Pero la SCJ rechazó la petición; lo resolvió el martes por unanimidad, informaron ayer las organizaciones. “En una escueta resolución, se desestimó su procedencia, argumentando la especialidad del proceso de inconstitucionalidad de las leyes y la falta de previsión expresa de disposiciones que regulen la intervención de terceros en este tipo de juicios cuando tienen lugar por la vía de la acción”, sintetiza el comunicado de Cainfo. Prats alegó que “Amicus Curiae es una institución reconocida y usada en la región, en Estados Unidos, en Argentina, es admitida por la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es verdad que en nuestro país no está expresamente prevista, pero tampoco hay algo que la prohíba”. Y añadió que “vendría a ser un desarrollo del derecho de petición que está reconocido en la Constitución de la República y el desarrollo del derecho a la participación. Es simplemente poder opinar sobre determinados asuntos que están siendo entendidos por un poder del Estado y que organizaciones sociales quieren manifestar su interpretación del asunto. En ninguna parte del mundo el Amicus Curiae significa que condicione el fallo, es brindar argumentos para que puedan fundamentar sus fallos o tener otras perspectivas de qué se trata”.
Las organizaciones evalúan “presentar un recurso de reposición”, transmitió Prats, que puntualizó que el petitorio incluyó fundamentos y opiniones internacionales respecto de los que la SCJ no hizo ningún pronunciamiento. Por otra parte, el abogado comentó que los Amicus Curiae “no demoran en nada los procesos” y que significan un insumo más, en este caso, de organizaciones que trabajan en derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de información.
Las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley SCA han seguido en ascenso; Cainfo tiene el dato de 19 recursos interpuestos hasta el momento. Los que objetan la ley son, entre otros, las empresas de radio y televisión asociadas en la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, la empresa DirecTV y el Partido Independiente. En sendos dictámenes, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, le dio la razón a DirecTV en algunos de los artículos objetados, principalmente vinculados a la limitación del mercado de televisión, y desestimó los argumentos del Partido Independiente respecto de que la Ley SCA podría vulnerar la libertad de expresión.
El interés de las organizaciones al proponer la petición es defender los artículos cuestionados argumentando que la ley cumple con la Constitución de la República.
Publicado en La diaria 14/08/2015
