Feb 27, 2014
RSF, 26 de febrero de 2014
Las protestas en Venezuela han dado un giro violento y los periodistas que las cubren se encuentran en la primera línea. A través de actos de violencia y de brutal represión, las fuerzas del orden y algunos grupúsculos paramilitares autoproclamados se han convertidos en obstáculos al trabajo de los periodistas. La polarización entre medios de comunicación progubernamentales y de oposición se encuentra en un momento de paroxismo, fruto de una tensión generada desde las elecciones de marzo de 2013. En esa ocasión Reporteros sin Fronteras pidió a los candidatos a la presidencia que se comprometieran a favor del pluralismo y solicitó protección para los actores de la información.
Frente a la crítica situación de la libertad de información y de inseguridad de los periodistas, Reporteros sin Fronteras envía una carta abierta al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
París, 26 de febrero de 2014
Señor Nicolás Maduro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Señor Presidente:
En nombre de Reporteros sin fronteras, deseo informarle de mi fuerte inquietud frente al empeoramiento de la situación de la libertad de información de Venezuela. Nuestra organización internacional que defende la libertad protegida por el arículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que no promueve de ninguna manera cualquier interés diplomatico o privado, está particularmente preocupada por las dificultades que enfrentan los periodistas al cubrir las manifestaciones que tienen lugar en su país desde inicios del mes de febrero de 2014, así como por el refuerzo de la censura en respuesta al movimiento de protesta.
Hasta el día de hoy la organización ha registrado más de 70 incidentes de ataque o agresión a los actores de la información: al menos 60 agresiones físicas o verbales y 13 detenciones, en la mayoría de las cuales se ha robado o destruido el material de los periodistas; hechos a los que se suma el ataque a las oficinas de la cadena nacional Venezolana de Televisión (VTV). Los periodistas han sido agredidos tanto por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Policía Nacional Bolivariana, como por algunos manifestantes y grupúsculos paramilitares que aprovechan el movimiento de protesta para sembrar el terror. En este ambiente, marcado por una fuerte tensión, esta cifra podría aumentar si no se ponen en marcha rápidamente dispositivos de protección de los actores de la información. Reporteros sin Fronteras recuerda que en virtud de la Resolución 19/35 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 18 de abril 2012, las manifestaciones contribuyen a la “promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. El papel de los periodistas en los movimientos de protesta es esencial en una democracia abierta, a fin de informar a la población y de mostrar la reacción de las fuerzas del orden.
Por otra parte, las declaraciones de algunos miembros de su gobierno han empeorado la situación. Respecto a las denuncias formuladas públicamente por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y por el Colegio Nacional de Periodistas, la Ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, señaló el 23 de febrero pasado en una entrevista concedida al canal Globovisión: «Ellos hablan de agresiones a unos periodistas, los cuales nosotros nunca hemos tenido conocimiento, la Fiscalía tampoco tiene conocimiento». Puedo asegurarle que los casos documentados por Reporteros sin Fronteras y otras ONG como Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) e incluso Human Rights Watch no tienen nada imaginario. Representantes de Espacio Público acompañaron al fotoreportero Gabriel Osorio a hacer una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Reporteros sin Fronteras le solicita urgentemente la creación una comisión parlamentaria que investigue las numerosas exacciones cometidas contra los profesionales de la información desde inicios de febrero de 2014, para que estas agresiones no permanezcan impunes.
Frente a la magnitud de las protestas usted optó por la censura. Ésta no puede constituir una respuesta adecuada. El 11 de febrero pasado el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) advirtió a los periodistas en un comunicado que la cobertura mediática de los hechos de violencia podría ser sancionada. Al día siguiente el canal de noticias colombiano NTN24 sufrió una censura directa. Más tarde, la censura se extendió a las redes sociales: se bloqueó el acceso a las fotografías alojadas en Twitter durante aproximadamente 48 horas. El 20 de febrero usted anunció su intención de impedir la difusión del canal estadounidense CNN en territorio venezolano, proceso que ya estaría en marcha, puesto que el gobierno de Venezuela revocó los permisos de trabajo de cuatro corresponsales de la cadena estadounidense que laboraban en el país.
La expulsión y la censura de cadenas internacionales significan la muerte del pluralismo audiovisual, dado que la mayoría de los canales nacionales y locales se encuentran bajo el control del gobierno. La prensa escrita, último atisbo de independencia, se ve obligada a reducir su número de ejemplares e, incluso, a suspender su tiraje debido a la carencia de papel. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios de Comunicación Electrónicos (Resortemec) permite controlar los contenidos e imponer sanciones –a través de la Conatel– a los medios de comunicación que no se alineen.
Una de las principales reivindicaciones de los manifestantes es que el Estado cese de controlar la difusión de la información. Le pedimos que tome muy en cuenta esta petición que sus conciudadanos le hacen.
Es cierto, la información circula hoy en día bajo una forma peligrosamente polarizada, pero sólo a través del diálogo será posible una difusión de información sin roces. Tomamos en cuenta sus denuncias respecto a la manipulación que se ha hecho de ciertas imágenes de las manifestaciones, pero llamamos su atención respecto al carácter antidemocrático de la censura de la información que circula en su país que usted lleva a cabo.
Lo instamos a que considere el pluralismo como un factor determinante del acceso a una información completa y globalmente objetiva. La guerra que lleva a cabo contra lo que usted llama “terrorismo mediático”, encaminada a proteger a la población de una supuesta incitación a la violencia, es en sí misma un factor determinante de esta polarización.
Agradeciendo su atención a esta solicitud, le envío señor Presidente mis saludos más cordiales.
Atentamente
Christophe Deloire Secretario General de Reporteros sin Fronteras
Feb 27, 2014
Ayer miércoles los periodistas de la agencia de noticias de Soriano Agesor comparecieron ante el Juzgado Letrado de Primer Turno en lo penal. La justicia citó a los periodistas para conocer quién filtró a la prensa la denuncia por abuso sexual presentada por un militar el año pasado y que el medio publicó en exclusiva.
En un comunicado, la agencia de Soriano aclara que el juez se encargó de puntualizar que la citación a declarar «no se trataba de una medida que pretendía cercenar la libertad de prensa». La intención de citar a los integrantes del medio «no implicaba una medida contra Agesor, ni pretendía poner una mordaza al trabajo que desempeñamo», aclaró el Juez según recoge un comunicado de la agencia.
Días atrás CAinfo y el gremio de la prensa de uruguaya, APU, habían manifestado preocupación por este gesto que significa una presión a los periodistas en el ejercicio de su profesión, y que además ignora todos los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
La declaración que los periodistas de Agesor hicieron ante la justicia fue en el mismo sentido: «Por nuestra parte le expresamos que entendíamos que con esta medida se pretendía ejercer una presión futura, no específicamente sobre este caso, sino que apuntaba a que, en alguna medida, coaccionar o motivar la auto censura del periodista en casos futuros temiendo posibles represalias», señala el comunicado.
Lea aquí el acta con las declaraciones
Feb 25, 2014
El Juzgado Letrado de Mercedes citó a declarar a los cinco periodistas que integran la agencia de noticias Agesor, que en noviembre del año pasado informaron sobre una denuncia de abuso sexual en un campamento militar.
Otro tanto ocurrirá con tres periodistas del blog Proyecto Fósforo que fueron citados a declarar como testigos en un juzgado penal en Montevideo, que investiga un presunto caso de vandalismo intencional contra los contenedores de residuos de la Intendencia de Montevideo.
El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), manifiestan su gran preocupación por estas decisiones de la Justicia y recuerdan que el Poder Judicial debe garantizar el derecho de los periodistas a reservarse las fuentes de la información que ofrecen al público, en lugar de convocarlos para preguntarles y obligarlos a revelar sus fuentes, tal como lo señalan los estándares de derechos humanos, la Constitución y la Ley Nº 16.099.
Los integrantes de Agesor deberán concurrir a la justicia este miércoles 26 de febrero a la hora 11 “en una instancia que los tiene como indagados en una investigación judicial que pretende dar con quién filtró información a la prensa sobre una investigación policial”, señala el comunicado de la agencia noticiosa de Soriano.
Este equipo periodístico había informado en noviembre del año pasado el presunto abuso sexual de un militar, ocurrido durante un campamento del Ejército donde se preparaban para maniobras militares, un hecho que se venía investigando en la Justicia con carácter reservado.
Un integrante de Agesor informó que unos días después de que el medio publicara la denuncia, recibieron una citación de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía de Soriano que pretendía establecer quién había filtrado la información a la prensa.
La citación del Juzgado Letrado de este miércoles va en el mismo sentido. El integrante de Agesor señaló que ni en aquella primera instancia ni en esta nueva, frente a la Justicia, revelarán datos de sus informantes, amparándose en el derecho de reserva de las fuentes que está presente en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Simultáneamente, se conoció que los editores del blog Proyecto Fósforo, que en abril del año pasado publicaron una denuncia sobre el vandalismo intencional que estaría sufriendo el sistema de recolección de residuos por contenedores de Montevideo, recibieron una citación a declarar al Juzgado de 17º Turno en calidad de testigos el día jueves 27 de febrero.
Ante la citación los editores del medio señalan que concurrirán a la Justicia y ratificarán todo lo publicado. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de amedrentar, mediante la amenaza de recurrir a la Justicia, a periodistas en el ejercicio de su trabajo”, expresan en un comunicado.
Derecho a la reserva de las fuentes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala expresamente en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. El mismo texto subraya que todas las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
A nivel de la normativa nacional vigente, la Ley Nº 16.099 establece en el artículo primero que “es enteramente libre en toda materia, la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación”.
El artículo termina señalando expresamente que “los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.
La APU y el Cainfo exhortan a las autoridades de todos los órdenes de la vida del país, a respetar estos principios democráticos sagrados para el ejercicio de nuestra profesión y para el sustento de la libertad de expresión y de información de la que gozamos.
Feb 24, 2014
Comunicados de Prensa de la CIDH, 21 de febrero de 2014
CIDH manifiesta profunda preocupación por situación del derecho a la protesta pacífica, de asociación y libertad de expresión en Venezuela
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha continuado monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en Venezuela en los últimos días, y reitera que se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión.
La Comisión ha prestado especial atención a las graves denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes durante las protestas que han seguido teniendo lugar en el país. En este contexto, varias personas resultaron heridas y una fallecida por herida de arma de fuego durante las manifestaciones realizadas en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el día martes 18 de febrero. Asimismo, de acuerdo a cifras ofrecidas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, otras cuatro personas resultaron heridas de bala y una fallecida en protestas ocurridas en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, el miércoles 19 siguiente. De igual manera, la información disponible da cuenta de la actuación de estos grupos en supuestos allanamientos realizados a la sede de un partido político en Venezuela.
La CIDH condena cualquier actuación de esta naturaleza y hace un llamado a las autoridades venezolanas a reforzar todas aquellas medidas destinadas a asegurar el desarme efectivo de estos grupos, investigar y sancionar las acciones ilícitas de los mismos y garantizar la seguridad de la población. La CIDH valora que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haya rechazado públicamente los hechos de violencia y hecho un llamado al desarme de estos grupos.
Asimismo, la Comisión expresa su preocupación porque persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, y que varias personas habrían resultado heridas producto de la alegada represión en contra de los manifestantes. De igual manera, la CIDH ha dado seguimiento a la situación de un alto número de personas, incluyendo menores de edad, que habrían sido detenidas desde las manifestaciones ocurridas el miércoles 12 de febrero y con posterioridad. La información disponible y puesta en conocimiento de la Comisión, da cuenta de una serie de denuncias sobre casos de detenciones sin orden judicial, falta de presentación oportuna ante una autoridad judicial, el supuesto impedimento de contacto inicial con abogados y familiares, y supuestos hechos de malos tratos en contra de algunas de las personas detenidas por parte de agentes estatales, y mientras se encontraban bajo su custodia.
La CIDH también ha recibido información preocupante sobre supuestas detenciones a periodistas mientras cubrían las protestas, así como agresiones físicas en su contra y la supuesta destrucción e incautación de material periodístico por miembros de la Fuerza Pública. En igual sentido, la CIDH sigue observando con preocupación el alegado bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela, en un contexto en el cual las autoridades venezolanas han reiterado los llamados de advertencia sobre la posibilidad de aplicar sanciones y suspensión de la transmisión por el tipo de cobertura mediática que realicen sobre la coyuntura registrada en el país. Asimismo, existen denuncias sobre la supuesta suspensión del servicio de Internet en el estado Táchira, lo que estaría impidiendo el acceso a la información a la población de dicha entidad.
La Comisión Interamericana reitera a las autoridades venezolanas que es indispensable que en una sociedad democrática existan garantías suficientes para asegurar que la población tenga acceso al pluralismo y la diversidad informativa, especialmente en relación con temas de interés público y el acontecer nacional.
Por otra parte, la Comisión ha tomado conocimiento del inicio de procesos penales a algunos dirigentes de la oposición venezolana luego de haber participado en las convocatorias de las protestas en el país. En este contexto, al dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, se le ha iniciado un proceso judicial y se encuentra privado de libertad, luego de que altos voceros del Gobierno le responsabilizaran públicamente por los hechos ocurridos durante las manifestaciones del miércoles 12 de febrero.
Tal y como lo ha señalado la CIDH, el Estado tiene el deber de realizar investigaciones de oficio, destinadas al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los últimos días y que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. En ese sentido, los procesos judiciales deben ser conducidos de forma diligente e imparcial y con apego a las garantías del debido proceso. Asimismo, la Comisión reitera que resulta de enorme preocupación la alegada utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos.
La CIDH lamenta que se hayan producido nuevos hechos de violencia y reitera su llamado al Estado a promover un proceso de diálogo que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Feb 24, 2014
El gobierno uruguayo, por distintas vías, expresó su apoyo a su par venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, pero ha puesto el acento en la pacificación de la situación interna y la no intervención en los asuntos internos del país caribeño.
De este modo, el gobierno de Mujica se colocó en una posición equidistante entre el apoyo militante de la Alianza Bolivariana y la postura crítica de Chile y Colombia hacia los posibles abusos en materia de derechos humanos, que puedan estar ocurriendo en Venezuela.
“El gobierno de Uruguay expresa su más firme apoyo y solidaridad a la República Bolivariana de Venezuela ante los lamentables acontecimientos ocurridos el pasado 12 de febrero”, declaró la Cancillería en un comunicado librado dos días después del inicio de las manifestaciones en distintos puntos de ese país.
A renglón seguido la cancillería dijo “defender fervientemente la libertad de expresión pacífica”, pero a la vez “repudia todo tipo de violencia e intolerancia que intenten horadar la democracia y sus instituciones”. El comunicado también expresó el convencimiento de que la salida a la polarizada situación política se encuentra “en el diálogo en la diversidad y la democracia”, lo que permitirá contemplar las consquistas de “los derechos humanos”.
El presidente José Mujica ha sido uno de los pocos mandatarios latinoamericanos que ha hecho manifestaciones públicas respecto a la situación bolivariana. Sin embargo, también ensayó una fórmula alejada de las posiciones extremistas.
“Salirse de la Constitución es un tipo de violencia”, dijo Mujica, al tiempo que hizo explícito su deseo de que en el conflicto no haya “injerencia del exterior”. En una entrevista con TeleSur, el mandatario señaló que “la Constitución venezolana tiene todos los caminos como para poder laudar cualquier pleito. “Por eso salirse de la Constitución es un tipo de violencia”, subrayó.
“Antiguamente podía haber lo que llamábamos guerras justas, sobre todo las de liberación, pero en los últimos veinte o treinta años, (…) todas las guerras y todas las formas de violencia sirven para que se perjudiquen los que ya son naturalmente más débiles”, explicó.
Esta semana, desde Washington, el canciller Almagro hizo escuetas declaraciones a la agencia EFE sobre el proceso venezolano y allí criticó a parte de la oposición venezolana que llamó a derribar al presidente Maduro. Para Uruguay es «condenable» que haya líderes opositores que digan que las manifestaciones deben seguir «hasta que caiga (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro».
«Eso es improcedente. Acá se necesitan procesos electorales y se necesita reafirmar la estabilidad democrática, no perjudicarla», subrayó.
Otras posiciones
Distinta fue la postura de los presidentes de la derecha latinoamericana que cargaron las tintas en las violaciones a los derechos humanos que pudo haber cometido el gobierno bolivariano al enfrentar las manifestaciones y las expresiones extremas de algunos opositores.
«Chile respeta la autodeterminación de los pueblos», afirmó el presidente chileno Sebastián Piñera desde el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile. «Sin embargo, todos los países que hemos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, o que hemos suscrito el protocolo de Unasur sobre el compromiso con la democracia, estamos comprometidos con la promoción, defensa y protección de la democracia, del estado de derecho y de las libertades fundamentales «, cargó el mandatario.
Más sutil, el colombiano Juan Manuel Santos hizo saber “su preocupación” por la evolución de la situación venezolana y llamó al diálogo, pero no se solidarizó con su par Nicolas Maduro.
«Yo le pregunto al presidente de Colombia, por ejemplo; le pregunto al Presidente Piñera de Chile, que han opinado sobre los asuntos internos de Venezuela, les pregunto si una marcha en Bogotá, presidente Santos, es convocada por un líder de la oposición diciendo que va al Palacio de Nariño a sacarlo a usted, ¿qué hace?», respondió Maduro. «¿Defiende al Estado colombiano o le entrega el poder al sedicioso que ha pretendido desconocerlo y sacarlo?, ¿qué hace usted?, contésteme», remarcó el mandatario venezolano.
