El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ve
con preocupación la decisión del Senado de no aprobar este martes 10 el
proyecto de ley que regula la publicidad oficial, y regresarlo a comisión para
su análisis.
Esta decisión, se tomó ante la falta de consenso entre los partidos en el Senado, a pesar
de que el proyecto original contó con el apoyo de los diputados del Frente
Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente,
que en agosto de 2015 pusieron su firma para que la iniciativa fuera discutida.
En julio de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el texto con el apoyo de todos
los partidos.
Si bien varios senadores expresaron que harán lo posible para
aprobar una norma de este tipo, el hecho de que el domingo 15 se inicie el
receso parlamentario debido a las instancias electorales, hace poco probable
que exista el quórum necesario en ambas cámaras para la aprobación definitiva
del texto.
Este traspié no será, sin embargo, un obstáculo para que CAinfo,
junto a otras organizaciones de la sociedad civil insistan con una iniciativa
de este tipo. Y, si es necesario, volverá a plantear el tema en el próximo
período de gobierno.
CAinfo reitera que es imprescindible que el país tenga un marco
que regule la producción, planificación, contratación, distribución y
asignación de la publicidad oficial. Aprobar una norma de esta característica
es ineludible para cumplir con los estándares internacionales en materia de
libertad de expresión, permite tener procedimientos claros para la adjudicación
de la publicidad, hasta ahora asignada de forma discrecional. Además, la
iniciativa busca eliminar la discriminación que sufren los medios de
comunicación del interior del país que reciben un porcentaje ínfimo de avisos
oficiales.
El proyecto que impulsó CAinfo en su redacción original, recogió
recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera que los Estados
deberían adoptar normas claras y transparentes para regular la publicidad
oficial, para evitar que ésta pueda ser utilizada para castigar o premiar a los
medios de comunicación.
En el texto se establece un régimen de contratación en
coordinación con las normas del TOCAF. Se describen además los principios y
procedimientos de contratación, y se prevé la obligatoriedad de destinar al
menos un 30% del monto total de la publicidad de alcance nacional a medios de
comunicación, programas o producciones periodistas que se realicen en el
interior del país.
Además
de CAinfo, esta iniciativa contó con el respaldo de entidades como la
Asociación de la Prensa Uruguaya, la Organización de la Prensa del Interior, la
Asociación de Radios del Interior y la Cámara Uruguaya de Televisión para
Abonados.
La cámara de diputados aprobó este martes 10 de julio el proyecto que busca regular la producción, planificación, contratación, distribución y asignación de la Publicidad Oficial. El proyecto surge tras una iniciativa de CAinfo presentada públicamente en 2015 que luego dieron trámite parlamentario los representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Independiente y Nacional.
El proyecto, que ahora pasa a la cámara de senadores, fue aprobado casi por unanimidad: 73 en 74 diputados.
La iniciativa busca establecer mecanismos claros y transparentes para la Publicidad Oficial, hasta ahora asignada discrecionalmente. A nivel general, todos los diputados valoraron la iniciativa presentada por CAinfo, que dio el puntapié inicial del proyecto.
El artículo 2 del proyecto establece que “la información que transmita la publicidad oficial debe ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para aquéllos a quienes se dirige”.
El proyecto establece que la publicidad oficial no podrá utilizar mensajes discriminatorios, ser un subsidio indirecto a los medios de comunicación ni utilizarse para fines propagandísticos de los partidos políticos. Respecto a este último punto, se establece que no se podrá realizar publicidad oficial durante el período electoral.
El principio general para la contratación de la publicidad oficial será la licitación pública. La asignación deberá realizarse bajo resolución fundada del jerarca del organismo.
Además, se establecen mecanismos de transparencia activa tanto para los organismos públicos como para los medios que reciban publicidad oficial, quienes deberán rendir cuentas en sus sitios webs.
El proyecto prevé la reserva de un 30% del monto de la publicidad oficial para los medios del interior. Este punto busca superar una iniquidad que se da entre los medios del interior y Montevideo. Según datos manejados por los diputados, actualmente los medios del interior reciben solamente un 5% de la pauta oficial.
Las organizaciones y gremiales abajo firmantes declaramos nuestro decidido apoyo al proyecto de ley sobre asignación de publicidad oficial que se encuentra a estudio de la Cámara de Representantes y solicitamos a los legisladores y legisladoras su rápida aprobación.
Consideramos que esta iniciativa aborda los aspectos imprescindibles para lograr una distribución más justa, transparente y eficiente de los dineros públicos destinados a la publicidad oficial, así como para cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, colocando a Uruguay como una referencia en la región.
En este sentido, la aprobación de esta ley significaría responder a la recomendación realizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre publicidad oficial y censura indirecta en su Informe Anual 2017, en la cual instó a los Estados a “regular estos asuntos de conformidad con los estándares interamericanos vigentes en materia de libertad de expresión” de forma de “abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información”.
Saludamos y valoramos que la iniciativa haya contado con un amplio consenso de todo el sistema político, con el apoyo de legisladores del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, tanto para su presentación formal en el Parlamento como en el tratamiento en Comisión, y los instamos a votar dicho proyecto a la mayor brevedad posible.
Daniel Lema – Presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública
Carlos Arezo – Presidente de la Asociación de Radios del Interior
Victoria Alfaro – Presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya
Alejandro Olmedo – Presidente de la Organización de la Prensa del Interior
Washington Melo – Presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados
El Presidente de la República, Tabaré Vázquez, reafirmó el lunes 29 de enero en conferencia de prensa su compromiso de bajar el gasto en publicidad oficial. El mandatario aseguró que en 2014 las empresas públicas invirtieron 53 millones de dólares por año, mientras que en el período 2015-2017 la cifra descendió a 34 millones. «Y la vamos a bajar más», señaló Vázquez.
Sin embargo, sigue pendiente en nuestro país la aprobación de una ley que regule la producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial, de forma de utilizarla de manera más eficaz, justa y transparente.
En junio de 2015 el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó una iniciativa ciudadana que contó con el apoyo de legisladores de los cuatro principales partidos políticos del país para darle curso parlamentario. Sin embargo, este amplio respaldo no ha logrado transformarse en una rápida aprobación.
En diciembre de 2016, el proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, pero durante 2017 no se votó el articulado en particular.
Tal como fue señalado por los propios legisladores al momento de la presentación del proyecto, la aprobación de una ley de este tipo es fundamental para garantizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, ya que establece procedimientos claros para la asignación de la pauta, evita el uso discrecional de la publicidad como forma de castigo o premio a los medios de comunicación en función de su línea editorial, favorece mecanismos de contralor ciudadano del gasto, incluye criterios de transparencia activa para las empresas que reciben publicidad oficial, entre otros aspectos.
Más allá del compartible gesto del Presidente respecto al control del gasto público, CAinfo entiende que es necesario seguir avanzando en un proyecto de ley que contemple toda la problemática asociada a la publicidad oficial, que establezca reglas de juego más justas, claras y transparentes, y que por lo tanto redunde en un mejor sistema democrático.
Por eso reclama a todos los partidos políticos que el proyecto sea discutido y votado este año en el Parlamento.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes un conjunto de propuestas para mejorar el proyecto de ley sobre producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial.
El documento presentado a los legisladores recoge los principales comentarios y aportes de las numerosas audiencias que ha mantenido la Comisión con diferentes actores involucrados, a partir de lo cual sugiere al Parlamento mantener varios aspectos claves del proyecto presentado por CAinfo que han recibido fuerte respaldo social y empresarial, así como cambios a algunos artículos que recibieron observaciones críticas.
En opinión de CAinfo, surgen importantes acuerdos fundamentales, comenzando por compartir que estamos ante un problema de larga data en nuestro país que es necesario encauzar y resolver mediante una regulación legal específica, y que el actual proyecto de ley a estudio de la Comisión establece “reglas claras y precisas que permiten garantizar una mayor transparencia y evitar la discrecional en la asignación de la publicidad oficial”.
Asimismo, en las audiencias se destacó como positivo aspectos como el alcance en la definición de publicidad oficial, las limitaciones que se establecen en periodo electoral, la asignación de la pauta mediante criterios técnicos y no políticos, la exigencia de un piso mínimo para campañas que lleguen a todo el país mediante los medios instalados en el interior del mismo, entre otros.
Dentro de los aspectos que entiende deberían ser modificados o mejorados se propone cuidar las autonomías que garantiza la Constitución a los gobiernos departamentales. En ese sentido, CAinfo entiende que si bien la ley puede establecer criterios y principios generales para todos los organismos públicos, podría ser inconstitucional «definir procedimientos específicos o gastos que violen las autonomías departamentales».
Por otro lado, CAinfo entiende que las disposiciones que el proyecto de ley establece en su articulo 7 sobre transparencia en el mercado «deben alcanzar tanto a organismos públicos, como a las emisoras, prensa y otros soportes de comunicación, así como a las agencias de publicidad, centrales de medios y otros intermediarios que son claves en el proceso de otorgamiento de publicidad oficial», y comparte que sería mejor no crear nuevos organismos públicos para la aplicación de la ley, sino asignar “competencias diferenciadas de control y asesoramiento a organismos ya existentes”.
Además, CAinfo entiende necesario que se incluya a texto expreso que los medios comunitarios no podrán ser discriminados ni excluidos en la asignación de publicidad oficial, tanto en lo que tiene que ver con la distribución como con los fondos públicos creados para la promoción de la diversidad de medios de comunicación, los cuales deberían ser asignados en partes iguales a medios comerciales y comunitarios.
