Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sociedad civil reclama coherencia de países en la Alianza para el Gobierno Abierto frente a crisis de CIDH

Jun 1, 2016

La observación y defensa de la situación de derechos humanos por parte de la CIDH es clave para la realización de los pilares que sostienen la Alianza.Gobiernos abiertos no pueden ser ajenos al escrutinio exterior ni ser omisos de sus compromisos internacionales.

En el marco del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, que toma lugar el 01 y 02 de junio en Montevideo, Uruguay, más de 50 organizaciones y redes de sociedad civil de las Américas hacen un llamado puntual para que los países que integran la Organización de los Estados Americanos se comprometan seria y fehacientemente a respetar el mandato y asegurar la operación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la labor de monitoreo y defensa que desempeña la Comisión Interamericana (CIDH) y sus relatorías.

La CIDH es uno de los órganos principales de protección, promoción y defensa de derechos humanos de la región, y el recurso último con el que cuenta la sociedad y las víctimas de violaciones para garantizar la vigencia de los mismos.

De igual manera, la Comisión ha robustecido el sistema con estándares regionales que generan cambios legislativos, judiciales y de política pública. A pesar de todo esto, el órgano hizo pública su delicada situación financiera vigente, la que amenaza directamente la realización oportuna y efectiva de su mandato.De acuerdo con lo comunicado por la Comisión, el presupuesto regular de la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 millones de dólares, equivalente al 6% del presupuesto de la OEA, lo cual contrasta con el 41.5% que destina el Consejo de Europa a la promoción y protección de los derechos humanos.

Ante la insuficiencia de recursos, la CIDH ha buscado aportes directos, de países miembros, observadores y la cooperación internacional. En los últimos tres años, el 34% de lo recolectado provino de los países observadores europeos. De forma paradójica, tan sólo en 2015 los países de la región aportaron directamente cerca de 200 mil dólares a la Comisión en comparación con los más de 13 millones de dólares que destinaron a la Corte Penal Internacional, a pesar de que sólo existe un caso de examen preliminar para un país latinoamericano en contraste con las más de 6 mil peticiones de casos de la región en la CIDH.

Ante este escenario, a excepción de Perú, Panamá, Costa Rica y Antigua y Barbuda, ningún país ha manifestado su intención de contribuir con compromisos materiales que aseguren la operación de la CIDH y el cumplimiento de su complejo mandato.Las organizaciones civiles reunidas en Montevideo, francamente preocupadas por esta situación y por lo que representa para la agenda de defensa y protección de derechos humanos, aprovechamos el foro que nos reúne para recordar a todos los países miembros de la OEA, y especialmente a los 17 países americanos integrantes de la Alianza por el Gobierno Abierto, que rehuir del escrutinio internacional que hace la CIDH o ser omisos en garantizar su operación es una profunda contradicción hacia los principios con los que se han comprometido cuando decidieron adherirse a la Alianza para el Gobierno Abierto.

El mandato de la Comisión se vincula directamente con los pilares de gobierno abierto: rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Una plataforma de diálogo y colaboración entre sociedad civil y gobiernos, como AGA, no puede entregar resultados sustantivos sin un marco que garantice derechos humanos y los mecanismos para su tutela, como la CIDH.

Ante este panorama, las organizaciones firmantes hacen un enérgico llamado:

A los países miembros de la OEA e integrantes de la AGA, a realizar aportaciones de emergencia con el fin de superar la crisis financiera inmediata, que llevaría a la reducción del 40% del personal de la CIDH y suspensión de diversas actividades.

A la OEA, para que en su próxima Asamblea General a realizarse en junio, asigne a la CIDH y sus relatorías los recursos necesarios para el cumplimiento cabal de su mandato a corto, mediano y largo plazo.

A todas las partes contribuyentes, asegurar que cualquier tipo de apoyo financiero no debe condicionar la acción autónoma e independiente de la CIDH.

A los Estados miembros de AGA, a ser congruentes con los pilares de gobierno abierto, mostrando apertura al escrutinio que hace la CIDH en materia de derechos humanos.

A los países de la Alianza, asumir compromisos que fortalezcan la CIDH en sus respectivos planes de acción.
Para adherir a este posicionamiento ingrese aquí: http://bit.do/posCIDHogp

Firmantes

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Alianza Latinoamericana frente al Fracking

Articulación Feminista Marcosur

Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) Abriendo Datos, Costa Rica

Alianza Internacional de Habitantes, México

ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica

Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LAVIDA), México Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, Argentina

Cartocrítica, México

CENSAT Agua Viva, Colombia

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Cainfo, Uruguay

Centro de Investigación en Desarrollo AC, CIDAC, México

CONGCOOP, Guatemala

Congreso Transparente, Guatemala

Controla tu Gobierno.com A.C., México

Cooperativa Mujer Ahora, Uruguay

Cotidiano Mujer, Uruguay

DATA, Uruguay

DECA Equipo Pueblo, A.C., México

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, Perú

ECODESS, Perú

El Abrojo, Uruguay

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), México

Food & Water Watch, Estados Unidos

Freshwater Action Network Mexico, México

Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios FUNDAMEDIOS, Ecuador Fundación Chile Sustentable, Chile

Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD, Ecuador

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México

GESOC, A.C., México

Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva, Uruguay

Grupo Propuesta Ciudadana, Perú

Iniciativa Social para la Democracia (ISD), El Salvador

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México

Instituto Mexicano para la Competitividad AC, México

#JusticiaYa, Guatemala

Mujer y Salud en Uruguay, Uruguay

No Fracking Tamaulipas, México

Observatorio Petrolero Sur, Argentina Pobladores, México

Poder Ciudadano, Argentina

Red Académica de Gobierno Abierto, Uruguay Red de Gobierno Abierto RGA, Uruguay SocialTIC, México

Transparencia Mexicana, México Transparencia por Colombia, Colombia

Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Uruguay

CIDH advierte por situación dispar en la región de organismos encargados de controlar acceso a la información

Jun 2, 2015

Ya son más de 20 los países de la región que han aprobado leyes de acceso a la información pública. Sin embargo, no todas las instituciones encargadas de implementar y hacer cumplir estas leyes respetan los estándares interamericanos, advierte en su último informe la Relatoría para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la última década 22 países del hemisferio han adoptado leyes para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Para implementar y aplicar las leyes de acceso a la información de manera eficiente, idónea y adecuada, varios países de la región han creado mecanismos institucionales de supervisión.

La existencia de este tipo de mecanismos es clave tanto para hacer efectiva la implementación de las leyes de acceso a la información, asi como para satisfacer el derecho que tienen las personas de contar con un recurso de revisión sencillo, expedito y efectivo, ante la negativa a entregar información.

Las instituciones que se han creado en la región para garantizar la implementación y cumplimiento del derecho de acceso a la información tienen diseños institucionales y características poco uniformes y no todos cumplen con los estándares interamericanos en cuanto a su independencia, autonomía y poder para resolver controversias.

Una serie de países han creado organismos especializados en el cumplimiento del derecho a la información dotados de autonomía e independencia. En otros casos, se han nombrado comisionados o creado unidades especializadas en acceso a la información que fueron ubicados dentro de organismos ya existentes. Un tercer grupo de Estados ha optado por establecer autoridades o comisiones expertas en el derecho a la información, pero bajo la dependencia del Poder Ejecutivo o de alguna entidad controlada por éste.

Un asunto crítico en los diseños institucionales radica en las facultades atribuidas por ley a estos organismos para resolver controversias y si tienen el poder para ordenar a los sujetos obligados que liberen el acceso a informaciones que pretenden mantener en reserva.

Solo una minoría de los casos estudiados tienen el poder de emitir resoluciones vinculantes para las autoridades obligadas, como lo aconsejan los estándares internacionales.

En los casos de Canadá, Estados Unidos y Uruguay los órganos de supervisión del acceso a la información sólo pueden emitir recomendaciones destinadas a que los organismos públicos que se niegan a entregar información revisen sus decisiones. En estos casos, los solicitantes que quieran hacer cumplir su derecho a la información deberán acudir al Poder Judicial, con el costo transaccional que ello supone.

Los países de la región deben continuar avanzando en su obligación de implementar una cultura de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información. Para ello es fundamental persistir en la construcción de entidades de supervisión robustas y con poder suficiente para darle vida y sentido a los mandatos de transparencia de las respectivas leyes de acceso a la información y adaptar la jurisprudencia internacional a las prácticas estatales.

Extracto del informe temático «El derecho al acceso a la información pública en las Américas: entidades especializadas para la supervisión y cumplimiento«).

Relatoría para la libertad de expresión presentó informe anual 2014

May 11, 2015

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el jueves 7 de mayo su Informe Anual respecto a la situación del continente en la materia en 2014, como parte del Informe Anual presentado por la Comisión a los Estados miembros.

La relatoría señala que el año pasado hubo escasos avances para el ejercicio de la libertad de expresión, aumento de la violencia contra periodistas, expansión del uso del derecho penal para sancionar expresiones de interés público, reacción desmedida contra manifestantes, falta de transparencia y límites a los programas de vigilancia electrónica, y concentración de medios y exclusión del sector comunitario en la agenda de asuntos pendientes.

Para leer el resumen ejecutivo, haga clic aquí. Para acceder al informe completo, haga clic aquí.

La Alianza Regional presenta Observaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Mar 31, 2015

La Alianza Regional por la Libre Expresión e información, en el marco del proceso de consulta abierto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentó un documento de observaciones respecto de la solicitud de opinión consultiva presentada por el Gobierno de Panamá. En ésta, se pide que la Corte determine el rol de las personas jurídicas respecto a los derechos que éstas tendrían en virtud de la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador.

En sus observaciones, la Alianza Regional destaca la importancia que ha tenido la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la protección de las víctimas de violaciones de su libertad de expresión, sean éstas personas físicas o jurídicas, y señala la importancia de mantener los criterios que se han aplicado hasta la fecha.

Estas observaciones fueron elaboradas por los integrantes de la Comisión de Litigio de nuestra red, y es presentada en nombre de las 23 organizaciones miembros de la Alianza Regional.

Para acceder al documento completo haga click aqui.

Relatoría Especial condena asesinato de comunicador en Honduras

Dic 21, 2014

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del comunicador Reynaldo Paz Mayes, propietario del Canal 28, ocurrido el 15 de diciembre en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, Honduras. La Relatoría manifiesta su profunda preocupación e insta a las autoridades hondureñas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen e investigar, juzgar y condenar a los responsables materiales e intelectuales de este asesinato.

De acuerdo con la información recibida, Paz Mayes realizaba ejercicio en horas de la mañana en un centro deportivo de la ciudad cuando fue atacado por desconocidos quienes le dispararon al menos en dos ocasiones. El empresario también dirigía programas de opinión crítica y análisis sobre la situación del país.

Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado hondureño esclarezca a la mayor brevedad posible la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima. Ante la serie de asesinatos cometidos contra comunicadores en Honduras desde 2009 resulta imprescindible que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña.

La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad periodística. Durante la reciente visita in loco a Honduras, la CIDH consideró que las autoridades debían asegurar que el proyecto de ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, sea aprobado de manera urgente. La CIDH también exhortó al Estado a continuar el diálogo con todos los sectores involucrados con el objetivo de tomar en consideración sus preocupaciones y los estándares internacionales aplicables en materia de mecanismos de protección. Así como también que incluya una determinación adecuada de los periodistas y comunicadores a fin de que las medidas de protección correspondan a las necesidades de trabajo que estos desarrollan y que garanticen el ejercicio de su libertad de expresión.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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