Nov 14, 2014
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Fernando Raymondi, estudiante de periodismo y trabajador de la revista Caretas, ocurrido el 9 de noviembre en San Vicente de Cañete, Departamento de Lima, Perú. La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades peruanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo.
De acuerdo con la información recibida, la noche del 9 de noviembre Fernando Raymondi se encontraba en la tienda de productos alimenticios de su padre cuando dos desconocidos ingresaron y le dispararon, pese a que les indicaron dónde guardaban el dinero de la tienda. Según la información disponible, Raymondi falleció camino al hospital.
Raymondi estudiaba periodismo en la Universidad San Martín de Porres y trabajaba en el área de investigación de la revista Caretas. El medio de comunicación informó que el periodista estaba investigando la existencia de asesinos por encargo en Cañete.
El director de la Policía Nacional del Perú afirmó que la hipótesis manejada hasta el momento, estaría relacionada con un intento de asalto que tuvo como consecuencia la muerte del periodista.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado peruano esclarezca a la mayor brevedad posible la causa de este crimen y exhorta a las autoridades para que investigue de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el crimen habría podido estar asociado con el ejercicio de la profesión del periodista. Asimismo, el Estado deberá identificar, procesar y sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de la víctima.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
Jun 27, 2014
En el marco de la próxima elección del Relator o Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Fundacion para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Open Society Justice Initiative, elaboraron una publicación conjunta que presenta los puntos de vista de los candidatos y candidata al puesto de Relator o Relatora en algunos temas de relevancia hemisférica.
El documento tiene como objetivo promover una mayor transparencia en el proceso y acercar al público en general los puntos de vista de los candidatos. Al respecto, creemos que la sociedad civil desempeña un papel vital para asegurar que procesos de selección de este tipo sean transparentes, garanticen diversidad y promuevan candidatos que cuentan con las mas altas calificaciones. Esperamos que este documento sea de utilidad.
Acceda a la publicación aquí.
Feb 24, 2014
Comunicados de Prensa de la CIDH, 21 de febrero de 2014
CIDH manifiesta profunda preocupación por situación del derecho a la protesta pacífica, de asociación y libertad de expresión en Venezuela
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha continuado monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en Venezuela en los últimos días, y reitera que se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión.
La Comisión ha prestado especial atención a las graves denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes durante las protestas que han seguido teniendo lugar en el país. En este contexto, varias personas resultaron heridas y una fallecida por herida de arma de fuego durante las manifestaciones realizadas en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el día martes 18 de febrero. Asimismo, de acuerdo a cifras ofrecidas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, otras cuatro personas resultaron heridas de bala y una fallecida en protestas ocurridas en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, el miércoles 19 siguiente. De igual manera, la información disponible da cuenta de la actuación de estos grupos en supuestos allanamientos realizados a la sede de un partido político en Venezuela.
La CIDH condena cualquier actuación de esta naturaleza y hace un llamado a las autoridades venezolanas a reforzar todas aquellas medidas destinadas a asegurar el desarme efectivo de estos grupos, investigar y sancionar las acciones ilícitas de los mismos y garantizar la seguridad de la población. La CIDH valora que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haya rechazado públicamente los hechos de violencia y hecho un llamado al desarme de estos grupos.
Asimismo, la Comisión expresa su preocupación porque persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, y que varias personas habrían resultado heridas producto de la alegada represión en contra de los manifestantes. De igual manera, la CIDH ha dado seguimiento a la situación de un alto número de personas, incluyendo menores de edad, que habrían sido detenidas desde las manifestaciones ocurridas el miércoles 12 de febrero y con posterioridad. La información disponible y puesta en conocimiento de la Comisión, da cuenta de una serie de denuncias sobre casos de detenciones sin orden judicial, falta de presentación oportuna ante una autoridad judicial, el supuesto impedimento de contacto inicial con abogados y familiares, y supuestos hechos de malos tratos en contra de algunas de las personas detenidas por parte de agentes estatales, y mientras se encontraban bajo su custodia.
La CIDH también ha recibido información preocupante sobre supuestas detenciones a periodistas mientras cubrían las protestas, así como agresiones físicas en su contra y la supuesta destrucción e incautación de material periodístico por miembros de la Fuerza Pública. En igual sentido, la CIDH sigue observando con preocupación el alegado bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela, en un contexto en el cual las autoridades venezolanas han reiterado los llamados de advertencia sobre la posibilidad de aplicar sanciones y suspensión de la transmisión por el tipo de cobertura mediática que realicen sobre la coyuntura registrada en el país. Asimismo, existen denuncias sobre la supuesta suspensión del servicio de Internet en el estado Táchira, lo que estaría impidiendo el acceso a la información a la población de dicha entidad.
La Comisión Interamericana reitera a las autoridades venezolanas que es indispensable que en una sociedad democrática existan garantías suficientes para asegurar que la población tenga acceso al pluralismo y la diversidad informativa, especialmente en relación con temas de interés público y el acontecer nacional.
Por otra parte, la Comisión ha tomado conocimiento del inicio de procesos penales a algunos dirigentes de la oposición venezolana luego de haber participado en las convocatorias de las protestas en el país. En este contexto, al dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, se le ha iniciado un proceso judicial y se encuentra privado de libertad, luego de que altos voceros del Gobierno le responsabilizaran públicamente por los hechos ocurridos durante las manifestaciones del miércoles 12 de febrero.
Tal y como lo ha señalado la CIDH, el Estado tiene el deber de realizar investigaciones de oficio, destinadas al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los últimos días y que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. En ese sentido, los procesos judiciales deben ser conducidos de forma diligente e imparcial y con apego a las garantías del debido proceso. Asimismo, la Comisión reitera que resulta de enorme preocupación la alegada utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos.
La CIDH lamenta que se hayan producido nuevos hechos de violencia y reitera su llamado al Estado a promover un proceso de diálogo que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
