Cainfo y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información invitan a periodistas a participar de un ciclo de talleres sobre el uso del derecho de Acceso a la Información Pública (AIP) para dar cobertura y seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 13: salud, con perspectiva de género; y acción por el clima. La iniciativa forma parte del proyecto de Fortalecimiento de los ODS. Los talleres serán dictados por expertos internacionales de cuatro países de América Latina. El proyecto está impulsado por la UNESCO y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y contará con 24 periodistas de El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cainfo seleccionará a seis periodistas de Uruguay que recibirán formación gratuita durante cinco semanas de la mano de especialistas en cada ODS y en el derecho de AIP. Además tendrán la posibilidad de conocer las realidades regionales y generar posibles trabajos en conjunto. Cada semana las y los participantes deberán ver una clase asincrónica grabada por expertos internacionales, y conectarse a una sesión en vivo de 1.5 hs vía Zoom donde podrán poner en práctica los contenidos, compartir con colegas de otros países y desarrollar una propuesta sólida de investigación que incluya el monitoreo del ODS seleccionado, a partir del ejercicio del derecho de AIP. La sesión inaugural del taller será el lunes 9 de mayo a las 19 horas (URU). Los cuatro encuentros restantes serán los días martes, hasta el 07 de junio, en el mismo horario. Adicionalmente, las personas seleccionadas podrán participar en un encuentro final con personalidades del ámbito internacional en la defensa de los derechos humanos, libertad de expresión y periodismo. Se otorgará certificado de participación al asistir al menos al 80% de las sesiones, completar la asignación final y responder los cuestionarios de cada clase.
Período de postulación
El plazo para presentar postulaciones culminará el 30 de abril de 2022. El anuncio de las personas seleccionadas será el 2 de mayo, en todos los países participantes.
Requisitos
Breve Currículum Vitae
Breve carta en la cual exponga su interés en realizar investigaciones sobre los temas: Salud y bienestar con enfoque de género (ODS 3), o Acción por el clima (ODS 13) Presentación de postulaciones: vía electrónica al correo info@cainfo.org.uy con el asunto: “Postulación talleres seguimiento ODS”
Organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por el uso abusivo de los mecanismos de censura privada en plataformas digitales violentando la libertad de expresión de medios de prensa en Uruguay
Las abajo firmantes, organizaciones de la sociedad civil, dedicadas al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales resaltamos el papel decisivo que desempeñan los motores de búsqueda de internet en la difusión global de la información periodística, por lo cual expresamos nuestrapreocupación por el retiro de los resultados de búsqueda de Google de dos investigaciones publicadas por el medio digital uruguayo Sudestada, sin garantías de una defensa previa, apelación y debido proceso.
Se trata de dos reclamos activados con fundamentos diferentes: una de las investigaciones periodísticas es desindexada por presunta violación de los derechos de autor de acuerdo con la ley de Estados Unidos (DCMA) y la otra nota se desindexa del motor de búsqueda por una presunta violación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).
Si bien los fundamentos son diferentes, ambas decisiones tienen varias cuestiones en común: (1) las denuncias de terceros tratan de ocultar información de alto interés público sobre la participación de estudios jurídicos uruguayos en casos de corrupción, (2) las notificaciones de Google no cuentan con una descripción o fundamentos suficientes que den cuenta sobre los supuestos ilícitos, (3) los denunciantes son anónimos y (4) las formas de apelación son inadecuadas y/o abusivas, ya que el simple reclamo obliga al periodista y al medio a aceptar que el juicio se realizaría en una jurisdicción fuera de Uruguay. Esta pauta establecida en el marco legal de los EEUU y de la UE se impone a otras jurisdicciones y constituye un fuerte desincentivo al reclamo. La plataforma no ofrece ninguna alternativa adaptada a usuarios y usuarias que no residen en esos territorios y por lo tanto tienen otros marcos legales y jurídicos de resguardo de sus derechos.
Estas formas de moderación de contenidos de Google llevan a la indefensión del medio denunciado ya que las peticiones de restricción de contenidos deben ser claras, inequívocas y respetar el debido proceso, además de brindar la posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo en el lugar donde residen. De esta forma, para que sus normas sean compatibles con estándares de derechos humanos, las plataformas digitales deberían:
Expresar claramente las razones por las que el contenido en cuestión incumple las políticas de restricción de contenido de la plataforma de internet brindando una descripción sucinta de los hechos y contexto.
Brindar los datos de contacto del denunciante o su representante o, si la ley no lo permite, el identificador de Internet de la información relacionada al reclamo.
Brindar al denunciado la posibilidad de un proceso de apelación efectivo y rápido, en su propio idioma, y dirimir el conflicto en tribunales nacionales.
Establecer y aplicar mecanismos de revisión, castigo y reparación para aquellos casos de uso abusivo de los mecanismos de reclamo de terceros que buscan cercenar la libertad de información en línea.
Por estas razones, las organizaciones firmantes apoyamos el reclamo de Sudestada comprendiendo que, si bien el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, es inadmisible e intolerable el uso abusivo de los mecanismos de denuncia, enmarcados ya sea en supuestas violaciones al derecho de autor o en el denominado “derecho al olvido”, como estrategia de silenciamiento de expresiones de interés público.
Access Now
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de la Prensa Uruguaya
Asociación TEDIC (Paraguay)
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)
CAInfo (Uruguay)
Cieenpre Juntos (Uruguay)
Cotidiano Mujer (Uruguay)
Creative Commons Uruguay
Data Uruguay
Datysoc (Uruguay)
El Abrojo (Uruguay)
Fundación Karisma (Colombia)
Fundación Vía Libre (Argentina)
Hermandad Pro Derechos Uruguay
IFEX-ALC
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay
Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social
Este sábado 23 de octubre se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y las personas trabajadoras de medios de comunicación. En el marco de esta celebración, CAinfo realizó este viernes un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique. En la actividad se analizó el hostigamiento y estigmatización de los periodistas en Uruguay.
Luego de un breve informe sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, presentado por Cainfo, Vaca, Pérez Manrique y Eva López, también integrante de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se refirieron a la situación de los periodistas en la región.
En su intervención, Vaca dijo que defender la libertad de expresión “no es un privilegio” para los periodistas, sino que es algo que debe involucrar a toda la sociedad.
Sobre Uruguay, destacó que el país suele aparecer en los principales lugares en cuanto a defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que en los últimos tiempos en su oficina comenzaron a “llegar más reportes” de problemas que lo usual. Por eso llamó a “ser cuidadosos” con las acciones para mantener el lugar de privilegio a nivel regional.
También planteó a los líderes políticos de todos los países que cuiden el debate público, no estigmaticen la labor de los periodistas y que los partidos adopten códigos de conducta al respecto.
López, en tanto, realizó una presentación sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Señaló que el acoso en línea a las periodistas tiene un “alto componente sexual”.
El cierre estuvo a cargo de Pérez Manrique. Dijo que observa tres grandes dificultades para la labor periodística. Una está vinculada a los problemas en el acceso a información pública vinculada a la pandemia. Otra es que se observa un recrudecimiento en el hostigamiento a los periodistas. En tercer lugar señaló su preocupación por los ataques que sufren las periodistas.
Dijo que uno de los “grandes desafíos” es que los “sistemas de aplicación de la ley” de la región “actúen conforme los criterios del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos cuando se trata delitos o crímenes contra periodistas o cuando se trata de demanda civiles que puedan tener efecto intimidante, que procure el silenciamiento de determinados medios”.
Desde CAinfo difundimos el comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática (de la que somos parte) marcando posición respecto al contenido del proyecto de ley que viene a sustituir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El 14 de abril se realizó el primero de los cinco webinars de la serie Articulaciones: diálogos sobre COVID-19, derechos y desigualdades, convocado por Fundar-México, Artículo 19-México y Centroamérica, y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, con el fin de generar un espacio de diálogo sobre la situación en México y otros países de la región en materia de goce de derechos en el marco de la pandemia.
Este primer encuentro, titulado El derecho a la información durante la pandemia, contó con la participación de expertos internacionales en la materia: el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza; la Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) de México, Blanca Lilia Ibarra; la directora Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas; la Coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Justine Dupuy; y la Directora Ejecutiva de Fundar, Haydeé Pérez Garrido; con la moderación de Anaid García Tobón, investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
En el primer bloque, el Relator Edison Lanza expuso los puntos principales consensuados por la CIDH: 1) La importancia crucial del acceso a la información pública y la transparencia para enfrentar esta situación; 2) La necesidad de que los gobiernos informen de manera veraz y oportuna; y 3) los derechos de libre expresión e información no deberían ser restringidos.
El Relator insistió en la priorización de algunas categorías fundamentales en este contexto: la información sobre la evolución de la pandemia, las medidas adoptadas por los gobiernos, los fondos destinados, y la afectación desproporcionada de determinados grupos o sectores de la población respecto a otros. Estos temas, señaló, deben ser objeto de información proactiva, veraz, en forma desagregada y en formatos abiertos y accesibles a los diferentes públicos; mientras que, para el caso de temas no prioritarios durante la pandemia, se deben establecer plazos razonables y mantener la posibilidad de apelar a estas resoluciones.
Por su parte, Ana Cristina Ruelas (Articulo 19) coincidió en que existen derechos que pueden restringirse en contextos de emergencia pero el de información debe prevalecer: “La universalidad del derecho sigue siendo una aspiración, porque la gente no ha visto la importancia de este derecho sobre cualquier otro”.
Blanca Lilia Ibarra (INAI) coincidió en que la crisis será mejor atendida en la medida en que se cuente con información al respecto, y en que ésta no puede ser limitada bajo ningún esquema. La Comisionada por otro lado detalló las acciones llevadas a cabo por el INAI, explicando que se trata de una suspensión de los plazos de las solicitudes de AIP, pero no de actividades del organismo, con el fin de salvaguardar la salud de los empleados públicos sin menoscabar el derecho de acceso a la información. Explicó que se organizaron reuniones con la Secretaría de Salud para identificar los temas que más interesan a la población en base a las solicitudes presentadas; y anunció la publicación de un micrositio para la publicación de sus respuestas. También coordinarán con las autoridades para incorporar a este sitio un mapa interactivo que permita a la población conocer el estado de la pandemia en sus respectivas ciudades, municipios y estados. Entre los temas más frecuentes en las solicitudes de información, destacó: la cooperación internacional, el equipamiento médico e infraestructura, el presupuesto asignado a combatir la pandemia, las causas del desabasto de medicamentos, y el robo de estos últimos, entre otros.
En relación a la situación del INAI, Justine Dupuy (Fundar), manifestó su preocupación por la decisión de ampliar los plazos en este contexto: en el caso de México, señaló que en este momento las fuentes principales de información son las conferencias oficiales, que en ciertos casos han generado más dudas y preguntas en la ciudadanía y no existe información detallada y oportuna disponible en línea, por lo que resulta importante que el INAI de seguimiento a las solicitudes de información que se realizaron en las últimas semanas, sobre todo en materia de salud y que se impulse políticas de transparencia proactiva en los sectores prioritarios.
Haydeé Pérez Garrido (Fundar) también cuestionó el tema de los plazos suspendidos, y la falta de una explicación sustentada y fundamentada por parte del INAI al momento de tomar la decisión de la suspensión. En este sentido destacó la importancia de que se comunique mejor a la ciudadanía, como parte de una reflexión más amplia sobre lo que significa la transparencia proactiva. Invitó también a pensar cual debería ser el papel de los órganos garantes del derecho de acceso a la información no solo en México sino en la región.
Otro tema que surgió fue el de la desinformación y la circulación de fakenews. Ana Cristina Ruelas (Articulo 19) destacó la importancia del no bloqueo a la labor periodística para garantizar información objetiva y precisa; y la responsabilidad de toda la población para contrarrestar las noticias falsas evitando su transmisión. También advirtió que las fuentes de desinformación que buscan generar pánico en la ciudadanía pueden generar un colapso de los sistemas de AIP.
En esta línea Edison Lanza también destacó la obligación de los funcionarios públicos de todo nivel a ofrecer información veraz; y la necesidad de acotar la disparidad entre los diferentes estados respecto a la información certera sobre cómo está avanzando el virus: en este sentido señaló la tarea urgente de generar estándares e indicadores precisos sobre la información mínima que la población debe tener: respecto a testeos; número de infectados, personas en cuidados intensivos y recuperados; la generación de bases de datos abiertas para generar las propias curvas y consideraciones científicas por parte de actores independientes al estado.
En este contexto, y de cara a la reunión plenaria del INAI prevista para el 15 de Abril, se anunció además el envío de una carta al organismo donde las OSCs firmantes manifiestan su preocupación en torno a la suspensión o aplazamiento de plazos, recursos de revisión y obligaciones de transparencia, así como recomendaciones y propuestas sobre el rol del INAI en este contexto:
(Atención: texto actualiza versión anterior del comunicado)
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) tomó conocimiento de una supuesta decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de declarar “confidencial” la información referente al supuesto avance de la enfermedad conocida como «coronavirus» (Covid-19) en el país.
Según informó un periodista del diario El País, el MSP negó información sobre cuáles son los modelos matemáticos que utiliza la autoridad sanitaria para calcular cuál será el progreso de los contagios en el territorio nacional.
El MSP se comunicó con CAinfo para informar que no han declarado formalmente la información solicitada como «confidencial». Se nos comunicó que en el caso que así lo ameritara, se haría de acuerdo a la ley y con fundamentos.
En un momento de emergencia sanitaria como el actual, en el que el país atraviesa una pandemia, es bueno señalar que resulta indispensable que la información de interés público se maneje con absoluta transparencia. Asimismo, cabe recordar que la declaración como «confidencial» o “secreta” de una información en poder del Estado debe estar debidamente fundamentada, mediante una resolución de la autoridad competente, según lo establece la ley 18.381 en sus artículos 8 a 12 (1).
«Los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos, prestando especial atención a garantizar el acceso a la información por parte de las personas con acceso limitado a Internet o a aquellas personas en condición de discapacidad a las cuales se les dificulte el acceso», dice una declaración emitida este jueves 19 por los relatores especiales de libertad de expresión de las Naciones Unidas, David Kaye, y de la OEA, Edison Lanza, y el representante para la libertad de los medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Harlem Désir.
«El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno», agrega la declaración (2).
