Cainfo y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información invitan a periodistas a participar de un ciclo de talleres sobre el uso del derecho de Acceso a la Información Pública (AIP) para dar cobertura y seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 13: salud, con perspectiva de género; y acción por el clima. La iniciativa forma parte del proyecto de Fortalecimiento de los ODS. Los talleres serán dictados por expertos internacionales de cuatro países de América Latina. El proyecto está impulsado por la UNESCO y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y contará con 24 periodistas de El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cainfo seleccionará a seis periodistas de Uruguay que recibirán formación gratuita durante cinco semanas de la mano de especialistas en cada ODS y en el derecho de AIP. Además tendrán la posibilidad de conocer las realidades regionales y generar posibles trabajos en conjunto. Cada semana las y los participantes deberán ver una clase asincrónica grabada por expertos internacionales, y conectarse a una sesión en vivo de 1.5 hs vía Zoom donde podrán poner en práctica los contenidos, compartir con colegas de otros países y desarrollar una propuesta sólida de investigación que incluya el monitoreo del ODS seleccionado, a partir del ejercicio del derecho de AIP. La sesión inaugural del taller será el lunes 9 de mayo a las 19 horas (URU). Los cuatro encuentros restantes serán los días martes, hasta el 07 de junio, en el mismo horario. Adicionalmente, las personas seleccionadas podrán participar en un encuentro final con personalidades del ámbito internacional en la defensa de los derechos humanos, libertad de expresión y periodismo. Se otorgará certificado de participación al asistir al menos al 80% de las sesiones, completar la asignación final y responder los cuestionarios de cada clase.
Período de postulación
El plazo para presentar postulaciones culminará el 30 de abril de 2022. El anuncio de las personas seleccionadas será el 2 de mayo, en todos los países participantes.
Requisitos
Breve Currículum Vitae
Breve carta en la cual exponga su interés en realizar investigaciones sobre los temas: Salud y bienestar con enfoque de género (ODS 3), o Acción por el clima (ODS 13) Presentación de postulaciones: vía electrónica al correo info@cainfo.org.uy con el asunto: “Postulación talleres seguimiento ODS”
Este jueves se presentaron en Montevideo los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”. Ese documento fue suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018 por los gobiernos de las Américas, como forma de generar una serie de medidas a nivel regional contra la corrupción.
El trabajo fue realizado por el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), integrado en Uruguay por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), ColectivaMujeres, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) y la Comisión Uruguaya de Lucha contra la Corrupción – Uruguay Transparente (UT).
El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.
Los hallazgos recogidos en el informe sobre Uruguay destacan positivamente las políticas de gobierno abierto, orientadas a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones del Estado. Asimismo, se registran avances en las políticas de fortalecimiento de la ciudadanía digital, como normativas y políticas públicas que han favorecido el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en Uruguay.
Sin embargo, continúa pendiente el avance efectivo en normativa y políticas que garanticen la transparencia del funcionamiento de los partidos políticos, la rendición de cuentas de actores privados que manejan fondos públicos y el logro de mayor transparencia de las compras públicas, entre otras medidas.
Algunos de los compromisos analizados registran rezagos y estancamientos en el desarrollo e implementación de normativa que materialice lo comprometido en Lima. Niveles de desarrollo disímiles de políticas limitan la eficacia de las acciones. y las diferencias entre el desarrollo normativo y el financiamiento de las políticas públicas de combate a la corrupción ponen en riesgo su eficiencia y sostenibilidad. La limitada independencia de los órganos de contralor es un elemento revelador.
Para tener acceso al informe completo hacé click acá.
Los días 13, 14 y 16 de noviembre se desarrollará una actividad con el propósito de capacitar periodistas de todo el país para la identificación y el monitoreo de episodios que amenacen el cumplimiento de los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
El encuentro se realiza en línea con la metodología que lleva adelante Cainfo en el marco del proyecto regional Voces del Sur. Esta instancia de formación profesional cuenta con el apoyo del Programa Internacional Para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Durante la capacitación se realizarán encuentros con expertos en seguridad para periodistas, monitoreo de amenazas a la libertad de expresión, identificación de casos, estándares interamericanos de libertad de expresión, acceso a la información pública y perspectiva de género.
Al final del evento se discutirá cómo aprovechar los conocimientos adquiridos y el intercambio realizado para consolidar una red de periodistas que asegure el alcance del monitoreo en todo el territorio nacional, en línea con las mejores prácticas que se desarrollan a nivel regional.
La actividad se realizará los días sábado 13 y domingo 14 de noviembre de forma presencial en Montevideo y el martes 16 de noviembre por plataforma zoom.
La capacitación está destinada a periodistas en ejercicio en medios de comunicación de todo el país. Se financiará el traslado y la estadía para aquellas personas que residan fuera de la Zona Metropolitana y se comprometan a asistir a todas las actividades programadas.
Los cupos son limitados. Quienes quieran participar de esta instancia deberán completar el formulario de postulación. Para la selección se tendrá en cuenta la representación territorial, de género y ascendencia étnico racial.
El período de postulación estará abierto hasta el 9 de noviembre. Las personas seleccionadas recibirán una notificación el 10 de noviembre.
El monitoreo de los ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos globales como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse antes del año 2030 y constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.
Entre ellos el objetivo 16 se propone «Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas», mediante el alcance de 10 Metas. Entre ellas se encuentran la Meta 10.1 relativa a «Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales». A su vez, esta meta se divide en dos mediciones: 1. Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, y 2. Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información.
Desde 2015 Cainfo realiza en Uruguay una labor de monitoreo de la libertad de expresión de periodistas, publicando alertas y elaborando un informe anual que se publica cada 3 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Expresión y de Prensa.
Desde 2019 Cainfo también forma parte del proyecto Voces del Sur, una red de 13 organizaciones de la sociedad civil de América Latina que se dedica al monitoreo del cumplimiento del ODS 16.10.1, indicador que registra el número de casos verificados de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, personal de medios de comunicación asociados, sindicalistas y defensores de los derechos humanos.
Ese trabajo conjunto se refleja, a su vez, en un Informe Sombra que Voces del Sur publica desde hace tres años, y que sirve como insumo para el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN), la principal instancia de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
A partir de 2021, Voces del Sur también realiza el monitoreo a nivel regional del indicador 16.10.2 de los ODS que refiere al número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales o normativas para el acceso público a la información.
Este sábado 23 de octubre se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y las personas trabajadoras de medios de comunicación. En el marco de esta celebración, CAinfo realizó este viernes un encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Ricardo Pérez Manrique. En la actividad se analizó el hostigamiento y estigmatización de los periodistas en Uruguay.
Luego de un breve informe sobre la situación de la libertad de expresión en Uruguay, presentado por Cainfo, Vaca, Pérez Manrique y Eva López, también integrante de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se refirieron a la situación de los periodistas en la región.
En su intervención, Vaca dijo que defender la libertad de expresión “no es un privilegio” para los periodistas, sino que es algo que debe involucrar a toda la sociedad.
Sobre Uruguay, destacó que el país suele aparecer en los principales lugares en cuanto a defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, advirtió que en los últimos tiempos en su oficina comenzaron a “llegar más reportes” de problemas que lo usual. Por eso llamó a “ser cuidadosos” con las acciones para mantener el lugar de privilegio a nivel regional.
También planteó a los líderes políticos de todos los países que cuiden el debate público, no estigmaticen la labor de los periodistas y que los partidos adopten códigos de conducta al respecto.
López, en tanto, realizó una presentación sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Señaló que el acoso en línea a las periodistas tiene un “alto componente sexual”.
El cierre estuvo a cargo de Pérez Manrique. Dijo que observa tres grandes dificultades para la labor periodística. Una está vinculada a los problemas en el acceso a información pública vinculada a la pandemia. Otra es que se observa un recrudecimiento en el hostigamiento a los periodistas. En tercer lugar señaló su preocupación por los ataques que sufren las periodistas.
Dijo que uno de los “grandes desafíos” es que los “sistemas de aplicación de la ley” de la región “actúen conforme los criterios del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los Derechos Humanos cuando se trata delitos o crímenes contra periodistas o cuando se trata de demanda civiles que puedan tener efecto intimidante, que procure el silenciamiento de determinados medios”.
Una delegación del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) compareció este jueves 21 en el parlamento para presentar sus aportes al tratamiento de un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Acceso a la Información Pública.
El proyecto fue presentado por la bancada del Frente Amplio y, entre otras propuestas, incluye la ampliación de la lista de sujetos obligados, la reducción del plazo de que disponen los organismos que solicitan prórrogas para dar respuesta a las solicitudes de acceso y la ampliación de las potestades del órgano garante, la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Si bien Cainfo considera que varias de las modificaciones propuestas contribuyen a mejorar la ley y van en la línea de los estándares internacionales en la materia, también planteó en el informe la necesidad de avanzar aún más en distintos aspectos normativos. Por ejemplo, revisando el posicionamiento institucional de la UAIP, dotándola de una mayor independencia política y presupuestal; otorgarle mayores potestades sancionatorias; y dar una mayor precisión conceptual a las causales de reserva de información.
Cainfo también planteó la inconveniencia de establecer cambios a la ley mediante iniciativas aisladas, como las contenidas en la Ley de Urgente Consideración o el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se encuentra a discusión del Poder Legislativo. Por el contrario, propuso avanzar en mecanismos participativos y abiertos -como el de las comisiones parlamentarias- a fin de lograr la adecuación de la normativa nacional a los más altos estándares internacionales en esta materia.
Ver el proyecto de ley que analiza la Cámara de Representantes.
Encuentro con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Pedro Vaca Villarreal, y el juez de la Corte Interamericana de DDHH, Dr. Ricardo Pérez Manrique
En mayo de 2021 Cainfo presentó su Séptimo informe sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas, cuyo resultado puso en evidencia un aumento significativo en el número de casos respecto a los años anteriores. El informe, que abarcó desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, registró 49 episodios de rechazo de pedidos de acceso a la información pública, denuncias judiciales, aprobación de normativa contraria a estándares internacionales, agresiones y ataques, entre otros.
El documento, además, dio cuenta de un ambiente de hostigamiento a periodistas que presentaron coberturas u opiniones críticas con el desempeño gubernamental, sin que ningún alto representante del gobierno expresara su rechazo a dichos ataques. Por el contrario, en muchos casos fueron funcionarios públicos quienes llevaron adelante estas manifestaciones, atribuyendo a periodistas y/o medios de comunicación la intención de afectar al gobierno, la afinidad con partidos políticos o la existencia de intereses particulares.
“La investigación y elaboración de este informe se desarrolló en un marco de creciente riesgo para la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. Ese clima de hostilidad, muchas veces se traduce en agresiones a través de redes sociales, acusaciones de intencionalidad política, atribuciones de pertenencia a partidos o grupos de interés, entre otros ataques que involucran a funcionarios públicos y miembros del gobierno”.
Informe 2021 de Cainfo sobre amenazas a la libertad de expresión de periodistas
En ese contexto, parlamentarios promovieron y aprobaron una declaración en la Cámara de Representantes, durante cuya discusión varios legisladores nacionales realizaron imputaciones a periodistas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusaron de impulsar el desprestigio del país en el exterior, mediante la difusión de informes que -en su opinión- no se correspondían con la realidad del país.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), sindicato que reúne a los trabajadores de los medios de comunicación, también advirtió en varias ocasiones sobre las amenazas y acusaciones contra periodistas que se registraron en los últimos meses en las redes sociales, atribuyéndole intenciones partidarias e intereses políticos y partidarios.
En los últimos meses, el clima de hostilidad denunciado en el primer semestre del año comenzó a materializarse a través de la presentación de una decena de demandas judiciales -o amenazas de iniciarlas- contra periodistas por parte de legisladores y otros funcionarios estatales, empresarios, dirigentes deportivos, y sindicalistas. Diez casos llegaron a conocimiento de Cainfo entre los meses de julio y setiembre, un número inusual en un lapso tan breve desde que comenzó a realizarse el monitoreo, en 2014.
El derecho de acceso a la información pública, componente fundamental de la libertad de expresión, también sufrió retrocesos en el período. Un gran número de casos fue registrado en el monitoreo (29 de los 49), pero además se aprobó nueva normativa que fue cuestionada incluso por la autoridad de aplicación de la ley, la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), además de la sociedad civil a través de la Red de Gobierno Abierto (RGA).
Asimismo, se constató una notable caída en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte de los sujetos obligados, según el Índice de Transparencia Activa en Línea (Itael), que elabora Cainfo junto a la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En promedio, disminuyó casi 20 puntos porcentuales el nivel de cumplimiento general respecto a la medición anterior, y sólo 4% de los organismos se ubicó en el nivel Alto de transparencia activa en línea.
“La primera lectura de los datos exhibe un quiebre en la tendencia general ascendente de los últimos años respecto de la información publicada, lo que se traduce en una pérdida de información pública disponible para la ciudadanía. A 12 años de la aprobación de la LDAIP, el nivel de cumplimiento de organismos obligados por ley es bajo. Si se toma en cuenta el universo total relevado el cumplimiento general es de 36.36%, de las obligaciones de transparencia activa que plantea el índice ITAeL, lo que representa una caída de 19.64 puntos porcentuales respecto a los datos del informe anterior (56%”.
Índice de Transparencia Activa en Línea 2021, elaborado por Cainfo y la UCU
Objetivo
En la víspera del Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación en Uruguay, Cainfo organiza un encuentro internacional virtual de asistencia abierta para abordar la situación de libertad de expresión en el país y ubicarla en contexto con el panorama a nivel regional, gracias a la presencia de dos expertos internacionales.
La actividad contará con la prestigiosa participación del Dr. Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con el Dr. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
