El Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU planteó al Uruguay algunas recomendaciones que tienen que ver directamente con la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información. En particular, llama al Estado uruguayo a revisar la ley de acceso a la información para “garantizar la independencia y autonomía del órgano de apelación y control”, un reclamo largamente realizado por CAinfo y la sociedad civil en Uruguay.
En materia de libertad de expresión y medios de comunicación el grupo de trabajo de Naciones Unidas recomienda “garantizar por ley un ecosistema mediático que promueva medios libres, independientes y plurales con la presencia de los sectores privados, públicos y comunitarios”.
Las recomendaciones están incluidas en el documento elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En el texto el organismo anima a Uruguay –a instancias de UNESCO– a “revisar la Ley de libertad de información para garantizar la independencia de la autoridad de supervisión”. Además, recomienda “garantizar la independencia del órgano de apelación y monitoreo de la Ley de acceso a la información pública”. El documento presentado por la sociedad civil ante el EPU recomienda: “Fortalecer la institucionalidad y autonomía del órgano de control de la ley de Acceso a la Información Pública (AIP), dotándolo de mayor autonomía, poder de fiscalización, poder de incidencia en la formulación de las políticas públicas de transparencia y acceso a la información y garantizar el presupuesto que permita el desarrollo de sus funciones. Modificar las atribuciones funcionales de la unidad a los efectos de establecer a texto expreso la competencia para recibir denuncias por incumplimiento del derecho de AIP y emitir dictámenes vinculantes o derivar la función de dirimir apelaciones a un órgano de mayor autonomía como lo es la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.
En materia de libertad de expresión, el documento del ACNUDH recomienda al país que establezca “mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación” y pone énfasis en la necesidad de “garantizar por ley un ecosistema mediático que promueva medios libres, independientes y plurales con la presencia de los sectores privados, públicos y comunitarios”.
El documento presentado por Cainfo y GMS había subrayado la “buena señal” del Estado al iniciar el camino hacia la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que contiene mecanismos que impulsan la autorregulación de los medios pero había señalado los problemas institucionales del nuevo sistema.
“El diseño institucional del órgano de control queda muy centrado en el Poder Ejecutivo. Se crea el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), donde la mayoría de sus funciones son de carácter consultivo y el propio Poder Ejecutivo conserva la posibilidad de imponer sanciones a los medios que incumplan las regulaciones y asigna las frecuencias y licencias para todas las plataformas”, señalaba el documento. En los meses posteriores el diseño volvió a modificarse y el texto aprobado en la Cámara de Representantes asignó las funciones de contralor a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación.
Compromiso uruguayo
Durante la presentación de su informe ante el EPU, el secretario de la Presidencia Homero Guerrero reafirmó el “inquebrantable compromiso del Uruguay con la democracia, con los DDHH y con el sistema multilateral. Los DDHH son actualmente el eje de todas las políticas públicas de nuestro país y el respeto al derecho internacional y al multilateralismo constituyen dos pilares esenciales en la política exterior del Uruguay”, expresó el funcionario.
La delegación estuvo encabezada por Guerrero e integrada además por el director general de Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas, la representante permanente en Ginebra, embajadora Laura Dupuy, y el director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, embajador Federico Perazza.
También estuvieron presentes la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Graciela Jorge, el director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, la asesora penitenciaria del Ministerio del Interior, Gabriela Fulco, la diputada Daniela Payssé, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Raúl Ferreira, y la integrante del Consejo Directivo de esta entidad, Mirtha Guianze.
Guerrero mencionó el “Contexto en el que nuestro país ha venido tutelando los DDHH con distintos instrumentos” a fin de superar la “crisis más profunda de toda su historia” entre 2001 y 2002, que ocasionó “pérdida de empleos y degradación de condiciones socioeconómicas, generaron un serio peligro de desintegración social y familiar, la marginalización de un importante número de uruguayos y la expansión de la pobreza y la indigencia, así como un aumento significativo de la emigración, especialmente entre los más jóvenes”.
El secretario de la Presidencia dijo que esa situación obligó al país a una “redefinición de nuestra matriz de protección social” y mencionó el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) a partir de 2005, el Plan de Equidad que lo sustituyó dos años después y distintos “instrumentos legislativos e institucionales que amparan el cumplimiento de los derechos en la sociedad uruguaya en lo económico, social, cultural, civil y político”.
Guerrero mencionó ocho aspectos que consideró “relevantes e ilustrativos” del empeño puesto por Uruguay para “mejorar la calidad de sus políticas, sus normas y sus instituciones en materia de DDHH”.
- Mejoramiento del marco normativo e institucional en el área de los DDHH.
- Políticas públicas con principal atención en salud, educación y vivienda.
- Políticas de igualdad para evitar todo tipo de discriminación.
- Políticas contra la discriminación racial.
- Política de empleo a través de medidas de política económica e inserción laboral.
- Lucha contra la pobreza y la indigencia como prioridad socioeconómica.
- Reformas para humanizar el sistema carcelario.
- Investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en el pasado reciente.
Asimismo, Guerrero destacó el rol desempeñado en estos años por la sociedad civil, que “el gobierno reconoce y alienta. No es posible construir una sociedad justa e igualitaria sólo desde el gobierno. El apoyo y la intervención de los medios asociativos de los ciudadanos agrupados en torno a instrumentos participativos y con la capacidad de propuesta son un componente fundamental para la promoción de los derechos humanos en nuestra sociedad”, señaló.
Al finalizar el 18° período de sesiones Uruguay aceptó las 187 recomendaciones realizadas por los países participantes del EPU y además adoptó 44 compromisos voluntarios.
Vea el video del Epu de Uruguay, y los documentos presentados.