En un contexto donde nivel continental el año pasado se registraron “escasos avances en materia de libertad de expresión”, Uruguay destacó positivamente tras la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, según señala el informe anual correspondiente al año 2014 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo, que es encabezado por el periodista y abogado uruguayo Edison Lanza, señala que los “escasos avances para el ejercicio de la libertad de expresión” a nivel regional estuvieron marcados, entre otras cosas, por un aumento de la violencia contra periodistas o la reacción desmedida contra manifestantes.
Sin embargo, Uruguay dio la nota positiva tras la aprobación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que ofrece “máxima protección de la libertad de expresión”, establece el informe de la Relatoría.
El organismo destaca que la ley aprobada a fin del año pasado reconoce el derecho a la libertad editorial y de programación, la independencia de los medios y prohíbe la censura. El texto también promueve la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y otros grupos vulnerados.
Otro de los aspectos que la Relatoría destaca como positivos fue la utilización de la ley de acceso a la información pública (ley Nº 18.381) para el control y la participación ciudadana. El informe recuerda la acción de amparo entablada por la ONG Uruguay Libre con el patrocinio de CAinfo que derivó en la obligación de que el Estado entregue información sobre el proyecto minero Aratirí.
Como principales amenazas, la Relatoría recuerda que el año pasado el gremio de periodistas de Uruguay manifestó a la Suprema Corte de Justicia su preocupación por las citaciones a periodistas que se encontraban investigando las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar para que revelen sus fuentes.
El informe recuerda que el Principio 8 de la declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Además, la Relatoría recuerda el caso de dos periodistas de El Eco de Colonia que fueron demandados por un jerarca de la intendencia de ese departamento por difamación e injurias. Esta demanda fue realizada luego de que El Eco denunciara presuntas irregularidades en la Dirección de Tránsito de la comuna.
El caso fue archivado por la Justicia a fines de 2014, más de un año después de presentada la demanda, a pesar de que en Uruguay rige desde 2009 una reforma legal que exime de pena a las personas que difunden información de interés público, salvo que exista real malicia en la divulgación de informaciones falsas.
La Relatoría recuerda en el informe que “someter a un periodista o comunicador a un proceso penal como consecuencia del ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión vulnera ese derecho y afecta el libre ejercicio del oficio”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el jueves 7 de mayo su Informe Anual respecto a la situación del continente en la materia en 2014, como parte del Informe Anual presentado por la Comisión a los Estados miembros.
La relatoría señala que el año pasado hubo escasos avances para el ejercicio de la libertad de expresión, aumento de la violencia contra periodistas, expansión del uso del derecho penal para sancionar expresiones de interés público, reacción desmedida contra manifestantes, falta de transparencia y límites a los programas de vigilancia electrónica, y concentración de medios y exclusión del sector comunitario en la agenda de asuntos pendientes.
En el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) desea resaltar los importantes logros alcanzados en el país en materia de regulación y protección legal del derecho a la libertad de expresión, y plantear algunos desafíos sobre los cuales entiende es importante continuar trabajando a efectos de avanzar en la protección de este derecho en Uruguay.
La aprobación de la Ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria, la despenalización de los delitos de comunicación, la ley de acceso a la información pública y más recientemente la aprobación de la Ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA) constituyen hitos importantísimos en la promoción y defensa de la libertad de expresión en nuestro país.
Desde CAinfo, como organización de la sociedad civil queremos recordar hoy el importante papel que este sector de la sociedad ha tenido en el impulso de muchas de estas reformas.
Superar la brecha entre lo que las normas prevén y la efectiva satisfacción de los derechos humanos constituye uno de los principales retos para todos los gobiernos y todos los Estados del mundo. Uruguay ha sido reconocido por diversos estudios independientes como uno de los países con mejores niveles de protección del derecho a la libertad de expresión de la región.
Sin embargo existen aún muchos desafíos: mejorar las condiciones para el ejercicio profesional de los periodistas, combatir la concentración de medios, garantizar el derecho de acceso a la información pública, y una adecuada regulación de la publicidad oficial y de Internet, son algunos de los desafíos que están planteados.
Este 3 de mayo queremos destacar la necesidad de que a la brevedad se integre la Comisión Especial de la Asamblea General prevista en la LSCA para avanzar en la designación del Consejo de Comunicación Audiovisual y que de manera decidida se avance en la reglamentación de dicha ley, que se encuentra vigente desde su promulgación por parte del Poder Ejecutivo el 30 de diciembre de 2014.
Integrantes de CAinfo y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) presentaron una denuncia ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) tras la adquisición de Radio Colonia y FM Mágica por parte del empresario argentino Daniel Hadad.
El texto, firmado por el integrante del Consejo Directivo de CAinfo, José Imaz, y el presidente de APU, Daniel Lema, denuncia la “situación grave, manifiesta y continuada de ilegalidad” tras la “transferencia de la titularidad real y el manejo absoluto de las emisoras hacia el Sr. Daniel Hadad (argentino), sin contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo”.
La denuncia señala que “los titulares reales de las emisoras Radio Colonia y FM Mágica no son quienes figuran en los registros de la URSEC como autorizados a prestar el servicio de radiodifusión en la ciudad de Colonia”, por lo que estos medios se están manejando mediante testaferros.
Pese a no estar autorizado, el empresario argentino “ya ha realizado varios cambios en la programación de las emisoras, eliminando programas de producción y contenidos uruguayos”, por lo que esto ha significado una “pérdida de empleos de ciudadanos uruguayos”.
Hadad “realizó una visita a los estudios y plantas de las emisoras” el pasado mes de febrero, e incluso el empresario ya “ha reconocido públicamente haber comprado y tomado el control” de las emisoras, advierten los denunciantes.
Recuerdan que el artículo 109 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N°19.307) establece: “La comprobación de la realización de cualquier acto que permita que directa o indirectamente la operación, el funcionamiento o la administración del servicio de comunicación audiovisual estén a cargo de persona no autorizada habilitará la revocación de la autorización o licencia otorgada para prestar el servicio”.
El presidente de la URSEC, Gabriel Lombide, señaló a periódico La Diaria que la investigación que el organismo inició por este tema semanas atrás aún no ha culminado.
Un conjunto de organizaciones sociales de América Latina plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por los altos niveles de concentración de medios en la región que afecta la libertad de expresión.
Las organizaciones comparecieron ayer lunes 16 de marzo en en el marco del 154º Período de Sesiones de la CIDH. Por un lado se presentó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y por otro un conjunto de organizaciones sociales1 de América Latina. La participación del presidente de CAinfo, Martín Prats, contó con el apoyo de la fundación Friedrich Ebert Stiftung en Uruguay (FESUR).
«El problema de los monopolios u oligopolios es uno de los mayores riesgos para la vigencia plena de la libertad de expresión, sean quienes sean los que los detentan, actores privados o actores públicos», comenzó señalando el presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo. Aunque luego advirtió que “el mayor problema en este momento son los monopolios que están manos del Estado”.
Paolillo mencionó como caso preocupante el del empresario mexicano Ángel González, “que maneja un sin número de medios a lo largo y ancho de América Latina”. Se refirió concretamente a los casos de Nicaragua y Guatemala, donde González detenta mayor concentración de medios, al punto tal de tener, en este último país, la “potestad de elegir a los presidentes de la República”.
González también tiene negocios en Uruguay. Según una nota publicada por el semanario Búsqueda, a principios de este año el empresario compró medios ecuatorianos a través de sociedades anónimas uruguayas. La nota también recuerda que González fue investigado por estar detrás de la adquisición de distintas radios a través de testaferros.2
Paolillo terminó reclamando que en la región se apliquen normas antimonopólicas que “no deben ser específicas para los medios de comunicación, sino genéricas para cualquier tipo de actividad, tal como lo establece el artículo 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH».3
El integrante de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, discrepó en este punto y recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ya ha dado alcance al artículo 12 de la Declaración de Principios, en el sentido de permitir regulación específica para atacar el problema de la concentración: “Regirse solamente por limitaciones generales o normas de mercado, como cualquier industria, no solamente es inconveniente, es ineficaz. Esto no se trata de vender cervezas, se trata de derechos humanos. Y por tanto, es necesario establecer legislación específica”.
A su turno, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares, mostró su preocupación por el efecto que está teniendo la concentración de medios en el debate público: “Está impidiendo que la profunda diversidad latinoamericana, con sus distintas expresiones, no sea representada en los medios de comunicación”.
Al igual que Gómez, Olivares opinó que el mercado por sí solo no basta para garantizar el derecho a la libertad de expresión e hizo énfasis en que es necesario regular para que este derecho se cumpla para todos.
Aleida Calleja de OBSERVACOM agregó que el fenómeno de la concentración es tal que, pese a que se están multiplicando las plataformas tecnológicas, “no se están multiplicando la diversidad de voces; lo que estamos viendo es el mismo discurso pero repetido en diferentes plataformas”.
La integrante de OBSERVACOM propuso que la CIDH establezca directrices y genere criterios orientadores a la luz del artículo 12 de la Declaración de Principios, con el objetivo de ayudar a los Estados a legislar para terminar con este “lastre estructural” que es la concentración.
Pedro Vacca, director de la FLIP, opinó en el mismo sentido. Señaló que la legislación está, ahora falta el “cómo”. “Solicitamos a la CIDH que se formulen recomendaciones sobre cómo proceder a desconcentrar el sistema de medios en nuestros países para garantizar un sistema diverso y plural”, señaló.
Vea la audiencia completa:
1 Comparecieron: Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Artículo 19, Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), CAinfo, Colegio de Periodistas de Chile, Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Coletivo Brasil de Comunicação Social, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) 2 Puede ver la nota en el siguiente enlace. 3 El artículo 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH establece: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.”
