Feb 10, 2017
Las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por el ministro Eduardo Bonomi, recibieron este jueves 9 a la periodista Isabel Prieto junto a una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y el Instituto de Estudios Legales y Sociales.
Si bien las autoridades no dieron detalles de la investigación en curso sobre el ataque sufrido por Prieto en la noche del martes 7, señalaron que por los datos recabados hasta el momento la hipótesis más firme es que se haya tratado de un intento de rapiña.
Por el momento, según la Policía, no existen indicios de que el episodio sufrido por Prieto y su esposo tenga vinculación con el maltrato policial sufrido el día anterior en la Seccional 19ª. No obstante las autoridades aclararon que seguirán investigando sin descartar ninguna hipótesis.
El caso ya se encuentra en el ámbito judicial, en el Juzgado Penal de 10º. Turno a cargo de la Dra. Dolores Sánchez.
Las tres organizaciones reafirman la necesidad de avanzar de forma rápida en la investigación de los hechos para lograr su esclarecimiento y juzgar a los responsables, por lo que se mantendrán alertas ante los progresos de la investigación y continuarán haciendo gestiones ante distintas autoridades para respaldar a la periodista.
Consideran que es necesario aclarar este hecho no sólo para garantizar la seguridad personal de Prieto, sino además para esclarecer si se trató de un ataque vinculado al ejercicio de la profesión periodística y asegurar los mecanismos institucionales necesarios para resguardar el derecho a la libertad de expresión de todos los periodistas.
El ministro Bonomi estuvo acompañado por el director nacional de Policía Mario Layera, el director general del MI Charles Carrera y el director de la Unidad de Comunicación Fernando Gil.
Acompañaron a Prieto los dirigentes de APU Victoria Alfaro (presidenta), Claudio Veiga y Ricardo Gabito, y los representantes de CAINFO, Fabián Werner, y de IELSUR, Dr. Martín Sbrocca.
Feb 8, 2017
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) repudia el atentado sufrido por la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, en la noche del martes 7 de febrero.
El hecho se produjo al día siguiente que la periodista denunciara el maltrato policial de que fue objeto en una seccional policial cuando para recabar información sobre el caso de violencia de género ocurrido en el complejo Verdisol, en el que una mujer fue asesinada por su pareja.
Según informó Caras y Caretas, Prieto transitaba en su vehículo por Camino Carrasco y 20 de febrero cuando otro auto con las luces apagadas se ubicó detrás suyo y una moto con dos ocupantes lo hizo del lado del conductor. Inmediatamente una de las personas extrajo una pistola y comenzó a disparar contra la periodista.
Prieto, que iba acompañada por su esposo, aceleró y tomó la avenida Centenario y luego la calle José Pedro Varela, hasta la sede de la Guardia de Coraceros, donde se detuvo y pudo radicar la denuncia policial.
La periodista se encuentra bien, aunque con heridas leves, y con guardia policial en su domicilio.
CAinfo repudia este atentado contra la periodista y exhorta a las autoridades a realizar una rápida investigación a fin de identificar y castigar a los responsables. En caso de confirmarse su relación con el ejercicio de la profesión se trata de un grave caso de amenaza a la libertad de expresión.
De igual modo, reclama al Ministerio del Interior que investigue con la mayor diligencia la denuncia de maltrato policial del que fue objeto la periodista.
El caso será incluido en el próximo informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de periodistas, que CAinfo elabora en colaboración con la Asociación de la Prensa Uruguaya, con el apoyo de la red IFEX.
Nov 25, 2016
El número de casos de amenazas a la Libertad de Expresión de periodistas alcanzó los 25 en lo que va del año 2016, según el monitoreo que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX).
La obstrucción al trabajo periodístico, con 10 casos, es la categoría que más se repitió en el período, mientras que el hostigamiento a través de la Justicia fue la segunda con cinco. También se registraron situaciones de hostigamiento físico (4), intento de censura en distintos niveles (4) y amenazas (2).
En cuanto a los responsables de las amenazas a la libertad de expresión, 12 provinieron de autoridades públicas (representantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Municipios, Policía y la Armada, entre otros organismos), nueve al ámbito privado (empresas o particulares) y cuatro a partidos políticos.
En los últimos días de noviembre se sumaron dos nuevos episodios que implicaron una obstrucción del trabajo periodístico: la negativa a aceptar preguntas por parte de los periodistas que cubrieron la convocatoria a la prensa por parte de la dirigencia del Club Peñarol y la censura por parte de la empresa Tenfield a la pancarta que los futbolistas desplegaron en los partidos televisados el fin de semana.
También llegó la denuncia del episodio ocurrido cuando el líder del Partido de la Gente Edgardo Novick concurrió a la Corte Electoral a inscribir su nuevo lema.
El pasado informe anual del monitoreo, presentado el 3 de mayo en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Expresión, había consignado la existencia de al menos 28 casos en el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016.
Desde que se inició el monitoreo de casos a principios de 2014 se ha podido registrar un total de 74 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en el ejercicio de su profesión.
El siguiente es un recuento de los casos registrados en lo que va de 2016.
CATEGORIA: Obstrucción del trabajo periodístico (10)
DESCRIPCIÓN: adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas
- El 7 de enero de 2016 el presidente Tabaré Vázquez recibió en la estancia presidencial de Anchorena a su par argentino Mauricio Macri. La prensa fue convocada a la actividad y desde Presidencia se informó a los periodistas que tendrían posibilidad de realizar cuatro preguntas, dos por cada país. Sin embargo, llegado el momento de la conferencia, se anunció que no se recibirían preguntas.
- El 12 de febrero el ex intendente de Paysandú Bertil Bentos se negó a responder preguntas durante una conferencia de prensa que convocó para hablar de la auditoría ordenada por el actual intendente Guillermo Caraballo sobre la pasada administración.
- El 24 de febrero de 2016 el vicepresidente Raúl Sendic se negó a recibir preguntas de los periodistas que querían consultarlo respecto a la información publicada por el diario El Observador sobre la carencia del título de licenciado.
- El 25 de febrero el presidente Tabaré Vázquez se reunió con su par de Francia, François Hollande en la residencia de Suárez y Reyes en Montevideo. Tras la reunión, los mandatarios hicieron una exposición ante los medios de comunicación pero no se aceptaron preguntas. Según denuncias recibidas por APU, funcionarios de protocolo de Presidencia habían confirmado a varios periodistas asistentes a la cobertura que podrían realizar preguntas, lo cual finalmente no se permitió.
- El 14 de marzo asumió el nuevo directorio de Ancap sin que existiera una convocatoria a la prensa, por lo que en la ceremonia solamente estuvieron presentes los involucrados. Los discursos realizados en la asunción fueron divulgados por el sitio web de la Presidencia de la República, por lo cual se impidió de hecho cualquier tipo de participación de los periodistas y la realización de preguntas.
- El 28 de marzo periodistas de Canal 4 fueron impedidos de ingresar al estadio de Peñarol por orden de la empresa Tenfield, poseedora de los derechos de transmisión del evento. Los profesionales iban a cubrir el partido inaugural entre Peñarol y River Plate argentino, pero no pudieron ingresar al estadio, según denunció públicamente el periodista Mario Bardanca en la edición del informativo Telenoche al día siguiente.
- El 14 de abril el ministro de Salud Jorge Basso advirtió que no aceptaría preguntas ni haría declaraciones a la prensa durante su participación en el lanzamiento del primer curso de cannabis medicinal en Uruguay y América Latina para profesionales médicos.
- El 28 de junio el crítico de cine Al Gorosito denunció que dos distribuidoras de cine (Life y RBS) resolvieron impedirle el acceso a sus funciones de prensa debido al contenido de sus notas periodísticas. A pesar de sus intentos por aclarar la situación a través de distintas comunicaciones el impedimento no fue subsanado.
- El 7 de noviembre un grupo de guardias de seguridad contratados por el empresario Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente, impidió el acceso de periodistas al edificio de la Corte Electoral cuando el dirigente político concurrió a presentar las firmas que acompañaban la inscripción de su nuevo lema.
- El 29 de noviembre los dirigentes del Club Peñarol, encabezados por su presidente Juan Pedro Damiani, se negaron a recibir preguntas de los periodistas que asistieron a la convocatoria realizada para dar su posición ante los incidentes que determinaron la suspensión del partido clásico, el domingo 27.
CATEGORIA: Hostigamiento a través de la Justicia (5)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de demandas ante el Poder Judicial o la Policía que pongan en riesgo la libertad o persigan el desprestigio personal o profesional
- El 10 de febrero el periodista y funcionario de Antel Graziano Pascale inició juicio penal por difamación contra un medio escrito y un programa de televisión por denunciar su vínculo laboral con la Intendencia de Maldonado, donde trabaja como asesor del intendente Enrique Antía a través de un pase en comisión. Luego desistió de la demanda, pocos días antes de la primera audiencia.
- El 4 de agosto se conoció que el Sub Comisario Adrián Martín Olivera a cargo de la seccional policial 5a. de la ciudad de Dolores (Soriano) presentó una denuncia por difamación e injurias contra varios periodistas que informaron sobre un juicio que enfrentaba a raíz de una acusación por presuntas irregularidades cometidas en la comisión de colaboración policial.
- El 31 de octubre el periodista Gabriel Monteagudo del semanario el Eco de la ciudad de Carmelo fue citado a declarar ante la justicia penal por una demanda por difamación e injurias presentada por el presidente del Comité Departamental de Emergencias Luis Garat. El funcionario se sintió agraviado por las críticas que el periodista realizó en su medio y en su perfil de la red social Facebook por las dificultades para acceder a declaraciones de Garat ante hechos de interés público que tienen que ver con su tarea. La audiencia se postergó para el próximo 20 de diciembre.
- El 17 de noviembre el humorista sanducero Andrés Irazoqui fue notificado de inicio de una demanda penal por difamación e injurias por parte de la diputada suplente del Partido Nacional Patricia Vázquez. La denuncia se sintió agraviada por una columna de humor que Irazoqui publicó en su página de la red social Facebook, en la que hacía comentarios satíricos sobre la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Paysandú.
- El 22 de noviembre el matutino La Diaria recibió una carta del comandante en Jefe de la Armada, almirante Leonardo Alonso, amenazando con iniciar “acciones” luego de haberse sentido agraviado por la publicación de la columna de humor “El Faro del fin del mundo”. En la carta firmada por el comandante Alonso se acusa al medio de “agraviar” a su persona por publicar “palabras y frases que nunca mencioné y que por lo tanto son falaces” e intima al medio a aportar las pruebas de sus afirmaciones.
CATEGORIA: Hostigamiento físico (4)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de agresiones directas que pongan en riesgo la integridad física
- El 10 de enero de 2016 el periodista Enrique Lecaille fue amedrentado e insultado por hinchas y dirigentes de un club de básquetbol por tomar fotografías de un grupo de parciales que realizaban incidentes durante un partido entre Bella Vista de Dolores y Anastasia de Fray Bentos.
- El 12 de junio el periodista de Canal 12 Diego Castro fue amenazado por parciales de Peñarol que festejaban el campeonato obtenido ese día. Varias personas le impidieron realizar la cobertura de los festejos y además lo amenazaron para que no mostrara cómo vandalizaban varios comercios y cometían robos en el Centro.
- El 21 de junio la periodista del semanario Búsqueda María Paz Sartori fue insultada a los gritos por el director del Instituto Uruguayo de Meteorologia (Inumet), Gabriel Pisciottano, quien además intentó sacarla del lugar tomándola de un brazo.
- El 3 de julio el periodista del Canal 8 de Artigas Monty Suárez fue agredido por parciales del Club Wanderers de ese departamento que estaban molestos por los comentarios que realizó durante el partido jugado contra el club 18 de Julio de Paysandú.
CATEGORÍA: Censura (4)
DESCRIPCIÓN: medidas directas o indirectas adoptadas por autoridades públicas a fin de evitar la difusión de contenidos periodísticos y otros materiales considerados objetables. Entre los mecanismos de censura indirecta se encuentra el manejo arbitrario de la publicidad oficial
- El 5 de marzo de 2016 el Plenario Nacional del Frente Amplio emitió una declaración en la que acusó a los medios de comunicación de manera indiscriminada de “debilitar la institucionalidad democrática del país” al informar sobre la falta del título de licenciado del vicepresidente Raúl Sendic. Si bien no existió ninguna medida concreta contra medio alguno, la declaración de este tenor por parte del partido de gobierno implica una medida de censura indirecta por atribuir intenciones que pueden afectar las futuras coberturas sobre las autoridades del gobierno.
- El 8 de marzo miembros de la secretaría del vicepresidente Raúl Sendic llamaron a Radio Sarandí para pedir la grabación de un programa del periodista Gerardo Sotelo donde se había comentado el tema del título académico del funcionario. Si bien no existe ninguna violación legal, se considera –tanto para este monitoreo como para las relatorías especiales de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU- que un pedido de este tipo por parte de un asesor directo de un alto funcionario de gobierno hacia un periodista implica una presión indebida que puede tener la intención de ejercer una presión indirecta para incidir en el tono de las coberturas.
- El 10 de junio el periodista Dino Capelli denunció que el dirigente del Club Peñarol Ignacio Ruglio llamó al diario español Marca (medio para el que trabajaba como corresponsal) para que levantara una nota sobre el número de campeonatos ganados por los dos clubes grandes de Uruguay, argumentando que no era cierta. El periódico decidió levantar la nota escrita por Capelli y despedirlo.
- El 26 de noviembre la empresa Tenfield censuró la pancarta que los futbolistas desplegaron en los tres partidos televisados el fin de semana por la disputa del campeonato uruguayo especial. Los jugadores exhibieron previo al inicio del juego un cartel que decía “Por nuestro fútbol #MASUNIDOSQUENUNCA”, en referencia a la disputa que tienen con la empresa por sus derechos de imagen. El hecho se produjo durante los partidos que disputaron El Tanque y Torque el sábado por la mañana, Cerro y Rampla por la tarde y Defensor y Danubio por la noche pero los periodistas de la empresa lo ocultaron y le atribuyeron otra intención.
CATEGORIA: Amenazas (2)
DESCRIPCIÓN: intimidaciones a periodistas, su familia y medios de comunicación a fin de evitar la publicación de contenidos periodísticos (o como consecuencia de ella) mediante amenazas de muerte, agresiones físicas, pérdida del empleo, demandas judiciales, campañas difamatorias o injuriantes así como cualquier otro tipo de represalia
- El 8 de marzo en el marco de una marcha realizada por el Día de la Mujer, un grupo de personas aprovechó la oportunidad para vandalizar vidrieras de la avenida 18 de Julio de Montevideo. Al notar que eran filmados por un integrante del equipo periodístico de Televisión Nacional (TNU), comenzaron a agredirlo verbalmente, lo empujaron y rompieron parte de su equipo.
- El 14 de junio el periodista Daniel García Poggi denunció las amenazas realizadas por la alcaldesa suplente de Ciudad del Plata Laura Colombo a través de mensajes de texto. García Poggi había publicado una nota en la revista Identidades de San José sobre la gestión en el Municipio.
Nov 24, 2016
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) manifiesta su repudio a la amenaza que el comandante en Jefe de la Armada, almirante Leonardo Ramos, le realizó al matutino La Diaria ante la publicación de una columna de humor que lo menciona.
En la edición del día 16 de noviembre, en la sección humorística “El Faro del fin del mundo”, se publicó una nota titulada “Armada presentaría una ley que se adecue a las nuevas realidades: Dará impunidad a cualquier Oficial de la Marina que robe”.
El martes 22 un abogado de la Armada entregó en la redacción de La Diaria una carta firmada por el comandante Alonso en la que acusa al medio de “agraviar” a su persona por publicar “palabras y frases que nunca mencioné y que por lo tanto son falaces”. “Resultan un insulto a la Institución Armada Nacional”, añadió el militar. Si bien el oficial menciona “el sesgo humorístico” del artículo publicado por el matutino, añade que eso no tiene nada que ver con “mentir o pretender mancillar el honor e integridad de las personas, sin ningún tipo de fundamento”.
“De contar usted con documentos o pruebas que demuestren lo manifestado en su mendaz artículo, desde el día que asumí el cargo del Comandante en Jefe de la Armada, lo intimo a presentarlas públicamente o ante el juzgado penal que corresponda”, escribe Alonso. Posteriormente advierte que se reserva el derecho de iniciar “acciones” si esto no sucede.
La carta enviada por el Comandante en Jefe de la Armada implica una amenaza grave a la libertad de expresión y recuerda los tiempos en que los militares ejercían el poder sin estar subordinados a autoridades civiles y democráticas.
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que toda sociedad democrática, tal como señala la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión¹ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su artículo 1:
“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
La CIDH aclara que “El derecho a la libertad de expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o cualquier otra índole”, entre las cuales se incluyen las expresiones humorísticas o la sátira política.
La Comisión ha señalado que “la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático”. Además, la CIDH ha destacado que cuando las manifestaciones cuestionadas se refieren a hechos de interés público o de índole política “la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos” y aclara que “El concepto juicio de valor también incluye la expresión humorística o satírica”.
CAinfo incluirá este caso en su monitoreo anual de amenazas a la libertad de expresión que realiza junto a la Asociación de la Prensa Uruguaya con el apoyo de la red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) y reclama una condena pública de esta amenaza por parte de los mandos superiores del comandante en Jefe de la Armada, como son el ministro de Defensa Nacional o el Presidente de la República.
Foto portada: La diaria / Federico Gutiérrez
1- Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://bit.ly/2fls1iP)
Oct 23, 2016
Con motivo de conmemorarse hoy domingo 23 de octubre el día del Periodista, Cainfo, APU y la Coalición por una Comunicación Democrática saludan a todos los/las periodistas y comunicadores y subrayan la importancia de su trabajo para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión en el país.
Queremos aprovechar esta fecha para destacar en la agenda del país algunos temas que tienen directa vinculación con el ejercicio del periodismo y que apuntan a generar condiciones habilitantes para avanzar en la tutela de la libertad de expresión.
Uruguay ocupa en este momento una posición destacada en materia de libertad de expresión, como resultado de una serie de reformas legislativas que tuvieron lugar en los últimos años y que permitieron adelantar en la materia y armonizar su marco jurídico a los estándares interamericanos. Así resultó un impulso importante la despenalización de los llamados delitos de comunicación, la ley de radiodifusión comunitaria, la ley de acceso a la información pública y más recientemente la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Sin embargo aún queda planteado el reto de la adecuada implementación de algunas de estas disposiciones legales y la profundización de la regulación legal en la materia, de manera de garantizar que el país cuente con una ley de publicidad oficial que recoja los estándares interamericanos garantizando la transparencia y pautas no discriminatorias, así como el fortalecimiento de la política pública en materia de acceso a la información pública y la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Todas estas medidas, sin lugar a duda, resultan necesarias para fortalecer la libertad de expresión y el ejercicio de la actividad periodística. Dada su realidad en perspectiva regional, Uruguay se encuentra en una condición privilegiada para ello.
A continuación planteamos algunas cuestiones que – a nuestro juicio- resultan claves para avanzar en esa línea.
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
A casi dos años de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se hace imprescindible su inmediata implementación como forma de dar certezas jurídicas. Para ello no sólo se debe reglamentar la ley sino, incluso antes, se deben constituir los organismos que tienen como cometido instrumentar varios aspectos de la ley, como lo son el Consejo de Comunicación Audiovisual (que dentro de sus competencias tiene las de aplicar, fiscalizar y dar cumplimiento a las disposiciones de la ley) y el Consejo Honorario Asesor de los Servicios de Comunicación Audiovisual, que deberá ser consultado en forma perceptiva para la elaboración del reglamento de la ley.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Ricardo Pérez Manrique, el pasado 7 de octubre en Santiago de Chile con motivo del 7° Congreso de Reguladores del Audiovisual de Iberoamérica, expresó sobre este tema: “De unos 200 artículos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos artículos, y no hacen a la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial… ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”, por lo que, “en este momento esas sentencias marcan el rumbo definitivo de la Corte”. Si nos atenemos a estas declaraciones, no tiene sentido seguir dilatando la implementación de la ley.
Publicidad Oficial
Es un hecho alentador en materia de promoción y garantías de la libertad de expresión e información el ingreso formal al Parlamento Nacional en agosto de 2015 de un proyecto de ley elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) con el objetivo de establecer criterios más transparentes y justos para la asignación de publicidad oficial. La iniciativa ciudadana contó con el respaldo de legisladores del Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente, lo que permitió su tratamiento parlamentario.
Una ley de regulación de la publicidad oficial otorga garantías jurídicas y democráticas para que la distribución de publicidad oficial no sea utilizada discrecionalmente por los organismos públicos como medio para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
Actualmente el Proyecto está a consideración de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes (Diputados), por lo cual su pronta aprobación constituiría un gran avance para la libertad de expresión e información para nuestro país.
Acceso a la información pública
La ley 18.381 que entró en vigor en octubre de 2008 reguló el derecho de acceso a la información pública de raigambre constitucional. La aprobación de esta norma supuso un hito muy importante al que contribuyeron los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil, y que contó el apoyo del sistema político. Sin embargo hoy a 8 años de su vigencia, si bien se ha avanzado en la implementación de la ley aún persisten obstáculos.
En los últimos años CAinfo y APU han recibido consultas y denuncias de periodistas que han intentado utilizar la ley para llevar adelante su tarea de informar a toda la sociedad y que han encontrado distintas trabas para ello. Si bien en muchos casos la ley ha funcionado adecuadamente y ha permitido a la ciudadanía acceder a información de interés público a través del uso que de ella han hecho los y las periodistas, no puede pasar desapercibido el hecho de que en distintos casos el amparo de este derecho requirió ir a la justicia y/o al órgano de control, la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Los obstáculos que seguimos advirtiendo en estos casos refieren a la inadecuada clasificación de información, así como a la incorrecta aplicación del procedimiento especial previsto en la ley, derivando en la entrega tardía de la información y/o de manera incompleta.
Por eso, esta fecha nos parece muy oportuna para advertir estas cuestiones e instar a los sujetos obligados por la ley a implementarla de manera adecuada, aplicar los procedimientos y estándares legales para la clasificación de información y agotar los procedimientos y esfuerzos para que la información sea aportada de manera clara, completa y oportuna.
Asimismo entendemos que si bien la ley tiene aspectos muy positivos, en virtud del desarrollo de los estándares interamericanos en la materia y de la necesidad de robustecer la tutela del derecho de acceso a la información en el país resulta necesario discutir y avanzar una mejora de la norma. Estas modificaciones deberían apuntar a fortalecer el órgano de control previsto en la ley, ampliar la nómina de sujetos obligados y perfeccionar el régimen de excepciones entre otros asuntos.
Amenazas a la libertad de expresión de los periodistas
Desde 2015 CAinfo y APU elaboran un informe anual sobre las amenazas a la libertad de expresión que sufren los periodistas durante el ejercicio de su profesión. A pesar de ser uno de los países de la región con los mejores índices en este sentido, persisten en el país algunas prácticas que afectan el ejercicio periodístico.
Sólo en lo que va de 2016, el monitoreo de amenazas logró confirmar la existencia de 21 casos, la mayoría de ellos en Montevideo. Entre estos episodios pueden señalarse mayoritariamente la obstrucción del trabajo periodístico por parte de autoridades de organismos públicos, pero también se contabilizan amenazas, hostigamiento, censura, y el uso de la Justicia como mecanismo para impedir la publicación de información de interés público.
Desde que comenzó a realizarse el monitoreo de amenazas, abarcando el período que va desde enero de 2014 a octubre de 2016, se han logrado confirmar al menos 74 episodios, lo cual demuestra que es necesario desarrollar mecanismos más eficientes de denuncia y para garantizar el derecho de los periodistas a ejercer su profesión, de manera de asegurar al mismo tiempo el derecho de la población al acceso de una información veraz, oportuna y de calidad.
Por todo lo antes dicho, abogamos porque estos temas sean jerarquizados en la agenda parlamentaria y política en lo que resta de este período de gobierno.
CAINFO-COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA-APU
