May 3, 2018
Cainfo con el apoyo de la Red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) presentan este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cuarto informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay.
El reporte da cuenta del estado de situación en el período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018. En total se registraron 20 casos de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio periodístico en el período analizado.
Trece casos corresponden al nivel de gravedad Medio, siete al nivel Leve, no se registraron casos de nivel de gravedad Alto. Además el informe consigna otros dos casos que afectan el derecho a la libertad de expresión y que tuvieron que ver con medios de comunicación, pero que no afectaron a profesionales en el ejercicio de tareas periodísticas.
Respecto a su ubicación en el territorio, la mayoría (16) se produjo en Montevideo, mientras que los departamentos de Colonia, Flores, Salto y Soriano registraron uno cada uno.
La categoría en la que se registraron más episodios fue en la de Amenazas, donde se pudo constatar la existencia de siete episodios durante el último año. Luego le siguieron el Hostigamiento a través de la Justicia, el Hostigamiento laboral y el Rechazo a pedidos de acceso a la información pública (3 casos cada uno), el Hostigamiento físico (2), mientras que la Censura y la Obstrucción al trabajo periodístico registraron un (1) episodio cada una.
Acceda aquí al informe.
Abr 25, 2018
Organizaciones latinoamericanas de libertad de expresión reunidas en Quito, Ecuador, expresan su preocupación y hacen llamado urgente a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar medidas de protección efectivas, y eliminar la impunidad de los casos de violencia que afectan a periodistas de la región.
Hoy 25 de abril 2018, a un mes del secuestro del equipo periodístico del Diario El Comercio de Quito, ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana (y que ha culminado según las últimas informaciones con su asesinato), las 24 organizaciones miembros de la red IFEX-ALC para la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de un periodismo libre, independiente y seguro, levantamos una sentida voz de alerta ante lo que se percibe como una tendencia creciente en la región, con 16 asesinatos de periodistas en lo que va del año.
Exigimos de todos los Estados de América Latina y el Caribe la urgente implementación de medidas efectivas que permitan resguardar la integridad física de los periodistas dentro de sus territorios, así como la investigación ágil y la sanción oportuna de los casos de violencia y asesinato de los cuales ellos sean víctimas.
Resulta inaceptable la poca efectividad de los Estados y la falta de coordinación para proteger de forma efectiva la vida de los periodistas en coberturas complejas, como sucedió recientemente con el triple secuestro y probable asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra a manos del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC y señalado por sus vínculos con el narcotráfico.
Asimismo es inaceptable la inacción de los Estados frente a la impunidad que hoy cubren casos como el del asesinato del fotoperiodista Vladimir Legagneur en Haití, en el cual a más de un mes de su asesinato el Estado ha fallado en proveer siquiera identificación positiva de su cuerpo. El caso engrosa la triste lista de casos previos de impunidad del asesinato de periodistas que se arrastra desde el año 2000 en dicho país.
La violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituye una de las formas de censura más extrema. Queremos recordar que los estándares del Sistema Interamericano expresan claramente que es responsabilidad de los Estados garantizar el libre ejercicio del periodismo y resguardar el derecho a la libertad de expresión. A este respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
Otras modalidades de violencia
La violencia contra periodistas toma hoy diversas formas en la región. Muchos de los periodistas que son violentados o mueren en el ejercicio de su función lo hacen producto de denuncias o investigaciones sobre hechos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, flagelos que amenazan la institucionalidad de los Estados y de los cuales éstos resultan cómplices directos o por inactividad. En tales contextos es la actividad de la prensa la única forma en la cual los ciudadanos logran comunicar la situación que los afecta. Casos emblemáticos de esta forma de violencia pueden encontrarse en México y Guatemala, y tristemente Ecuador se suma a esta lista con el reciente caso del probable asesinato del equipo periodístico del Diario el Comercio.
En otros casos se trata de una violencia contra periodistas articulada y ejercida directamente desde agentes del Estado en el contexto de movimientos sociales o conflictos de fuerzas políticas. Ejemplo de lo anterior es la situación que se ha vivido en Brasil y Venezuela durante los últimos años, así como en los últimos días se suma la situación vivida en Nicaragua, en que un intento de reforma de la Seguridad Social impuesta por el gobierno de Daniel Ortega desencadenó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía, con un saldo de más de 30 muertos y varios heridos. El sábado 21, el periodista Ángel Gahona fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo las protestas públicas en Nicaragua. La portavoz de la Oficina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha hecho un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacifica y de asociación. En este contexto, en Argentina el principal agresor de la prensa en general fueron distintas fuerzas de seguridad del estado nacional y de las fuerzas provinciales, que han sido responsables del 43 por ciento de los ataques registrados el año pasado. En este sentido, hay que destacar la situación en las manifestaciones callejeras, que representaron 91 casos (de 132 casos), con las fuerzas de seguridad como las principales agresoras y el resto por manifestantes radicalizados (1).
Desde Brasil, México, Paraguay y Perú se reporta cómo la violencia contra periodistas es ejercida particularmente por los poderes políticos locales para censurar la circulación de información que los desfavorece. Se espera un agravamiento de esta tendencia durante este año electoral para tales países.
A los casos de violencia física se suman los ataques a periodistas a través de acoso judicial que son reportados desde Perú, Uruguay y Venezuela. Tales acciones judiciales con fines amedrentatorios son iniciadas por distintas autoridades públicas o poderes económicos que acusan a periodistas de ser causantes del malestar social a través de su acción investigativa que revela casos de abuso de poder y corrupción que los envuelven.
También se reportan ataques coordinados a periodistas de la región en el espacio digital con motivaciones políticas en países del Caribe, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, incluso espionaje ilegal a través de software espía malicioso como ha sucedido en México, cuyo caso fue presentado ante la CIDH.
Por último, la violencia económica contra la prensa se manifiesta además en Bolivia y México a través de la marginalización de los medios independientes y críticos de las fuerzas políticas en el poder, a través de legislación que permite imponer obligaciones desorbitantes para la difusión de propaganda de programas gubernamentales, que resta espacio a la cobertura de información pública, o regulaciones que permiten el control de la prensa a través del poder económico del avisaje estatal. También sucede en la Argentina donde los medios provinciales se pueden ver condicionados por la distribución de publicidad oficial, que en muchos casos representa su mayor fuente de financiamiento.
Nos preocupa que estas tendencias lejos de detenerse parecen ir en incremento en nuestra región. Así como la variedad de la violencia sufrida por la prensa se complejiza y sofistica, la respuesta de los Estados de la región se vuelve más urgente.
A través del sistema de Examen Periódico Universal, varios Estados de la región como Guatemala (2), Brasil (3), México (4) y Paraguay (5) han adquirido el compromiso de adoptar mecanismos de protección a periodistas. Sin embargo, éstos no han sido oportunamente establecidos, o cuando se han implementado han demostrado no ser efectivos. Se requiere que éstos y los demás Estados de América Latina y el Caribe tomen responsabilidad por la implementación de medidas efectivas de resguardo del ejercicio de la libertad de expresión a través de asegurar una prensa libre de amenazas en el ejercicio de su función de entregar información de interés público (6).
Exhortamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a tomar acciones concretas para proteger en forma efectiva el ejercicio de la libertad de expresión como derecho humano y abandonar el clima de impunidad en que los Estados son responsables directos o cómplices de la violencia y asesinato de periodistas en nuestra región.
Oct 23, 2017
En el marco de un nuevo “Día del Periodista” que se celebra el 23 de octubre el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), actualiza el Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay.
El informe anual se publica desde 2014 cada 3 de mayo, día mundial de la Libertad de Prensa, fijado por la Organización de las Naciones Unidas.
En esta oportunidad, al conmemorarse a nivel local la creación del primer periódico oriental apoyado por José Artigas en 1815, CAinfo actualiza los hechos que afectan la libertad de expresión en lo que va de 2017.
Según el relevamiento realizado, se registraron 17 casos.
Uno de nivel grave “Alto”, referido al atentado sufrido por la periodista Isabel Prieto quien en febrero de este año fue baleada.. Se realizaron denuncias pero a la fecha no se esclareció esta situación.
Se registraron además, 13 casos de nivel “Medio”. Aquí se destacan siete casos donde el hostigamiento es a través de la justicia, ya sea con la amenaza de iniciar acciones legales o por la concreción de las denuncias.
Por último, se dieron tres casos de gravedad “Leve”.
Para una mayor información sobre los informes completos ver en www.cainfo.org.uy y www.monitoreo.cainfo.org.uy.
Descripción de casos de 2017
Nivel de Gravedad: Alto (1)
CATEGORIA: Lesiones graves y/o asesinatos (1)
DESCRIPCIÓN: represalias directas que tienen como consecuencia la existencia de lesiones graves que generan incapacidad parcial o permanente y/o la muerte de las víctimas de las agresiones.
– El 7 de febrero de 2017 la periodista Isabel Prieto, de la revista Caras y Caretas, retornaba a su casa en su auto cuando fue abordada por una persona que desde una moto que le efectuó un disparo. La periodista no fue alcanzada por la bala pero resultó herida leve debido al rebote del proyectil en la carrocería del vehículo. La periodista había denunciado días antes la irregularidad policial en un procedimiento realizado por efectivos de la Seccional 19. A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones mantenidas por la periodista y organizaciones de la sociedad civil con autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación (FGN) el crimen nunca se esclareció y no fueron encontrados los responsables
Nivel de Gravedad: Medio (13)
CATEGORIA: Amenazas (6)
DESCRIPCIÓN: intimidaciones a periodistas, su familia y medios de comunicación a fin de evitar la publicación de contenidos periodísticos (o como consecuencia de ella) mediante amenazas de muerte, agresiones físicas, pérdida del empleo, demandas judiciales, campañas difamatorias o injuriantes así como cualquier otro tipo de represalia.
-El 4 de enero de 2017 un grupo de personas que se identificaron como parciales del Club Nacional de Football inició una campaña de acoso en las redes sociales a la periodista de Televisión Nacional (TNU), Georgina Mayo, por la cobertura que venía realizando sobre el tiroteo en Santa Lucía el 28 de diciembre de 2016 que provocó la muerte de un parcial de Peñarol. El objetivo de la campaña era que la periodista fuera despedida del canal público.
-El 9 de febrero el empresario Gustavo Torena irrumpió en los estudios de radio 1010 AM durante la transmisión del programa “Las Voces del fútbol” y amenazó a los periodistas que realizaban una entrevista al exfutbolista Álvaro Recoba. El periodista Julio Ríos denunció penalmente a Torena, quien fue tres días después fue procesado por el juez Eduardo Pereyra por un delito de violencia privada.
-El 19 de febrero el director responsable del conjunto de parodistas Momosapiens, Horacio Rubino, golpeó al periodista del programa radial “Carnaval del Futuro”, que se transmite por 1410 AM, Eloy Calvo. El motivo de la agresión, que se produjo al terminar la actuación del conjunto en el Teatro de Verano, fue la discrepancia con las opiniones del periodista. Al día siguiente, mediante un comunicado público, la gremial de directores de carnaval DAECPU declaró “persona non grata” al periodista y expresó su apoyo a Rubino, aunque dijo rechazar la violencia y defender la libertad de expresión.
-El 15 de marzo el presidente del Club Atlético Peñarol Juan Pedro Damiani cuestionó la cobertura que realizan los medios de comunicación sobre la institución que preside y exigió que todos los periodistas hagan público de qué club son hinchas. El reclamo se produjo durante una entrevista realizada en la radio Sport 890.
-El 4 de julio, el periodista Juan Correa del portal Agesor (Soriano) publicó que uno de los nuevos integrantes de la directiva del Club de Leones de Mercedes había participado de los aparatos represivos de la última dictadura. Tras la publicación del informe, Correa recibió una llamada de la directiva del Club de Leones Marisa de Pazos en la que lo amenazó por el trabajo periodístico que estaba realizando. El periodista realizó la denuncia policial.
-El 28 de agosto, la periodista de Flores Mariely Salvatto fue denostada por el ex intendente de ese departamento Carlos Mazzulo durante un conferencia de prensa en la que la periodista preguntó sobre la definición del Tribunal de Ética del Partido Nacional respecto al caso del ex jefe comunal. Luego de la conferencia de prensa, la periodista fue agredida verbalmente por otro dirigente del Partido Nacional.
CATEGORIA: Hostigamiento a través de la Justicia (7)
DESCRIPCIÓN: intimidación a través de demandas ante el Poder Judicial o la Policía que pongan en riesgo la libertad o persigan el desprestigio personal o profesional
-El 13 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo emitió un decreto que dispone que los funcionarios públicos que hagan público, divulguen o den a conocer informaciones tales como solicitudes, proyectos, informes, dictámenes y otros documentos que no se especifican, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirán en falta muy grave, pasible de destitución. La medida es un retroceso en la búsqueda de una mayor apertura en el acceso a la información pública e implica, de manera indirecta, una obstrucción al trabajo periodístico al dificultar el acceso a información relevante sobre la actividad de los organismos estatales dependientes del Poder Ejecutivo.
-El 21 de abril, dos días después que la publicación Sudestada informara sobre la participación del estudio Algorta & Asociados en la trama de corrupción del Partido Popular de España, el titular del bufete Oscar Algorta envió una carta intimidatoria a la radio El Espectador. En esa carta reclamó que la emisora bajara de su página web la información publicada por Sudestada o realizaría acciones legales contra el medio.
-El 26 de mayo, el presidente del Club Nacional de Football, José Luis Rodríguez, amenazó con iniciar una demanda contra periodistas de tres medios de comunicación porque informaron sobre el asesinato de un hincha de Peñarol en la ciudad de Santa Lucía en 2016.
-El 27 de julio, el abogado Gúmer Pérez, anunció que su defendida, la directora del Hospital de Ojos, Sandra Medina, iniciaría acciones legales contra el programa de Canal 4, Santo y Seña, que había informado de presuntas irregularidades en los registros de las operaciones. Una investigación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado no encontró ninguna irregularidad.
-El 28 de junio, el entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic, amenazó con iniciar juicio contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, autoras del libro “Sendic, la carrera del hijo pródigo”. Hasta el momento la demanda no se concretó.
-El 16 de agosto se realizó una audiencia a raíz de un juicio que la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, presentó contra el periodista Gabriel Pereyra por una columna de opinión que escribió en el diario El Observador sobre el funcionamiento de ese organismo. Finalmente la demanda fue retirada.
-El 21 de agosto el ex presidente de ANCAP, José Coya, presentó una demanda por difamación e injurias contra el diario El País y uno de sus periodistas, Daniel Isgleas. El ex jerarca acusó al medio de mentir y dañar su honor al informar sobre la adjudicación de una obra para la regasificadora. La información publicada por el diario surge del trabajo de una Comisión Investigadora del Parlamento sobre el tema. No hubo conciliación en la Justicia por lo que el juicio continúa.
Nivel de gravedad: Leve (3)
CATEGORIA: Obstrucción del trabajo periodístico (3)
DESCRIPCIÓN: adopción de medidas tendientes a impedir la cobertura de hechos de interés público tales como: no aceptar preguntas en conferencias de prensa, imposibilitar el ingreso a edificios o lugares públicos, bloquear el funcionamiento de equipamiento de los periodistas (cámaras de fotos o video, grabadores, micrófonos, computadoras, etcétera), negar acreditaciones a eventos de interés público sin razones fundadas.
-El 2 de febrero el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre utilizó una conferencia de prensa para atacar el trabajo del periodista de La Diaria Santiago Sánchez, a quien atribuyó intenciones difamatorias debido a la publicación de una nota que consignaba que el secretario de Estado se había beneficiado de dos préstamos del propio ministerio a través de un fondo para productores arroceros. Luego de señalar que el medio no le genera “confianza”, Aguerre le recomendó al periodista leer un libro de José Ingenieros titulado “El hombre mediocre”, debido a que en él se utilizan las mismas prácticas creadas por el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels, que según el jerarca, aplica el medio. Al día siguiente, los responsables de La Diaria publicaron un editorial en el que sostienen que Aguerre “no desmintió nada” de lo publicado por el periódico.
-El 22 de febrero la Asociación de Comunicadores de Flores denunció públicamente a una funcionaria de OSE por impedir a un equipo periodístico de Canal 8 de Trinidad realizar la cobertura de la reparación que el organismo realizaba sobre la Ruta 14.
-El 6 de marzo durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y el director de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia José Luis Veiga impidieron a varios fotógrafos que realizaran tomas gráficas del mandatario. Presidencia había convocado a los medios de comunicación por la reunión que Vázquez había mantenido con el presidente del Frente Amplio Javier Miranda. Veiga argumentó que no se le debían tomar fotos a Vázquez porque se encontraba “trabajando”.
Ago 28, 2017
El inicio de una demanda penal por parte del expresidente de Ancap José Coya contra el periodista Daniel Isgleas y el diario El País viene a sumarse a una serie de juicios concretados (o anunciados) por parte de funcionarios públicos contra trabajadores o medios de comunicación.
La tendencia a judicializar el malestar por parte de funcionarios u otras personas afectadas por coberturas periodísticas de interés público implica un atentado contra la libertad de expresión y así ha sido señalado por organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana o la Relatoría Especial que funciona en ese ámbito.
El monitoreo de amenazas a la libertad de expresión de los periodistas que realiza el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) junto con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), y el apoyo de la Red Internacional de Libertad de Expresión (IFEX) registró 16 casos de hostigamiento a periodistas a través de la Justicia desde su inicio en 2014. La mayoría de ellos implicó la presentación de demandas como represalia por las coberturas.
En lo que va del año se han sumado varios episodios que representan una amenaza contra los periodistas involucrados y además implican una intimidación indirecta contra el resto de los colegas.
En la lista de demandas que tomaron estado público en los últimos días se incluyen las del expresidente de Ancap José Coya contra el diario El País y su periodista Daniel Isgleas y la de la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado Susana Muñiz contra el periodista del diario El Observador Gabriel Pereyra (que fue retirada luego de un acuerdo judicial).
También anunciaron su intención de recurrir a la Justicia el vicepresidente Raúl Sendic contra las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero por la autoría de un libro y la directora del Hospital de Ojos Sandra Medina contra el programa Santo y Seña de Canal 4.
Además, la incidencia de las coberturas mediáticas en distintos asuntos de interés público ha sido atacada por algunos de los involucrados.
Así, por ejemplo, el abogado Gonzalo Fernández consideró que su defendido Fernando Calloia se vio afectado por la cobertura del caso Pluna que realizó la prensa, ya que fue “prisionero de la ‘justicia espectáculo’, permanentemente interferida por los medios masivos de comunicación” y atribuyó a estos haber incurrido en un “escándalo periodístico”(1).
En el mismo sentido, el abogado Oscar Algorta amenazó a la radio El Espectador con iniciar acciones legales si no se retiraba de su página web una información vinculada a su carácter de indagado en una causa por lavado de activos(2). También el presidente del club Nacional José Luis Rodríguez amenazó con iniciar juicio contra periodistas que informaron sobre el asesinato de un hincha de Peñarol en la ciudad de Santa Lucía en 2016.
En la última década Uruguay ha sido reconocido en la región por sus avances en materia de libertad de expresión, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron entre otros progresos la despenalización de los delitos de comunicación, con la aprobación de la Ley Nº 18.515 en julio de 2009(3).
Al respecto, el actual relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, explicó que “en lo medular todos los conflictos entre la libertad de expresión y el honor de funcionarios o personas públicas salen de los juzgados penales, salvo que un profesional publique una información a sabiendas que es falsa o con absoluto desprecio por la verdad, así como cuando no medie un interés general en la publicación de detalles de la vida privada de una persona pública”(4).
Lanza añadió que “en la generalidad de los casos, las informaciones de interés público, publicadas con la correspondiente verificación, no generan responsabilidad penal del periodista y deben dirimirse en la órbita civil”.
En consideración de todos estos hechos, CAinfo exhorta a los funcionarios públicos a evitar medidas que impliquen un hostigamiento a través de la Justicia penal de los periodistas. Existen mecanismos legales -como el capítulo III de la Ley 16.099 en el que se establece el derecho de respuesta – que permiten garantizar que las personas puedan dar su versión de los hechos cuestionados.
1 Semanario Búsqueda, edición N°1932 del 24 de agosto de 2017, pág. 3.
2 Algorta amenaza con juicio por difamación. Sitio Sudestada. 2 de junio de 2017. https://goo.gl/qU9gZu
3 Ley Nº 18.515. https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9263875.htm
4 Con la aprobación de las modificaciones a la ley de prensa APU concreta reivindicación históricahttps://goo.gl/qM1adt
May 3, 2017
Este documento presenta los principales hallazgos del tercer informe de monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la profesión periodística en Uruguay, realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el apoyo de la red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX).
El reporte da cuenta del estado de situación en el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Se enmarca en el proyecto “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” que busca generar nuevas herramientas para la promoción y defensa de la libertad de expresión en el país a partir del desarrollo de una metodología de relevamiento y sistematización de información sobre la materia.
En la última década Uruguay ha sido reconocido en la región por sus avances en materia de libertad de expresión, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron la despenalización de los delitos de comunicación, la regulación de la radiodifusión comunitaria, la protección del derecho de acceso a la información pública y la regulación de los servicios de comunicación audiovisual. Este último caso ha sido especialmente señalado en distintos informes de Libertad de Expresión a nivel internacional, que ubican a Uruguay en el primer lugar en la región.
Este reconocimiento puede llevar a creer de manera equivocada que Uruguay no enfrenta desafíos en materia de libertad de expresión, dado que no experimenta las gravísimas situaciones de violencia extrema contra periodistas que viven hoy muchos Estados de la región.
Este tercer informe del monitoreo de amenazas a la libertad de expresión realizado por CAinfo con la colaboración de APU y el apoyo de la red IFEX, actualiza la información registrada en los dos reportes anteriores y demuestra que en el país todavía ocurren episodios que de acuerdo a los estándares internacionales y regionales constituyen amenazas a la libertad de expresión y por tanto vulneran el pleno ejercicio de este derecho por parte de los profesionales de la actividad periodística.
Asimismo este informe pone el foco especialmente en la situación de invisibilización ante las amenazas a la libertad de expresión que sufren las mujeres periodistas, aspecto sobre el cual es necesario profundizar para tener un adecuado registro de casos.
Vea el informe aquí.
