Feb 26, 2019
El conflicto que se ha presentado en Venezuela, en los últimos 50 días, ha comprometido las garantías para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de la población de este país.
Ante estas circunstancias, las organizaciones que conformamos Voces del Sur, una plataforma de organizaciones de América Latina dedicadas a la promoción y protección de la libertad de expresión, elevamos nuestra voz de preocupación en rechazo a las restricciones contra la libertad de expresión que han ido en aumento en Venezuela.
Exigimos que se salvaguarden las condiciones para el ejercicio periodístico y el derecho de las audiencias a estar informadas sobre los acontecimientos políticos y sociales que se han dado en torno a las iniciativas de la ayuda humanitaria.
En lo que va de 2019, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) ha registrado 126 casos de violaciones a la libertad de expresión, la mayoría de ellos relacionados con acciones de violencia contra periodistas y medidas de censura que afectaron a los medios tradicionales y plataformas digitales. La mitad de estos hechos fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Solo los días 22 y 23 de febrero de 2019 -cuando ocurrieron las movilizaciones en las fronteras principalmente con Colombia a favor de la ayuda humanitaria- se registraron 26 casos de violaciones a la libertad de expresión y a los derechos digitales, por lo cual se vieron afectados periodistas y ciudadanos.
El Gobierno venezolano decidió bloquear cuatro canales internacionales, desde los servicios de televisión por suscripción, entre ellos estuvieron Radio Caracol, la Televisión Nacional de Chile, Antena 3 y NatGeo. Además, fueron bloqueadas las plataformas de YouTube, Google y Facebook que presentaron bloqueos intermitentes en internet, lo cual produjo que los ciudadanos no pudiesen consultar contenidos libremente y sin interferencias. También, fue censurado el acceso a tres páginas que transmitían el concierto que se dio en Cúcuta (Colombia) a favor de la ayuda humanitaria.
La integridad y la seguridad de los periodistas también estuvo en riesgo. Se contabilizaron 12 agresiones, ataques e intimidaciones. Hubo ataques en contra de periodistas nacionales y extranjeros en seis entidades: Táchira, Lara, Apure, Zulia, Anzoátegui y el Área Metropolitana de Caracas. Nueve de estos casos ocurrieron durante la cobertura en el estado Táchira, en los hechos de conflictos que se dieron en la frontera con Colombia.
Ante estos hechos, las organizaciones que conforman la plataforma Voces del Sur exigimos a las autoridades venezolanas que se garantice el acceso a la información y la pluralidad de contenidos en plataformas tradicionales y digitales. Pedimos que cese la hostilidad contra los periodistas nacionales y extranjeros que están desplegados haciendo su labor de cobertura para informar a las audiencias tanto nacionales como internacionales, y por ello exigimos que los Cuerpos de seguridad del Estado cumplan con su obligación de proteger las condiciones para el pleno ejercicio periodístico.
Suscriben:
Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela
Foro de Periodismo Argentino
Fundamedios
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay
Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia
Instituto Prensa y Sociedad de Perú
Nov 29, 2018
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un comunicado advirtiendo “su más profunda preocupación” ante la reiteración, por segunda vez en el año, de prácticas comunicacionales por parte del Poder Ejecutivo que pueden tener efectos inhibitorios sobre la protesta social.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa públicamente su apoyo a lo señalado por la INDDHH y comparte su preocupación ante una nueva utilización inadecuada e inoportuna de información personal para estigmatizar a ciudadanos que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta.
El primer caso de este año fue en febrero, cuando el sitio web de la Presidencia de la República divulgó información personal sobre un colono que había tenido un entredicho público con el Presidente Tabaré Vázquez.
Este nuevo caso surge tras una protesta pacífica en Artigas que estaba siendo llevada a cabo por trabajadores tabacaleros frente a autoridades ministeriales. Luego de un incidente entre los manifestantes y el ministro Eduardo Bonomi el Ministerio del Interior divulgó los antecedentes penales de una de las personas que participó del incidente.
Ante ello, la INDDHH señala que “la difusión de información relativa a personas involucradas en los hechos (nombres; antecedentes; etc.), desde ningún punto de vista aporta sobre la cuestión a la que se refiere al fondo del asunto”.
Por último, la Institución de Derechos Humanos advierte que el contenido del comunicado del Ministerio del Interior no “cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas”.
Cainfo rechaza represión de protesta pacífica
Consideraciones INDDHH sobre comunicado del Ministerio del Interior
Nov 27, 2018
CAinfo expresa su preocupación por lo sucedido durante la realización de actividades oficiales el lunes 26 de noviembre en el norte del país.
Un grupo de trabajadores tabacaleros fue retirado por la policía mientras se manifestaba de forma pacífica en reclamo de fuentes de trabajo durante la inauguración de obras viales en Artigas.
Cuando los trabajadores intentaban extender una pancarta de denuncia, parte de la delegación y el propio Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se colocaron adelante para impedir su visualización. Cuando los manifestantes intentaron moverse delante del ministro para que se viera su reclamo, integrantes de la custodia ministerial se llevaron a dos de quienes portaban el cartel.
Según consta en un video difundido por Telemundo, una de las personas fue conducida por la policía y demorada.
CAinfo considera que el hecho registrado atenta contra la libertad de expresión de las personas que se encontraban manifestando por su fuente laboral.
CAinfo señala que el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica constituyen derechos humanos fundamentales, esenciales para el pleno desarrollo de las sociedades libres y democráticas.
Nov 5, 2018
Nota publicada en El País, 4 de noviembre de 2018.
Organizaciones de periodistas de siete países de Latinoamérica, entre ellos Uruguay, lanzarán en breve un proyecto conjunto para hacer un seguimiento de las amenazas a la libertad de expresión y elaborar informes anuales.
«La semana que viene (por la que comienza hoy) se va a lanzar la iniciativa Voces del Sur, donde vamos a sistematizar la situación de las amenazas a la libertad de expresión de los periodistas en la región», anunció ayer el periodista uruguayo Fabián Werner en la jornada final del XIII Congreso Internacional de Periodismo organizado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) en Buenos Aires.
El proyecto está conformado por organizaciones de Uruguay, Argentina, Venezuela, Perú, Honduras, Bolivia y Ecuador que ya realizan informes sobre amenazas a la labor periodística, aunque por separado.
A partir de Voces del Sur, harán el monitoreo en forma coordinada y con indicadores comunes para hacer un seguimiento regional de las amenazas.
«Vamos a elaborar un informe anual con todos estos países —eventualmente se pueden integrar otros— para tener un estado de situación de las amenazas a la libertad de expresión de América Latina», explicó a Efe Werner, coordinador del área de Libertad de Expresión de la organización no gubernamental uruguaya Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), una de las que participan del proyecto.
Werner indicó que, como parte del proyecto, estará disponible en internet una plataforma en la que se podrán ver las amenazas en forma geolocalizada y con detalles de cada caso.
Allí, y en el posterior informe, se contabilizarán casos en trece categorías, incluyendo las más graves, como el asesinato, el secuestro, la detención forzada y el hostigamiento judicial a periodistas.
Las organizaciones planean tener listo el primer informa anual para mediados del próximo año, cuando Naciones Unidas realice la evaluación del objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se refiere a la libertad de expresión.
Werner sostuvo que en Latinoamérica, en aquellos países donde no es el Estado el responsable de las agresiones a periodistas, los gobiernos tienen un «desinterés» por «perseguir los delitos» contra los periodistas y los medios. «Lo que muestra esto es una especie de estrategia de descrédito permanente hacia los medios de comunicación. La consecuencia es una crisis de credibilidad de la prensa», dijo.
May 31, 2018
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) expresa su preocupación por la situación que atraviesa el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, de San José, quien ha sido cuestionado por el edil del partido Nacional, Danilo Vasallo, actual presidente de la Junta Departamental.
En el marco del Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Expresión elaborado por CAinfo, se recibió la denuncia del periodista quien se siente hostigado por el edil departamental. Vasallo solicitó, en al menos dos oportunidades en el mes de mayo, a la dirección de la radio Cw 41 la grabación de los programas de radio en los que participa Gutiérrez Pérez.
En las cartas enviadas, además de solicitar las copias de lo emitido, el edil cuestiona al periodista por la información que brinda, y realiza consideraciones que apuntan a que la Dirección de la emisora despida a Gutiérrez Pérez y que transcribimos : “Me cuesta creer que la dirección de la Emisora comparta este tipo de mensajes que promueven y acicatean la violación y el desconocimiento de las normas. No tengo dudas que, es lo mismo que promover el desprecio hacia los principios republicanos y democráticos que felizmente desde 1985 –los uruguayos- hemos recuperado”.
En otra carta, al asegurar que el periodista mintió sobre lo ocurrido en una sesión de la Junta, el edil afirmó: “Quien suscribe, interpreta que esto trasciende lo personal (cosa que nos tiene acostumbrado) y se transformó en un daño e injuria a la Institución Junta Departamental. Estamos convencidos que, al atentar contra un Órgano democrático se está atentando contra la democracia toda”. La dirección de la radio respaldó al periodista.
Desde CAinfo reiteramos que según la normativa vigente todo funcionario público, y más si ocupa un cargo electivo, como es el caso, está sujeto a que su gestión sea investigada. La forma en la que el edil Danilo Vasallo se ha dirigido a la dirección de la emisora busca, claramente, afectar el derecho de libertad de expresión del periodista y de la ciudadanía, para que pueda informar sobre temas de relevancia pública.
Foto destacada: edil Danilo Vasallo / sanjoseahora.com.uy
