Jul 24, 2012
Página 12 – Argentina – 14 de julio de 2012 – Nepomuceno Eric desde Río de Janeiro
A partir de mayo, gracias a la Ley de Acceso a la Información, decretada por Dilma Rousseff, está permitida la libre consulta a todos los documentos reunidos en el Archivo Nacional. Las revelaciones fueron impactantes.
Dilma Rousseff, impulsora de la comisión y de la apertura de los archivos, aparece declarando en uno de los documentos.
En Brasil, los trabajos de la Comisión de la Verdad instaurada por ley avanzan. Hay una curiosa contradicción: instituida para averiguar y hacer públicos los secretos de la dictadura militar, la comisión estableció, de salida, una agenda secreta. O sea: los testimonios prestados hasta ahora permanecen en secreto. Un integrante del grupo explica que se optó por esa medida para evitar presiones sobre los antiguos agentes del Estado, y que en el informe final se conocerá todo.
Uno de los que han sido convocados y comparecieron fue un señor de ascendencia japonesa, de 85 años y mala fama muy bien justificada: Harry Shibata, el médico legista que firmó cantidades de certificados de óbito atribuyendo muertes mentirosas a los asesinados en las mazmorras de la dictadura. La más famosa mentira de Shibata ha sido el documento indicando que el periodista Vladimir Herzog cometió suicidio, en 1975. Herzog, como décadas después reconoció formalmente el presidente Fernando Henrique Cardoso en nombre del Estado brasileño, fue muerto en una cámara de tortura. Su familia ha sido indemnizada, sus verdugos están libres.
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Jul 5, 2012
COMUNICADO – Montevideo, 05 de julio de 2012
Tres casos de Acceso a la información ambiental en la Justicia
Preocupa disparidad de criterios judiciales para garantizar el derecho de las personas al acceso a la información ambiental de grandes emprendimientos
En momentos que varias mega-inversiones en minería, infraestructura y agroindustria desembarcan en el país y potencialmente pueden afectar al medio ambiente y a las comunidades locales, CAinfo informa sobre la tramitación de tres acciones judiciales por el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
De este modo, manifiesta su preocupación por la falta de una política pública a nivel de todo el Estado para cumplir con la obligación de informar en tiempo y forma de todos los aspectos que hacen a las inversiones con alto impacto ambiental. Dan cuenta de ello varios casos en los que los interesados no vieron satisfechos sus pedidos de acceso a la información ambiental y debieron recurrir a la acción judicial, con los costos que ello implica para ciudadanos comunes.
Por otro lado, preocupa que en el Poder Judicial no todos los fallos judiciales garantizan el derecho al acceso a la información ambiental, condición habilitante para que las personas conozcan la situación en la que viven y tomen medidas, incluyendo la de ser parte de las decisiones que consideren pueden afectarlos, en emprendimientos extractivos de gran porte. (más…)
Jun 28, 2012
COMUNICADO – Montevideo, 27 de junio de 2012
Organizaciones de la Coalición por una Comunicación Democrática llaman a un debate amplio y participativo sobre la relación de los medios con las audiencias y los sectores vulnerables
La propuesta del gobierno de regular los contenidos de violencia excesiva y sexual pone nuevamente sobre la mesa la necesidad imperiosa de que el país apruebe una regulación democrática para los medios audiovisuales que sustituya al marco normativo actual aprobado en la dictadura.
La discusión de la necesidad de marcos normativos para regular distintos fenómenos de la comunicación, se enmarca en la relación de éstos con la sociedad en su conjunto y en la ausencia de políticas públicas y estímulos para los medios de comunicación.
En ese sentido la Coalición por una Comunicación Democrática reivindica el proceso desarrollado en el Comité Técnico Consultivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que, por primera vez, permitió discutir en forma participativa y amplia una política integral para los medios audiovisuales.
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Jun 26, 2012
La Diaria, 19 de junio de 2012 – Santiago Sánchez
Procuraduría del TCA sugirió desestimar recurso de Antel para mantener en reserva datos de publicidad oficial.
El 3 de marzo de 2009 el periodista Guillermo Draper presentó una denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP, órgano de contralor de la Ley 18.381, de acceso a la Información Pública), debido a que, vencidos los plazos legales estipulados, no había obtenido respuesta de Antel por una solicitud de acceso a la información que le había presentado. El pedido hacía referencia a los gastos en publicidad que Antel había realizado entre enero de 2006 y diciembre de 2008.
El 17 de julio de ese año, tras haber entregado la información a la UAIP, Draper fue notificado de la resolución 981/09 de Antel, por la que se resolvió no hacer lugar a la petición. Según la resolución 23/009 de la UAIP, Antel se amparó en el artículo 8º de la ley, que habilita a no entregar información en caso de que la difusión pueda producir una pérdida de “ventajas competitivas” para el sujeto obligado (que compite en algunos de los servicios que brinda con empresas privadas), y en el artículo 10, que considera “confidencial” la información que “comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor” y que “esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad”.
A pesar de los argumentos de Antel, la UAIP resolvió el 29 de diciembre de 2009 que el organismo debía entregar la información referida a la publicidad de los servicios que se brindan en régimen de monopolio y elaborar “versiones públicas” de los gastos de publicidad en los casos que se relacionan a servicios que se brindan en régimen de libre competencia. Además, la UAIP observó que la negativa de entregar la información a Draper se hizo fuera del plazo previsto por la ley, que funciona con el sistema de silencio positivo: la norma establece que, en caso de no expedirse en los tiempos previstos, el interesado “podrá acceder a la información”.
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Jun 12, 2012
Portal 180, 07 de junio de 2012 – Nadia Piedra Cueva
La organización feminista uruguaya Mujer Ahora presentó una petición ante la Suprema Corte de Justicia para “mejorar la respuesta del sistema de justicia ante situaciones de violencia doméstica”. En la petición, la organización reclama que se cumpla la legislación actual y los tratados a los que suscribe el país en lo que refiere a medidas cautelares, protección de la víctima y arresto del agresor.
Rosana Medina, abogada de Mujer Ahora, explicó a 180 que la petición que solicita, junto a otras más de 100 organizaciones, grupos, colectivos y redes, está fundada en el artículo 30 de la Constitución y pretende un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mediante acordada, para erradicar de los tribunales uruguayos las prácticas “que no se ajustan a la legislación nacional e internacional vigente” en lo que refiere a la violencia doméstica o familiar.
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Jun 5, 2012
COMUNICADO, Montevideo, 05 de junio de 2012
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) solicitó al canciller Luis Almagro y al embajador especial para los Derechos Humanos, Milton Romani, que Uruguay mantenga en la OEA su posición de no acompañar la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una serie de recortes a las competencias y atribuciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la propia Comisión. Estas reformas son defendidas por Ecuador y otros Estados desconformes con el tratamiento de estos organismos, y acompañadas por Brasil y el Secretario General Miguel Insulsa en el marco de una propuesta de reforma de la CIDH que está a estudio de todos los Estados miembros de la OEA reunidos en Cochabamba (Bolivia).
En enero de este año, cuando estas recomendaciones se votaron en el Consejo Permanente de la OEA, Uruguay fue uno de los pocos países que se paró firme en contra de este intento de limitar el poder de fuego del organismo que a lo largo de los años ha sido la única garantía de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Entre otras cosas, la CIDH debería avisar a los Estados miembros de la OEA antes de adoptar cualquier medida cautelar para evitar la violación de derechos fundamentales.
Respecto a la Relatoría para la Libertad de Expresión, si esta reforma prospera no podrá realizar en adelante su tradicional «informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en la región» -y solo podría disponer de algunos párrafos dentro del informe global de la CIDH-; no podrá recibir fondos provenientes de donaciones de países y organizaciones que trabajan en el mundo por la libertad de expresión; y estaría sujeta a un «código de conducta».
La Relatoría para la Libertad de Expresión, actualmente a cargo de la abogada colombiana Catalina Botero, ha sido una institución clave en las últimas dos décadas para denunciar las violaciones a la libertad de expresión y el acceso a la información pública en distintos países de la región. Del mismo modo ha promovido estándares y cambios legislativos para remover los obstáculos a las libertades básicas y ha promovido decenas de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que involucraron e involucran a periodistas, dirigentes políticos, sindicales, indígenas, etc, y ciudadanos en general, que han sido asesinados, penalizados y/o perseguidos por ejercer su derecho a expresarse.
Contacto:
Edison Lanza (Director CAinfo)
099 108 230
